Así llega Noboa a la consulta popular y referéndum 2025

El 16 de noviembre de 2025 habrá una nueva consulta popular y referéndum en Ecuador. Es la segunda impulsada por Daniel Noboa.

La primera fue en abril de 2024, durante su primera presidencia, y tuvo 11 preguntas sobre seguridad, justicia y empleo. En esa ocasión, el SÍ ganó en nueve y el NO en dos. 

Esta vez, Noboa vuelve a poner su gestión a prueba con cuatro preguntas: tres de referéndum y una de consulta popular. 

Propone eliminar la prohibición de bases militares extranjeras en el país, reducir el número de asambleístas de 151 a 73, eliminar el financiamiento público a los partidos políticos y convocar a una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución.

La campaña comenzó el 1 de noviembre. El Presidente pidió licencia el 7 de noviembre y también del 9 al 13 de noviembre para participar directamente en la promoción del SÍ. Su mayor oposición es la Revolución Ciudadana (RC), que agrupa al correísmo.

La RC, dirigida por Luisa González, quien fue candidata presidencial en 2025 y perdió frente a Noboa, insiste en que la consulta es una “distracción” frente a los cuestionamientos recientes contra el gobierno. El movimiento defiende además la Constitución de 2008, redactada durante el gobierno del entonces presidente Rafael Correa, líder de la organización.

También hay otros partidos políticos y organizaciones sociales que rechazan la consulta popular, como Centro Democrático, Sociedad Patriótica o la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). 

Los cuestionamientos giran en torno a hechos como el paro nacional,  las explosiones en Guayaquil —que ponen en duda la lucha del gobierno contra el crimen—, y la deuda desvanecida de la Exportadora Bananera Noboa—una empresa de la familia del Presidente— con el Servicio de Rentas Internas (SRI).

A eso se suman problemas más profundos, como la crisis del sistema de salud pública y el regreso de las masacres carcelarias.

A pesar de las críticas, Noboa mantiene alrededor del 60% de apoyo a la gestión, según una encuesta de Click Report publicada en octubre de 2025, basada en 2.280 entrevistas a nivel nacional. Mientras que Cedatos, otra encuestadora, dice que el Presidente tiene el 52% de aceptación. 

Para la analista política Selene López, ese nivel de respaldo refleja una percepción más que una evaluación real de su gestión. “Hay una división: por un lado, existe rechazo por algunas de sus acciones —como las denuncias de represión en el paro nacional o el bloqueo de cuentas a organizaciones sociales—; por otro, un apoyo masivo suficiente para sostenerlo en la consulta popular”, dice.

López explica que Noboa ha logrado mantener popularidad gracias a lo que llama “deliveries simbólicos”: acciones rápidas, de alto impacto mediático, que no resuelven los problemas de fondo, pero dan la sensación de una respuesta inmediata.

Su discurso de mano dura frente a la inseguridad y su alineamiento con Estados Unidos también han fortalecido su imagen entre un sector de la población.

Esa combinación, dice la analista, lo mantiene entre el 50% y el 60% de aprobación, suficiente para llegar con ventaja a la consulta, incluso si “su gestión es, en algunos aspectos, desordenada”.

Te contamos cinco momentos que marcan y afectan la llegada Noboa a esta nueva consulta popular.

1. Un paro nacional con pérdidas y muertes

El paro nacional de 2025 fue un punto de inflexión para el presidente Noboa. Fue convocado luego de la eliminación del subsidio al diésel, que aumentó el precio del galón de 1,79 a 2,80 dólares, provocando el rechazo principalmente de transportistas y comerciantes.

Comenzó el 22 de septiembre y se extendió hasta el 22 de octubre, cuando se levantó la medida.

Las protestas, convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), se concentraron en la Sierra norte, especialmente en Imbabura , Carchi y el norte de Pichincha, donde las carreteras estuvieron bloqueadas y hubo enfrentamientos entre manifestantes, policías y militares.

Según la analista política Selene López, “Noboa salió bien librado” del paro porque no cedió ante la principal exigencia de la Conaie, que era echar abajo la eliminación del subsidio. 

Pero —advierte López— le puede pasar factura más adelante, sobre todo, en provincias de la Sierra norte, donde hubo denuncias de represión y pérdidas económicas de más de 75 millones de dólares, según la Cámara de Comercio y Producción de Imbabura. 

Para contener las protestas, el gobierno decretó un estado de excepción. Militares y policías salieron a las calles para restablecer el orden. La decisión fue cuestionada por organizaciones de derechos humanos. Por ejemplo, Human Rights Watch dijo que se aplicó “el uso excesivo de la fuerza en respuesta a las protestas”. 

Hubo 46 ataques contra la prensa, según Fundamedios, organización que defiende la libertad de expresión. Y, además, tres comuneros indígenas murieron: Efraín Fuerez, en Cotacachi; José Alberto Guamán, en Otavalo; y Rosa Elena Paqui, en Loja.

La Fiscalía investiga los casos. Si se confirma la responsabilidad estatal, el país deberá reparar a las familias y podría enfrentar un proceso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Otro de los hechos más polémicos durante el paro fue el bloqueo de cuentas bancarias de líderes indígenas y organizaciones sociales. Denunciaron que sus cuentas habían sido congeladas por orden de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) —adscrita al gobierno— sin aviso previo.

En una entrevista con Teleamazonas, el 31 de octubre, Noboa justificó los bloqueos porque supuestamente “se rastrearon y congelaron fondos que iban a ser destinados para desestabilizar al gobierno”. El bloqueo fue posible por la recién aprobada Ley de Transparencia Social —que regula a las fundaciones.

Para el analista político César Luis Barthelotti, “el paro demostró que Noboa llega a la consulta mostrando firmeza y con nuevo estilo de liderazgo”.

Barthelotti recuerda que desde 1994, en el gobierno de Sixto Durán Ballén, “hubo un levantamiento indígena y llegaron a un consenso sobre la entonces Ley Agraria”. Desde ese momento, dice, se estableció un patrón: cada vez que hubo un paro nacional, los gobiernos buscaron acuerdos con el movimiento indígena. 

Así pasó en los paros de 2019, cuando el entonces presidente Lenín Moreno derogó el decreto que eliminaba los subsidios a los combustibles, y en 2022, cuando el entonces presidente Guillermo Lasso firmó actas de compromiso con la Conaie para contener las protestas.

“Noboa no dio retro”, dice Barthelotti. Y ese hecho, añade, rompe una constante de más de dos décadas de negociación entre el Estado y el movimiento indígena.

2. Explosiones que expusieron la inseguridad (otra vez)

El 14 de octubre de 2025, una explosión en Guayaquil volvió a poner a prueba la estrategia de seguridad del gobierno. Ocurrió en plena hora pico, frente al centro comercial Mall del Sol, en el norte de la ciudad. Un vehículo se incendió y, pocos minutos después, estalló.

Hubo un muerto y 30 heridos. Mientras los bomberos sofocaban el fuego, los equipos de explosivos de la Policía encontraron un segundo vehículo con explosivos, que fue destruido de forma controlada.

Horas más tarde, al amanecer del 15 de octubre, una bomba sacudió el puente Mollopongo, en una vía que conecta la Costa con la Sierra. Después, una tercera explosión en el puente Churute, en la provincia del Guayas, volvió a aterrorizar al país. Fueron tres explosiones en menos de 24 horas. 

El ministro del Interior, John Reimberg, atribuyó el ataque al grupo criminal Los Lobos, que habría actuado “en represalia a la destrucción de la minería ilegal en Buenos Aires”, en la provincia de Imbabura. 

Un día antes, el 13 de octubre, 500 militares bombardearon campamentos ilegales en esta zona de Imbabura. “La minería ilegal se acabó”, dijo entonces el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo.

Las explosiones, ocurridas a pocas semanas de la consulta popular y referéndum, acentuaron la sensación de inseguridad en Guayaquil, una ciudad golpeada por el crimen organizado.

La analista López dice que el impacto político del atentado tiene dos aristas: aunque la explosión expone otra vez la inseguridad que vive el Ecuador, también ayuda a mantener la percepción que el gobierno debe tener “mano dura”. Y, por tanto, es necesario que el Presidente mantenga su estrategia punitivista, explica. 

Barthelotti coincide en que la explosión evidenció la magnitud de la violencia —como los atentados que había en los años 90 en Bogotá, Colombia, durante la época de Pablo Escobar—, pero señala que “le ha dado el chance al gobierno de seguir usando la fuerza contra el crimen organizado”. 

Añade que el hecho refuerza un argumento político para el referéndum: “La necesidad de afianzar o permitir que bases militares extranjeras vengan a Ecuador para ayudar a combatir el crimen”.

3. Dos masacres carcelarias en menos de un mes

En menos de una semana de septiembre de 2025, Ecuador volvió a enfrentar el horror dentro de sus cárceles. Dos masacres —una en la cárcel de Machala, el 22 de septiembre, y otra en la de Esmeraldas, el 25 de septiembre— dejaron 31 personas muertas.

El conflicto de las bandas Los Lobos, Los Choneros y Los Tiguerones sigue activo, pese a los seis estados de excepción que el gobierno de Noboa ha decretado durante 2025 —y que le permiten tener militarizadas las cárceles.

En Machala, los enfrentamientos comenzaron cerca de las 2 de la madrugada. Un grupo de reos de la facción Lobos Box, disidente de Los Lobos, irrumpió en las zonas controladas por bandas rivales. 

Catorce personas murieron, entre ellas un guía penitenciario. Los presos secuestraron a varios policías y los ataron de pies y manos. Las explosiones abrieron un hueco en una de las paredes del penal, por donde algunos reclusos escaparon; 13 fueron recapturados horas después.

Tres días más tarde, la violencia se trasladó a Esmeraldas. A las 3 de la mañana del 25 de septiembre, reclusos del pabellón C fingieron la muerte de un interno para engañar al guía penitenciario. Le quitaron las llaves, tomaron un fusil y liberaron a los presos de los pabellones A y B, donde estaban recluidos miembros de bandas rivales.

En cuestión de minutos, la cárcel se convirtió en un campo de batalla: 17 presos fueron asesinados. El Ejército intervino para recuperar el control y reportó que los reos usaron armas de fuego y cuchillos. Un soldado resultó herido.

Barthelotti dice que las dos masacres ocurrieron en medio del paro nacional, lo que dispersó la atención pública y esa distracción fue favorable para Noboa. 

Mientras que López cree que, aunque es un hecho negativo que los presos se sigan matando y que vuelva el fantasma de las masacres que empezaron en 2021, estos episodios le permiten a Noboa reforzar la idea de que las matanzas pasan por la lucha entre bandas, como si se tratara de un caso aislado.

 López señala que lo que se requiere para que las masacres cesen es fortalecer el sistema penitenciario y advierte que “no hay mejorías en la política económica y social que puedan reducir el origen de esa violencia”.

En los últimos cuatro años, más de 500 reos han sido asesinados en motines y enfrentamientos entre bandas.  

4. Crisis de salud 

El IESS declaró la emergencia sanitaria el 26 de septiembre de 2025. El Ministerio de Salud Pública lo hizo el 1 de octubre de 2025.

Ambas decisiones responden a la falta de medicamentos en hospitales, una crisis que se arrastra desde hace meses y que evidencia el deterioro del sistema público de salud en Ecuador.

La red de hospitales públicos enfrenta un desabastecimiento generalizado, falta de insumos, de alimentos y una ejecución presupuestaria baja. Y esto responde, según la analista en comunicación política Pamela León, a que en los últimos tres años el presupuesto del Ministerio de Salud se redujo de 3.219 millones de dólares en 2023 a 2.798 millones en 2025.

El impacto es evidente. 

Ahora, la emergencia sanitaria busca acelerar los procesos de adquisición de medicamentos, pero las compras siguen estancadas. Según el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), al 5 de noviembre de 2025 solo hay cinco contratos firmados, según el medio Primicias. 

López dice que la crisis de salud podría minar la aprobación del presidente Noboa en la consulta popular, “pero es un tema que no está en agenda, y la oposición no ha logrado posicionar ese problema”. 

Barthelotti coincide en que no ha habido una discusión profunda sobre el tema. Pero dice que los cuestionamientos que ha habido sobre la falta de medicamentos, el gobierno ha podido posicionar en redes sociales que el problema responde a corrupción interna en hospitales. 

Por ejemplo, el presidente del Consejo del IESS y ex ministro de Salud , Édgar Lama, publicó un video en el que expone a un médico que no entregó medicamentos a un paciente bajo el argumento de que no había, pero él demostró que sí. El médico fue despedido. 

5. La deuda desvanecida de la Exportadora Noboa

La deuda de la Exportadora Bananera Noboa, propiedad de la familia del Presidente, con el SRI era una de las más grandes y prolongadas en la historia fiscal del país. Pero en 2025 pasó de 94,6 millones de dólares a cero. 

El desvanecimiento de la deuda, amparada en una remisión tributaria aprobada durante el gobierno de Noboa, coincidió con una coyuntura legal: una ley recién declarada inconstitucional, la Ley de Integridad Pública.

Este caso reabrió el debate sobre los límites entre el poder político, los beneficios económicos y la transparencia en la gestión pública, dice Pamela León. 

Según los registros del SRI, en marzo de ese año la deuda era de 94,6 millones de dólares. En julio bajó a 21,7 millones; en septiembre, a 6,1 millones. Al 30 de septiembre, quedaban 3,5 millones. Un día después, el 1 de octubre, la familia Noboa anunció que la deuda era cero.

La reducción fue del 96,4 % en menos de siete meses, algo sin precedentes, dice Pamela León. La explicación oficial fue simple: la deuda se pagó dentro del marco legal vigente. Un comunicado de Leonardo Noboa, primo del Presidente y gerente de Industria Cartonera Ecuatoriana (ICE), una de las empresas del Grupo Noboa, aseguró que las obligaciones fueron liquidadas “de acuerdo a la ley” —aunque no precisó a qué ley.

La Ley de Integridad Pública, aprobada en junio de 2025, incluía una remisión tributaria, un mecanismo que permite a los contribuyentes pagar solo el capital de la deuda y liberarse del pago de intereses y multas. 

La Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, aprobada en 2023 por la Asamblea Nacional, planteaba una amnistía tributaria para que deudores del SRI puedan pagar el capital vencido y se les condonen multas e intereses. 

En la amnistía se prohibía expresamente que empresas vinculadas a familiares del presidente, vicepresidente, ministros o asambleístas se beneficiaran. 

Pero en 2025, esa restricción desapareció. La nueva ley eliminó el candado y abrió el acceso a todos los contribuyentes, sin importar sus vínculos políticos.

López considera que el desvanecimiento de la deuda, aunque fue un hecho controversial, pasó desapercibido y no llegó a convertirse en un escándalo. Ocurrió en medio del paro nacional, y ese timing —explica— hizo que no afectara políticamente al presidente.

La analista cree que un ataque político solo resulta efectivo cuando es nuevo; en este caso, el tema no impacta de forma inmediata en la gente y la oposición no ha logrado explicar cómo ese hecho afecta al país.

Barthelotti, en cambio, advierte que el caso sí puede hacer mella en Noboa, principalmente porque desde el gobierno no han sabido comunicarlo. Han sido, dice, “pésimos comunicadores”, incapaces de ofrecer una explicación clara sobre lo ocurrido.