Desaparecidos: los niños perdidos en la guerra interna de Ecuador

Que un niño desaparezca en Ecuador ya no es noticia. 

Después de la declaración de guerra a las narcobandas y la militarización del país, en enero de 2024, la cifra de niños, niñas y adolescentes desaparecidos se disparó. En 2023 hubo 171 menores de edad desaparecidos, un año después fueron casi el doble: 322.

Hasta el 18 de marzo de 2025, en promedio cada día desaparecieron tres. Estas cifras no son de las denuncias, que se cuentan por miles, sino de los niños y adolescentes que, luego de 20 días, no volvieron con sus familias. 

La desaparición de niños, niñas y adolescentes se ha agravado en los últimos cuatro años. Esta investigación de CONNECTAS revisó datos del Ministerio del Interior y encontró que desde 2017 hasta la fecha se desconoce el paradero de 868.

Expertos, investigadores y testimonios de familiares consultados para esta investigación apuntan a distintas causas, como el reclutamiento de pandillas y la explotación sexual, ligados al aumento de la criminalidad en el país, y el abuso de poder de militares en el marco del estado de excepción. 

Dicen que muchos pudieron ser atrapados por el crimen organizado que los usa como fusibles o mercancías sexuales. Hay evidencia concreta: los datos del Ministerio del Interior confirman que un motivo de estas desapariciones son los grupos delictivos organizados, pandillas, mafias o carteles. Un ejemplo ocurrió en diciembre de 2024 en Manabí, cuando detuvieron a un policía activo por trata de personas. En su momento, la Fiscalía lo acusó de trabajar para una organización delictiva que amenazaba, extorsionaba y engañaba a menores de edad en situación de vulnerabilidad para reclutarlos, algunos contra su voluntad, y entrenarlos como miembros de esa organización. 

Otros niños y adolescentes han desaparecido en las manos de la fuerza pública. No se trata solo de los cuatro de Las Malvinas de Guayaquil, que fueron secuestrados en plena vía por militares y 16 días después aparecieron muertos, por partes y calcinados. Steven Medina, Nehemías Arboleda, Ismael y Josué Arroyo tenían entre 11 y 15 años. Por este caso, 16 miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana guardan prisión preventiva. 

Los padres de otros cinco adolescentes reportan que perdieron a sus hijos en circunstancias similares en este último año: los uniformados se los llevaron a la fuerza, a veces de su casa, a punta de golpes, sin orden judicial ni el cumplimiento de protocolos específicos exigidos por su edad. Luego, no los encontraron arrestados en ningún lugar, solo desaparecieron. Los casos han sido registrados y denunciados por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. 

Plantón para exigir respuestas sobre los desaparecidos, el 25 de marzo de 2025 en la provincia de Los Ríos. Allí la cifra de adolescentes desaparecidos pasó de 5 a 17 en un año. Fotografía del Comité Permanente por la Defensa de los DD.HH.

Las mujeres son las más afectadas: el 71% de los menores de edad que continúan desaparecidos son de sexo femenino. Como Adriana, que tenía 13 años cuando la vieron por última vez en el malecón de El Esfuerzo, en Santo Domingo de los Tsáchilas, el 2 de marzo de 2025. Su familia creyó que se había ahogado y, con ayuda de bomberos y voluntarios, la buscaron durante días en el río Baba, sin éxito. 

Hoy piensan que Adriana fue secuestrada. “Supimos por testigos que cuando nosotros empezamos la búsqueda, hubo dos carros que entraron al malecón y después se fueron. Ya le dijimos a la Policía y hasta le entregamos el teléfono de la niña. Pero el investigador dejó de contestar los mensajes. Ellos solo llegaron, miraron las cámaras y nada más”, se lamenta su tía. La hermana de Adriana cuenta que la familia continúa la búsqueda. Incluso dice que han encontrado sospechosos. “Nos mandan información por TikTok que una persona la tiene. Pero les mandamos esas evidencias a los policías y no hacen nada”.

Adriana, de 13 años, desapareció en marzo de 2025 en Babahoyo. Ilustración de Elizabeth Cueva.

Para Jorge Paladines, investigador ecuatoriano experto en criminología y Derechos Humanos, esta tragedia tiene múltiples victimarios y motivaciones, pero existe una causa originaria: el abandono del Estado. “No hay que verlo solamente como la avanzada del crimen organizado, sino como la retirada del Estado. Este va en los operativos, en las redadas, y luego se retira. Es decir, el Estado no está para proveer educación ni salud, sino el servicio público de la cárcel, nada más”. 

Explica que, en ese abandono, el crimen toma el control de los territorios y empieza a proveer a las comunidades los servicios necesarios, como trabajo. Y allí, dice, se da el reclutamiento. Esto ocurre muchas veces de manera “voluntaria” porque es la única oportunidad que se le presenta a los chicos, pero también se da de forma coercitiva, bajo amenazas, y es cuando no vuelven a casa y sus padres los reportan como desaparecidos. El reclutamiento también tiene otra cara y cada vez empieza más temprano: “Puede dar lugar a desaparición forzada. Es decir, niñas, niños, adolescentes son tomados por el Estado, son detenidos y no aparecen”, explica Paladines. 

Víctimas del reclutamiento

El 9 de marzo de 2025, Eliana, de 15 años, participó en un ataque armado al Hospital General Docente Ambato. La adolescente entró con un fusil junto a otros seis hombres de la banda Los Lobos, para llevarse a un miembro del grupo delictivo. Eliana, que había sido detenida antes por tenencia de droga, resultó gravemente herida en el enfrentamiento con la Policía y apareció muerta horas después en las riberas del río Ambato. 

Eliana no había sido reportada como desaparecida. Pero no siempre el reclutamiento es voluntario, advierte Miguel Ángel Egas, jefe nacional de la unidad de desaparecidos de la Dinased (una oficina de la Policía ecuatoriana especializada en muertes violentas, secuestros y desapariciones). “Tenemos casos en los que facciones o grupos armados organizados se llevan a menores de edad para cometer delitos dentro de sus estructuras”, dice Egas. 

El interés del crimen organizado en los menores de edad es porque son inimputables “y porque ciertamente se les ha dejado fuera de la protección del Estado”, dice la experta en seguridad Lorena Piedra. 

El problema se expande aceleradamente. El jefe policial que desmanteló centros de entrenamiento de sicarios en Guayas, Roberto Santamaría, cuenta que entre 2023 y 2024 casi se triplicó el número de menores de edad que formaban parte de grupos delictivos en Durán. Y ya no eran chicos de la zona, sino que venían de otros lugares del país para ser entrenados en casas que funcionaban como centros de adiestramiento y para “trabajar” para los criminales. 

Menores de edad desaparecen en provincias con más homicidios

Este incremento es un fenómeno que puede parecerse al de Colombia. Jorge Mantilla, experto en conflicto armado, gobernanza criminal y seguridad, explica que en ese país en los últimos cuatro años, el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes aumentó en un 1300%, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo colombiana. 

En Ecuador, los expertos advierten que puede haber un enorme subregistro del reclutamiento forzado. De hecho, en un mapa interactivo publicado en la página del Ministerio del Interior de Ecuador, que muestra las estadísticas sobre trata de personas y tráfico de migrantes, solo aparecen dos casos de reclutamiento en 2024.

En su último informe sobre Latinoamérica, Crisis Group describió que el reclutamiento de niños y jóvenes por parte de grupos criminales es un desafío para los Estados y las fuerzas de seguridad. “En estos contextos, la línea divisoria entre el reclutamiento forzoso y el ingreso voluntario es difusa, en particular cuando se trata de mujeres y niñas”.

Esta población sufre de manera particular el reclutamiento forzado, pues los grupos criminales buscan explotarlas sexualmente. 

Para los expertos, eso puede explicar el alto número de mujeres desaparecidas desde la declaración del conflicto interno. “A un gramo de cocaína lo puedes vender una vez, pero a una niña la puedes vender muchas veces”, dice una fuente del grupo Aerial Recovery, que ha rescatado en Ecuador a niños y niñas de redes de tráfico sexual.

Para Jacobo Dayán, investigador y especialista en Derechos Humanos, el crimen organizado que está detrás del fenómeno de desapariciones en Ecuador, muestra un comportamiento similar al de México. Allí también hay más niñas desaparecidas que varones. “Es una línea de negocio más, hay reclutamiento de mujeres con fines de explotación sexual dentro de los grupos criminales y a muchas mujeres las utilizan como mulas, o como las que cuidan a los secuestrados”.

“Una vez que el narco controla territorios, empieza a expandir sus áreas de negocio lícito e ilícito. Por ejemplo, en México controlan en algunas regiones el mercado de la tortilla, el mercado de limón, del aguacate. Parecería que no tiene que ver una cosa con la otra, pero una vez que controlan territorio la intención es la extracción de todos los recursos”, advierte Dayán.

El cuerpo de Yulissa Bone, de 17 años, fue encontrado seis días después de que fuera reportada como desaparecida. Ilustración de Elizabeth Cueva.

El control territorial de los grupos criminales también conlleva al uso de las mujeres como botín de guerra. Yulissa Bone, de 17 años, fue reportada como desaparecida el 5 de marzo de 2025 en Esmeraldas. Estaba junto a su novio en la playa de Atacames cuando él recibió una llamada y decidieron pasar por una zona conocida como El Coral. 

Seis días después, dos cadáveres fueron hallados en una fosa. El de ella, que estaba desnuda, y presuntamente el de su novio. Los reportes policiales apuntaron al crimen organizado. 

Esmeraldas, la provincia en la que desapareció Yulissa, es una inquietud para Save The Children. Felipe Cortés, director de Incidencia, Participación y Comunicaciones de esa organización, dice que, en dos reuniones recientes del Comité de Desapariciones de Naciones Unidas, se insistió en la preocupación de lo que pasa en esa zona de Ecuador. 

“Vinieron acá en diciembre y uno de los temas que hablábamos era la situación limítrofe en el Pacífico, en Esmeraldas. Nosotros desde Save the Children tenemos trabajo en Tumaco que queda al lado de Esmeraldas. Es una zona de alto reclutamiento, de presencia de grupos (de crimen organizado)…  tú ves mexicanos en los bares, en los restaurantes, ves una movilidad del negocio internacional que no se ve en muchas partes. Algunas de las restricciones que empezaron a tener cuando cayó el precio de la coca acá en Colombia, hicieron que se expandiera esa actividad de los actores armados y grupos organizados hacia Ecuador”.

Desaparecidos en manos del Estado 

Jampier, de 16 años, y Justin Valverde, de 20, conversaban cerca de la gasolinera de Mata de Cacao, Los Ríos, cuando fueron detenidos por militares que llegaron en una camioneta blanca el último lunes de noviembre de 2024. Los testigos dijeron que Jeampier fue golpeado “porque no se dejaba agarrar”. 

Una gorra que aún tiene su olor y la moto en la que lo vieron recorrer Mata de Cacao son los objetos que mantienen a flote a Rosa, la madre de Jeampier. ¿Dónde está? ¿Quién se lo llevó y por qué? ¿Alguien más que ella lo está buscando?  

La angustia es perenne y compartida con Denisse, la madre de Justin.  Denisse dijo al Comité Permanente por la Defensa de Derechos Humanos (CDH) que acude dos o tres veces por semana a la Policía a pedir información sobre su hijo, pese a que le dijeron que “ya están muertos”. Mientras, la madre de Jampier contó también al CDH que fue víctima de intimidación por parte de encapuchados. Ya son más de tres meses y una de ellas aún sueña que su hijo está vivo. “Mientras no lo encuentre, para mí está vivo”, dijo. 

En Ecuador, las desapariciones se clasifican como voluntarias, involuntarias y forzadas. Las últimas se dan cuando una persona es arrestada, secuestrada o detenida por agentes del Estado. El CDH registró 27 desapariciones forzadas en 2024, en 9 de estos casos las víctimas fueron menores de 18 años. Cuatro de esas desapariciones corresponden a los niños de Las Malvinas de Guayaquil.

Familiares de desaparecidos temen represalias. En la provincia de Los Ríos se reportó la desaparición forzada de tres adolescentes en el año 2024. Fotografía del Comité Permanente por la Defensa de los DD.HH.

Otro de los casos es el de los hermanos Kleiner, de 15 años, y Carlos Pisco, de 17. A las seis de la mañana del 6 de diciembre de 2024, militares ingresaron a la hacienda bananera La Fortaleza, en Guayas, registraron a todo el personal y luego se llevaron a seis personas, entre ellos a los hermanos Pisco. 

Las familias denunciaron la desaparición tres días después y, finalmente, consiguieron un habeas corpus contra los agentes militares por la detención irregular. Según los testimonios de personas cercanas, la Fiscalía tiene videos relevantes para el caso, pero aún no se los han mostrado. Han pasado cuatro meses y todavía no se sabe dónde están ambos.

El silencio también golpea a la familia de Justin Álvarez y Jairo Tapia, dos primos de 17 y 16 años, reportados como desaparecidos en Babahoyo, Los Ríos. El 4 de septiembre a las cinco de la mañana, 16 militares entraron a la casa donde ambos dormían y se los llevaron a la fuerza. Según el relato de sus familiares, mientras lo sacaban, uno de los uniformados dijo: “Hoy los vamos a matar”. También les dijeron que una hora después podían acercarse a la Unidad de Vigilancia Comunitaria de la Policía Nacional a verlos, pero cuando fueron, no les dieron respuestas. 

Dos semanas después, Justin logró escapar y contó que él y su primo fueron golpeados y retenidos en el Cuerpo de Bomberos de Montalvo, una ciudad cercana. Pero la libertad le duró poco, Justin fue detenido nuevamente por militares el 28 de noviembre del 2024, cuando visitaba a una amiga. Hasta abril de 2025, la familia no sabe dónde está y denunciaron ante la Fiscalía como “desaparición involuntaria”.  

Las desapariciones involuntarias frecuentemente esconden desapariciones forzadas y el Estado parece mirar hacia otro lado. Fernando Bastias, del Comité Permanente por la Defensa de Derechos Humanos, dice que hay “militares contaminados por determinadas bandas de crimen organizado para entrar drogas o armas a la cárcel, por ejemplo, y eso es evidente”. Entonces, dice, las desapariciones forzadas ocurren de dos formas. “La primera, resultado de la exposición a la cual se encuentran los civiles por la presencia militar en los barrios. Y segundo, por la participación directa del narco a través del reclutamiento o a través de esta nueva modalidad de enfrentar al enemigo y es contratar al militar para que te desaparezca”.

Las investigaciones por desaparición forzada no prosperan. De acuerdo con un reportaje de Primicias, la Fiscalía recibió 146 denuncias por desaparición forzada, entre 2014 y 2024. De estas, 67 están en indagación previa y 78 han sido archivadas.

Para esta investigación también se pidió una entrevista con la ministra de Derechos Humanos de Ecuador, Arianna Tanca. Las preguntas fueron enviadas con antelación, pero no respondió. 

“Estamos recién a un año de la militarización. Este fenómeno puede empeorar, se puede consolidar. Pero también lo podemos prevenir”, dice Fernando Bastias.

Familiares de Jairo Damián Tapia Álvarez, de 16 años, relatan que fue detenido por militares mientras estaba en su casa, en Babahoyo, en septiembre del 2024. Fotografía del Comité Permanente por la Defensa de los DD.HH.

Una deuda que crece 

“Es como una tormenta perfecta lo que vive el Ecuador, lo que es lamentable porque el Estado tiene una deuda histórica con las desapariciones”, dice Renato Rivera, experto en crimen organizado.

La Ley de Actuación en Casos de Personas Desaparecidas y Extraviadas, vigente en Ecuador desde el 2020, contempla la atención prioritaria para niños, niñas y adolescentes, la creación de un registro único y público. 

Sin embargo, la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec) ha denunciado reiteradamente inconsistencias en las estadísticas sobre personas desaparecidas de las instituciones estatales de Ecuador. El sitio web Desaparecidos Ecuador, del Ministerio del Interior, reporta las fotografías de los desaparecidos, pero las estadísticas solo aparecen hasta 2023. 

Muchas veces, la magnitud de reportes de desaparecidos desborda a las autoridades: al año, reciben 5.500 en promedio. La mayoría de personas aparecen; según los datos, casi siempre durante los primeros 20 días. Cuando son menores de edad la principal razón de su desaparición suelen ser causas familiares. Pero, con el crecimiento del conflicto interno, se ha reducido el número de quienes son encontrados. 

Miguel Egas, a cargo de la Unidad de Desaparecidos de Dinased, dice que lidera un equipo de 282 agentes a escala nacional, y que aproximadamente cada investigador maneja entre 25 y 30 casos al año. “El promedio de resolución ha sido de más del 90%. El año pasado tuvimos una baja al 87% por esto que estaba comenzando a darse el tema de la participación de los grupos de delincuencia en las desapariciones. Pero igual, las investigaciones nunca se cierran”.

Yajaira ha sentido la falta de atención prioritaria. Ha buscado durante cinco años a su hija Janina. La niña de 12 años salía del colegio en Marcelino Maridueña, en la provincia costera del Guayas, cuando se perdió su rastro. Una mamá de una estudiante la llamó para decirle que una persona en moto se la llevó. Según Asfadec, hay fotos y videos del momento en el que fue raptada y el hecho, además, lo confirmó un funcionario. “La Policía nunca retuvo al tipo porque dijo que no había evidencia”, se lamenta hoy Yajaira.  

Yajaira, de 12 años, salía del colegio en Marcelino Maridueña, en la provincia costera del Guayas, cuando desapareció. Ilustración de Elizabeth Cueva.

Aunque puso la denuncia inmediatamente, la Policía le dijo que debían esperar de 24 a 48 horas. “La niña se debe haber ido con su novio, ya volverá”, escribió Asfadec en un reporte que fu ela respuesta que recibió la madre. En Ecuador no es necesario esperar 24 horas para denunciar la falta de una persona. Se puede reportar apenas ocurre como desaparición involuntaria, un delito que se castiga con prisión de hasta 10 años.

Catorce meses después de que Yajaira perdió el rastro de su hija, la policía encontró prendas y una osamenta que atribuyeron a la niña sin que hubiera una pericia.  Desde entonces, el Estado se niega a seguir buscándola, pese a las súplicas de su madre.  

La ley también menciona la creación de un Comité Directivo integrado por Fiscalía, Ministerio del Interior, Ministerio de Derechos Humanos y Ministerio de Inclusión Económica Social que se encargue, sobre todo, de la prevención de las desapariciones. 

“Ya vamos a cumplir 5 años de la ley y hasta ahora yo no sé si por lo menos se han reunido para saludarse y conocerse. (…) El Ministerio de Derechos Humanos solamente sirve para registrar a la nueva directiva, pero en el tema de desaparecidos es pura palabrería y fotos”, se lamenta Lidia Rueda, presidenta de Asfadec.

La violencia también ha provocado el desplazamiento forzoso, y este tipo de movilidad aumenta la vulnerabilidad de los niños ecuatorianos. Por ejemplo, a principios de marzo, la masacre de 22 personas en una localidad en Guayaquil por el enfrentamiento de dos bandas, provocó la huida de más de un centenar de familias, según la Mesa Regional de Cooperación para el Desarrollo en Guayaquil. 

Pero, otra vez, los grupos de crimen organizado no son los únicos culpables, Renato Rivera explica que las causas, o los riesgos, pueden variar de una provincia a otra. Sin embargo, señala que “por la intervención militar, por el conflicto armado, se genera desplazamiento interno y producto de ese desplazamiento también tienes desapariciones”. 

En Ecuador el desplazamiento forzoso no se limita al interior del país. El 2024 fue el segundo año con peor saldo migratorio de los últimos ocho años, pues más de 94 mil ecuatorianos salieron legalmente del país y no volvieron, según las cifras del Ministerio del Interior reportadas por los medios. 

Este incremento de los flujos migratorios trae otros problemas. Felipe Cortés de Save The Children, explica cómo producto de la migración, los niños y adolescentes empiezan a ser vistos como un blanco para los criminales, sobre todo en un mercado transnacional, con grupos que tienen una influencia regional. “Esto es algo que vimos en la primera diáspora o flujo de Venezuela en la frontera con la proliferación de lugares en donde las niñas eran explotadas”.

Así, los expertos empiezan a esbozar una tercera hipótesis para intentar explicar qué ha pasado con estos 868 niños, niñas y adolescentes que continúan desaparecidos desde 2017 hasta los primeros meses del 2025. Sobre su paradero solo existen teorías, pero los riesgos están claros y las directrices para atender esta tragedia también, aunque no terminan de concretarse. 

“Nosotros decimos que diez minutos son suficientes para nunca más volverlos a ver. La difusión tiene que ser rápida, masiva. Y tiene que cumplir el Estado, pero no lo hace, simplemente porque no hay recursos económicos”, dice Lidia Rueda. 

El desafío del país es reconocer la vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes frente al avance del crimen organizado y a la respuesta militar para prevenir que sigan desapareciendo. Para buscarlos hasta encontrarlos y, sobre todo, para hacer justicia por los que ya no volverán a casa. 

Esta investigación se publicó originalmente en Connectas y tuvo como aliados de difusión a GK, Plan V, Indómita, Tierra de Nadie, Lupa Media y Tinta Digital