El CPCCS: entre la supuesta participación ciudadana y la controversia

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), según la Constitución del Ecuador, tiene como misión promover y fomentar los derechos de participación ciudadana, prevenir y combatir la corrupción en el país. Además, tiene la responsabilidad de designar a las autoridades de control y de otras funciones del Estado.

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A nivel teórico, la Constitución del 2008 introdujo un avance en la participación ciudadana al crear el CPCCS. Este organismo debería ser autónomo y es parte de la función de Transparencia y Control Social. Según la Constitución, debería fortalecer la democracia participativa a través del empoderamiento ciudadano, la inclusión, y la intervención activa de la población en los asuntos públicos. 

En esencia, el CPCCS se dedica a incentivar la participación ciudadana. 

Esta tarea no es sencilla ni menor: implica fomentar la organización de la sociedad civil, facilitar que los ciudadanos se involucren en la formulación, ejecución y control de las políticas públicas. Para eso, el Consejo organiza audiencias públicas donde la ciudadanía puede hacer propuestas sobre temas de interés nacional.

Este organismo tiene un papel crucial en la lucha contra la corrupción. Es responsable de recibir e investigar denuncias relacionadas con posibles irregularidades en la participación ciudadana, actos corruptos, o cualquier acción que contravenga el interés social. Es decir, actividades que benefician al bienestar general de la comunidad y que son importantes para el funcionamiento equitativo de la sociedad.

Por ejemplo, la correcta asignación de fondos públicos para el desarrollo de proyectos sociales. 

El CPCCS debe hacer informes sobre posibles responsabilidades, formular recomendaciones e impulsar acciones legales. Con estos documentos, la Fiscalía puede iniciar investigaciones de oficio, y el CPCCS actúa como parte procesal en las causas resultantes de sus investigaciones.

El CPCCS tiene 12 atribuciones constitucionales y entre las principales está seleccionar autoridades. Entre esas están el:

• Contralor General del Estado: responsable de la fiscalización de los recursos públicos y del control de la gestión administrativa de las entidades públicas.
• Procurador General del Estado: representa judicialmente al Estado y asesora en materia legal a las instituciones públicas.
• Defensor del Pueblo: encargado de la defensa y protección de los derechos humanos de los ciudadanos.
• Superintendentes: incluyendo los de Bancos, de Compañías, Valores y Seguros, de Economía Popular y Solidaria, de Control del Poder de Mercado, entre otros.
• Fiscal General del Estado: responsable de la investigación y persecución penal de los delitos.
• Consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE): encargados de la organización y supervisión de los procesos electorales.
• Consejeros del Tribunal Contencioso Electoral (TCE): se encargan de resolver las controversias electorales y de aplicar la normativa electoral.
• Consejeros del Consejo de la Judicatura: encargados de la administración de la función judicial y de supervisar su funcionamiento.

Estas designaciones se hacen con procesos de selección que buscan garantizar la transparencia, meritocracia y participación ciudadana. Esta es la forma como el CPCCS debería funcionar. Pero en los 15 años de existencia no ha sido precisamente así. 

Politizada desde sus inicios 

Cuando se creó en 2008, el CPCCS fue diseñado para operar de manera independiente, sin influencias externas, en el ámbito de la participación ciudadana. Su objetivo era promover la participación de los ciudadanos en el control y supervisión de la gestión pública, asegurando que los derechos de la ciudadanía fueran respetados y fortalecidos en el proceso de control sobre los asuntos públicos.

Marcelo Espinel, subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, dice que mientras el CPCCS tenga el poder de designar autoridades, siempre será “el botín” de los partidos políticos. “Desde su creación, el CPCCS ha sido una institución que no funciona y que no responde a lo que determina la Constitución: no designa autoridades de forma transparente ni objetiva y tampoco ha fomentado la participación ciudadana y el control social”, opina. 

Para Espinel, el CPCCS no funciona porque está “cooptado por partidos políticos y busca ser controlado por el gobierno de turno”. Una posible solución, según Espinel, sería hacer una consulta popular para reducir al mínimo al CPCCS porque su eliminación sólo podría lograrse con una Asamblea Constituyente. 

Los primeros consejeros del CPCCS fueron siete principales y siete suplentes.  Fueron elegidos entre representantes de organizaciones sociales y ciudadanos mediante un concurso público de méritos y oposición. Durante los primeros diez años, estos consejeros fueron seleccionados siguiendo ese proceso. 

Sin embargo, en ese periodo el CPCCS atravesó una creciente intervención política. Los cambios en legislaciones, como la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y la Ley Orgánica de Servicio Público, comenzaron a influir en la autonomía del organismo, afectando su capacidad para operar de manera imparcial y eficiente en la promoción de la participación ciudadana y el control de lo público. 

La fórmula del concurso público de méritos y oposición fracasó por varios factores, entre ellos la falta de transparencia, la politización del proceso, presiones externas, conflicto de intereses y falta de capacidad y experiencia de los miembros elegidos. 

Justo antes de cumplir sus primeros diez años de existencia, el CPCCS fue reestructurado. 

En febrero de 2018, el entonces presidente Lenín Moreno convocó un referéndum y consulta popular que incluía, entre sus preguntas, terminar el periodo de los consejeros principales y suplentes. La intención de Moreno de sanear el CPCCS respondía a un deseo de fortalecer las instituciones democráticas del Ecuador, combatir la corrupción y restaurar la confianza ciudadana en los órganos de control y participación ciudadana. 

Además, buscaba despolitizar las instituciones alegando que muchas de ellas estaban cooptadas por los seguidores de su predecesor, Rafael Correa. 

Cuando se aprobó la consulta, los consejeros pasaron a ser escogidos por votación popular, sin auspicio político, fortaleciendo así la representación democrática y la participación directa de los ciudadanos en la selección de sus autoridades. 

El Consejo transitorio

La pregunta de la consulta popular sobre eliminar el CPCCS, que ganó con el 63,08% de los votos, incluía también la conformación del CPCCS Transitorio, que asumió todas las facultades, deberes y atribuciones que la Constitución y las leyes le otorgan al Consejo. 

Esta etapa es también conocida como el “Trujillato” en referencia al célebre abogado Julio César Trujillo, quien presidió el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T) desde marzo de 2018 hasta su fallecimiento en mayo de 2019. En ese lapso, el Consejo alcanzó a designar a algunas autoridades, entre ellas a la fiscal Diana Salazar. Una designación polémica por las acusaciones de que había obtenido una puntuación baja en la prueba escrita del concurso.

Otra de las acciones más controvertidas del CPCCS-T fue la decisión de cesar a los nueve jueces de la Corte Constitucional, dejándola en vacancia por 60 días. Esta medida fue considerada, por muchos, como inconstitucional y una violación de las leyes. Específicamente porque la Constitución garantiza la independencia y autonomía de la Corte Constitucional (artículos 431 y 432) y el debido proceso (artículo 76), así como del principio de separación de poderes (artículo 168). 

Además, la remoción arbitraria de los jueces sin un proceso justo también contravino la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

El Consejo Transitorio estuvo en funciones desde el 28 de febrero de 2018 hasta el 13 de junio de 2019. Concluyó su mandato cuando se posesionaron los nuevos miembros del CPCCS, elegidos por voto popular en las elecciones de 2019. 

Poder y posturas políticas 

La función del CPCCS de designar a las autoridades de control fue un intento de despolitizar las instituciones y escoger a los ciudadanos más idóneos para el cargo. Pero, en la práctica, el Consejo estuvo lleno de posturas políticas, enfrentamientos y polémicas, como el incumplimiento de una sentencia de la Corte Constitucional que ordenó la elección definitiva del presidente del Consejo de la Judicatura. Los entonces consejeros, liderados por Hernán Ulloa, en cuatro ocasiones aplazaron esa designación, lo que resultó en la destitución de todos sus miembros por parte de la Corte Constitucional, en enero de 2023, estancando la principal función de designar autoridades de control.

Cuando el CPCCS fue creado con la atribución de designar autoridades, le quitó esta responsabilidad a la Asamblea Nacional. En principio, este cambio fue bien visto, pero sus consejeros no estuvieron a la altura de la situación. 

Por ejemplo, su primer presidente elegido en las urnas, José Carlos Tuárez, fue destituido por la Asamblea Nacional a los pocos meses de ser posesionado, por incumplimiento de funciones al intentar desconocer un fallo de la Corte Constitucional. Luego, Tuárez fue procesado por asociación ilícita tras ofrecer cargos públicos a cambio de dinero. Fue sentenciado a cinco años de prisión en agosto de 2020. 

Su sucesor, el consejero Christian Cruz, fue acusado de haber accedido indebidamente a un carné de discapacidad para obtener beneficios tributarios y aduaneros, lo que ocasionó su destitución por la Asamblea Nacional, en octubre de 2020. Tras la destitución de Cruz, pasaron por la presidencia Sofía Almeida y Hernán Ulloa.  

Cuando Guillermo Lasso llegó al poder, parte de su oferta de campaña fue eliminar el CPCCS. Pero, ya en funciones, cumplió a medias su promesa. Con su consulta popular propuso quitarle el poder más importante: la designación de autoridades. La consulta, sin embargo, fracasó: el NO ganó con más del 60% en todas las preguntas. 

El 5 de febrero de 2023 hubo nuevas elecciones para consejeros del CPCCS. Tres de los siete están ligados al correísmo: Augusto Verduga, Yadira Saltos y Alembert Vera. Vera, abogado del entonces presidente Rafael Correa en el caso El Universo, presidió el CPCCS desde el 15 de mayo hasta 6 de octubre de 2023, cuando fue removido por la Corte Constitucional. 

En el caso de Verduga, su cercanía con el correísmo se evidencia por su vinculación con los portales La Kolmena y Ruta Krítica, alineados con la Revolución Ciudadana. Yadira Saltos, en cambio, fue viceministra en el Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano en el gobierno de Correa. 

Cumpliendo la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Nicole Bonifaz, que era vicepresidenta, asumió la Presidencia hasta completar el período de Vera. Es decir, hasta 2025. El 10 de octubre de 2023, Andrés Xavier Fantoni Baldeón fue designado como vicepresidente del CPCCS.

Sin embargo, seis meses después, el 3 de abril de 2024, el pleno del CPCCS resolvió, por mayoría, que Nicole Estefanía Bonifaz López ya no sea la presidenta. Desde esa fecha es la como consejera principal. 

En su lugar, se designó a Andrés Fantoni como nuevo presidente del CPCCS, de acuerdo al artículo 41 de la Ley Orgánica del CPCCS, que dice que, en caso de vacancia, el pleno del CPCCS tiene la facultad de elegir a uno de sus miembros para ocupar el cargo. 

La polémica designación de Mario Godoy 

Entre las autoridades que el CPCCS debe elegir, están los miembros del Consejo de la Judicatura, una institución que también ha sido inestable en los últimos años y tuvo una crisis con la detención de su presidente, Wilman Terán, en diciembre de 2023, quien está siendo procesado por el caso Metástasis. 

Después de seis meses sin presidente permanente, la noche del 10 de julio de 2024, Mario Godoy fue posesionado como nuevo presidente del Consejo de la Judicatura (CJ). Días antes, Dunia Martínez había sido elegida para este cargo por el pleno del CPCCS. Pero varios reclamos llevaron a una nueva votación.

El pleno del CPCCS se reunió telemáticamente el 8 de julio para designar al nuevo titular del CJ. En la sesión, que comenzó cerca de las 7 de la noche, la vocal Mishelle Calvache propuso la candidatura de Dunia Martínez. Martínez era parte de la terna enviada por la Corte Nacional de Justicia. Esta propuesta tuvo tres votos a favor y tres abstenciones, resultando en un empate. 

El presidente Andrés Fantoni deshizo el empate con su voto dirimente, eligiendo a Martínez.

Al final de la sesión, la vocal Nicole Bonifaz ingresó a la sala virtual y reclamó que había estado esperando diez minutos para votar. A pesar de su queja, Fantoni clausuró la sesión sin permitir su voto.

La sesión en la Asamblea Nacional, prevista para el 11 de julio para posesionar a Dunia Martínez, fue cancelada por el presidente del legislativo, Henry Kronfle. La queja de Nicole Bonifaz de que no pudo ingresar a la sesión para votar, llevó a la Comisión de Fiscalización, de mayoría correísta, a convocar a los vocales del CPCCS.

La Comisión les pidió a los consejeros del CPCCS que expliquen los detalles de la sesión extraordinaria, aduciendo irregularidades e incumplimientos de la normativa constitucional, legal y reglamentaria sobre los procedimientos parlamentarios de votaciones y procesos de designación de las autoridades a cargo del CPCCS.

El 10 de julio, los consejeros del CPCCS comparecieron ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, donde se discutieron los problemas técnicos que afectaron las votaciones. 

Pamela Aguirre, asambleísta correísta y presidenta de la Comisión, subrayó la importancia de la transparencia, mientras que Andrés Fantoni, consejero del CPCCS, defendió el proceso y explicó que los problemas técnicos impidieron la votación de Bonifaz. Fantoni también mencionó que la consejera Bonifaz no estuvo presente durante la votación para la designación de la presidenta del Consejo de la Judicatura, un hecho que consideró relevante en el proceso.

Después de escuchar a los consejeros, la Comisión de Fiscalización pidió la suspensión de la posesión de Dunia Martínez, y en otra sesión, Mario Godoy fue designado como presidente del Consejo de la Judicatura con cuatro votos a favor, dos en contra y una abstención. 

Esta posesión generó críticas y sospechas de manipulación política dentro del CPCCS, ya que, por ejemplo,  el consejero Augusto Verduga, afín al correísmo, suspendió su permiso de paternidad para regresar al pleno y participar en la sesión en la que se reconsideró la votación que ubicó a Dunia Martínez como presidenta del Consejo de la Judicatura.