Una cronología del paro en Ecuador en 2025

El presidente Noboa, tras el ataque y después de presentarse en el evento público, se trasladó por tierra hasta la ciudad de Cuenca, en la provincia de Azuay.

Horas antes, el mismo día, un tribunal de la Corte Provincial de Justicia de Manabí aceptó parcialmente el recurso de hábeas corpus presentado por los abogados de 10 de los 12 manifestantes detenidos en la ciudad de Otavalo, provincia de Imbabura, durante el primer día del paro nacional, el 22 de septiembre.

El 24 de septiembre, dos días después de su detención, los manifestantes fueron trasladados desde Otavalo hasta la cárcel El Rodeo, en la provincia de Manabí, a más de 400 kilómetros.

La Fiscalía los vinculó con los disturbios que derivaron en el incendio del cuartel del Distrito Valle del Amanecer, en Otavalo, cuando un grupo de personas con piedras, escudos metálicos y bombas molotov atacó las instalaciones policiales, según un comunicado de la institución. 

Desde entonces, la Conaie y organismos de derechos humanos rechazaron el traslado y la detención. 

Luego de pasar 11 días en la cárcel, el fallo de la Corte de Manabí, emitido el 6 de octubre, ordenó el regreso de los detenidos desde la cárcel El Rodeo, en Manabí, a la cárcel  de Ibarra, en Imbabura. El Tribunal determinó que el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI) vulneró derechos constitucionales e incumplió los principios de interculturalidad y plurinacionalidad al mantenerlos lejos de su territorio.

Según el fallo, los jueces destacaron que los 10 de los 12 procesados pertenecen al pueblo indígena Kichwa Otavalo y que su traslado a la Costa los alejó de su entorno social, familiar y cultural. 

Tres de los 10 ya habían sido trasladados a Ibarra el 30 de septiembre por razones médicas, pero con esta sentencia los otros 7 manifestantes también regresarán a su provincia. El Tribunal recalcó que cuando se trata de personas indígenas, la justicia debe considerar su cultura y su entorno, y evitar decisiones que los perjudiquen por estar lejos de su comunidad.

Según la Fiscalía, entre los 12 también hay dos ciudadanos venezolanos, procesados por el mismo presunto delito. Al no pertenecer al pueblo Kichwa Otavalo, no fueron parte del hábeas corpus resuelto por el Tribunal, y su situación judicial no ha sido aclarada por las autoridades.

GK consultó al SNAI si los detenidos indígenas ya fueron trasladados a Imbabura, pero hasta la actualización de esta nota no obtuvo respuesta.

3 de octubre de 2025

Ya son 12 días de paro nacional en Ecuador y las protestas continúan sin un acercamiento con el gobierno. 

Ercilia Castañeda, vicepresidenta de la Conaie, confirmó que hasta ahora no ha existido ningún diálogo formal con las autoridades. En una entrevista con Teleamazonas, dijo que las resoluciones tomadas el jueves 2 de octubre se mantienen. 

También anunció la creación de una comisión de seguridad interna “para que haya control y no se permita la presencia de infiltrados”.

La Alianza de Derechos Humanos dio una rueda de prensa online en la presentó un balance de vulneraciones ocurridas desde el inicio de las movilizaciones. Según su coordinadora, Vivian Idrovo, se han verificado 183 reportes de abusos desde el 22 de septiembre hasta el 2 de octubre, de los cuales la mayoría ocurrieron en Imbabura, la zona cero del paro, y Pichincha.

Identificaron dos jornadas críticas: el 22, por el inicio de las movilizaciones, y el 27 y 28 de septiembre, cuando hubo los enfrentamientos más graves en Imbabura y la muerte de Efraín Fuerez.

“Las Fuerzas Armadas son las más involucradas en las vulneraciones de derechos humanos”, señaló Idrovo.

En la rueda de prensa de la Alianza de Derechos Humanos, Martha Tuquerres, presidenta de la Unión de Organizaciones Campesinas Indígenas de Cotacachi, habló sobre la muerte de Efraín Fuerez. Denunció que se trataría de “una ejecución extrajudicial” y defendió la retención de los 17 militares en Cotacachi.

“Los 17 militares nunca fueron maltratados ni violentados. La entrega se realizó en condiciones de respeto y transparencia”, dijo. Añadió que recibieron atención médica comunitaria y de la Cruz Roja, que constató que las lesiones eran menores.

El gobierno, en cambio, sostiene que los militares  fueron agredidos y que varios de ellos resultaron con fracturas, contusiones y heridas de gravedad.

Lucila Guitarra, esposa de Fuerez, también intervino. Aclaró que nunca responsabilizó a los dirigentes indígenas por la presencia de su esposo en las protestas. “No somos terroristas. No digan cosas que no son”, expresó en rechazo a versiones que circulan en redes sociales.

En paralelo, la Conaie denunció que en Bolívar, la provincia que está al norte de Ecuador,  la Policía disparó directamente al rostro de manifestantes, dejando varios heridos. En una imagen difundida en su cuenta de X se observa a un manifestante sangrando y siendo asistido por otros compañeros. La organización responsabilizó al gobierno de Noboa por estas agresiones. 

El gobierno dijo que policías y militares están reaccionando a las agresiones por parte de manifestantes.

El ECU 911 reportó que los cierres viales se concentran en provincias como Bolívar, Cañar, Chimborazo e Imbabura. 

• En Bolívar hay bloqueos en vías que conectan Guaranda con Ambato y Riobamba. 
• En Cañar, las principales carreteras que enlazan el Austro con la Sierra permanecen cerradas. 
• En Chimborazo se reportan cierres en Chunchi, Guamote y Alausí. 
• En Imbabura, los bloqueos afectan a Ibarra, Otavalo, Cotacachi, Antonio Ante y Urcuquí. 

En el resto del país, las autoridades informaron que las carreteras están habilitadas.

2 de octubre de 2025

El paro nacional llegó a su undécimo día y durante el día la Conaie mantuvo en Quito la reunión de su Consejo Ampliado, donde, dijeron, el paro nacional continúa y enviaron más exigencias al gobierno.

Tras varias horas de reunión, la Conaie resolvió mantener el paro y ratificó sus demandas: derogar el decreto 126, bajar el IVA al 12%, defender sus territorios y rechazar el extractivismo, además de pedir salud y educación públicas más fuertes. 

También exigieron reparación para la familia de Efraín Fuerez, el comunero indígena que murió tras recibir una bala en la espalda.

Los dirigentes anunciaron que organizarán asambleas, que son reuniones comunitarias en cada provincia en la que hay presencia de la Conaie,  en todo el país para impulsar el voto por el “No” en la consulta popular, coordinarán acciones con otros sectores sociales y habilitarán un corredor humanitario para que pasen ambulancias y medicinas.

Finalmente, la Conaie pidió que organismos internacionales vigilen los derechos humanos durante las protestas y decidió crear una comisión de expresidentes de la organización para acompañar la movilización.

En un documento, la organización exigió al gobierno la derogatoria del decreto 126 que eliminó el subsidio al diésel, el cese del uso de armas letales en el control de las protestas y que se entregue información completa sobre la muerte del comunero Efraín Fuerez en Cotacachi. 

Más concretamente, sobre la muerte Fuerez, pidió:

• El listado del personal militar y policial que participó en el operativo del 28 de septiembre.
• Que se identifique quiénes eran los jefes y autoridades que dieron las órdenes durante el operativo.
• La entrega de todos los informes del operativo y sus anexos.
• Las órdenes escritas o verbales impartidas desde las autoridades responsables, incluidos ministros, comandantes y jefes militares.
• El listado del armamento letal y no letal usado ese día, con detalle de armas y municiones.
• Toda la información que requiera la familia de Fuerez y sus abogados.

Según Esteban Ron, abogado constitucionalista, no todos los pedidos de la Conaie son jurídicamente viables. 

Explicó que la identificación del personal militar y policial que participó en el operativo del 28 de septiembre, el día que murió Efraín Fuerez, “no es prudente, debido a que son operaciones de inteligencia” y que esta información puede declararse como de seguridad nacional, es decir, información reservada y que no puede ser pública,  por lo que no necesariamente será entregada.

En cuanto a la exigencia de las órdenes escritas, Ron dijo que las órdenes de un operativo “en general son públicas, aunque pueden mantenerse reservadas si el gobierno las considera parte de la seguridad nacional”. Es decir, si se clasifican como temas vinculados a la defensa o a operaciones militares y policiales, pasan a ser información reservada que no se entrega al público porque su difusión podría poner en riesgo la seguridad del país.

Sobre el armamento usado en el operativo fue más tajante: “eso sí es absoluta seguridad nacional”, dijo, recordando que estos temas están regulados por el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público (Coescop).

Ron puntualizó que la familia de Efraín Fuerez y sus abogados pueden acceder a información siempre y cuando no sea clasificada como reservada. Es decir, aunque existe el derecho a conocer lo ocurrido, hay límites legales cuando se trata de datos militares o de inteligencia.

Más temprano, el ministro del Interior, John Reimberg, confirmó que los dos policías retenidos en la comunidad de Nizag, en Alausí, fueron liberados el miércoles 1 de octubre y ya reciben atención médica. 

El ministro cuestionó los bloqueos que impiden el paso de ambulancias y medicinas hacia hospitales. 

La Conaie también pidió a sus bases permitir el paso de ambulancias, agua, alimentos e insumos médicos. Sin embargo, denunció que en Bolívar las fuerzas armadas y la policía irrumpieron en comunidades del Pueblo Waranka con actos de represión.

Reimberg también dijo que un ciudadano argentino fue detenido en Otavalo, donde se concentran las protestas, y será deportado.

Dijo que el hombre, identificado como Agustín Ariel G., llevaba palos y piedras e incitaba a la violencia en las calles. Según el ministro, entró de manera irregular al país. 

El ECU 911 reportó cierres viales en Bolívar, Chimborazo y Cañar. En Bolívar, las vías que conectan a Guaranda con Ambato y Riobamba permanecen bloqueadas; en Chimborazo, la carretera Cuenca–Riobamba; y en Cañar, las rutas que conectan al Austro con la Sierra y al Azuay con Guayas.

1 de octubre de 2025 

El paro nacional llegó a su décimo día.

La madrugada del 1 de octubre de 2025 fueron liberados los 17 militares que habían permanecido retenidos en el cantón Cotacachi, en Imbabura —el epicentro de las movilizaciones— desde el 28 de septiembre de 2025.  

El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, dijo que en ese contexto los militares  fueron separados del convoy que custodiaban, retenidos en un hotel y rescatados parcialmente por otra patrulla. Señaló que varios presentan lesiones graves como fracturas, quemaduras y contusiones, y que actualmente reciben atención médica.

La Policía, por su parte, confirmó que dos agentes fueron retenidos en la comunidad de Nizag, en Alausí, provincia de Chimborazo, cuando intentaban despejar la vía bloqueada. Hasta la mañana, la institución dijo que mantenía diálogos con los comuneros para obtener su liberación.

La Federación de los Pueblos Kichwa de la Sierra Norte, que agrupa a los pueblos  Natabuela, Karanki, Otavalo, Karanki y Kayambi, anunció una “tregua temporal” como gesto de buena fe, con la exigencia de abrir un espacio de diálogo con el gobierno. 

Sin embargo, el Pueblo Kichwa de Otavalo desconoció esa decisión y aseguró que no existen garantías para conversar con el Ejecutivo. Además, reclamó que los dirigentes que se han acercado a negociar no consultaron con las bases e insistió en la liberación de 12 personas detenidas durante las protestas en Otavalo. 

En el tema político, Pachakutik —movimiento indígena creado para llevar su agenda de lucha al ámbito electoral— acusó al gobierno de Daniel Noboa de haber optado “por el camino de la violencia y el irrespeto al Estado de derecho” y pidió la intervención de organismos nacionales e internacionales de justicia y derechos humanos. Desde Guayaquil, el alcalde Aquiles Álvarez se pronunció en su enlace radial y llamó al Ejecutivo a negociar para poner fin a la paralización: “Tienen que dejar el ego a un lado”, dijo.

La Conaie anunció que mañana, 2 de octubre, en su Consejo Ampliado definirá nuevas acciones de protesta. En la tarde de este miércoles reportó movilizaciones en Otavalo y Cayambe, con comunidades que se trasladaron al centro de esas ciudades. La organización reiteró que mantiene la resistencia en las calles y que sus demandas siguen siendo la derogatoria del decreto 126, la libertad de los detenidos y el fin de la represión estatal.

El cardenal Luis Cabrera, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, hizo un llamado a la paz y al diálogo durante la Asamblea General del Episcopado que se desarrolla en la provincia de Azogues. Pidió a las autoridades y a la ciudadanía escuchar y cooperar “con grandeza de espíritu” para construir un país reconciliado, donde se respete la vida, la libertad y los derechos de todos.

El presidente Noboa se reunió en Latacunga con varios de sus ministros en la Gobernación de Cotopaxi, según un reporte del canal de televisión Teleamazonas. El Ejecutivo no tuvo agenda pública, pero mantuvo encuentros internos mientras la ciudad funciona como sede temporal del Gobierno.

30 de septiembre de 2025

El paro nacional convocado por la Conaie llegó a su noveno día. 

Las Fuerzas Armadas dijeron que el 28 de septiembre presentaron una denuncia en la Fiscalía por el presunto secuestro de militares en Cotacachi, Imbabura. El caso está a cargo de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional y también es investigado por la Unidad Nacional de Antisecuestro y Extorsión de la Policía.

Los dirigentes de la Conaie, Marlon Vargas y Ercilia Castañeda, acudieron a la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional para denunciar lo que consideran represión violenta del Estado, con detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza militar y policial. Además, exigieron que la muerte de Efraín Fuerez, ocurrida durante una protesta en en la provincia andina de Imbabura, sea investigada como un crimen de Estado.

Además, exigieron que la muerte de Efraín Fuerez, ocurrida durante una protesta en en la provincia andina de Imbabura, sea investigada como un crimen de Estado.

La Comisión resolvió por unanimidad iniciar una fiscalización a los presuntos abusos y vulneraciones en el contexto del paro. 

Los dirigentes de la Conaie, entre ellos su presidente Marlon Vargas, pidieron que se dé paso a un juicio político a los ministros del Interior y de Defensa, a quienes responsabilizan de permitir el uso excesivo de la fuerza y violar los tratados internacionales sobre derechos humanos. 

Vargas señaló además que desconoce los supuestos acercamientos entre autoridades de Imbabura y dirigentes locales que habrían buscado una salida al paro, aunque adelantó que la tarde del 30 de septiembre se reuniría el consejo ampliado de la Conaie para definir su posición. 

El dirigente insistió en que no se levantará la medida mientras, según dijo, no haya “un alto al fuego y termine la represión” por parte de policías y militares.

En Otavalo, la Conaie denunció que en la comunidad Huaycopungo hay nuevos operativos militares. 

Según la Conaie, militares ingresaron a la zona y lanzaron gases lacrimógenos dentro de las comunidades. En videos publicados por la organización en sus redes sociales se observa a militares lanzando bombas lacrimógenas en medio de viviendas.

El alcalde de Ibarra, Álvaro Castillo, confirmó que el 27 de septiembre hubo un primer acercamiento entre representantes del gobierno y dirigentes indígenas.

Dijo que en la reunión participaron cerca de un centenar de dirigentes y varios ministros de Estado, y que se trató de un diálogo “frontal y formal”. Según Castillo, tras esa conversación, manifestantes desbloquearon la vía del paso de vehículos con productos de primera necesidad, aunque las carreteras siguieron cerradas en diferentes puntos del país.

En el país, el ECU-911 reportó cierres en varias provincias: en Azuay, la ruta Cuenca–Molleturo; en Bolívar, la vía Guaranda–Riobamba en el sector Gallo Rumi; en Cañar, los sectores de Juncal, Suscal y Tambo; en Chimborazo, bloqueos en Alausí y Chunchi; en Cotopaxi, en el caserío Tigua, en Pujilí; en Imbabura, distintos puntos de Antonio Ante, Ibarra, Otavalo y Urcuquí, con tramos críticos de la Panamericana cerrados; en Orellana, el sector El Auca; y en Pichincha, las zonas de Cayambe, Pedro Moncayo, Tabacundo y la vía Intervalles en Quito. 

29 de septiembre de 2025

En el octavo día del paro nacional, las protestas se extendieron a nuevas provincias y la tensión entre el gobierno y la Conaie aumentó.

El gobierno ratificó que no habrá diálogo con quienes participan en las movilizaciones. “No vamos a negociar y no vamos a retroceder porque esto significaría dejar de entregar beneficios directamente a quienes más lo necesitan”, dijo Carolina Jaramillo, portavoz del Carondelet, en una rueda de prensa.

La madrugada del 29 de septiembre, el presidente Daniel Noboa, junto a ministros de Estado y representantes diplomáticos, encabezó otro convoy hacia Ibarra que también fue atacado, según el gobierno, por unas 350 personas con bombas molotov y piedras.

Ibarra amaneció con una fuerte presencia militar. Decenas de buses y camiones llegaron con militares para reforzar el control en la provincia. 

Al mismo tiempo, la vocera de Carondelet, Carolina Jaramillo, denunció que había recibido alertas de posibles atentados contra las tuberías de agua potable de Imbabura y reconoció intermitencias en la señal de internet, que atribuyó al accionar de los manifestantes.

La Conaie denunció fallas en la señal de internet y telefonía durante las protestas. Frente a eso, Carolina Jaramillo, vocera del Gobierno, confirmó esas intermitencias, pero aseguró que “no nos sorprende, pues se han reportado varios ataques a bienes públicos”, responsabilizando a los manifestantes de los cortes.

Las movilizaciones se intensificaron en la Amazonía. En Sucumbíos, la Federación de Organizaciones de la Nacionalidad Kichwa bloqueó la vía que conecta Lago Agrio, la provincia de Sucumbíos, con el Coca, en la provincia de Orellana. 

También se reportaron cierres en Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Bolívar y Chimborazo. Más tarde, la Unión Provincial de Comunas y Cooperativas Cañaris anunció que desde la noche del 29 se uniría al paro con cierres de carreteras en Cañar.

Mary Lawlor, relatora especial de la ONU sobre defensores y defensoras de derechos humanos, expresó su preocupación por lo que calificó una represión violenta a las movilizaciones pacíficas en Ecuador. “Las personas tienen derecho a defender los derechos humanos, el Estado debe abstenerse de cualquier represalia en su contra por ejercerlo”, escribió en su cuenta de X.

Un convoy en el que se trasladaba el presidente Daniel Noboa junto a diplomáticos y autoridades fue atacado en la provincia de Imbabura el 28 de septiembre de 2025.

Según el gobierno, el grupo de vehículos fue impactado con piedras, fuegos pirotécnicos y bombas molotov mientras avanzaba por Otavalo, aunque no se reportaron heridos.

También viajaban el embajador de Italia, Giovanni Davoli; el nuncio apostólico, Andrés Carrascosa; la embajadora de la Unión Europea, Jekaterina Doródnova; la coordinadora residente de la ONU, Laura Melo; además de los ministros del Interior y Defensa.

La Embajada de Italia calificó lo ocurrido como un “acto de terrorismo” y aseguró que la emboscada buscaba causar el máximo daño a los integrantes del convoy. El propio presidente Noboa confirmó en su cuenta de X que encabezaba el grupo, al que describió como un “convoy humanitario”, y señaló que, pese a los ataques, su administración no retrocederá frente a la violencia.

28 de septiembre de 2025

El séptimo día del paro nacional estuvo marcado por la primera denuncia de una muerte durante las protestas. 

La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) dijo que Efraín Fueres, comunero indígena, murió la mañana del domingo por heridas de bala tras un enfrentamiento en el sector del puente Ilumán, en la vía Cotacachi–Otavalo. Según la organización, otro comunero estaría en estado crítico.

Inredh pidió una investigación “inmediata, independiente y transparente” que determine a los responsables. GK se contactó con el Ministerio de Defensa, la Fiscalía y con el director de Comunicación del Ejército, pero hasta el cierre de esta actualización, no hubo respuesta.

La Fiscalía anunció que abrirá de oficio una investigación previa desde su Unidad Especializada en la Investigación del Uso Ilegítimo de la Fuerza, con el fin de garantizar la objetividad del proceso.

La Conaie, en un comunicado, denunció el asesinato de Fueres y responsabilizó directamente a las Fuerzas Armadas y al presidente Daniel Noboa. La organización aseguró que el comunero kichwa de 46 años recibió tres disparos en la Panamericana Norte, a la altura de Ilumán, durante un operativo de represión.

Desde la Asamblea, la asambleísta por la Revolución Ciudadana, Viviana Veloz pidió información al ministerio de Defensa sobre el operativo en Cotacachi. En su oficio solicitó los nombres de los uniformados que participaron, la autoridad que dio la orden y el registro de víctimas y heridos. 

Dijo además que el silencio del Estado constituye una forma de violencia institucional.

La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, también se refirió a los hechos. Dijo  que hubo 12 militares heridos y 17 desaparecidos en Cotacachi. Añadió  que el derecho a la protesta es legítimo y merece respeto, pero que lo ocurrido no fue una manifestación, sino una emboscada ejecutada por estructuras criminales. “Con los manifestantes, diálogo y garantías. Con el crimen organizado, ley y firmeza”, afirmó.

Por su parte, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, cuestionó la forma en que el gobierno ha manejado las protestas y pidió abrir espacios de diálogo para evitar más muertes en el contexto del paro.

El gobernador del Guayas, Humberto Plaza, le respondió que intentaba aprovechar políticamente los hechos ocurridos en Cotacachi.

La relatora especial de Naciones Unidas sobre los derechos a la libertad de reunión y asociación, Gina Romero, habló sobre la situación en Ecuador. 

En una serie de mensajes en X, señaló el uso excesivo de la fuerza y detenciones ilegales, denunció la persecución contra movimientos sociales y el congelamiento de cuentas, y pidió que se respete el derecho a la protesta y se garantice un ambiente seguro para las protestas.

El Ejército dijo que en Cotacachi, un convoy humanitario custodiado por las Fuerzas Armadas fue emboscado por simpatizantes del paro. La institución no detalló cuántos militares resultaron heridos ni confirmó si hubo militares retenidos.

Explicaron que 12 militares resultaron heridos y 17 fueron retenidos mientras custodiaban un convoy de alimentos destinado a comunidades de la Sierra norte,  en la provincia andina de Imbabura.

Según la institución, el convoy fue emboscado violentamente en Cotacachi en el cumplimiento de esa misión. “Hechos como estos no quedarán impunes”, dijo el Ejército.

Con corte a las 9:26 de la mañana, el ECU 911 dijo que había cierres en varias provincias. 

En Imbabura hubo bloqueos en Antonio Ante (Panamericana–Rocafuerte, Natabuela, Caballo Blanco y El Arco), Cotacachi (sector Salinas–9 de Octubre), Ibarra (Rumipamba La Esperanza) y en distintos puntos de Otavalo (Peguche, Caluquí, Eugenio Espejo, San Rafael, Ilumán, Pinsaquí, Carabuela y el redondel de González Suárez). En Pichincha hay un cierre en Cayambe, en el puente del río San José, y en Zamora Chinchipe, en la parroquia Tundayme, de El Pangui.

27 de septiembre de 2025

El sexto día del paro nacional estuvo marcado por una multitudinaria marcha en Otavalo, en la provincia andina de Imbabura. Pueblos y comunidades del norte del país —entre ellos Otavalo, Cotacachi, Natabuela, Karanki, Imantag y Kayambi— caminaron juntos para exigir la liberación de los doce detenidos en días anteriores y para rechazar las políticas económicas del presidente Daniel Noboa.

Con pancartas y consignas como “Somos resistencia, no terroristas”, los manifestantes respondieron a las declaraciones del gobierno que han vinculado a las protestas con actos de violencia y terrorismo. 

Los dirigentes llamaron a la unidad de las comunidades y organizaciones sociales, asegurando que las movilizaciones buscan cambios en las políticas públicas.

El presidente de la Conaie, Marlon Vargas, se trasladó desde Pastaza hasta Imbabura para reforzar el llamado a sostener las protestas. “El paro nacional continúa”, dijo el dirigente a sus bases en Otavalo, centro de las movilizaciones.

El Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas emitió un pronunciamiento en el que instó al gobierno a garantizar el derecho a la protesta, respetar el debido proceso de los 12 detenidos en Otavalo, investigar las denuncias de represión y establecer un diálogo con los pueblos indígenas.

Las manifestaciones del sábado también incluyeron cierres viales. El ECU 911 dijo que hubo cierres viales en la provincia andina de Imbabura.

26 de septiembre de 2025

En el quinto día de paro nacional, la Amazonía se convirtió en otro punto de concentración. 

Decenas de pobladores Kichwa y de otras nacionalidades indígenas se reunieron para definir acciones frente a la convocatoria de la Conaie. 

El presidente de la Conaie, Marlon Vargas, difundió un video en el que dijo que el paro continúa y llamó a pueblos, nacionalidades y sectores sociales a sumarse a la movilización.

Mientras tanto, el gobierno insiste  en que las protestas dejaron de ser una reacción al alza del diésel y responden a intereses políticos. En una entrevista con RTS, el ministro del Interior, John Reimberg, dijo que no se permitirá que las manifestaciones deriven en hechos violentos y aseguró que hasta el momento hay entre 95 y 96 detenciones. 

El ECU 911 reportó nuevos cierres viales. 

En Imbabura, los bloqueos se mantienen en sectores de Antonio Ante (Panamericana–Rocafuerte, San Roque), Ibarra (Rumipamba La Esperanza y El Juncal), Otavalo (Puente del río Blanco, vía rural a Quiroga) y Urcuquí (Coñaqui). En Pichincha, hay cierres en Cayambe (Panamericana Norte, Bola de Guachalá) y en Quito (E-35, peaje de Cangahua).

La Conaie denunció además que en la parroquia La Esperanza, en Imbabura, hubo un fuerte despliegue militar y policial que ingresó a las comunidades con violencia, lo que calificó como actos de intimidación y represión contra las familias.

En una entrevista con Ecuavisa, el presidente Daniel Noboa descartó sentarse a negociar el fin del paro. Dijo que lo único en discusión son las compensaciones tras la eliminación del subsidio al diésel. Según el Presidente, ir más allá sería “atentar contra la democracia”.

También adelantó que el gobierno se mantendrá en Imbabura, donde se concentran las protestas.

25 de septiembre de 2025

En el cuarto día del paro nacional las protestas continuaron en las provincias de la Sierra centro.  

Según la Conaie, el pueblo kichwa Karanki salió a las calles de Ibarra, en Imbabura; los representantes de la Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi marcharon hacia Peguche, en Otavalo; mientras que  el presidente de la Conaie, Marlon Vargas, tuvo una reunión con el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi.

Además, en Cuenca, un grupo de personas protestó frente a la Gobernación del Azuay, donde hubo un enfrentamiento con la Policía. La Conaie publicó un video en su cuenta de X en el que aparecen policías intentando dispersar la marcha. 

Ese mismo día, el ciudadano Manuel Peñafiel, según publicó en sus redes sociales, presentó en la Fiscalía de Riobamba una denuncia por instigación, incendio y terrorismo contra Marlon Vargas; Leonidas Iza, ex presidente de la Conaie; y Guillermo Churuchumbi, presidente de Pachakutik. La denuncia, sin embargo, aún no consta oficialmente en la página de Fiscalía. 

En una entrevista con Carlos Vera, el ministro del Interior, John Reimberg, aseguró que “todos tienen procesos abiertos por nosotros por los actos”, refiriéndose a los líderes indígenas. También dijo que hasta el cuarto día de protestas hubo 85 detenidos, aunque precisó: “No tenemos que generalizar a los indígenas. Aquí hay mucha mano de delincuencia que no son indígenas”.

Entre los detenidos, denunció la Conaie, estarían 12 personas de nacionalidad kichwa, arrestadas en Otavalo desde el 22 de septiembre. 

Según un video difundido por la organización, el 24 de septiembre habrían sido trasladadas en helicóptero hacia las cárceles de Portoviejo y Esmeraldas. 

El traslado fue el mismo día que se reportó una masacre en la cárcel de varones de Esmeraldas, que dejó 17 muertos, según el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad (SNAI). La Policía señaló que la matanza habría sido ordenada por Los Tiguerones para atacar a miembros de Los Lobos, Los Choneros y a reclusos no afines a su grupo.

GK pidió información al SNAI sobre el traslado de las 12 personas y la razón de llevarlos lejos de donde fueron arrestados. Pero hasta el 26 de septiembre no han contestado.  

“Responsabilizamos al gobierno de Daniel Noboa por estos hechos que criminalizan la protesta social y ponen en grave riesgo la vida y la integridad de nuestros compañeros”, dijo la Conaie.

24 de septiembre de 2025

La llegada del presidente Daniel Noboa a Otavalo, en la provincia andina de Imbabura, marcó el inicio del tercer día del paro nacional en Ecuador. Esta provincia se ha convertido en el epicentro de las movilizaciones y cierres viales.

El Presidente llegó la madrugada de este miércoles bajo un fuerte resguardo militar y policial. 

El ECU 911 dijo que los bloqueos continuaban en Quito y Cayambe, en Pichincha, y Otavalo e Ibarra, en Imbabura. También se reportaron cierres en Bolívar, en Echeandía; en Guayas, sobre la Panamericana en el tramo Naranjal–La Roldós; y en Cotopaxi, en el sector de Pujilí, cerca de la UPC La Merced.

En este link puedes ver los cierres viales en vivo de todo el país. 

La Cámara de Comercio de Latacunga le pidió al gobierno trasladar su sede a otra ciudad porque  las restricciones de ingreso al centro, donde funciona la Gobernación y está instalada la sede de la Presidencia, están afectando gravemente a los comercios de la zona. El gremio propuso que se trasladen a la Base Aérea Cotopaxi. 

Representantes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae) —la organización que agrupa asociaciones indígenas de esta región— anunciaron que se suman al paro nacional. 

La Conaie denunció el “bloqueo arbitrario” de sus cuentas bancarias y de las organizaciones de su estructura. Según la Conaie fue una medida tomada por la Superintendencia de Bancos, bajo órdenes del gobierno, aunque no presentaron evidencia para respaldarlo.  En un comunicado público, la organización calificó la acción como una persecución política, al señalar que se tomó sin orden judicial ni debido proceso, con el objetivo de “asfixiar” al movimiento indígena en plena movilización nacional.

En la tarde, el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) denunció la suspensión de la señal de TV MICC, un canal comunitario indígena y campesino que transmite desde esa provincia. 

En la resolución ARCOTEL-CZO3-2025-0580-OF, a la que GK tuvo acceso, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones dispuso medidas provisionales contra el MICC.

El documento dice que “con el fin de precautelar el orden público y la seguridad nacional” se ordena la suspensión de emisiones del canal 47 UHF, conocido como TV MICC, por un plazo de quince días. 

La medida afecta sus transmisiones en Latacunga, Salcedo, Ambato, Cevallos, Quero, San Pedro de Pelileo, Santiago de Píllaro y Tisaleo

En un comunicado, el MICC dijo que es un  acto de censura que vulnera el derecho a la libertad de expresión y la comunicación comunitaria. La organización aseguró que se trata de un intento de silenciar la voz del movimiento indígena y campesino en Cotopaxi y en todo el país, y exigió la restitución inmediata de la señal. Hasta el momento, el gobierno no se ha pronunciado sobre la suspensión del canal comunitario.

En un comunicado, Fundamedios —la organización que defiende la libertad de prensa y expresión en Ecuador— pidió al Estado que, a través de Arcotel, restituya de inmediato la señal de TV MICC y garantice la libertad de expresión. La organización advirtió que, aunque en ciertos casos las restricciones pueden ser legítimas para proteger la seguridad nacional, deben estar respaldadas por un sustento sólido y garantizar el respeto al debido proceso.

23 de septiembre de 2025

Ecuador despertó con 47 detenidos en las protestas. Según el ministro del Interior, John Reimberg, 20 fueron arrestados en la ciudad andina de Otavalo, en la provincia de Imbabura, donde se ha concentrado gran parte del paro en Ecuador 2025. 

Dos de ellos, dijo el ministro, son extranjeros. En un tuit, el presidente Noboa los vinculó con el Tren de Aragua, una organización narcotraficante transnacional originada en Venezuela. Sin embargo, no presentó pruebas de que sean parte de esa organización.

Un comunicado difundido por Acción Democrática Nacional (ADN), el movimiento político oficialista, dice que los dos extranjeros estarían implicados en la quema del Comando de Policía de Otavalo, donde, según la Policía, hubo daños a la estructura, carros y motos la tarde del 22 de septiembre. 

La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, dijo que se trataría de “infiltrados” entre los manifestantes. “Es un tema muy grave, que debe investigarse a fondo”, dijo Reimberg. Añadió que quienes atenten contra el Estado serán procesados por terrorismo, un delito que, según el Código Penal, tiene una pena de hasta 26 años.  

La Conaie, por su parte, denunció lo que llamó “represión violenta” en las provincias de Imbabura, Cotopaxi y Pichincha, pero tampoco presentó pruebas de la represión.

En una rueda de prensa que dio a las 9 de la mañana el presidente de la Conaie, Marlon Vargas, dijo que hubo la “detención arbitraria” de más de 50 personas, pero no se refirió específicamente a los dos señalados por el gobierno como parte del Tren de Aragua. 

Vargas dijo que exigió a jueces, fiscales y demás autoridades que los dejen libres porque estaban ejerciendo su derecho a protestar. Pero Noboa dijo que no se trata de lucha ni de protesta, sino de “mafias” a las que el gobierno les resulta incómodo. En la misma rueda de prensa, líderes indígenas de la provincia amazónica de Pastaza dijeron que las siete nacionalidades indígenas amazónicas —Waorani, Achuar, Kichwa, Zápara, Shiwiar, Shuar y Andoas— se sumarán al paro. Hasta ahora, dijeron, respaldan las decisiones de la Conaie en las provincias donde hay resistencia. 

Pero no precisaron si marcharán hacia las provincias de Cotopaxi o Pichincha, o si se quedarán en Pastaza. 

Además, recordaron cuáles son sus extensas exigencias, que puedes leerlas con contexto en este link. 

Esas decisiones, según Luis Canelos, presidente de Pakkiru, organización que agrupa a los kichwa de Pastaza, se tomaron tras debatir durante tres horas, en un consejo indígena, las medidas del gobierno de Noboa, como el impulso de proyectos extractivos en la Amazonía. 

Durante la madrugada, según el ECU 911, hubo bloqueos en las calles Simón Bolívar y Luis Cordero, en la provincia austral del Azuay, mientras que en Guamote, en la provincia de Chimborazo también hubo cierres.

En Guayaquil, provincia de Guayas, cerca de las 5 de la mañana, representantes de la Unión Nacional de Educadores (UNE) empezaron una protesta en la avenida Narcisa de Jesús. En un comunicado, dijeron que exigen la derogatoria del decreto 126 y que se declare la emergencia en salud y educación. 

En las fotografías que compartió la UNE, se ven más de seis llantas encendidas bloqueando el paso de esta avenida en la ciudad portuaria. 

La UNE dijo que en el transcurso del día están convocadas movilizaciones en 23 provincias del país.

Las movilizaciones  se extendieron en varias ciudades del país.

En Quito, desde las cuatro de la tarde, organizaciones como el FUT y la UNE, junto a estudiantes de la Universidad Central, marcharon por la avenida 10 de Agosto rumbo al Centro Histórico. Cerca de las 5:40 llegaron hasta la Plaza de Santo Domingo, donde intentaron derribar las vallas metálicas que impedían el paso. La Policía respondió con gases lacrimógenos y hubo enfrentamientos  entre manifestantes y uniformados.

Según Emerson Luna, comandante de la Policía Nacional del distrito Manuela Sáenz, la protesta fue pacífica, pero cinco policías requirieron atención médica. No hubo detenidos.

La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) dijo que, tras lo que calificó como una arremetida injustificada y disparos directos de la Policía contra manifestantes, periodistas y defensores de derechos humanos, la marcha en la Plaza de Santo Domingo se dispersó. 

Otro grupo de manifestantes avanzó hacia el norte de la capital por la avenida 10 de Agosto, lo que obligó al cierre de varios tramos. En la intersección de Naciones Unidas y Amazonas, en la zona comercial de Quito, manifestantes quemaron llantas cerca de la Plataforma Financiera, el Registro Civil y la Corte Nacional de Justicia. La Policía dispersó a los manifestantes hacia las 8 de la noche. La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos dijo que en las manifestaciones en la avenida Naciones Unidas hubo tres manifestantes detenidos.

En Guayaquil, representantes del FUT se concentraron en la avenida 9 de Octubre para rechazar el alza del diésel. En Cuenca, manifestantes  se reunieron frente a la Gobernación del Azuay para exigir la anulación de la licencia ambiental del proyecto minero Loma Larga. La manifestación fue pacífica.

En la provincia costera de Los Ríos, agricultores y dirigentes del Seguro Social Campesino cerraron por dos horas la vía Babahoyo–Montalvo. Y en Loja, comuneros de la parroquia San Lucas, en Saraguro, bloquearon con piedras y llantas la carretera que conecta con Azuay. 

El Ministerio del Interior dijo que hasta las 4 de la tarde, 59 personas habían sido detenidas en todo el país como parte de las protestas. 

Al final del día hubo un operativo policial y militar en la Panamericana Norte, en el sector de La Esperanza, en la provincia andina de Imbabura. Buscaban habilitar 17 kilómetros que permanecieron bloqueados durante todo el día. 

El operativo dejó un policía y un militar heridos y nuevos enfrentamientos con los manifestantes.

22 de septiembre de 2025

Al mediodía, Marlon Vargas, presidente de la Conaie, dijo en un video: “Hoy iniciamos el paro nacional apegados al derecho a la resistencia que nos reconoce la Constitución”.

Vargas dijo, que no es una decisión fácil, pero el gobierno de Noboa los ha empujado a que hagan paro, no solo por el alza del diésel, sino también por la crisis de salud y educación, y la falta de respeto a sus territorios.

La crisis de la salud en Ecuador se evidencia en cifras: en 2023, el Ministerio de Salud Pública recibió el presupuesto más alto de su historia reciente: 3.219 millones de dólares. Pero en 2024, bajó a 2.959 millones, y para 2025 cayó aún más: 2.798 millones. En apenas tres años, el recorte fue de 421 millones de dólares. Esto se ha traducido en hospitales sin medicinas y pacientes sin atención oportuna. 

El presidente de la Conaie dijo que los manifestantes no son “delincuentes ni terroristas”. Por eso, conminó a Noboa a escuchar y dar una respuesta al pueblo ecuatoriano. Pero Noboa dijo, en una evento en Cotopaxi, que no retrocederá sobre la eliminación del subsidio. 

Desde la medianoche del 22 de septiembre, ciudadanos salieron a las principales vías en Cajas, cantón Cayambe, límite entre las provincias andinas de Pichincha e Imbabura. Pero pronto fueron dispersados por policías. 

La Conaie denunció una “brutal represión contras las comunidades en Cajas”y exigió que cesen los ataques contra quienes “ejercen su derecho legítimo a movilizarse”. Sin embargo, la Conaie no ha mostrado pruebas de tal represión. 

Según el ECU 911, hasta las 9 de la mañana, hubo cierres en las ciudades de Otavalo y San Rafael, en la provincia de Imbabura. 

También hubo una protesta con cierres en el sector de San Miguel de El Común, a las afueras del norte de Quito. En una fotografía, compartida por la Coordinación Zonal de Quito, aparecen policías retirando ramas encendidas. 

En esta protesta, en la autopista Panamericana Norte, un equipo periodístico del canal Teleamazonas fue agredido mientras transmitía en vivo. Sería el primer ataque a la prensa durante el paro en Ecuador 2025. 

Según Teleamazonas, la periodista detalló en vivo que los manifestantes les lanzaron una piedra, intentaron arrojar palos y encendieron una bengala como una forma de alejarlos. 

En la Amazonía también hubo protestas. 

El ECU 911 reportó a las 10 de la mañana cierres viales en la provincia amazónica de Orellana, en los alrededores del Bloque 31 de Petroecuador. 

Un día antes, el 21 de septiembre, la Nacionalidad Waorani del Ecuador (NAWE) dijo en un comunicado que varias comunidades protestaron contra el gobierno de Noboa por el “incumplimiento de compromisos de reparación social y ambiental” en los bloques 31 y 43, en el Parque Nacional Yasuní. 

En ese comunicado, los waorani reclamaron que fueron “reprimidos por las fuerzas públicas” y denunciaron la detención arbitraria de dos indígenas de la comunidad. Pero no presentaron pruebas de las supuestas represiones. 

“Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre el estado de salud de nuestros hermanos”, dice en el comunicado del Consejo de Gobierno de la NAWE, refiriéndose a los dos indígenas detenidos. 

Al mediodía del 22 de septiembre, la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari) también denunció “graves represiones ejercidas por el gobierno de Noboa” contra sus comunidades en Otavalo, provincia de Imbabura. 

El comunicado estuvo acompañado de fotografías con dos personas heridas: una con el pie ensangrentado, y otra con una herida en la pierna. 

Mientras que la Conaie, una hora más tarde, dijo que en la comunidad Pijal,  en el cantón González Suárez de Imbabura, la Policía supuestamente entró a viviendas y disparó. 

“Se denuncia el uso de armamento de guerra como fusiles de asalto, poniendo en grave riesgo la vida de niños, mujeres y ancianos”. Esta publicación estuvo acompañada de un video en el que un manifestante muestra el casquillo de una bala y otro en el que se ve cómo los policías disparan contra una casa. GK no ha podido comprobar si ese casquillo pertenece a las armas de militares o policías. 

En el mensaje, la Conaie también hizo llamado a organismos nacionales e internacionales de derechos humanos para vigilar estos supuestos ataques. 

Horas más tarde, según Ecuavisa, la Policía detuvo a tres personas en el sector de El Cajas. Además, la presidenta de la Confederación del Pueblo Cayambi, Denise de la Cruz, confirmó que al menos seis personas fueron detenidas durante las manifestaciones en Cayambe. 

El ministro del Interior, John Reimberg, dio un balance del primer día del paro nacional convocado por la Conaie a la 1:15 de la tarde.  Dijo que 15 personas fueron detenidas durante el 22 de septiembre supuestamente por agredir a policías y militares. 

También dijo que se ha difundido entre las comunidades un falso mensaje de que quienes no participen en los cierres viales podrían perder servicios básicos o ser sancionados con justicia indígena. 

Reimberg sostuvo que la intervención del Estado no busca represión, sino garantizar la movilidad en las principales provincias afectadas en la primera jornada del paro: Cotopaxi, Imbabura, Chimborazo, Orellana y Pichincha. Pero manifestantes en al menos dos provincias insisten en que ha habido represión.

En la tarde, Apawki Catro, actual coordinador en Cotopaxi de Pachakutik —brazo político de la Conaie— dijo que lideró la marcha indígena hacia Latacunga, con la intención de llegar hasta el centro de la ciudad, pero que la Gobernación estaba cercada por militares y policías. 

Castro dijo que instalarán una asamblea para decidir qué hacer. “Lo que hizo Noboa es un acto de cobardía intentando enfrentar pueblo contra pueblo”, dijo en referencia a que Daniel Noboa  trasladó la Presidencia a Cotopaxi, un bastión de las comunidades indígenas en el país. 

El 22 de septiembre de 2025, la Gobernación de Cotopaxi amaneció vallada y resguarda por la Policía. Según el diario Extra, hubo alrededor de 1.000 policías y militares que impiden que la gente se manifieste. 

Además, varios simpatizantes de Noboa llegaron desde Chimborazo, Bolívar, Guayas y Los Ríos hasta Latacunga para apoyar al Presidente. 

La de los simpatizantes del Presidente fue una contramarcha. En la mañana, el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC), que se sumó a la Conaie para el paro en Ecuador 2025, había anunciado una marcha pacífica a la que denominaron “toma de Latacunga”. 

La organización indígena también rechazó la supuesta represión contra los manifestantes. 

¿Por qué hay paro en Ecuador? 

El 12 de septiembre, el presidente Noboa anunció la eliminación del subsidio al diésel: pasó de 1,79 dólares a 2,80 dólares. Esta medida fue inmediatamente rechazada por transportistas y agricultores de la Sierra Centro, los más afectados por el alza del combustible, quienes anunciaron la paralización del servicio de transporte. 

Pero pronto acordaron suspender la paralización mientras mantenían diálogos con el gobierno en espacios llamados mesas de trabajo. A pesar de estas conversaciones, el 15 de septiembre hubo cierres viales. 

Una semana después, el 18 de septiembre, la Conaie hizo una asamblea extraordinaria en la ciudad de Riobamba, en la provincia andina de Chimborazo. Allí dijeron que las bases indígenas empezarían un paro “inmediato e indefinido”.

Entre las principales están la derogatoria del decreto con el que Noboa eliminó el subsidio al diesel y exigir la reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 15 al 12%. 

En los últimos siete días, el Presidente decretó un nuevo estado de excepción que prohíbe las aglomeraciones y las marchas que busquen paralizar servicios públicos durante las manifestaciones. Además, Noboa continúa impulsado una Asamblea Constituyente sin respetar el orden constitucional, mientras la Corte Constitucional ha insistido en que debe respetar el proceso. 

Lee aquí respuestas rápidas para entender qué pasa en Ecuador tras las decisiones de Noboa.