Los Derechos Humanos en Ecuador tuvieron avances y retrocesos en la década que terminó. A veces parece que es un juego de suma cero, donde los políticos de turno acceden a ciertos avances para luego retroceder en otros aspectos. En los últimos diez años, varias minorías olvidadas tuvieron más visibilidad, pero ciudadanos inocentes fueron perseguidos por el Estado. Se publicó por primera vez un informe sobre violaciones a los derechos humanos de las últimas dos décadas y se aprobó el matrimonio igualitario, pero también se cometieron atropellos como la negación de la consulta popular a los Yasunidos y la detención de los 10 de Luluncoto.

Para las mujeres fue una década agridulce: se tipificó el femicidio en el Código Penal por primera vez en la historia, se organizaron las primeras marchas para denunciar la violencia de género, se crearon más colectivos y se visibilizó más la lucha feminista. Sin embargo, en 2019 no se lograron los votos para despenalizar el aborto por violación, y la cifra de niñas que son madres producto de violación cada año, no ha disminuido.

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La comunidad LGBTI tuvo un gran fin de década con la aprobación del matrimonio igualitario, una lucha histórica, cuyo tramo final duró seis años. Las poblaciones indígenas sufrieron atropellos como los desalojos para instalar los proyectos mineros de Mirador y San Carlos Panantza, hubo un sinnúmero de consultas previas no respetadas y la explotación petrolera y extracción minera solo aumentó en los últimos diez años.

Esta es una selección de 10 hechos sobre Derechos Humanos que marcaron la última década:

Se presenta el informe de la Comisión de la Verdad

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Comisión de la Verdad

Este año se publicó el primer informe de la Comisión de la Verdad —un organismo creado en 2007 para esclarecer violaciones a los derechos humanos ocurridas entre 1984 y 2008 en el Ecuador. El informe analizó 118 casos que involucran a 456 víctimas de detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones, abusos y asesinatos, entre otras agresiones. El mayor número de casos ocurrieron durante la presidencia de León Febres-Cordero. El informe permitió imputar responsabilidades en contra de 459 personas. 

Entre los principales casos, está el de los hermanos Restrepo, durante el gobierno de Febres Cordero. Carlos Santiago y Pedro Andrés Restrepo, de 14 y 17 años, desaparecieron el 8 de enero después de 1988 salir en su casa en Miravalle, Quito. Ambos habrían sido interceptados y arrestados por la Policía Nacional por no tener licencia de conducir. Después, los hechos comienzan a oscurecerse. En 1990, una Comisión Especial se encargó del caso y determinó que los hermanos fueron detenidos, torturados, muertos y desaparecidos por la Policía Nacional del Ecuador. Han pasado 32 años de su desaparición y el paradero de sus cuerpos sigue sin conocerse. 

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Otro caso, de la misma época, es el de “los once del Putumayo”, en el que una patrulla militar fue emboscada cuando realizaba un control antidrogas en esa zona fronteriza. El ataque fue atribuido a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y el Ejército detuvo a diez colombianos y un ecuatoriano que presuntamente estaban vinculados con la emboscada. Los once del Putumayo fueron torturados durante ocho días y luego estuvieron dos años en prisión. En 1966, el Estado los puso en libertad y reconoció su inocencia

Se organiza la primera Marcha de las Putas

marcha de las putas 

Por primera vez se organizó en Quito la Marcha de las Putas. Su consigna fue denunciar públicamente la violencia sexual y otros tipos de violencia de género a la que están expuestas las mujeres todos los días. Con la marcha exigían también respeto y libertad para ejercer sus derechos económicos, laborales y reproductivos. La manifestación buscaba criticar el uso de la palabra “puta” que durante años ha servido para justificar la violencia contra las mujeres.

El nombre de la marcha se originó en Canadá en abril del 2011, después de que un policía dijera en una conferencia que las mujeres deberían dejar de vestirse como putas para evitar ser víctimas de violencia sexual. La palabra tomó un sentido de resistencia feminista. Desde ese año, la Marcha de las Putas se organiza cada año en varias ciudades del Ecuador. 

Detienen a los Diez de Luluncoto 

diez de luluncoto

En marzo diez personas fueron arrestadas mientras estaban reunidas en un departamento en el barrio de Luluncoto, en Quito. Los estudiantes y trabajadores dijeron que estaban reunidos para hablar sobre política. Al día siguiente de su detención, 4 de marzo de 2012,  se realizó la audiencia oral de formulación de cargos. Fueron acusado de la explosión de tres bombas panfletarias en Quito, Guayaquil y Cuenca, en diciembre de 2011, durante la visita del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. 

La fiscal Diana Fernández dijo que estas personas iban a atentar contra la seguridad del Estado. Un juez les dictó prisión preventiva. En el libro Horizontes de los derechos humanos publicado en el 2012, el constitucionalista Ramiro Ávila escribió que la Policía actuó “de forma inquisidora”, sin una orden legal para el allanamiento del departamento. 

El 25 de julio de 2012, el Juzgado Décimo de Garantías Penales llamó a juicio a los diez involucrados. El 20 de diciembre de 2012, la defensa de los Diez de Luluncoto planteó una acción de habeas corpus pero les fue negada. 

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En febrero del 2013, fueron condenados a un año de prisión por terrorismo organizado, con una figura penal diferente a la que fueron acusados. En un principio se los había investigado por el delito de “actos de terrorismo”. Hasta ese momento, siete de los acusados cumplían diez meses de prisión preventiva. 

En 2016,  la Corte Nacional de Justicia —el más alto tribunal del Ecuador— declaró extinta la pena. La Corte adujo que el delito por la que fueron sentenciados ya no existía en el nuevo Código Penal y, por lo tanto, no se podía ejecutar una pena por un delito inexistente.

Karina del Pozo es asesinada y el Ecuador empieza a hablar de femicidio

femicidio en Ecuador

El 21 de febrero, Karina del Pozo —de 20 años— fue violada por un grupo de supuestos amigos y luego asesinada. Del Pozo estaba en una reunión social, y habría pedido a uno de sus amigos que la lleven a casa a ella y a una amiga, a quien dejaron primero. Su cadáver fue encontrado seis días después. 

La brutalidad de su asesinato activó una conversación en el Ecuador sobre la violencia contra las mujeres. Su caso sirvió para presionar que se tipifique el femicidio —el asesinato a las mujeres por razones de género— que hasta entonces no era un delito en el Ecuador. El delito se lo incluyó en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) el 10 de agosto de 2014, casi un año después del asesinato de Karina del Pozo. Su agresor fue uno de los primeros en ser condenados por el delito: recibió 25 años de cárcel. 

Dos años después, por iniciativa de organizaciones de defensa de los derechos y los familiares de víctimas de femicidio como Karina del Pozo y Vanessa Landínez, se organizó una marcha para visibilizar la violencia contra las mujeres, que luego fue bautizada como Ni una menos, Vivas nos queremos. Tiene lugar cada noviembre.

Desde el 2014 que se tipificó el femicidio en el Ecuador, según las estadísticas del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC), al menos 660 mujeres fueron asesinadas en el Ecuador. De estos casos, 249 fueron considerados como femicidio por la ley ecuatoriana. Solo entre 2014 y 2017 la cifra de femicidios creció de 18% a 57%. 

Niegan el pedido de consulta popular a Yasunidos

consulta yasunidos

En mayo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) negó el pedido de consulta popular del colectivo Yasunidos —creado después de que el entonces presidente Rafael Correa anunciara que se cancelaba la Iniciativa Yasuní ITT para no explotar el petróleo en esa zona de la Amazonía ecuatoriana. 

Los Yasunidos habían pedido al máximo organismo electoral que se haga una consulta para preguntar a los ecuatorianos sobre la explotación petrolera del ITT, en el Yasuní, una de las zonas más biodiversas del planeta. El colectivo recogió más de 750 mil firmas, 166 mil más del mínimo establecido en la ley. Pero el CNE invalidó muchas de las firmas entregadas por razones tan cuestionables como que estaban escritas en un papel diferente del permitido y el escáner del organismo no los leía, había nombres en el casillero del apellido, y otros argumentos meramente formales. Tras la negativa, los Yasunidos presentaron una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra Estado ecuatoriano por violar derechos políticos de los ciudadanos. Hasta el momento, la CIDH no se ha pronunciado. 

Desde 2014, los Yasunidos realizan eventos como plantones, conciertos en las afueras del Consejo Nacional Electoral para concientizar a las personas y a las autoridades sobre la importancia de conservar el Yasuní.

El 28 de marzo de 2016 comenzó la perforación del primer pozo para extraer crudo del eje de campos Ishpingo, Tiputini y Tambococha (ITT).

En 2019, el CNE volvería a negarles su pedido de consulta.

Aumenta la migración venezolana a Ecuador

migración venezolana

Producto de la crisis política y económica en Venezuela, este año empezó el éxodo de venezolanos Colombia, Perú y Ecuador: en nuestro país, la cifra creció de 3.112 en 2014 a 8.078 en 2015. Desde 2016 hasta 2019, ingresaron 1 millón de migrantes venezolanos al Ecuador: el 77% de todos los migrantes que ingresaron al Ecuador. Pero no todos se quedan: Ecuador es un país de paso para llegar a destinos como Perú, Chile, Argentina o Brasil. 

Desde el 26 de agosto de 2019, el Ecuador exige una visa a los migrantes venezolanos. La medida, según Christian Krüger Sarmiento, director de Migración Colombia, “está desintegrando familias, incentivando la irregularidad y la ilegalidad». 

Una comunidad shuar es desalojada violentamente para instalar un campamento minero 

desalojo de nankints

El 11 de agosto, la comunidad shuar de Nankints —en la provincia de Morona Santiago— fue desalojada por militares y policías, para instalar allí el campamento minero La Esperanza. Ocho familias fueron desplazadas de forma violenta, sus casas fueron destruidas, y tuvieron que refugiarse en comunidades cercanas. 

El desalojo se justificó con un documento que decía que el área donde estaba Nankints —territorio ancestral de la nacionalidad indígena Shuar— le pertenecía a la minera Explorcobres S.A., una compañía con capitales chinos. 

Cuatro meses después, un grupo de indígenas shuar —entre ellos algunos de los desplazados— volvieron al campamento La Esperanza para, según ellos, “recuperar su tierra”. El campamento lo custodiaban miles de policías y militares. El enfrentamiento fue violento y el cruce de balas dejó heridos dos militares, cinco policías y dos shuar. El policía José Luis Mejía murió de un disparo que las autoridades dicen fue shuar y que los shuar dicen fue militar. 

Después del enfrentamiento, 43 personas fueron acusadas de asesinar a Mejía. 

En una sabatina de diciembre, luego del enfrentamiento, el expresidente Rafael Correa dijo que los shuar eran parte de “un grupo armado extremadamente violento” y negó que ese espacio fuera territorio ancestral.

En los años siguientes se sumarían más conflictos socioambientales entre comunidades indígenas y el gobierno por temas de minería. 

Se destapan los primeros casos de abuso sexual en el sistema educativo

abuso sexual a niños

En mayo salió a la luz por primera vez un caso de abuso sexual masivo a niños y niñas dentro de una institución educativa en Quito. En el caso, que se conoció como Aampetra —por las siglas del nombre de la escuela (Academia Aeronautica Mayor Pedro Traversari)— un profesor abusó sexualmente de 41 niños entre 2010 y 2011. Cinco meses después, se destapó otro caso de abuso sexual a más de cien menores de edad en el colegio réplica Aguirre Abad en Guayaquil. 

El caso Aampetra marcó un precedente y llegó hasta la Asamblea Nacional: se creó la Comisión Aampetra. Esta comisión identificó identificando negligencias y responsabilidades sobre estos casos a los exministros de Educación Augusto Espinosa, Freddy Peñafiel y Fander Falconí. 

Con respecto a la gestión de los exministros Augusto Espinosa y Freddy Peñafiel, se determinó que la cobertura de los Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE) fue insuficiente y que los procesos de selección de directivos y miembros de unidades educativas públicas no fueron regulados.

El culpable y agresor de los niños de Aampetra fue condenado a 16 años de cárcel. Desde ese año, más casos de violaciones a los derechos de los niños en escuelas y colegios se han destapado. 

En 2018, en GK contamos la historia de Julián, un niño abusado por su profesor de gimnasia quien recientemente, después de 20 meses de negligencias, fue condenado a más de 13 años de prisión. 

Un equipo periodístico es asesinado en la frontera con Colombia 

asesinato de periodistas ecuatorianos

El 26 de marzo, el fotógrafo Paúl Rivas, el conductor Efraín Segarra, y el periodista Javier Ortega fueron secuestrados por el frente Óliver Sinisterra, una disidencia de las FARC, en Mataje, provincia de Esmeraldas. El 13 de abril de 2018, el presidente Lenín Moreno confirmó que Paúl, Javier y Efraín habían sido asesinados. 

Era la primera vez en la historia del país en que periodistas fueron secuestrados y asesinados a manos de guerrillas extranjeras. Hasta el día de hoy, casi dos años después, no hay respuestas concluyentes sobre el caso, del posible y fallido rescate de los tres periodistas, y de la falta de actuación de los gobiernos ecuatoriano y colombiano para negociar la liberación del equipo periodístico. 

Se aprueba el matrimonio igualitario en el país

matrimonio igualitario

El 12 de junio, después de un proceso legal y lucha ciudadana de muchos años, la Corte Constitucional aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo en el Ecuador, con 5 votos a favor y 4 en contra. Ecuador se convirtió en el país 30 del mundo y el quinto en América Latina en aprobar el matrimonio igualitario. 

La lucha inició en 2013, cuando Pamela Troya y su novia Gabriela Correa se presentaron ante el registro civil para casarse. Cuando les negaron su pedido, en junio de 2014 interpusieron una acción de protección extraordinaria ante la Corte Constitucional en contra de la Dirección Provincial del Registro Civil de Pichincha. Tres meses después, las parejas del mismo sexo pudieron registrar su unión de hecho en el Registro Civil para que conste de forma legal en su cédula de identidad. 

En enero de 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH) emitió la Opinión Consultiva OC17-24, que dice que es un deber de todos los Estados permitir que las parejas GLBTI se casen. En mayo, Efraín Soria y Javier Benalcázar llegaron hasta el Registro Civil en Quito para casarse. Su pedido fue rechazado, al igual que el de Troya y Correa en 2013.

Después de la negativa, Efraín Soria y Javier Benalcázar presentaron una demanda ante la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. La Corte Provincial de Pichincha preguntó a la Corte Constitucional si debí aplicarse en Ecuador la Opinión Consultiva OC17-24. La Corte falló a favor del matrimonio de personas del mismo sexo.