El 3 de octubre de 2024, Ecuador despertó con la noticia de un nuevo decreto de estado de excepción —con toque de queda— en algunas provincias del país. Concluyó el 2 de diciembre de 2024.
La medida rigió por 60 días en las mismas siete provincias del decreto anterior, del 22 de mayo de 2024, que tienen el mayor índice de violencia: Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro, el cantón Ponce Enríquez en Azuay. En el decreto de octubre se sumó a la lista al Distrito Metropolitano de Quito.
El 2 de diciembre de 2024, el presidente Daniel Noboa renovó el estado de excepción por 30 días, en seis de las siete provincias del decreto de octubre: Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena y El Oro, al igual que en el Distrito Metropolitano de Quito y el cantón Camilo Ponce Enríquez, de la provincia de Azuay.
Con el estado de excepción renovado, las medidas que se mantienen en seis provincias, en el Distrito Metropolitano de Quito y el cantón Camilo Ponce Enriquez son:
- Suspender el derecho a la inviolabilidad de domicilio.
- Suspender el derecho a la inviolabilidad de correspondencia.
- Suspender el derecho a la libertad de reunión.
- Toque de queda, todos los días, de 10 de la noche a 5 de la madrugada, en los cantones:
- Camilo Ponce Enríquez, en Azuay.
- Durán, Balao y la parroquia Tenguel, en Guayas.
- Babahoyo, Buena Fe, Quevedo, Pueblo Viejo, Vinces, Valencia, Ventanas, Mocache, Urdaneta, Baba, Palenque, Quinsaloma, Montalvo, en Los Ríos.
- La Joya De Los Sachas, Puerto Francisco de Orellana, Loreto, en Orellana.
- Disponer la movilización de la Policía y Fuerzas Armadas.
- Requisiciones de bienes a las que haya lugar para “mantener la soberanía y la integridad del Estado”.
Las razones para justificar el estado de excepción siguen siendo una “grave conmoción interna y conflicto armado interno”. El comunicado oficial dice que la medida se toma para fortalecer el trabajo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
Entre los sustentos para declarar el estado de excepción están al menos 70 noticias de diferentes medios de comunicación sobre hechos de violencia en el país. Estas noticias fueron recogidas en un informe de la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia llamado “Barrido sobre hechos violentos”.
El decreto ejecutivo, de 50 hojas, también incluye informes del Ministerio del Interior y la Policía Nacional, del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), y del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES).
Los datos que respaldan el estado de excepción de octubre
Un informe de las Fuerzas Armadas citado en el decreto de estado de excepción dice que aunque están interviniendo con operaciones internas para contener las amenazas, los niveles de violencia y criminalidad siguen siendo altos.
El documento dice que los grupos armados organizados han formado nuevas alianzas y continúan con “capacidades significativas”.
El Ministerio del Interior clasificó las amenazas en 4 grupos.
- Grupos de delincuencia común (GDC) que son bandas que cometen delitos comunes, como robos, asaltos, o hurtos.
- Grupos de delincuencia organizada (GDO) que tienen una estructura más compleja y organizada, cometen delitos más graves y planificados, como secuestros, extorsiones o tráfico de drogas, a nivel nacional o regional.
- Grupos de delincuencia organizada transnacional (GDOT) que son grupos organizados que operan en varios países y cometen delitos como el tráfico de drogas, armas, personas.
- Grupos armados organizados (GAO) que están equipados con armamento y tienen una estructura militarizada. Utilizan la violencia para mantener el control en territorios y participan en actividades delictivas como el narcotráfico.
En el decreto ejecutivo también se explica que los niveles de violencia han aumentado con acciones muy graves, como el reclutamiento de menores para estas organizaciones, el hallazgo de cuerpos mutilados en algunas ciudades, la confiscación de armas, el asesinato de funcionarios públicos y ataques con explosivos en lugares concurridos, como supermercados.
Según el informe de la Policía Nacional citado en el decreto ejecutivo, “entre el 8 de enero y el 15 de septiembre de 2024, se ha registrado la detención de un número preocupante de menores de entre 12 y 17 años’.
El 63% de esas detenciones ocurren en regiones clave para la actividad de grupos de delincuencia organizada, dice el documento: Guayas (27%), Pichincha (14%), El Oro (8%), Los Ríos (7%) y Manabí (7%).
De estas detenciones, 281 corresponden a tráfico de drogas, 233 a posesión de armas y 230 a robo.
La situación se ha agravado al punto que en el decreto se reconoce que Ecuador dejó de ser un país de tránsito para el narcotráfico, pasando a ocupar un puesto privilegiado en la cadena de valor del narcotráfico.
Según un reporte de Fuerzas Armadas incluido en el decreto, en enero de 2024, hubo una incautación récord de más de 20 toneladas de cocaína –equivalente a 4 elefantes adultos– en una sola vivienda ubicada en Vinces, en la provincia de Los Ríos.
Además se hallaron 10 fusiles de asalto, 10 fusiles de guerra, cuatro armas largas, tres pistolas de nueve milímetros, 7 mil municiones y miras ópticas de uso militar, que son dispositivos para mejorar la puntería de armas de fuego.
Hasta agosto de 2024 se destruyeron 20 pistas clandestinas mientras que solo en 2023 se destruyeron 8.
Los datos del Ministerio del Interior usados en el decreto ejecutivo señalan que uno de los datos más alarmantes son los homicidios. Desde enero de 2024 hasta septiembre han ocurrido 500 homicidios intencionales. 363 corresponden a dobles asesinatos, 96 a triples, y va en aumento hasta asesinatos de hasta 10 víctimas en un solo ataque.
En estos homicidios murieron 109 personas que no eran blancos de los ataques que, en el informe del Ministerio las denominan, son reconocidos como víctimas colaterales.
Además, entre el 8 de enero y el 19 de septiembre de 2024, se registraron 27 homicidios intencionales de miembros de la Fuerza Pública: 26 policías y 1 militar.
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