En el Ecuador han sido asesinadas más de 3200 niñas y mujeres en los últimos 16 años. Estos crímenes no respetaron condición social, nivel de educación, lugar de residencia, color de piel o estado marital. Entre estas madres, esposas, hermanas e hijas, 1222 fueron asesinadas con el uso de un arma de fuego, 960 fueron apuñaladas, 444 fueron ahorcadas y, entre otras causas, 14 fueron quemadas vivas. Estas cifras revelan una realidad alarmante que ha querido ser negada por quienes afirman que el femicidio no existía sino hasta 2014, cuando fue incluido en la legislación penal ecuatoriana. Pero las cifras dicen lo contrario. No solo que ha existido desde siempre, sino que debe ser entendido como un problema de salud pública.
El término ‘femicidio’ se introdujo públicamente por primera vez en 1976, cuando Diana E. H Russell testificó a favor de más de 2000 mujeres violentadas en el Tribunal Internacional de Delitos contra la Mujer, en Bruselas. Pasaron más de 42 años para que sea tipificado como delito en el código penal del Ecuador. A pesar de múltiples intentos por parte de la academia ecuatoriana de darle la importancia que el tema se merece, como es costumbre, fue un evento espeluznante el desencadenante para que en el 2014 el femicidio se incluyera en el COIP.
Todas las muertes violentas en niñas y mujeres antes de ese año eran consideradas homicidios, lo que enmascaraba el componente de violencia sistemática de género como factor etiológico determinante para su ocurrencia.
Nuestro grupo de investigación encontró que desde el año 2014 y en base a las estadísticas del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) al menos 660 mujeres fueron asesinadas en el Ecuador. De estos casos, 249 fueron considerados como femicidio por la ley ecuatoriana.
Este número generó un debate interesante en respuesta a los datos colgados en mi cuenta de Twitter. En nuestro intento por estimar cuál es el porcentaje de asesinatos previos al COIP, que podían considerarse como femicidio desde 2001, recibimos comentarios que, hasta cierto punto, buscaban justificar estos datos. Quienes defendían esta posición, decían que los hombres son quienes llevan la peor parte en términos de violencia, o que es imposible que antes del 2014 existiesen femicidios.
Pues las cifras son claras. En el 2014, los femicidios (tipificados como tal) representaron el 18% del total de los asesinatos de mujeres. La cifra subió al 57% en 2017. Es decir, aumentó en más de 200% en tan solo 4 años de vigencia del COIP. Estas cifras junto con las reportadas en el atlas de género del INEC son contundentes. Nos permiten estimar que al menos la mitad de los asesinatos perpetrados en contra de niñas y mujeres previo a la aparición del COIP, fueron femicidios.
Es que es muy probable que un gran porcentaje de las 140 niñas menores de 9 años que fueron asesinadas de forma violenta desde 2001 hayan sido víctimas directas o indirectas de abusos sexuales, extorsiones, red de tratas u otro tipo de violaciones. Los datos no mienten. Por más doloroso que nos parezca, al menos 22 mujeres —en su mayoría niñas— padecieron una violación sexual lo suficientemente salvaje como para ocasionarles la muerte.
Entendemos que no todas las muertes violentas en contra de las mujeres son consecuencia directa o indirecta de la violencia de género. Sin embargo, es muy llamativo observar que los asesinatos a hombres disminuyeron en el Ecuador en los últimos años, pero la tasa de asesinatos a mujeres no varió significativamente.
Figura 1 Proporción de asesinatos de hombres vs mujeres en Ecuador (2001-2017)
Desde el punto de vista de la salud pública, estas muertes de niñas y mujeres no solo ocasiona daños irreparables a la familia y amigos, sino también causa pérdidas directas e indirectas a la sociedad en general.
En nuestra misión por juntar argumentos y evidencia que contribuyan a la visualización de este problema, en nuestro último estudio financiado por la Universidad de las Américas, Rodrigo Henriquez, Ana Lucía Martínez y yo como líder del proyecto, estimamos que desde el 2001 más de 160 mil años de vida se perdieron prematuramente, tomando en cuenta la expectativa de vida de las mujeres en el Ecuador, que es de alrededor de 80 años. Más allá de los términos humanos, el potencial económico perdido para el país en esos crímenes superaría los 500 millones de dólares.
Este tipo de violencia hacia la mujer debe detenerse. Las autoridades nacionales deben analizar este problema de forma interdisciplinaria. El Ministerio de Salud, junto al de Educación, podrían crear un programa de reducción de la violencia de género en las escuelas y colegios, identificar los factores de riesgo como la celopatía y tratarlos de forma temprana.
El Ministerio de Inclusión Económica y Social junto con otras instituciones podrían implementar programas específicos para poblaciones femeninas vulnerables. Aumentar la coordinación entre el Estado, la comunidad, organizaciones no gubernamentales, o cualquier otra institución que tenga como objetivo reducir la violencia de género.
Esta tarea pendiente debería empezar en aquellos lugares con los niveles más altos de violencia de género: las provincias de Sucumbíos, Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsáchilas y los cantones de Putumayo, San Lorenzo y Palestina, cuyas cifras por cada 100 mil habitantes son dramáticas.
Ninguna lucha es suficiente. Ninguna campaña es redundante. Ningún espacio está de más cuando se trate de reducir la violencia—especialmente aquella que afecta a las poblaciones más vulnerables.
El reconocer nuestra historia, que vivimos en un país mayoritariamente machista y en una sociedad donde la igualdad de género tiene quintacolumnistas embebidos en todos los poderes fácticos, es vital para empezar a cambiar esta realidad. Una ciudadanía consciente se transformará en un Estado consciente, que será capaz de generar política pública adecuada, para velar por la vida de todos sus ciudadanos independientemente de su género.
