El 2 de febrero de 2026, el Ministerio de Energía y Ambiente suspendió totalmente la minería en Napo. Con una resolución, reconoció que en esta provincia amazónica hay contaminación por “la presencia de minería ilegal que estaría produciendo afectación ambiental en el territorio”. El documento ordenó suspender la extracción en las concesiones aledañas a la cuenca del río Napo. Pero un mes después, a pesar de los operativos difundidos por el gobierno y las Fuerzas Armadas, la extracción ilegal de oro continúa, según dos dirigentes comunitarios consultado por GK. Aseguran que se reactivó pocos días después del acuerdo ministerial.
Cuando declaró la suspensión, la ministra de Energía y Ambiente, Inés Manzano, señaló que la medida respondía a la contaminación visible, las posibles afectaciones al río y la necesidad de ordenar la pequeña minería y sus contratos de operación.
Mineros ilegales se fueron sin sanción
En los dos días posteriores al anuncio, en calles, tanto en la parte rural como en el centro urbano del cantón Tena, hubo lo que habitantes describen como “un desfile” de maquinaria amarilla —en referencia a las retroexcavadoras. Personas que operaban sin permisos abandonaron lugares como Puerto Napo, Tálag y Arosemena Tola, que según MapBiomas Amazonía, son zonas en las que se ha visto el incremento de minería irregular desde el año 2022; dejando tras de sí contaminación, huecos profundos, ríos afectados y suelos degradados.
Esa maquinaria amarilla, según un comunero que no quiso ser identificado, no fue incautada ni destruida. “Están saliendo sin ser juzgados y sin que se les exija la remediación ambiental”, le dijo a GK un habitante que fotografió la salida nocturna de vehículos desde la comunidad de Santa Rosa el 5 de febrero de 2026. GK tuvo acceso a esas fotos.
En Napo continúa la actividad minera irregular. Fotografía enviada por una fuente reservada a GK
Una de las principales quejas de los habitantes de zonas afectadas por la minería en Napo fue que luego del anuncio del gobierno, no hubo operativos inmediatamente sino que tardaron 2 días en llegar. Ese lapso fue aprovechado por los mineros irregulares para retirar maquinaria y abandonar las zonas afectadas sin enfrentar controles ni sanciones.
En los días siguientes hubo intervenciones de las Fuerzas Armadas, pero —según dos comuneros— a la maquinaria sin permisos solo se le colocó un sticker que decía “suspensión de actividad minera”, a eso los comuneros le dicen “maquinaria sellada”. “Preferiríamos que la quemen, porque esto es como el gato y el ratón; se van los militares y vuelven a operar con la misma maquinaria”, le dijo a GK un poblador que vive cerca de Tálag, que también afirmó que no hubo detenciones.
Aunque el Reglamento Ambiental de Actividades Mineras establece que los titulares de derechos mineros deben responder “civil, penal y administrativamente” por los daños ambientales en las áreas donde se les haya otorgado un título, autorización o permiso, hasta ahora no se ha sancionado a quienes habrían trabajado durante meses en la extracción de oro a orillas del río.
Para el 17 de febrero, comuneros denunciaron que la minería se reactivó. “Están operando en la noche. Hay extracción en las concesiones Victoria 1, Victoria 2, Katty, Sindy, Atahualpa y San Carlos, en Puerto Napo. Nadie está haciendo nada para impedirlo”, le dijo uno de ellos a GK.
Según los habitantes, en los primeros operativos hubo más militares pero conforme pasaron los días quedaron apenas diez en la provincia para hacer controles en más de 5.000 hectáreas.
A esta falta de control del Estado, se suman versiones sobre posibles filtraciones de información.
Un comunero le dijo a GK que creen que los mineros que trabajan de forma irregular estarían siendo alertados antes de los operativos. El 21 de febrero alertaba: “hoy tampoco se pudo hacer el operativo en Arosemena Tola, alguien les avisó”.
Tensiones y versiones enfrentadas
Terraearth Resources —la empresa de capitales chinos con 10.900 hectáreas concesionadas en la provincia de Napo— habría organizado reuniones con comuneros. Según testimonios, se les habría pedido que declaren públicamente que la responsabilidad recae exclusivamente en la minería ilegal.
Sin embargo, un dirigente de la comunidad de Arosemena Tola sostiene que en la práctica coexisten minería legal e ilegal. “Las concesiones deberían ser vigiladas por la empresa a la que se le entregó el espacio, pero se hacen los ciegos. Les permiten ingresar a los mineros ilegales y luego dicen que no los conocen”, afirmó.
Desde la Cámara de la Pequeña Minería del Napo se habría planteado una marcha hacia Quito para reclamar por los derechos mineros, pero la convocatoria no prosperó. Pero sí se emitieron varios comunicados durante la suspensión diciendo que hay una campaña de desinformación impulsada por “sectores antiminero extremistas”, y exigen que se demuestren las supuestas vinculaciones con grupos delincuenciales organizados. También dice que la actividad minera —artesanal, pequeña y de gran escala— ha contribuido a dinamizar la economía amazónica bajo el marco de la legalidad.
Sus pronunciamientos concluyen con un respaldo a la política del presidente Daniel Noboa contra la minería ilegal y el pedido de instalar una mesa de diálogo para alcanzar acuerdos en favor de la producción y la economía local.
Te explicamos qué implica la suspensión de la minería en Napo y cómo opera la extracción en esta zona del país.
¿Cómo es la minería en Napo?
Según el colectivo Napo Ama la Vida, en la provincia existen 153 concesiones mineras, que abarcan aproximadamente 32.277 hectáreas. De ellas, solo tendrían licencia ambiental que permite la explotación de oro en orillas de ríos: Regina 1S y Vista Anzu a cargo de la empresa TerraEarth Resources.
Estos datos difieren de los del Ministerio de Energía y Ambiente, que sostiene que existen 81 concesiones en la provincia: 30 fueron inspeccionadas después de la suspensión, 28 quedaron suspendidas tras la medida, 13 ya estaban suspendidas antes, 2 no registran actividad y 8 aún no han sido inspeccionadas debido, según el Ministerio, a la presencia de grupos de crimen organizado en la zona.
Una concesión minera es el permiso que otorga el Estado para que una persona o empresa explore y, eventualmente, explote minerales en un área específica. Sin embargo, no autoriza automáticamente a extraer.
De acuerdo con el Código Orgánico del Ambiente, para obtener una licencia ambiental, el titular minero debe presentar un Estudio de Impacto Ambiental, un Plan de Manejo Ambiental, realizar un proceso de participación ciudadana y constituir garantías económicas para responder por posibles daños.
Solo si la autoridad ambiental aprueba todo ese proceso, se otorga la licencia.
Según el colectivo, esto no ha ocurrido en más del 90% de las concesiones entregadas en Napo. Aun así, existen operaciones activas en varias de ellas, lo que sería extracción minera irregular. Hasta el cierre de esta edición, consultamos al Ministerio de Energía y Ambiente y no hubo respuesta respecto del número de concesiones con licencia ambiental en la provincia.
No es la primera suspensión en Napo
Esta no es la primera vez que la extracción minera es suspendida en Napo. En 2022, el colectivo ciudadano Napo Ama la Vida denunció que maquinaria pesada operaba en la comunidad de Yutzupino, en las orillas del río Jatunyaku, y extraía oro sin permiso.
Más de 100 días después, 148 retroexcavadoras, operadas por mineros irregulares, fueron incautadas durante un operativo entre el gobierno de Guillermo Lasso y las Fuerzas Armadas.
La maquinaria incautada en ese operativo permanecía retenida hasta inicios de 2026 en terrenos baldíos ubicados en el ingreso a la ciudad Tena, capital de Napo.
Esa vez, en 2022, el entonces ministro de Energía Juan Carlos Bermeo dijo que habría una suspensión temporal de la minería en toda la provincia. La entonces ministra del Interior Alexandra Vela aseguró que se harían revegetación y auditorías ambientales para aplicar programas de recuperación del río. La Fiscalía abrió una investigación por el delito de minería ilegal.
Pero esa remediación nunca ocurrió y, tres años después, no hay una sentencia en el caso.
Según Pepe Moreno, representante del colectivo ciudadano Napo ama la vida, la actividad minera paró en ese punto específico, pero no se detuvo: se desplazó y se expandió hacia otras zonas de Napo.
En una visita a las zonas donde se extrae minerales en esta provincia, al menos 10 pobladores dijeron que antes solo se encontraban con los operadores de las máquinas, trabajadores contratados por horas, pero ahora hay personas con armas y encapuchadas que vigilan o acompañan en caravana a los vehículos que transportan el oro.
Estas personas estarían vinculadas al crimen organizado, brindando “seguridad” a quienes operan en el territorio.
Pocos pobladores se atreven a hablar. Tienen miedo, y hay varias razones. Por ejemplo, los alrededores del río Huambuno tendrían vigilancia. Quienes integran la comunidad de Kausayaku aseguran que han sido advertidos, por sus vecinos, de no tomar fotos o grabar audios. Ya han recibido amenazas de que no registren la actividad minera que se hace sin el control estatal.
El impacto de la minería en Napo
El paisaje de Napo ha cambiado de forma abrupta en menos de tres años. Un recorrido por las vías internas de la provincia, permiten dimensionar la devastación, pero las imágenes aéreas tomadas con dron son contundentes: en medio del verde amazónico aparecen huecos profundos, como si se tratara de zonas bombardeadas.
Devastación Yutzupino en la provincia de Napo. Fotografía de Andrea Orbe.
En el camino de tierra también hay clasificadoras tipo Z: son máquinas que funcionan como bombas gigantes que succionan arena, lodo y grava del fondo de los ríos, separan el material para extraer el oro y devuelven los desechos al mismo río, contaminándolo de metales pesados y alterando su cauce. Con el fondo removido, el agua corre con más fuerza contra las riberas, se “come” la orilla, tumba árboles y lo amplía de forma descontrolada.
Esta devastación ya ha sido estudiada por académicos. En 2022, investigadores de la Universidad Ikiam publicaron los resultados de una evaluación hecha entre noviembre de 2020 y febrero de 2021, que evidenció contaminación en 11 puntos de ríos y esteros de Napo, tanto por minería legal como ilegal.
El informe no utiliza el término “río muerto”, pero los indicadores ecológicos muestran condiciones equivalentes: en el 35% de las muestras no se encontró ningún macroinvertebrado acuático. Esta es una señal crítica ya que estos organismos son la base de la cadena alimenticia.
En otra comunidad, en Capirona, también en el cantón Tena, confirman que la afectación se extiende a más ríos. Su presidenta, Linda Tapuy —mediana, descalza y con la piel curtida por el sol— dice que los ríos Puni y Shalcana están “chocolatosos”, dejaron de ser cristalinos y ya no tiene peces.
“Nosotros nos alimentábamos de esos dos ríos, teníamos todo ahí. Ahora ya son tres años en esta lucha, tres años desde que nos contaminaron los ríos. Nos dejaron sin agua para bañarnos, para alimentarnos, para nada”, dice Tapuy.
La comunidad de Capirona, confirma el defensor del Pueblo en Napo, Andrés Rojas, ha tenido que conseguir agua a través de la junta parroquial en Puerto Napo y el municipio de Tena con tanqueros.“Cuando me decían que algún día nos íbamos a quedar sin agua, no lo creía. Vivimos entre dos ríos. Hoy estamos en esta situación”, reitera Tapuy.
La minería ilegal, ¿parte del crimen organizado?
En otro cantón de Napo, en Arosemena Tola, Juan* tenía 36 hectáreas donde sembraba y cosechaba cacao. Hace casi un año las vendió por 300 mil dólares y migró porque, dice, lo presionaron para vender.
“Primero viene un grupo, luego otro. Ya no es una compra normal, es una disputa. Yo vendí antes de que empeore, pero hay vecinos a los que ya los obligaron a dejar sus tierras”, dice mientras con su dedo señala otras zonas afectadas por la minería.
La inseguridad, la violencia y las muertes son un secreto a voces para los pobladores de las zonas rurales de Napo donde hay minería.
El 14 de enero de 2026, tres cuerpos calcinados fueron encontrados en un camino rural de Moretecocha, en ese mismo cantón. Las víctimas —dos ecuatorianos y un ciudadano venezolano— fueron trasladadas al Departamento de Ciencias Forenses de Tena. En el mismo lugar se encontraron casquillos y un arma de fuego.
Sobre el caso, la Policía dijo que podría ser una disputa territorial entre organizaciones delictivas. Sin embargo, aunque lo comentan en voz baja, nadie quiere hablar de esas muertes a profundidad, tampoco del cierre temprano de locales comerciales, del pago de vacunas o del miedo al caminar por el centro de las ciudades.
Según un comunero, serían Los Lobos y Los Choneros quienes se pelean por territorios mineros en la zona.
El 27 de febrero, en una entrevista con Primicias, la ministra de Energía y Ambiente Inés Manzano confirmó que a pesar de haber más concesiones solo 28 tienen sellos de clausura. En las demás, dijo la ministra, “no se ha podido acceder por temas logísticos y otros por tema de bandas, en la zona de Alto Punino. Ahí están Los Lobos”.
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