El país debía tener un nuevo fiscal general del Estado el 8 de abril de 2025, pero el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) ha retrasado el concurso de mérito y oposición para designarlo, en medio de polémicas y pugnas políticas.
Ese día, la entonces fiscal Diana Salazar se prorrogó en funciones. Junto al fiscal subrogante Wilson Toainga, instaron al CPCCS a que terminara el concurso lo antes posible para empezar la transición. “Hasta que eso ocurra, la Fiscalía continuará garantizando el acceso a la justicia”, dijo Salazar en un video.
Pero un mes después, Salazar renunció. Toainga la reemplazó hasta el 21 de noviembre de 2025, cuando también renunció. Desde entonces, Carlos Alarcón es el fiscal general encargado. Fue designado por el pleno del Consejo de la Judicatura porque el CPCCS no eligió a tiempo a la nueva autoridad.
Mientras tanto, el CPCCS continúa con el proceso para designar al fiscal general 2026.
Para asegurar la transparencia, participación ciudadana e integridad del concurso habrá:
- Una veeduría ciudadana
- Un equipo técnico de 7 miembros, encargado de dar apoyo administrativo, logístico y jurídico en todas las fases del proceso
- Una comisión ciudadana de selección de 10 integrantes, que será la encargada de hacer el concurso y revisar las carpetas de los postulantes
La Fiscalía General, órgano autónomo y estratégico de la Función Judicial, tiene un papel fundamental en la investigación de delitos y protección de derechos. La designación del fiscal general ha sido disputada históricamente por movimientos y partidos políticos.
El período del fiscal general es de seis años. En esos, por ejemplo, Salazar y Toainga destaparon varios casos de corrupción y delincuencia organizada, cuyos tentáculos entraron el sistema de justicia del país, como Metástasis, Purga, Plaga, Pantalla. En estos “casos de connotación”, como los define la Fiscalía, algunos implicados son parte de organizaciones políticas, como la Revolución Ciudadana o el Partido Social Cristiano.
Estos casos han elevado la tensión en torno al concurso y la disputa por un cargo que, aunque debería ser apartidista y ajeno a intereses partidarios, ya muestra señales de politización.
Así avanza la designación del fiscal general del Estado 2026.
El polémico reglamento para designar al fiscal
El nuevo fiscal será elegido mediante un concurso público de méritos y oposición, con postulación abierta, veeduría ciudadana —un grupo de ciudadanos, previamente acreditados que observa, vigila y evalúa la transparencia y legalidad de un proceso público— y derecho a impugnación.
Los méritos son la evaluación de la formación académica, experiencia profesional y otros logros. Mientras que la oposición se trata de pruebas escritas, orales o prácticas que miden conocimientos y habilidades específicas para el cargo.
Para empezar el concurso debe haber un reglamento que establezca las reglas. Se puede presentar un nuevo reglamento para cada designación, y el responsable de aprobarlo es el CPCCS.
En agosto de 2024, el primer borrador de reglamento fue presentado por el entonces consejero Augusto Verduga —hoy investigado por asociación ilícita en el caso Ligados. El documento fue duramente criticado por ser, según varios abogados, demasiado laxo y por permitir la participación de personas con antecedentes cuestionables o con vínculos con el crimen organizado.
Tras la polémica, el 26 de agosto, el presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, presentó un nuevo texto, que el pleno del CPCCS aprobó el 11 de septiembre de 2024. Ese reglamento abrió otra discusión: la prohibición para que abogados que hayan defendido a acusados de delitos relacionados con el crimen organizado en los últimos diez años puedan postular.
La medida fue rechazada por gremios como la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, que la calificó de discriminatoria. “Criminaliza el ejercicio de la defensa”, dijo su presidente Paúl Ocaña.
Ramiro García, ex presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, advirtió que las reglas del reglamento podrían “favorecer a candidatos mediocres, adscritos a alianzas políticas, porque la Fiscalía es la joya de la corona para los políticos”.
Las críticas obligaron al CPCCS a revisar el documento. Recién nueve meses después, el 4 de junio de 2025, el pleno del CPCCS pidió un informe de viabilidad jurídica para evaluar reformas. Una semana después, resolvió ajustar el reglamento en una reforma “técnica y ágil”.
El 20 de junio, cinco consejeros aprobaron las modificaciones. Entre estas, derogaron el numeral 21 del artículo 22. Decía que no podían postular abogados que hayan defendido a personas vinculadas con el crimen organizado en los últimos 10 años.
También se incluyeron inhabilidades para candidatos procesados por delitos de corrupción o crimen organizado.
El reglamento ahora define los requisitos para postular:
- ser ecuatoriano
- tener un título en Derecho registrado en la Senescyt
- acreditar al menos 10 años de experiencia profesional
- no tener sentencias ejecutoriadas
- no tener vínculos recientes con partidos políticos
También debe presentar certificados de no adeudar al Estado y una hoja de vida documentada. Además, prohíbe expresamente el proselitismo político durante el proceso.
Una veeduría y un equipo técnico conformados
En noviembre de 2024, dos meses después de que se aprobara el reglamento, el CPCCS abrió una convocatoria a la ciudadanía para conformar una veeduría ciudadana que vigile la transparencia de todo el concurso. Esta es una regla que no se modifica.
Hubo más de 700 postulantes. Hasta el 19 de febrero de 2026, hay 626 veedores acreditados que cumplieron con los requisitos, como no ser servidor público ni tener conflicto de interés. En 2025 recibieron capacitaciones.
Entre las funciones de un veedor están: supervisar cada etapa del proceso —desde la conformación de la Comisión Ciudadana de Selección hasta la designación de la nueva autoridad—; pedir información relevante al CPCCS, documentos oficiales; y hacer informes u observaciones para alertar posibles irregularidades o riesgos.
Los veedores participan de forma voluntaria y ad honorem, es decir, no reciben remuneración por su trabajo —a nivel práctico, ellos trabajan desde sus casas.
Además de la veeduría, el CPCCS conformó el 21 de mayo de 2025 un equipo técnico de 14 miembros —siete principales y siete suplentes— que son delegados de los siete consejeros —cada uno decide quién lo va a representar.
Este equipo técnico se encarga de verificar los requisitos de los postulantes, preparar informes y actas, coordinar la calificación de méritos y oposición, apoyar a la Comisión Ciudadana de Selección y garantizar que todo el proceso se cumpla de forma ordenada y transparente.
Entre mayo de 2025 y enero de 2026, hubo cambios en este equipo, por renuncias de los delegados. Hasta el 19 de febrero, está integrada así:
Una comisión ciudadana que organiza el concurso
El CPCCS abrió la convocatoria para conformar la Comisión Ciudadana de Selección el 18 de julio de 2025 y se extendió hasta el 31 de julio.
¿Por qué es importante esta comisión? Porque hará el concurso de méritos y oposición para elegir al fiscal general del Estado. En otras palabras, no sólo administra el concurso: decide quién avanza, quién queda fuera y quién llega al final del proceso.
Está integrada por 10 miembros:
- 5 representantes de la ciudadanía u organizaciones sociales
- 5 delegados de las funciones del Estado: Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social
A la convocatoria se presentaron 69 postulaciones ciudadanas. De ellas, 42 fueron admitidas. Hubo siete impugnaciones y solo cuatro se admitieron. Tras ese filtro quedaron 38 candidatos. En la fase de méritos se seleccionó a los 30 con mayor puntaje: 15 hombres y 15 mujeres.
El 14 de enero de 2026, el CPCCS sorteó entre esos 30 a los cinco comisionados ciudadanos, y sorteó el orden de los cinco comisionados de las funciones del Estado.
Pero pocos días después hubo cambios en el Legislativo y en el Ejecutivo.
Al 19 de febrero de 2026, la comisión quedó integrada por:
- Wellington Amado Andachi Trujillo
- Cynthia Alexandra Jacho Tipán
- Hugo Vicente Ludeña Eras
- Zoila Amada Echeverría Zambrano
- Cristian Santiago Arpi Tapia
- Pamela Teresa Garay Mateo (delegada de Transparencia y Control Social)
- Silvia Mariuxi Ramírez Verdezoto (delegada del Legislativo)
- David Estuardo Flores Brant (delegado del Ejecutivo)
- Tayron Michael Valarezo Eras (delegado de la función Electoral)
- Natalia de Jesús Guarnizo Condolo (delegada de la función Judicial)
En el reglamento de la Comisión Ciudadana de Selección dice que los comisionados provenientes de la ciudadanía recibirán pagos diarios equivalentes al 3,3% del sueldo mensual que recibe un consejero del CPCCS —no precisa el valor. Pero un consejero del CPCCS gana aproximadamente 4.000 dólares, es decir, el pago para el comisionado sería de 132 dólares por día de trabajo.
Tras la posesión de la comisión, Cynthia Jacho fue elegida presidenta, y David Flores, vicepresidente. Pero hubo cuestionamientos.
Jacho, de 27 años, obtuvo la nota más baja en la fase de méritos: 17,5 sobre 50 puntos. Según una publicación de Primicias, su experiencia se limita al estudio jurídico Martínez & Martínez, donde trabajó entre agosto de 2022 y octubre de 2024 como asistente legal y luego se reincorporó como abogada junior desde noviembre de 2024.
Las críticas se centraron en que uno de los requisitos del concurso era acreditar conocimiento, formación académica y experiencia en asuntos relacionados con las funciones de la Fiscalía.
Pero las sesiones con ella a la cabeza han continuado.
Postulación de los candidatos para Fiscal General
El 18 de febrero de 2026, el CPCCS abrió la convocatoria para el concurso del Fiscal General. Recibirá postulaciones hasta el 3 de marzo de 2026.
Según el Consejo, no pueden postular quienes:
- Tengan bienes en paraísos fiscales
- Mantengan contratos con el Estado
- Tengan deudas firmes con el Servicio de Rentas Internas (SRI) o el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)
- Tengan parentesco con altas autoridades
- Estén procesados o condenados por delitos graves
- Estén impedidos de ejercer cargo público
Luego sigue la fase de admisibilidad, en la que la comisión ciudadana de selección verifica qué postulantes cumplen los requisitos para continuar. Después viene la calificación de méritos.
Posteriormente se abrirá la fase de impugnación ciudadana, en la que cualquier persona podrá señalar incumplimientos o inhabilidades de los candidatos.
Luego vendrá la fase de oposición —en la que se evalúan los conocimientos y capacidades de los candidatos. Según el CPCCS, el concurso se evaluará sobre 100 puntos: 50 por méritos y 50 por oposición (30 de la prueba escrita y 20 de la prueba oral).
Finalmente, será la designación. Fantoni, del CPCCS, dijo que el proceso tardaría como máximo seis meses desde la instalación de la comisión técnica; es decir, el nuevo fiscal general podría ser designado hasta julio de 2026.
Únete a la GK Membresía y recibe beneficios como comentar en los contenidos y navegar sin anuncios.
Si ya eres miembro inicia sesión haciendo click aquí.
