El Defensor del Pueblo, Freddy Carrión Intriago, presentó en una rueda de prensa las cifras oficiales de los muertos, heridos y detenidos durante las protestas del paro nacional de octubre de 2019.

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Carrión dijo que del 3 al 13 de octubre 1192 personas fueron aprehendidas. De ellas, el 76% no fueron procesadas y recuperaron su libertad de forma inmediata. “Esas aprehensiones fueron arbitrarias e ilegales a tal punto que  la fiscalía no formuló cargos y recuperaron su libertad” dijo. Un cuarto de los detenidos tiene entre 15 y 24 años. 

Según el séptimo informe de la Defensora del Pueblo sobre el paro nacional, hubo 1340 heridos. Esta cifra incluye a los atendidos por el Ministerio de Salud Pública, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y la Cruz Roja. Sin embargo, todavía no se ha incluido los heridos reportados por las universidades que se convirtieron en centros de atención médica, como la Católica, la Salesiana y la Central. Tampoco se incluyó en el reporte de la Defensoría al personal policial ni militar herido. De los heridos, ocho tienen lesiones permanentes. 

La Defensoría del Pueblo confirmó que las protestas dejaron 8 muertos. Raúl Chilpe, Marco Oto, José Daniel Chaluisa Cuzco, Inocencio Tucumbi, José Rodrigo Chaluisa, Abelardo Vega Caisaguano, Silvia Mera Navarrete y Édison Mosquera Amagua. Carrión dijo que la Defensoría del Pueblo levanta la información pero no pueden establecer la causa de las muertes. 

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Durante la rueda de prensa, el Defensor del Pueblo dijo que se creará la Comisión de Justicia y Reparación Integral para investigar lo que sucedió en el paro. El órgano empezará a investigar desde el 17 de octubre de 2019 las violaciones a los derechos humanos cometidas durante las protestas. 

Esta comisión estará conformada por un equipo multidisciplinario y tendrá noventa días para documentar todas las violaciones a los Derechos Humanos de la fuerza pública y de los actos de violencia. También analizará los actos delictivos y vandálicos que se cometieron desde el 3 de octubre de 2019. 

El objetivo de la comisión es que se “derive las investigaciones a las instituciones judiciales para que empezar el proceso de juzgamiento y sanción” dijo el Defensor del Pueblo. Además, analizará a profundidad los casos de los heridos, aprehendidos y fallecidos, para establecer sus causas. 

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, en una rueda de prensa el 15 de octubre, dijo que los fallecidos eran 6. El Defensor del Pueblo explicó que se reunieron con la Secretaría Nacional de Derechos Humanos ese mismo día para coordinar y contrastar los datos que presentan la Defensoría y el Ministerio de Gobierno. 

Sin embargo, ya que la Defensoría no puede establecer si la muerte fue accidental o directamente provocada por la fuerza policial, dijo que es necesario establecer la comisión especial para averiguar la verdad y establecer la responsabilidad para la reparaciones que correspondan. Carrión insistió en la veracidad de los datos presentados en su informe después de que la ministra Romo dijese que había una posible repetición de la identidad de uno de los nombres de los fallecidos José Daniel Chaluisa Cuzco y José Rodrigo Chaluisa, que comparten el primer nombre y apellido. 

Carrión dijo que no hay ninguna confusión: las circunstancias en que murieron ambos son muy distintas. El Defensor del Pueblo dijo que hay evidencia aportada por los medios de comunicación y otra que circuló en redes sociales que muestran el “uso excesivo de la fuerza” por parte de la Policía Nacional. “Elaboraremos un informe defensorial en busca de la verdad, la justicia y la reparación integral de las víctimas ante las vulneraciones de los derechos humanos en los últimos hechos vividos en el país”, dijo Carrión.