La mañana del viernes 16 de agosto de 2019, la entrada del Consejo Nacional Electoral luce menos burocrática y más colorida. Una espiral de rosas rojas, rosadas y girasoles alegra el piso del máximo organismo electoral ecuatoriano. “El espiral nos protege y nos da buenas energías”, explica Natalia Bonilla, una de las siete yasunidas que rodeaban las flores. Las Yasunidas son las mujeres del colectivo Yasunidos, creado el 16 de agosto de 2013, un día después de que el entonces presidente Rafael Correa confirmara que habría explotación petrolera en el Yasuní, una zona de la Amazonía del Ecuador de altísima biodiversidad. Los Yasunidos se oponían a la decisión, y promovían una consulta popular para que la cuestión sea decidida mediante voto popular. Seis años más tarde, la causa parece seguir intacta: el pedido de consulta persiste.
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Como para todo, Rafael Correa tuvo una excusa y un culpable para romper una promesa. “El mundo nos ha fallado”, dijo para justificar la cancelación de la iniciativa Yasuní ITT, un proyecto que ofrecía no perforar los bloques Ishpingo, Tiputini y Tambococha —ubicados dentro del parque nacional Yasuní— a cambio de una compensación económica para el Ecuador de 3.600 de millones de dólares. Fue el momento de quiebre definitivo con los colectivos ambientalistas que lo apoyaron para llegar al poder. Fue el inicio de una lucha desproporcionada, en la que los Yasunidos buscaron las firmas que la ley exige para que se convoque a una consulta popular y el Estado creó un paredón de artilugios burocráticos para impedirlo.
Las Yasunidas crearon un espiral de rosas y flores en la entrada del CNE. Fotografía de Mayuri Castro para GK.
La historia se resume más o menos así. Yasunidos empezó su recolección de firmas buscando llegar al 5% del padrón electoral que exige la Constitución para que se convoque a una consulta popular. Para ese entonces, ese porcentaje sumaba 583 324 firmas. Con brigadas de voluntarios en todo el país, el colectivo logró recolectar más de 750 mil. Cuando al Consejo Electoral le tocó verificar su autenticidad, descalificó 183 433 firmas.
Según el organismo, había irregularidades que las invalidaban. Entre ellas, sin rubor, mencionó cosas como que el gramaje del papel era incorrecto y no podía ser leído por el escáner del Consejo. Dijo, también, que los firmantes habían escrito su nombre en el casillero del apellido y su apellido en el casillero del nombre. Según Benito Bonilla, un yasunido, también se invalidaron firmas porque para los funcionarios del Consejo Nacional Electoral, parecían dibujos. Los tecnicismos alcanzaron para que no haya consulta, en una época de alta polarización política en el Ecuador, donde el gobierno de Rafael Correa era acusado de tener bajo su férreo control a todas las instituciones del Estado.
Desde entonces, los balances de poder en el Ecuador han cambiado muchísmo. Correa dejó el poder y se lo encargó en mayo de 2017 a un supuesto aliado, su exvicepresidente, Lenín Moreno, a quien muy pronto acusó de traidor. Alianza País, su partido, alguna vez todopoderoso, casi invencible, terminó destazado en medio de la pugna. Decenas de funcionarios del gobierno de Correa, incluido él mismo, fueron procesados bajo cargos de corrupción después de que se destapara la trama de corrupción Odebrecht. Correa, retirado en Bélgica, y sus seguidores, dicen que es una persecución judicial para impedir su participación política. En todo ese tiempo de turbulencias políticas, la causa de los Yasunidos sigue siendo la misma.
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La Luna estuvo llena el 15 de agosto de 2019. Bajo ella durmieron ocho Yasunidas en la entrada del Consejo Nacional Electoral. Esta mañana se cuentan solo siete porque una ha dejado la guardia: la madrugada del verano quiteño la ha resfriado. El pedido concreto es que Diana Atamaint, presidenta del Consejo Electoral, exponga ante el pleno del organismo la resolución un informe elaborado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio (CPCCS-t) en 2019. En él, el CPCCS-t dijo que la descalificación de las firmas recogidas por los Yasunidos en 2013 era arbitraria y antijurídica.
Según Sofía Torres, otra Yasunida, Atamaint conoce muy bien el informe. En noviembre del 2018, Atamaint era vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral de transición, un organismo establecido hasta que se hiciera el concurso público de designación de los consejeros principales y suplentes. En ese período, se hizo una auditoría conjunta entre un representante de la Academia y un integrante de la Comisión Nacional Anticorrupción a las firmas recogidas por los Yasunidos. El resultado del examen fue que, efectivamente, los Yasunidos cumplieron con el requisito de recoger y presentar al menos el 5% de las firmas válidas para la consulta popular que exigían —y aún piden. Otra yasunida, Manai Prado, dijo que la actual presidenta del Consejo Electoral se ha pronunciado en contra de cualquier forma de extractivismo. Además, que cuando era parte del Consejo transitorio apoyó a los Yasunidos en la recolección de firmas pero que ahora, cuando es ella quien tiene que dar el paso para que haya consulta, no lo hace.
Un grupo de personas apoyaron a los Yasunidos afuera del CNE.
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La idea de no explotar el Yasuní y recibir una compensación económica es una vieja tesis ambiental en el Ecuador. La planteó varios años antes de que Correa llegue al poder, un grupo de la sociedad civil en el que se encontraba el economista, expresidente de la Asamblea Constituyente, Alberto Acosta.
En su artículo Iniciativa Yasuní-ITT, la difícil construcción de la utopía, Acosta dice que las luchas de diferentes comunidades indígenas y mestizas de la Amazonía, como los afectados por Chevron-Texaco, o la resistencia de los Kichwa Sarayaku “fueron preparando el terreno para que la tesis de la moratoria petrolera en el centro sur de la Amazonía ecuatoriana entrara con fuerza en la vida política nacional”. En el plan de gobierno de Correa 2007-2011, se incluyó la propuesta. Era una las promesas de campaña de Correa que más acogida tuvo entre los votantes más jóvenes y las organizaciones ambientales, tradicionalmente desoídas en el Ecuador. Fue en casa de Alberto Acosta donde, según un reportaje de El Universo, se fraguó la candidatura presidencial de Correa. Ya en el poder, fue su ministro, aunque muy pronto su amistad de quince años se terminó —precisamente, por sus contrapuestas posturas sobre el Yasuní. El tiempo convertiría la separación en frontal enemistad. En 2013, Acosta plegó a la causa de los Yasunidos.
Desde el momento en que Correa interrumpió la iniciativa Yasuní iTT, el colectivo no ha parado de insistir en que sea el pueblo quien decida si se cumple o no la promesa de no explotación. Aunque el proceso de recolección de firmas de 2013 quedó trunco, el colectivo no se disolvió. Apoyó la recolección de firmas para la consulta popular de Quimsacocha, donde iba a empezar la extracción minera, asesoraron a otras comunidades en temas antimineros, como Intag, organizó viaje a lugares como Yasuní y al sur del país donde se explota el primer proyecto de minería a gran escala en Ecuador, Mirador, para constatar los daños ambientales que estaría causando, convocó a decenas de marchas, conciertos y manifestaciones públicas y en las afueras del Consejo Electoral Entre mayo y agosto de 2019, las vigilias han aumentado. En el último evento, según Benito Bonilla, fueron mil personas.
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El viernes 16 de agosto la mañana, el equipo de comunicación del Consejo Nacional Electoral incumplió una promesa. Anunció una rueda de prensa para las 12 del día, pero hasta las 5 de la tarde, no se había hecho.
Al final de la tarde, el Consejo Electoral difundió un intrincado comunicado en el que dijo “este órgano electoral tiene entre otras funciones”.
COMUNICADO | CNE ha actuado conforme a sus competencias en el caso @Yasunidos. pic.twitter.com/jcWlybpp4i
— CNE Ecuador (@cnegobec) August 16, 2019
Era su respuesta al pedido de los Yasunidos. “Los mecanismos para la reparación de los derechos, le corresponde determinar exclusivamente a un Juez”, dijo la institución electoral presidido por una antigua aliada de los Yasunidos. Después de citar artículos legales, se consideró no facultada “ni constitucional ni legalmente, para cumplir con este procedimiento”. El abogado especializado en Derechos Humanos —que ha representado a los Kichwa Sarayaku y al pueblo Shuar Arutam—, Mario Melo, dijo sobre el boletín:“parece hecho por Cantinflas… pero con menos gracia”.
Natalia Bonilla, una de las siete mujeres que montaron guardia en torno al espiral de rosas rojas, rosadas y girasoles dijo que se alegraban de que hubiese una respuesta, pero que no era la que esperaban. “Nos da pena comprobar que el CNE no ha hecho lo único para lo que tiene atribuciones que es llamar a una consulta popular. También hemos comprobado que este CNE no es diferente al de Domingo Paredes”, dijo, en referencia al presidente del Consejo Electoral de 2013, supuestamente subyugado a la voluntad de Rafael Correa. El Consejo de Diana, quiere decir Bonilla, está entregado a la de Lenín Moreno, cuyo gobierno está desesperado por el dinero que planea ganar con minas y petróleo. Los Yasunidos dijeron que avanzarán con sus estrategias legales.
** Originalmente, este texto decía que se necesitaban 663.099 firmas cuando en realidad eran 583 324 firmas. Se ha corregido esa imprecisión.
