Dos países aparentemente en las antípodas latinoamericanas, Ecuador y Chile, vivieron, a semana seguida, graves protestas que se tornaron violentas. El viernes 18 de octubre de 2019, después de manifestaciones contra el alza del precio del pasaje del metro de Santiago que terminaron en saqueos, destrozos y vandalismo, el presidente chileno Sebastián Piñera decretó el estado de emergencia en dos provincias y dos comunas de la Región Metropolitana de Santiago. Los incendios, saqueos y agresiones contra los manifestantes continúan. Hasta el 23 de octubre, hay 18 muertos, uno de ellos ecuatoriano. En Ecuador, quince días antes, el presidente Lenín Moreno decretó un estado de excepción, movió la sede de su gobierno a Guayaquil e instauró un toque de queda a nivel nacional. Piñera hizo lo mismo: impuso una hora máxima para la circulación ciudadana, una medida que no se adoptaba desde la brutal dictadura de Augusto Pinochet. Los protagonistas y las medidas, en sí mismas, se parecen, tienen sus matices y diferencias. Ambos conflictos están marcados por exigencias históricas y la desigualdad que caracteriza a América Latina, pero también por inusitados niveles de violencia organizada. 

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Encontrar las similitudes entre lo que sucede en Chile y lo que pasó en Ecuador hace una semana no es difícil: el Presidente anuncia una medida económica que afecta el valor del pasaje del sistema de transporte, los manifestantes salen a las calles, hay protestas violentas, se declara estado de emergencia y toque de queda, hay muertos y heridos, la gente sale con cacerolas y el Presidente retira la medida y dice que “están buscando otra solución”. Esa es una descripción básica, pero incompleta, de cualquiera de los dos casos. 

Qué se protesta

El incremento en el valor del pasaje del metro es de 30 pesos (0,05 dólares) en las horas pico, después de las siete de la mañana. Parece que no es mucho. Pero la población chilena más pobre gasta el 30% de sus ingresos mensuales en transporte, mientras que la de más recursos, apenas el 2%. 

El ministro de Economía chileno, Juan Andrés Fontaine, dijo que “quien madrugue puede ser ayudado” porque la tarifa era menor antes de las 7 de la mañana. La declaración provocó indignación ciudadana: “Sienten que la clase política chilena tiene una desconexión total con lo que está pasando en realidad” explica la periodista Paulette Desormeaux. Es difícil pedirle que alguien que gane un sueldo de aproximadamente 6 millones de pesos (8 mil 200 dólares) entienda las preocupaciones de la población que sobrevive con menos del salario mínimo,  350 mil pesos (480 dólares). 

En Ecuador, el paro nacional fue anunciado por la  Federación de Transportistas del Ecuador, después de la expedición del decreto 883, que eliminaba el subsidio de combustibles y provocaba un incremento en el valor de la gasolina, el diesel y los pasajes, y otras medidas económicas que afectaban directamente a la economía de los ecuatorianos, especialmente de las personas con menos recursos.  Dos días después se suspendió el paro de transportistas, pero las organizaciones indígenas del país anunciaron una movilización indefinida contra estas medidas. 

El paro nacional duró once días, más de 20 mil indígenas se movilizaron a Quito y protestaron contra las medidas económicas anunciadas por Moreno. El domingo 13 de octubre las organizaciones indígenas y el presidente Moreno llegaron a un acuerdo: se derogó el decreto que eliminaba el subsidio de combustibles. La eliminación del subsidio se hará, después de que se trabaje en conjunto con los sectores sociales, para tener una política de subsidio de combustibles con “un enfoque integral”. 

Durante las protestas, el gobierno de cada país fue cuestionado. En Chile, el Ministro del Interior, Andrés Chadwick fue señalado como represor y el pueblo pidió su renuncia. Durante los días de crisis, uno de los hashtags más usados por los chilenos en Twitter fue #ChadwickAsesino. Durante el paro nacional en Ecuador, algo similar sucedió con los ministros Oswaldo Jarrín (de Defensa) y María Paula Romo (de Gobierno).

La confrontación entre la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y el Ministro de Defensa comenzó cuando Jarrín dijo “no hay territorios indígenas, el territorio es del Estado ecuatoriano”.  Cuando la protesta se intensificó —entre el 5 y el 13 de octubre—, ocho personas murieron. Romo y Jarrín fueron señalados con acusaciones de represión excesiva, y sus enemigos usaron los hashtags #RomoCriminal y #RomoAsesina, como en el caso de Chadwick, para acusarlos. Incluso la Conaie los usó en varias publicaciones en sus redes oficiales. Con estas etiquetas, también se exigía la renuncia de estos funcionarios y se criticaba su labor durante las manifestaciones. 

Aunque los niveles de violencia no tenían precedentes, la protesta no es nueva: en Ecuador los años 80 y 90 estuvieron marcados por el descontento y las manifestaciones de distintos frentes sociales. Y en Chile, la protesta estudiantil de 2011 que fue descrita como “la mayor desde el regreso a la democracia”. 

Quiénes protestan

Quizá la mayor diferencia entre las protestas son quiénes las han liderado. En el Ecuador, fue el movimiento indígena y en Chile la mayoría son jóvenes. Después de casi tres décadas de dictadura, una nueva generación de chilenos dice en sus carteles “No tenemos miedo” y “Ayer por mí, 1973. Hoy por ti, 2019”.  Los estudiantes son quienes se han tomado las paradas del metro, compartiéndolo en redes sociales con el hashtag #EvasionMasiva, y han salido a las calles a protestar contra las políticas del gobierno. 

En Ecuador hay evidencia, según Juan Sebastián Roldán, Secretario Particular de la Presidencia, de que en las protestas indígenas se infiltraron colectivos de delincuencia organizada. En una rueda de prensa, Roldán dijo que los actos cometidos no son protesta social sino un conjunto de delitos. “Los indígenas nunca han saqueado ni han robado en sus protestas, no puede ser que se den estos actos”. Roldán dijo que la dirigencia del movimiento indígena no tenía control sobre sus bases, que está infiltrada por el correísmo. “Paremos esas infiltraciones, quienes están haciendo esto querían llevar el Ecuador a Venezuela, esto es el correísmo organizado”, dijo Roldán.

Los saldos del conflicto

Durante los conflictos sociales, siempre son los ciudadanos los más afectados. El paro nacional de Ecuador terminó con 8 muertos, 1192 personas aprehendidas y más de 1340 heridos. En Chile, los muertos confirmados son 18, hay más de 900 heridos y más de 2 mil 600 presos. 

El abogado Efrén Guerrero describía la situación ecuatoriana como “un historial nacional de ollas de presión”. La sociedad sufre presiones sociales que son mal manejadas por las autoridades. “Aguantamos, picamos hasta que el Estado o nosotros reaccionamos con violencia” dice Guerrero. Un artículo en El Mostrador, medio chileno, describe la situación actual de este país de una forma similar. “Explotó una caldera de malestar social acumulado de manera masiva, espontánea y muchas veces violenta” que va más allá del incremento de tarifas. 

Los periodistas y los medios han sido agredidos durante los conflictos. Después de los once días de paro se reportó que 127 periodistas ecuatorianos fueron agredidos, Freddy Paredes de Teleamazonas recibió un piedrazo en la cabeza,  y 16 medios de comunicación fueron afectados. Y las instalaciones —y el personal que estaba dentro— de Teleamazonas y El Comercio fueron atacadas. El periodista de El Mercurio, Cristian Ascencio, confirma que en Chile los periodistas también ha sido atacados. Reporteros de su diario, El Mercurio, fueron apedreados. La sede del diario en Valparaíso fue incendiada.

La labor de los periodistas también fue muy criticada. En Ecuador, las críticas y la insatisfacción con la “#PrensaVendida” sonó fuertemente en redes sociales. Los intereses particulares de los medios de comunicación fueron discutidos y su credibilidad cuestionada. La periodista Paulette Desormeaux explica que en Chile está pasando lo mismo. Se critica a la prensa, pero a la vez “hay una falta de certeza de en qué podemos confiar en términos informativos” dice Desormeaux. Hay el riesgo de caer en la trampa de las noticias falsas, que siempre abundan en épocas de caos como esta. 

El lunes 21 de octubre circularon videos en redes sociales en los que supuestamente militares y policías chilenos estaban infiltrados como civiles y provocando desmanes. También se han publicado muchos videos sobre la violenta represión por parte de las Fuerzas Armadas a los manifestantes. Pero esta información no salía en los medios tradicionales. “Han criticado mucho la labor de la prensa porque hay la percepción de que está comprada por el poder político y los empresarios que están defendiendo los intereses de la clase alta” dice Verónica Potes, activista legal. 

Entre saqueos, incendios, violencia por parte de las fuerzas públicas, destrucción de propiedad pública y privada y una sensación de inseguridad generalizada entre los ciudadanos. La violencia ha sido una de las protagonistas de las manifestaciones. Solo el lunes 21 de octubre hubo 255 hechos de violencia grave en Chile. Y en Ecuador, la Defensoría del Pueblo creó una Comisión especializada para investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas durante las protestas. Se investigarán los casos de todos los fallecidos, heridos y detenidos. Lenín Moreno y Sebastián Piñera separaron en repetidas ocasiones las manifestaciones pacíficas de los actos violentos y vandálicos. Pero eso no evitó que sucedan. 

El periodista chileno Cristian Ascencio dice que él nunca había visto tanta violencia de parte de manifestantes ni de la fuerza policial. “El gobierno tomó muy malas decisiones y quiso solucionar esto solo a través de la represión” explica Ascencio. Compara los hechos similares a lo que pasó en Ecuador: los toques de queda, los estados de excepción o de emergencia y los militares y policías atacando a los manifestantes. Para él, esas medidas en vez de infundir miedo a los manifestantes, provocaron que salgan más. “Según mi punto de vista, hay un muy mal actuar de parte del Gobierno de reprimir sin entender lo que está sucediendo” dice Ascencio. 

Las consecuencias políticas

En Ecuador, el domingo 13 de octubre, después del diálogo con las organizaciones indígenas el Presidente derogó el decreto que desencadenó las manifestaciones y regresamos a la normalidad.  Las calles están limpias, las paredes pintadas y nos estamos recuperando. 

En Chile la situación es distinta. La eliminación del incremento del pasaje no logró que los manifestantes dejen de salir a las calles. “El tema del pasaje del metro ya no importa nada, fue la gota que derramó el vaso” dice el periodista Cristian Ascencio. Hay problemas estructurales que Chile ha arrastrado por varios años y los ciudadanos están cansados de la desigualdad, explica Ascencio, así que los manifestantes continúan en las calles para demandar soluciones a estas deudas sociales. 

Chile tiene niveles altos de desigualdad. Según el último informe de Panorama Social de América Latina, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en el índice de Gini — en el que cero es igualdad perfecta y 1 es inequidad total — Chile tiene 0,45. Solo 0,02 menos que el promedio de América Latina. Chile tiene una alta concentración de la riqueza. La clase alta concentra dos de las terceras partes de la riqueza, mientras que los hogares más pobres tienen apenas el 2,1% de la riqueza del país. Eso ha provocado que la “olla de presión social estalle” dice Ascencio. “Esto ya se había dicho. Si no se hacía algo para mejorar la situación de la clase media y baja, iba a estallar y estalló”. 

Las manifestaciones suceden al son de Chile despertó, dicen que el pueblo se cansó del abuso y de la desigualdad entre ricos y pobres. Aunque las manifestaciones empezaron en respuesta al incremento de precio del metro, sus motivos van mucho más allá. La desigualdad está reflejada en los sueldos, la calidad de educación, el acceso a la salud y a medicinas, el criticado sistema de pensiones y la privatización del agua, por mencionar algunos. Esos son motivos generales, pero resumen el sentir de la gente, dice la periodista chilena Paulette Desormeaux. 

Chile es un país rico, pero solo una parte de la población ha disfrutado de esa riqueza. Desormeaux explica que uno de los principales problemas es el sistema de pensiones que “da pensiones indignas a la gente”. Durante una de las protestas contra las administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) en 2016, medios locales reportaron que el 90% de las pensiones son inferiores a 156 mil pesos (215 dólares),  casi la mitad de los 301 mil pesos que equivalen a un sueldo básico. En un análisis sobre este sistema, el abogado experto en seguridad social Carlos Rivadeneira lo describe como “injusto, riesgoso e insuficiente” y que es incapaz de asegurar pensiones para que la gente viva dignamente.  

En Chile, las personas que más se suicidan son mayores a 80 años. Se cree que eso se debe a la baja calidad de vida que tienen algunos ancianos en Chile. Desormeaux aclara que no es solo un problema de las pensiones, también es difícil acceder a medicamentos, por sus altos precios y a tratamientos médicos. 

El sistema de salud chileno se divide en dos modalidades. El público, el Fondo Nacional de Salud (FONASA) y el privado, Instituciones de Salud Previsional (ISAPRE). El 80% de los chilenos está afiliado al FONASA y menos del 20% tienen acceso al sistema privado. El FONASA tiene muchos pacientes y pocos hospitales y doctores. En 2018, el presidente Piñera reconoció que más de las tres cuartas partes de los chilenos tienen razones válidas para no estar satisfechos con la gestión del gobierno en salud. 

La desigualdad salarial en Chile es otro de los reclamos que tienen los manifestantes. Según la  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD), un gerente gana 178 veces un salario mínimo. Mientras que dos de cada tres trabajadores con jornada completa de las grandes empresas chilenas ganan menos de 600 mil pesos (827 dólares). 

El martes 22 de octubre, en un intento de calmar las protestas y la violencia, el presidente Sebastián Piñera anunció un plan de reformas para las “legítimas demandas” de la ciudadanía. 

Entre sus soluciones está garantizar un ingreso mínimo para todos los trabajadores de jornada completa de 350 mil pesos mensuales (480 dólares). Aumentar a un 40% los impuestos para las personas que ganen más de 8 millones de pesos mensuales (11 mil dólares). Eliminar el aumento al valor de la luz, que se había anunciado hace semanas. Y ampliar el convenio del sistema de salud público y las farmacias para reducir el costo de los medicamentos. 

Todas estas medidas se suman a la eliminación del incremento del pasaje del metro. Sin embargo, ni las reformas, ni el «pido perdón por esta falta de visión» con el que Piñera empezó su discurso, calmaron a los manifestantes. En redes sociales circulan videos de marchas en contra del Presidente y de manifestantes que consideran que las medidas son insuficientes siendo reprimidos al intentar llegar a a La Moneda — la sede presidencial. La Central Unitaria de Trabajadores de Chile convocó a una huelga general el 23 y 24 de octubre en la que marcharán “pacíficamente por todo el país”. 

Chile y Ecuador no son los únicos países que han vivido movilizaciones y protestas sociales en las últimas semanas. “Las protestas en el mundo coinciden” dice la activista legal Verónica Potes. “Son una respuesta ante medidas impopulares y una situación de descontento generalizado”. En Ecuador las desencadenó la eliminación del subsidio de combustibles, en Chile el aumento de la tarifa del Metro, en Barcelona la detención de los líderes independentistas, en Beirut una tasa a las llamadas por redes sociales, en Hong Kong las modificaciones a las reformas democráticas, en Bolivia por las elecciones, en Panamá por los subsidios a las universidades privadas. El mundo que vivió la posguerra en la tensión de la guerra fría, pensó que la caída del muro del Berlín ha vivido los tiempos de mayor paz de la Historia. Ese tiempo parece amenazado.