El país debía tener un nuevo fiscal general del Estado el 8 de abril de 2025, pero el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) ha retrasado el concurso de mérito y oposición para designarlo, en medio de polémicas y pugnas políticas.
Ese día, la entonces fiscal Diana Salazar se prorrogó en funciones. Junto al fiscal subrogante Wilson Toainga, instaron al CPCCS a que terminara el concurso lo antes posible para empezar la transición. “Hasta que eso ocurra, la Fiscalía continuará garantizando el acceso a la justicia”, dijo Salazar en un video.
Pero un mes después, el 20 de mayo de 2025, Salazar renunció. Toainga la reemplazó. Desde entonces, el CPCCS activó el concurso para avanzar con rapidez.
Para asegurar la transparencia, participación ciudadana e integridad del concurso habrá:
- Una veeduría ciudadana
- Un equipo técnico de 7 miembros, encargado de dar apoyo administrativo, logístico y jurídico en todas las fases del proceso
- Una comisión ciudadana de selección de 10 integrantes, que será la encargada de hacer el concurso y revisar las carpetas de los postulantes
La Fiscalía General, órgano autónomo y estratégico de la Función Judicial, tiene un papel fundamental en la investigación de delitos y protección de derechos. La designación del fiscal general ha sido disputada históricamente por movimientos y partidos políticos.
El período del fiscal general es de seis años. En esos, por ejemplo, Salazar y Toainga destaparon varios casos de corrupción y delincuencia organizada, cuyos tentáculos entraron el sistema de justicia del país, como Metástasis, Purga, Plaga, Pantalla. En estos “casos de connotación”, como los define la Fiscalía, algunos implicados son parte de organizaciones políticas, como la Revolución Ciudadana o el Partido Social Cristiano.
Estos casos han elevado la tensión en torno al concurso y la disputa por un cargo que, aunque debería ser apartidista y ajeno a intereses partidarios, ya muestra señales de politización.
Así avanza la designación del fiscal general del Estado 2025-2031.
El polémico reglamento para designar al fiscal
El nuevo fiscal será elegido mediante un concurso público de méritos y oposición, con postulación abierta, veeduría ciudadana —un grupo de ciudadanos, previamente acreditados que observa, vigila y evalúa la transparencia y legalidad de un proceso público— y derecho a impugnación.
Los méritos son la evaluación de la formación académica, experiencia profesional y otros logros. Mientras que la oposición se trata de pruebas escritas, orales o prácticas que miden conocimientos y habilidades específicas para el cargo.
Para empezar el concurso debe haber un reglamento que establezca las reglas. Se puede presentar un nuevo reglamento para cada designación, y el responsable de aprobarlo es el CPCCS.
En agosto de 2024, el primer borrador de reglamento fue presentado por el entonces consejero Augusto Verduga —hoy investigado por asociación ilícita en el caso Ligados. El documento fue duramente criticado por ser, según varios abogados, demasiado laxo y por permitir la participación de personas con antecedentes cuestionables o con vínculos con el crimen organizado.
Tras la polémica, el 26 de agosto, el presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, presentó un nuevo texto, que el pleno del CPCCS aprobó el 11 de septiembre de 2024.
Ese reglamento abrió otra discusión: la prohibición para que abogados que hayan defendido a acusados de delitos relacionados con el crimen organizado en los últimos diez años puedan postular.
La medida fue rechazada por gremios como la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, que la calificó de discriminatoria. “Criminaliza el ejercicio de la defensa”, dijo su presidente Paúl Ocaña.
Ramiro García, ex presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, advirtió que las reglas del reglamento podrían “favorecer a candidatos mediocres, adscritos a alianzas políticas, porque la Fiscalía es la joya de la corona para los políticos”.
Las críticas obligaron al CPCCS a revisar el documento. El 4 de junio de 2025, el pleno del CPCCS pidió un informe de viabilidad jurídica para evaluar reformas. Una semana después, el 11 de junio, resolvió ajustar el reglamento en una reforma “técnica y ágil”.
El 20 de junio, cinco consejeros aprobaron las modificaciones. Entre estas, derogaron el numeral 21 del artículo 22. Decía que no podían postular abogados que hayan defendido a personas vinculadas con el crimen organizado en los últimos 10 años.
También se incluyeron inhabilidades para candidatos procesados por delitos de corrupción o crimen organizado.
El reglamento ahora define con precisión los requisitos para postular:
- Ser ecuatoriano
- Tener un título en Derecho registrado en la Senescyt
- Acreditar al menos 10 años de experiencia profesional
- No tener sentencias ejecutoriadas
- No tener vínculos recientes con partidos políticos, es decir, no estar afiliado ni ser miembro activo de ningún partido o movimiento político al momento de la postulación. Tampoco puede haber desempeñado cargos de elección popular, directivos o de representación política en los últimos 5 años antes de la convocatoria al concurso.
También debe presentar certificados de no adeudar al Estado y una hoja de vida documentada. Además, prohíbe expresamente el proselitismo político durante el proceso.
Una veeduría y un equipo técnico conformados
En noviembre de 2024, dos meses después de que se aprobara el reglamento, el CPCCS abrió una convocatoria a la ciudadanía para conformar una veeduría ciudadana que vigile la transparencia de todo el concurso. Esta es una regla de todos los concursos.
Hubo 561 postulantes para conformar la veeduría. Hasta el 30 de julio, el CPCCS acreditó a 524 veedores que cumplieron con los requisitos, como no ser servidor público ni tener conflicto de interés, según la lista publicada en la página del CPCCS.
Entre enero y abril de 2025 fueron capacitados. Entre las funciones de un veedor están: supervisar cada etapa del proceso —desde la conformación de la Comisión Ciudadana de Selección hasta la designación de la nueva autoridad—; acceder a información relevante, sesiones públicas y documentos oficiales; y emitir informes u observaciones para alertar posibles irregularidades o riesgos.
Los veedores participan de forma voluntaria y ad honorem, es decir, no reciben remuneración por su trabajo.
Pero la lista de quiénes la conformarán aún no se ha cerrado. El 18 de junio de 2025, el CPCCS dijo que había la posibilidad de que se incorporaran nuevos integrantes.
Además de la veeduría, el CPCCS conformó el 21 de mayo de 2025 un equipo técnico de 14 miembros —siete principales y siete suplentes— que son delegados de los siete consejeros —cada uno decide quién lo va a representar. Este equipo técnico se encarga de verificar los requisitos de los postulantes, preparar informes y actas, coordinar la calificación de méritos y oposición, apoyar a la Comisión Ciudadana de Selección y garantizar que todo el proceso se cumpla de forma ordenada y transparente.
El 28 de mayo, el Pleno reconformó su estructura. Hasta el 29 de julio, los siete delegados principales son los siguientes:
- Luis Enrique Mejía López, coordinador
- David Marcelo Rojas Cajas, subcoordinador
- David Eduardo Soria Tamayo, secretario.
- María Belén Cadena Ramírez
- Luis Antonio Cueva Ordóñez
- Christian Sebastián Reyes Mora
- Christian Troya Macías
La Comisión Ciudadana de Selección, ¿con fondos?
El CPCCS abrió la convocatoria para conformar la Comisión Ciudadana de Selección el 18 de julio y se extenderá hasta el 31 de julio de 2025.
¿Por qué es importante esta comisión? Porque se encargará de hacer el concurso de méritos y oposición para elegir al fiscal general del Estado.
Se conforma de 10 miembros:
- 5 son representantes de la ciudadanía u organizaciones sociales
- 5 son delegados de las siguientes funciones del Estado: Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y Transparencia y Control Social.
Los ciudadanos que se postulen pueden hacerlo solos o con respaldo de organizaciones sociales. Deben ser mayores de 18 años, experiencia en la función pública o privada y una trayectoria reconocida en organizaciones sociales, participación ciudadana o lucha contra la corrupción.
Según el CPCCS, es obligatorio que tengan un título de tercer nivel en Derecho y experiencia en temas relacionados con las funciones de la Fiscalía General y en gestión pública.
Para Mónica Jaramillo, presidenta del Observatorio de Control Ciudadano (OCC), hay una preocupación sobre quiénes se postulen para ser comisionados.
“No va a contar con los mejores perfiles”, dice. Explica que eso se debe a la “falta de transparencia” en cuanto a cómo se desarrollarán las sesiones en las que tendría que participar y cuál será el presupuesto para pagarles —el CPCCS tiene la obligación de pagarles.
En el reglamento de la Comisión Ciudadana de Selección dice que los comisionados provenientes de la ciudadanía recibirán pagos diarios equivalentes al 3,3% del sueldo mensual que recibe un consejero del CPCCS —no precisa el valor. Pero un consejero del CPCCS gana aproximadamente 4.000 dólares, es decir, el pago para el comisionado sería de 132 dólares por día de trabajo.
Los pagos se harán únicamente por los días en los que los comisionados cumplen funciones, van a sesiones o actividades oficiales.
Además, Jaramillo dice que los postulantes de otras provincias están en desventaja. Se pregunta cómo se haría con los pagos a personas que tienen que viajar de otras provincias y no tienen dónde pasar la noche o no tienen para el costo del transporte. Eso, según Jaramillo, no consta en el reglamento.
Para la experta, que no se tengan reglas claras, “genera desconfianza” desde el lado de la ciudadanía, especialmente porque los comisionados serán los más importantes en el proceso de selección de una de las autoridades más importantes del país.
Los comisionados son elegidos mediante un sorteo público entre los 30 mejores calificados. Luego, habrá una fase de impugnación —es decir, cualquiera puede reclamar su postulación con pruebas de por qué no debería estar en ese puesto.
Hasta el 29 de julio de 2025, no se han publicado todavía las carpetas de los aspirantes. Una vez que queden los cinco mejores y estén los cinco delegados del Estado, el concurso continúa:
- Fase de convocatoria y postulación para ser el fiscal general.
- Fase de admisibilidad y reconsideración.
- Calificación de méritos y recalificación.
- Escrutinio público e impugnación ciudadana.
- Oposición y recalificación.
- Designación de la autoridad a cargo del CPCCS.
No hay fechas definidas de cada fase, pero en una entrevista con Jimmy Jairala, Andrés Fantoni, presidente del CPCCS, dijo que hasta diciembre de 2025 o máximo hasta febrero de 2026.
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