La ministra de Gobierno, María Paula Romo, y el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, fueron entrevistados la noche del domingo 6 de octubre de 2019, en cadena nacional, por el periodista de EcuadorTV Fabricio Cevallos, para hablar sobre la reacción estatal ante las protestas sociales en contra de las medidas económicas tomadas por el gobierno del Ecuador.

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El ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, comenzó su intervención transmitiendo su respaldo a las Fuerzas Armadas para el cumplimiento de sus labore “con la finalidad de mantener el orden público, garantizar los derechos de la población a nivel nacional, sus libertades y las garantías para que puedan realizar sus actividades diarias”, dijo. 

En respuesta al comunicado de la CONAIE en el que declaraba su propio estado de excepción en los territorios indígenas y sobre la movilización de grupos indígenas hacia Quito, Jarrín dijo que no hay ningún acercamiento de grupos indígenas, sino son puntos focales en donde están “obstruyendo las vías y generando malestar”. Desconociendo la Constitución, que reconoce la existencia de los territorios ancestrales, Jarrín dijo que “no hay territorios indígenas, el territorio es del Estado ecuatoriano y si alguien hace un llamado a nombre del Estado ecuatoriano solamente es el Presidente de la República en función de la Constitución y las leyes que tiene el Ecuador. Aquí no hay ninguna otra forma o minoría que reclame facultades o atribuciones que correspondan al Estado nacional”.

El ministro Jarrín dijo que los militares están capacitados para cumplir con su trabajo y llamó al pueblo a no desafiar ni agredir a las Fuerzas Armadas, porque “tienen derecho a la autodefensa, como todos los ciudadanos”. Pero María Dolores Miño, directora del Observatorio de Justicia y Derechos, dice que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha dejado claro que las fuerzas armadas no son las adecuadas para ejercer el control interno de la seguridad del Estado. “Su entrenamiento no está enfocado a ‘servir, proteger y garantizar el orden interno’, sino a la eliminación del enemigo. Bajo la lógica de la eliminación del enemigo, los ciudadanos corren riesgo de ser objeto de actos de uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas armadas”, explica Miño. En el caso concreto de Ecuador, la CIDH ya expresó su preocupación con respecto al despliegue de fuerzas armadas en el contexto de manifestaciones públicas. Las Naciones Unidas también manifestaron su preocupación por el estado de excepción decretado por el gobierno de Moreno. 

En redes sociales circularon videos y fotografías de vehículos militares entrando al Centro Histórico de Quito. Cuando el tema le fue mencionado en la entrevista, el ministro Jarrín dijo que “no existen ningunas tanquetas, lo que ha existido son blindados que son parte del equipamiento policial”. Dijo que las fuerzas armadas no contemplan el uso de ese tipo de armamento. Cuando el periodista le insistió sobre los “vehículos reforzados” en el centro de Quito y Jarrín respondió  “sí, vehículos es una cosa. Hablar de blindados… están en la brigada blindada, en Riobamba, esos son tanques. Esa es la mejor explicación. No hay ninguno que haya salido”. Después del tecnicismo, de decir equiparar la “autodefensa” de ciudadanos con la de militares y de desconocer los territorios indígenas, el Ministro pidió confianza en las Fuerzas Armadas y la Policía. 

En el resto de la entrevista, los dos ministros mencionaron “la importancia de informarse de los canales oficiales por la cantidad de noticias falsas que se esparcieron durante el fin de semana”. La ministra Romo confirmó que no se va a subir el IVA, no va a subir ningún impuesto —excepto para las empresas que facturen más de 10 millones de dólares al año—, no va a subir el gas y tampoco los pasajes para estudiantes, personas de la tercera edad y personas con discapacidad. 

Romo también dijo que el gobierno ha fijado parámetros técnicos para el incremento de los pasajes de transporte urbano. “Es responsabilidad de los municipios decidir si usan esos parámetros o si realizan sus propios análisis” dijo la Ministra y puso el ejemplo del Municipio de Machala. Según Romo, el alcalde Carlos Falquez se reunió con los transportistas y acordaron un incremento de 7 centavos y el paro se terminó. 

Romo confirmó que hay 477 detenidos. Dijo que el viernes entregó en persona al Defensor del Pueblo una lista con el lugar y la hora de detención, el nombre, el número de cédula y una foto de cada detenido. El lunes 7 de octubre le entregará una versión actualizada de ese informe. Hasta el momento de la entrevista ninguna persona había muerto en enfrentamientos. La única muerte registrada hasta el momento sucedió por un accidente de tránsito en el embotellamiento en Molleturo, en Cuenca. “Una de las zonas más difíciles de controlar”, dijo Romo. 

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