En 100 días, la Asamblea Nacional 2025-2029 ha estado envuelta en varias polémicas: leyes con denuncias de inconstitucionalidad, servidores públicos desvinculados por nepotismo y una denuncia por presuntos diezmos ante el Comité de Ética. Hay también asambleístas que ni siquiera han intervenido en el Pleno, no han presentado proyectos de ley ni hecho pedidos de información. Dos de ellos son Dominique Serrano, de Acción Democrática Nacional (ADN), y Pamela Aguirre, de la Revolución Ciudadana (RC).
El informe 100 días de la Asamblea Nacional, del Observatorio Legislativo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD), recoge datos desde el 14 de mayo, cuando se posesionaron los legisladores, hasta el 22 de agosto de 2025.
La Asamblea Nacional está conformada por 151 asambleístas y sus funciones principales son legislar, fiscalizar y representar a los ecuatorianos. Ganan mensualmente 4.759 dólares pero no todos cumplen con su trabajo.
Según el informe, además de Serrano y Aguirre, hay otros seis legisladores que tampoco han intervenido, pedido información o presentaron proyectos: Ronal González, de la RC, y Doménica Escobar, Erwin Mendoza, María del Cisne Molina, Graciela Ramírez y Elizabeth Vega, de ADN.
El informe también muestra que en los primeros 100 días, la Asamblea aprobó 5 leyes presentadas por el presidente Daniel Noboa —incluyendo 3 de carácter económico urgente. Varias han sido cuestionadas porque violarían derechos a la intimidad y privacidad.
Te compartimos 5 claves sobre los 100 primeros días de la Asamblea.
Una de cada dos intervenciones en el Pleno fue de ADN
De 396 intervenciones en la Asamblea Nacional, al menos una de cada dos intervenciones fue de un asambleísta de ADN. Una intervención es cuando un asambleísta opina o argumenta sobre algún tema durante los debates de proyectos de ley, acuerdos y resoluciones, aprobación o archivo de proyectos de ley, fiscalización y control político.
Los movimientos Acción Democrática Nacional (ADN) y Revolución Ciudadana (RC) son los bloques más grandes de asambleístas. Es decir, son las dos principales fuerzas políticas de la Asamblea Nacional. La RC agrupa al correísmo y ADN es el movimiento oficialista del presidente Noboa.
Eso explica los porcentajes de participación:
- 56% Acción Democrática Nacional (ADN)
- 29 % Revolución Ciudadana (RC)
- 15% otras organizaciones como el Partido Social Cristiano, Pachakutik y asambleístas independientes.
Valentina Centeno, asambleísta de ADN, tiene el mayor número de intervenciones: 14. Le siguen Luis Molina, de la RC, e Inés Alarcón, de ADN, con 11 cada uno. Después, Adrián Castro y Andrés Castillo, de ADN, con 10 intervenciones cada uno. Luego están Diana Jácome y Rosa Torres de ADN, y el legislador Alfredo Serrano, del PSC, tiene 9 intervenciones cada uno.
Solo un legislador de la RC está en la lista de quienes han intervenido más. Otros asambleístas del movimiento correísta, como Nuria Butiñá, Verónica Íñiguez, Cristina Jácome y Ricardo Patiño, han reclamado en X que no pueden debatir en el Pleno de la Asamblea porque no les permiten.
Desde la sesión inaugural, los legisladores de la Bancada de la Revolución Ciudadana hemos sido CENSURADOS, por lo cual, NO podemos debatir o intervenir en el Pleno.
— Christina Jácome (@cristinajacomee) May 19, 2025
Es lamentable. pic.twitter.com/5L0kGyYJF7
Según FCD, los “legisladores de la Revolución Ciudadana denunciaron haber sido silenciados y limitados para intervenir durante las sesiones del Pleno”.
“Desde la sesión inaugural, los legisladores de la bancada de la RC hemos sido censurados, por lo cual, no podemos debatir o intervenir en el Pleno”, escribió Cristina Jácome en su cuenta de X.
Ayer, @NielsOlsenP permitió tranquilamente que uno de sus coidearios insulte, uno por uno a nuestros compañeros mientras el oficialismo aplaudía y se reía. Hoy, cuando nuestro compañero @RicardoPatinoEC intentó defender a la Revolución Ciudadana, Olsen le cerró el micrófono a la… pic.twitter.com/jsoWXzhu2E
— Bancada Ciudadana (@BancadaRC5) July 30, 2025
Como protesta, el 26 de mayo de 2025, el legislador Ronal González llevó un megáfono a la Asamblea y denunció que los legisladores correístas no pueden participar en los debates del Pleno porque le piden la palabra al presidente del Legislativo, Niels Olsen, y no les dan.
Por este reclamo, González fue denunciado en el Consejo de Administración Legislativa (CAL) por la asambleísta del oficialismo Diana Jácome. Dijo que González había “protagonizado un acto de alteración del orden constitucional” porque gritó: “¿Sí me escuchas, sinvergüenza? Aquí estoy”. Esa frase, según Jácome, iba dirigida a Olsen.
El CAL resolvió sancionar a González con 60 días sin sueldo.
Si me escuchas❔️#AgendaLegislativa #RonalGonzálezAsambleísta #MiCompromisoEsConElPueblo@BancadaRC5 @RC5Oficial @Rc5Losrios pic.twitter.com/hu0lswphUG
— RonalGonzálezAsambleísta (@RonalGonzalezAs) May 26, 2025
De 151 asambleístas, 28 no han intervenido ni una sola vez en el Pleno, es decir, el 19% de los legisladores.
De estos 28 asambleístas, 12 son de ADN y 12 de la RC, 3 son independientes y 1 es de Pachakutik. Estos son:
Los asambleístas de la RC son los que menos ocuparon su curul
Solo 29 asambleístas de 151 asambleístas ocuparon la curul al 100%. Ocupar significa decir, asistir y votar en el Pleno. La mayoría es de ADN, por ejemplo, Cristina Acuña, Milton Aguas y Anthony Becerra.
Algunos asambleístas independientes también ocuparon al 100% su curul: Edmundo Cerda, Pablo Jurado, Cristian Benavides y Juan Gonzaga.
Mientras que la mayoría no asistió a todas las sesiones. Los legisladores que más faltaron en las votaciones fueron de la Revolución Ciudadana. Estos son los porcentajes de sus asistencias:
- Mónica Palacios asistió solo al 43% de las votaciones
- Alejandro Vanegas asistió solo el 59%
- Santiago Díaz asistió solo el 64% (fue suspendido tras una denuncia por la presunta violación a una menor de edad)
- Ana Raffo asistió solo el 71%
- Juan Pablo Molina asistió sólo el 74%
El legislador electo por el Partido Social Cristiano, Jaime Estrada, asistió sólo el 74%. Por eso también aparece en la lista de asambleístas que menos ocuparon su curul.
Según FCD, los legisladores de la RC tienen bajos niveles de ocupación a “modo de protesta”. Otra razón es que los asambleístas de la RC estarían enfocados en tener mayor presencia en las elecciones seccionales de 2027, según Roger Celi, coordinador del área legislativa de FCD.
La ocupación de curul de un asambleísta se calcula sumando las votaciones del legislador principal y las del suplente principalizado. Es decir, el legislador puede faltar y principalizar temporalmente o definitivamente a su suplente para que vote.
Según Celi, “hay un porcentaje entre el 10 y el 20% de legisladores que principalizan a su suplente”. Por ejemplo, el caso de la asambleísta Annabella Azín. Aunque ella no va, principaliza a su suplente y por eso no tiene un bajo porcentaje de ocupación.
Celi explica que los legisladores que tienen menos del 60% de ocupación de la curul son legisladores que están peleados con sus suplentes, no confían en su suplente o simplemente no quieren principalizarlos.
Otro problema de la Asamblea Nacional en los 100 primeros días son los atrasos.
De las 42 sesiones convocadas por la Asamblea, en promedio, empezaron 26 minutos más tarde.
La continuación de la sesión que trató la Ley de Fijación de Límites Territoriales Internos fue la que más tarde comenzó: hubo un retraso de más de 2 horas y 45 minutos.
El 4 de agosto de 2025, Olsen informó que las multas por impuntualidad o ausencias superan los 70 mil dólares. La multa es de 55,52 dólares por atraso y 158,63 dólares por ausencia injustificada.
Según Marcelo Espinel, subdirector de FCD, los legisladores pueden justificar su ausencia y, si se acepta el argumento, se elimina la multa.Pero dice que esta información no es pública. Espinel explica que podría existir un subregistro con esta información.
“En un año se podría solicitar la información para ver finalmente si se concretó el descuento o no. Porque también nos han comentado que dentro de la Asamblea hay la flexibilidad para que en cualquier momento se presente su certificado médico y finalmente el descuento se caiga”, dice Espinel.
Poca fiscalización y control político
Una de las funciones principales de la Asamblea es la fiscalización y control político. Esto consiste en supervisar la gestión de instituciones y funcionarios públicos para asegurar transparencia y rendición de cuentas.
En los 100 primeros días, en el Pleno de la Asamblea se realizaron 157 votaciones. De ese total:
- El 52,9% fue por procedimientos legislativos —trámites internos que siguen los proyectos de ley.
- 24,2% fue por aprobación de acuerdos y resoluciones —por ejemplo, disposiciones administrativas.
- 21% fue por aprobación o archivo de proyectos de ley.
- 1,9% fue por procesos de fiscalización y control político —pedidos de información.
En estos 100 días, la Asamblea también buscó enjuiciar a 2 autoridades: Gonzalo Albán, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), e Inés Manzano, ministra de Energía y Minas.
El pedido de juicio político de Albán fue por incumplimiento de funciones y aún está en trámite.
Manzano fue acusada de supuesto incumplimiento de funciones por no comparecer ante la Comisión de Fiscalización y de responsabilidad política por la compra irregular de los generadores de energía a Progen. Fue vinculada a pérdidas estatales de más de 150 millones de dólares.
El 6 de agosto de 2025, el CAL, controlado por el movimiento ADN, no dio paso a que se tramite un juicio político en su contra.
Para controlar y fiscalizar a las instituciones, la Asamblea precisa de información. Para ello debe hacer requerimientos formales de datos, documentos o comparecencias. En los 100 días, los asambleístas hicieron 1.302 pedidos de información y solo 884 fueron contestados por las instituciones públicas, es decir, el 68%.
El Ministerio de Salud Pública fue la entidad que más pedidos de información recibió, con 169 pedidos.
De 151 asambleístas, 34 asambleístas no hicieron ni un solo pedido de información, según FCD. 24 son de ADN, 5 de la Revolución Ciudadana, 3 asambleístas que ahora son independientes, pero fueron electos por la Revolución Ciudadana y Pachakutik, y 2 del Partido Social Cristiano. Según Celi, “falta capacidad de fiscalizar responsablemente”.
12 asambleístas dejaron (o fueron expulsados) de su partido político
En mayo de 2025, la Asamblea Nacional inició el periodo legislativo con dos principales minorías: ADN y Revolución Ciudadana. Estos movimientos políticos concentran la mayor parte de la representación en el Pleno, pero ninguno alcanza la mayoría absoluta.
La única legisladora independiente en mayo de 2025 era Mónica Salazar, quien se había desafiliado de la Revolución Ciudadana antes de la posesión de la Asamblea Nacional 2025-2029.
Para agosto de 2025, las distintas organizaciones políticas —Revolución Ciudadana, Partido Social Cristiano y Pachakutik— tuvieron 12 bajas, es decir, fueron expulsados o decidieron separarse de sus movimientos. Con Salazar son 13 asambleístas independientes.
La alianza Revolución Ciudadana – RETO tuvo 5 bajas:
- Jesus Arias
- Santiago Diaz
- Sergio Peña
- Jhajaira Urresta
- Carlos Vargas
Pachakutik también tuvo 6 bajas. El 19 de julio de 2025, en un Congreso de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) —entonces presidida por Leonidas Iza— se resolvió expulsar a seis legisladores por su reiterado respaldo a la bancada oficialista. Estos son:
- José Luis Nango
- Jose Fernando Nantipia
- Edmundo Cerda
- Segundo Choro
- Rosa Baltazar
- Carmen Tiupul
Mientras que del PSC, Samuel Celleri se declaró asambleísta independiente.
Por estos cambios en la conformación del Pleno — bajas en la RC y 6 bajas en Pachakutik— ADN se ha consolidado como la primera minoría. Según Espinel, no es casualidad, sino un síntoma del debilitamiento político —fragilidad institucional, no hay una renovación interna, desgaste de imagen, hechos de corrupción.
3 leyes urgente económicas
En estos 100 primeros días, con más de 77 votos a favor, la Asamblea Nacional aprobó 5 leyes.
Tres fueron proyectos de ley calificados como urgentes en materia económica: la Ley de Solidaridad Nacional, dirigida a combatir la economía criminal; la Ley de Integridad Pública, que busca regular procesos de contratación; y la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de las Áreas Protegidas, que busca garantizar la sostenibilidad y conservación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
Estas leyes han generado un gran debate nacional y hasta una crisis institucional por la forma en la que fueron tramitadas y por el contenido de los artículos —que vulnerarían derechos humanos, según FCD.
Otra ley que fue aprobada fue la Ley de Inteligencia, impulsada por ADN, que regula las funciones del Sistema Nacional de Inteligencia.
La Ley de Solidaridad Nacional, la Ley de Integridad Pública y la Ley de Inteligencia, acumulan más de 30 demandas de inconstitucionalidad. Por esto la Corte Constitucional suspendió provisionalmente 16 de sus artículos de esas tres leyes el 4 de agosto de 2025.
Finalmente, la Asamblea aprobó la Ley Reformatoria a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, que plantea reformas al Código de la Democracia. Esta ley modifica el control, financiamiento y funcionamiento de las organizaciones políticas.
La Asamblea Nacional también aprobó dos reformas constitucionales: la eliminación del financiamiento público de la política y la posibilidad de instalar bases militares extranjeras en territorio nacional.
La Asamblea también archivó 8 proyectos de ley, la mayoría fueron presentados por la Revolución Ciudadana. Por ejemplo, la Ley de Fijación de Límites Territoriales y la Ley del Sistema de Obligaciones Internacionales en materia de Derechos Humanos.
Según Celi, “es una Asamblea que está legislando para la coyuntura, dejando de lado deudas históricas”.
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