La mañana del 10 de agosto de 2026, el ministro del Interior, John Reimberg, recorrió el Centro de Operaciones de Emergencia Metropolitano de Quito acompañado de policías y militares. “El Ministerio del Interior asumirá el control del Centro de Cámaras para integrarlo al trabajo operativo de la Policía Nacional”, escribió después en su cuenta de X, y cuestionó que este centro “no ha dado la respuesta que los ciudadanos necesitan”.
Horas más tarde, Carolina Andrade, secretaria de Seguridad de Quito, dijo en una rueda de prensa, que la visita de Reimberg era para firmar un convenio para “sumar esfuerzos y combatir la seguridad en Quito”. En ese encuentro, Pablo Dávila, Comandante General del Distrito Metropolitano de Quito, dijo que 80 policías técnico-operativos serían distribuidos en turnos para trabajar las 24 horas en el sistema de videovigilancia del municipio. El personal que ya trabajaba ahí, dijo, continuaría.
Dos horas más tarde de que el Municipio hablara de cooperación en temas de seguridad, el secretario General de la Administración Pública, José Julio Neira, escribió:“¡No más espionaje a los quiteños! Las cámaras del @ECU911_ no pueden estar al servicio de un grupo político que busca perseguir; deben estar al servicio de la seguridad de los ciudadanos”.
El presidente Daniel Noboa también se sumó a un mensaje que sugería que había sido una intervención del gobierno al municipio y no una firma de convenio. “Tomamos el control de la videovigilancia de Quito para ponerla donde siempre debió estar: al servicio de la Policía Nacional y de la seguridad de los quiteños, no de redes de espionaje”, dijo.
El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, dio su explicación esa noche: negó que hubiese habido una toma de las instalaciones y explicó que el ministerio del Interior había convocado a una reunión de trabajo a la Secretaría Metropolitana de Seguridad y Gestión de Riesgos y a la Empresa de Pública de Seguridad (EMSEGURIDAD).
Según Muñoz, esa no era la primera reunión de coordinación con el gobierno. Dijo también que el convenio tuvo como base decretos ejecutivos y un acuerdo ministerial que “fortalecía los niveles de coordinación e interoperabilidad entre el ente rector de la seguridad ciudadana y las entidades de seguridad que tengan los gobiernos autónomos descentralizados”.
También negó el mal uso de las cámaras e insistió que operan en el ECU 911, que es manejado por el gobierno central.
GK revisó las 26 páginas del convenio para entender qué se acordó. El documento no se limita al manejo de las cámaras, sino que cambia la forma en que se priorizarán las inversiones de seguridad financiadas con recursos de Quito.
Te explicamos.
¿Cómo funcionan las salas de videovigilancia en el ECU 911?
Para entender las declaraciones de los funcionarios públicos y la firma del convenio, primero hay que saber cómo funciona físicamente el sistema de cámaras de vigilancia.
En Quito, esa coordinación ocurre en el edificio del ECU 911 en el Itchimbía, que funciona como un gran centro de mando. Ahí hay una sala máster: un espacio amplio con operadores que reciben las llamadas de emergencia, quienes están sentados frente a una pantalla gigante en la que se proyectan imágenes captadas por cámaras de distintos cantones de Ecuador.
Por ejemplo, si hay una emergencia en una avenida, un incendio o un hecho que necesita seguimiento, esas imágenes se pueden mostrar ahí.
Pero en esa sala máster no se operan las cámaras. La pantalla gigante funciona como un gran espejo de lo que se ve en otras salas que están dentro del mismo edificio, que son más pequeñas y se llaman “de videovigilancia”. Es ahí donde funcionarios —municipales o del gobierno central— seleccionan qué cámaras observar según la emergencia o su objetivo. El exfuncionario del Ministerio lo resume así: “cada uno está viendo las cámaras de su competencia”. Todo lo que se ve en estas salas de videovigilancia está controlado por el ECU 911, que es del gobierno central.
En una de esas salas, en el segundo piso, trabajan funcionarios del Municipio de Quito que monitorean 632 cámaras colocadas en varios lugares de la ciudad.
Adriana Moreira, gerente de la empresa de Seguridad de Quito, dijo en una sesión del Concejo que la mayor cantidad de esas 632 cámaras está en mercados; hay 250. Otras 99 están en parques y espacios públicos; 70 en el Centro Histórico; 61 en las entradas de la ciudad; 40 en senderos recuperados; y 39 en La Mariscal, especialmente en la Plaza Foch.
El resto está distribuido entre paradas de buses, unidades educativas, quebradas, pasos a desnivel, exteriores de universidades y una parada del Metro. Dijo que todas están repartidas entre las diez administraciones zonales de Quito.
Si una cámara capta una pelea en un parque, desde la sala de videovigilancia se puede generar una alerta y coordinar con la Policía para que vaya. Si hay una persona herida, el servicio de emergencias médicas interviene. Si un choque bloquea una calle, interviene la Agencia Metropolitana de Tránsito. Y si se produce un incendio, entran los Bomberos.
Christian Rivera, director del COE Metropolitano entre junio de 2014 y octubre de 2017, pone otro ejemplo: una deflagración. Para atender la llama que se propaga con facilidad, primero puede ser necesario enviar una ambulancia. Después, movilizar a la administración zonal, entregar ayuda humanitaria, llevar maquinaria para retirar escombros si la llama ya ha ocasionado destrucción o pedir a la AMT que cierre una calle si el fuego se ha expandido. Si se necesita proteger el lugar, interviene la Policía o las Fuerzas Armadas.
Por eso Rivera define al COE Metropolitano como “el cerebro de las emergencias en Quito”. Y recalca que funcionan las 24 horas, los siete días de la semana.
Muñoz dice que desde el día uno de su administración, en 2014, las cámaras interoperan en y desde el ECU 911.
Un exfuncionario del Ministerio del Interior consultado por GK dice que el objetivo original del ECU 911 fue justamente que las instituciones compartieran capacidades en lugar de mantener sistemas separados. Cree que la mayor parte de la discusión de estos días responde más a una “crisis comunicacional” que a un cambio técnico radical en la forma de operar las cámaras.
Rivera es más crítico porque teme que la disputa política termine “haciendo pedazos” una estrategia técnica creada para atender emergencias y recuerda que desde esas salas se han monitoreado incendios forestales, aluviones, siniestros de tránsito, manifestaciones y otras emergencias.
¿Qué cambia con el convenio entre el Municipio y el gobierno?
Una de las frases más repetidas del ministro Reimberg el día que se firmó el convenio fue que la Policía Nacional pasaría a tener el “control” de las cámaras de seguridad de Quito.
Pero el convenio no dice eso.
Según el documento, las cámaras, salas y sistemas tecnológicos municipales seguirán estando en control— institucional, física, tecnológico, contractual y de mantenimiento de esa infraestructura— de EMSEGURIDAD. El texto detalla lo que, según el exfuncionario del Ministerio del Interior, ya se ha hecho durante 15 años: que la Empresa de Seguridad deberá habilitar espacios físicos para la Policía Nacional en la sala de videovigilancia del Municipio, que funciona en el mismo ECU 911.
El documento también dice que el Ministerio deberá asignar policías para trabajar en esas salas y nombrar un coordinador policial permanente. Esos agentes podrán procesar y analizar información proveniente de las cámaras para prevención, investigación e inteligencia, determinar zonas prioritarias de monitoreo y coordinar la respuesta cuando detecten una alerta.
Rivera dice que lo que detalla el convenio no es nuevo.
Hace 15 años, por ejemplo, ya existían espacios para la Policía y las Fuerzas Armadas dentro del centro de vigilancia municipal. Según él, el problema no era que no existieran esos espacios, sino que no siempre enviaban suficientes uniformados de manera permanente.
El exfuncionario del ministerio del Interior coincide con Rivera. Dice que dependiendo de las operaciones, también participaban miembros de Inteligencia y Policía Judicial.
Lo que sí es nuevo en el acuerdo es que cambiará la forma en que se planificarán determinadas inversiones financiadas con la Tasa de Seguridad que pagan los quiteños.
EMSEGURIDAD seguirá administrando esos recursos. El convenio dice expresamente que la recaudación, el presupuesto, las contrataciones, los pagos y el control financiero seguirán bajo responsabilidad municipal.
Tampoco se transferirá dinero al presupuesto del Ministerio del Interior. Pero el gobierno sí entra a una etapa en la que antes no tenía participación formal: la priorización y validación técnica de proyectos.
El convenio obliga al Municipio y al Ministerio a elaborar conjuntamente un Plan Anual y Plurianual de Inversiones en Seguridad. También crea una Mesa Técnica que deberá analizar información delictiva, necesidades territoriales y capacidad operativa para decidir qué proyectos se priorizarán con el financiamiento de la Tasa de Seguridad.
Además, el Ministerio o la Policía podrán presentar directamente requerimientos para comprar bienes, contratar servicios, financiar mantenimiento tecnológico o intervenir infraestructura policial, como UPC o UVC. EMSEGURIDAD deberá revisar si existe presupuesto y, si el proyecto avanza, será la empresa municipal la que contrate y pague al proveedor.
Adriana Moreira, de EMSEGURIDAD, explicó ante el Concejo que esto significa que el Ministerio del Interior, la Secretaría de Seguridad y la empresa municipal deberán planificar conjuntamente qué proyectos consideran prioritarios. Pero aclaró que el convenio no modificará lo que ya estaba previsto para 2026: “vamos a continuar, no hay alteraciones a la planificación”.
Para 2027, añadió, tampoco existe demasiado margen de cambio en lo que se priorizará porque el Municipio comenzará el año con un presupuesto prorrogado: es decir, seguirá aplicando el presupuesto de 2026, hasta que las nuevas autoridades municipales aprueben uno nuevo.
La secretaria de Seguridad, Carolina Andrade, dijo que una parte importante de la Tasa ya está comprometida en gestión de riesgos. Entre 2023 y 2025 se destinaron 7,6 millones de dólares a ese rubro, frente a 4,9 millones del periodo anterior.
Los proyectos relacionados directamente con capacidades policiales o sistemas tecnológicos de seguridad, según el convenio, deberán tener la aprobación técnica del Ministerio del Interior y de la Policía antes de ejecutarse, lo mismo si se trata de nuevas salas, centros o plataformas tecnológicas.
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