¿Quién es Eduardo Franco Loor?

Eduardo Franco Loor es un abogado ecuatoriano y especialista en Ciencias Penales y Criminológicas. Fue consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) solo un mes, en enero del 2025. El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) lo destituyó porque hizo campaña electoral de la mano de la Revolución Ciudadana con la denominada Liga Azul para llegar al CPCCS —un organismo que debería ser apartidista. Franco Loor también fue abogado del ex vicepresidente del Ecuador, Jorge Glas, sentenciado por corrupción. Y en abril de 2025, la Fiscalía lo investiga por el delito de asociación ilícita en el caso Ligados. 

El 13 de marzo de 2025, dos días antes de la audiencia de formulación del caso Ligados, Franco Loor viajó a Nueva York, Estados Unidos, pero no lo dejaron entrar y debió regresar a la ciudad portuaria  de Guayaquil. Las autoridades de ese país retuvieron su celular y lo entregaron a la Fiscalía de Ecuador. La información del aparato podría ser útil para la investigación, así como lo fueron los chats del celular de Augusto Verduga, ex consejero de la Liga Azul y procesado en el mismo caso.

Te contamos quién es Eduardo Franco Loor.

Su llegada al CPCCS

Aunque Franco Loor se había convertido en una figura cercana al correísmo desde que defendió a Jorge Glas en el caso Odebrecht, en 2017, se postuló como candidato al CPCCS en las elecciones de 2023. Uno de los requisitos para entrar a ese organismo es no tener vínculos con movimientos o partidos políticos. 

Esto, más tarde, le costaría su destitución. 

Durante su campaña para llegar al CPCCS fue parte de los siete candidatos de la Liga Azul, quienes recibieron el apoyo de la Revolución Ciudadana (RC). Con camisetas azules del movimiento, aparecieron en una propaganda con el ex presidente Rafael Correa. 

El día de las votaciones, con 700 mil votos, Franco Loor no alcanzó a principalizarse en el Pleno del CPCCS —quedó en quinto lugar de la lista de varones detrás de Juan Esteban Guarderas, que había quedado como suplente. Pero sí entraron dos compañeros suyos de la Liga Azul: Alembert Vera y Augusto Verduga. 

El Pleno de CPCCS está conformado por siete personas: tres hombres, tres mujeres y un representante de pueblos y nacionalidades. Los más votados en las elecciones ocupan los siete puestos principales, los demás se quedan como suplentes.

En octubre de 2023, apenas seis meses después de ser posesionado, Alembert Vera fue destituido por la Corte Constitucional tras incumplir una sentencia que impedía revisar las actuaciones del CPCCS Transitorio de 2018. En su lugar, Juan Esteban Guarderas —ferviente opositor del correísmo— se principalizó, y Franco Loor asumió como consejero suplente. Para entonces, había renunciado a su postulación para ser vocal del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Catorce meses después, en diciembre de 2024, la RC impulsó en la Asamblea Nacional un juicio político contra Guarderas y la bancada logró su destitución. 

Franco Loor reemplazó a Guarderas en el CPCCS y debía posesionarse a principios de enero de 2025, pero lo hizo apenas el 14 de ese mes, tras faltar a su primera sesión del Pleno. Su excusa fue que asistió a la investidura del reelecto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tras unas cuestionadas elecciones. 

Con la llegada de Franco Loor al CPCCS, se conformó una nueva mayoría: los entonces consejeros Augusto Verduga, Yadira Saltos —también de la Liga Azul— y la vocal Nicole Bonifaz. Todos afines al correísmo.

Pero esa alianza duró poco.

El 22 de enero de 2025, la Liga Azul y Bonifaz revocaron la designación de Roberto Romero von Buchwald como superintendente de Bancos, pese a que había ganado el concurso de méritos y oposición, que terminó en diciembre de 2024. 

En su lugar, nombraron a Raúl González, respaldados por una sentencia de la Corte Constitucional. González había sido designado en 2022, pero su nombramiento fue anulado por una acción de protección. Posteriormente, él presentó una acción extraordinaria en la Corte Constitucional, que falló a su favor. 

Sin embargo, cuando se conoció la sentencia, Romero ya había sido designado. Aun así, la Liga Azul y Bonifaz intentaron designar a González para el período 2022-2026 y posponer la posesión de Romero. Pero la sentencia de la Corte no permitía afectar procesos ya consolidados.

El 23 de enero de 2025, Romero denunció a los cuatro consejeros por usurpación de funciones —cuando una persona ejerce funciones públicas sin tener la autorización legal para hacerlo. Al día siguiente, la Fiscalía allanó el edificio del CPCCS y abrió el caso Ligados. 

Acorralados, los consejeros de la Liga Azul y Bonifaz revirtieron su decisión y restituyeron a Romero, quien inmediatamente fue posesionado por la Asamblea Nacional. Pero ya era tarde. 

La destitución del CPCCS

Cuando la Fiscalía allanó el CPCCS, Franco Loor llevaba apenas 11 días como consejero. 

El 24 de enero de 2025, la Fiscalía solo encontró en el edificio a Augusto Verduga. Le incautaron sus dos celulares, dos laptops, un disco duro y documentos que tendrían relación con la investigación. Franco Loor calificó al operativo como una “arbitraria actuación de la Fiscalía”.  

Siete días después del allanamiento, el 31 de enero de 2025, en un caso que nada tiene que ver con Ligados, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) destituyó a la Liga Azul, incluido Franco Loor, el consejero que quizás menos tiempo ha estado en la historia del CPCCS: 18 días desde su posesión.

En junio de 2024, ellos fueron denunciados por una infracción electoral muy grave. Los acusaron de haber hecho campaña con la RC y Rafael Correa en las elecciones de 2023. 

El 3 de septiembre de 2024, el TCE los destituyó en primera instancia. Pero apelaron. Cinco meses después, un juez negó la apelación y el TCE ratificó la sentencia. 

Franco Loor y los demás vocales perdieron sus derechos políticos durante cuatro años. Es decir, no podrán ocupar un cargo público durante ese lapso, y cada uno deberá pagar una multa de 31.500 dólares. 

“Enemigos de la justicia, jueces infames del TCE han dictado una sentencia que los deshonra”, escribió en su cuenta de X Franco Loor ese día. 

Mientras tanto, la Fiscalía anunció que la audiencia de formulación de cargos contra los procesados en el caso Ligados sería el 15 de marzo de 2025. 

Dos días antes de la audiencia, Franco Loor salió del Ecuador rumbo a Nueva York, Estados Unidos, pero no pudo entrar. Las autoridades migratorias lo “inadmitieron” y le incautaron su celular. 

A su regreso, el conjuez de la Corte Nacional de Justicia, Pablo Loayza, ordenó la detención de Franco Loor. 

El 15 de marzo se instaló la audiencia. El fiscal general subrogante, Wilson Toainga, formuló cargos contra los cuatro ex consejeros. Pero cambió el delito de usurpación y simulación de funciones públicas e incumplimiento de decisiones legítimas a asociación ilícita. Con resguardo policial, Franco Loor se conectó vía telemática desde un hospital de Guayaquil y dijo que su salud estaba “delicada”.

Toainga pidió arresto domiciliario para Franco Loor por haber intentado salir del país, pero el conjuez nacional Marco Aguirre Torre ordenó la prohibición de salida del país y la obligación de presentarse cada 15 días en la Corte Nacional.

Aún no hay fecha para la audiencia preparatoria de juicio. 

Justiciero en los chats de Augusto Verduga

Dos días después de la audiencia de formulación de cargos, el lunes 17 de marzo de 2025, la Fiscalía difundió los chats de Augusto Verduga. Estos revelaron las intenciones del correísmo de tomarse las instituciones del país, como el Consejo de la Judicatura o el mismo CPCCS, y la presión dentro de la Asamblea Nacional para destituir a Juan Esteban Guarderas. 

El objetivo era conformar una nueva mayoría en el CPCCS en un año decisivo para las designaciones del país, como el fiscal, vocales del Consejo Nacional Electoral y la Judicatura, Defensor del Pueblo, entre otras. 

En las conversaciones, Franco Loor aparece con el seudónimo de Justiciero. 

Según los chats, en el juicio a Guarderas, el Justiciero se refiere a él como “un lacra de tipo que debería ser juzgado en un Tribunal Popular en Plaza Pública” en una conversación con los usuarios AN, que es Andrés Arauz, y Minerva, que es Yadira Saltos —entonces consejera. 

Tras la destitución de Guarderas en la Asamblea, el ex vicepresidente Jorge Glas “se emocionó mucho al saber que salió Guarderas y que cambió la correlación de fuerzas dentro del Consejo [CPCCS]. También que entró el Justiciero”, dice AN en el mismo grupo. 

El Justiciero también aparece en otro chat en el que correístas consideran que su viaje a la investidura de Nicolás Maduro fue una equivocación. “Un error monumental”, escribió Verduga. “Nos ha puesto en una situación extremadamente delicada”, dijo el ex consejero cuyos chats fueron revelados.

Dos semanas después de la filtración de los chats, el 26 de marzo de 2025, el agregado de Investigación de Seguridad de la Embajada de Estados Unidos en Ecuador, Héctor Quintana, dijo que el celular de Eduardo Franco Loor, que fue incautado en su intento de entrar a Nueva York, ya fue puesto a disposición de las autoridades ecuatorianas.

La Fiscalía publicó un comunicado y anunció que ya había pedido la autorización para analizar el contenido digital del celular. 

Ese día, Franco Loor escribió en su cuenta oficial de X que en el celular que entregó a la Policía de Migración en Nueva York “no encontrarán nada irregular, ningún indicio o prueba de ningún delito”.

Vida académica y profesional 

Eduardo Franco Loor nació el 16 de febrero de 1955. Es abogado y licenciado en Ciencias Sociales y Políticas por la Universidad de Guayaquil. En 2003 obtuvo un diplomado en Docencia Superior y se tituló como doctor en Jurisprudencia en la misma universidad, según la página de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt). 

En 2005 se graduó como magíster en Ciencias Internacionales y Diplomacia y dos años más tarde, en 2007, se especializó en Ciencias Penales y Criminológicas en la Universidad de Guayaquil.

Además, tiene una maestría en Ciencias Penales y Criminológicas por la Universidad de Guayaquil, y un doctorado en Ciencias Jurídicas por la Universidad de La Habana. 

Su trayectoria profesional se ha desarrollado sobre todo en el ámbito público, según el currículum publicado por el CPCCS. 

Fue subsecretario de Trabajo y Recursos Humanos del Litoral en el Ministerio de Trabajo entre 1992 y 1996 en el gobierno de Sixto Durán Ballén. También fue subsecretario de Bienestar Social del Litoral en el Ministerio de Bienestar Social del Ecuador entre 2001 y 2003 durante las presidencias de Gustavo Noboa y Lucio Gutiérrez. 

En 2004, cuando Gutiérrez aún era presidente, Franco Loor fue nombrado como director de la Secretaría Técnica del Proyecto SICA (Sistema de Información del Censo Agropecuario). Ese año también fue consultor del Programa de Regularización y Administración de Tierras Rurales en el Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

Franco Loor también fue director técnico de la Jefatura Regional del Litoral del Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Consep) desde 2004 hasta 2005. Fue juez en la Tercera Sala de lo Penal en la Corte Suprema de Justicia desde 2005 hasta 2006 en el gobierno de Alfredo Palacio. 

Sin embargo, en la Contraloría no aparecen sus declaraciones juramentadas por estos trabajos. 

En la página se detallan solo sus declaraciones desde 2017, cuando empezó siendo profesor de la Universidad de Guayaquil, hasta 2024. También hay otra declaración patrimonial cuando se principalizó como consejero del CPCCS en enero de 2025. Ese año registró un patrimonio de apenas 21 mil dólares. 

En febrero de 2025, según la Contraloría, regresó a ser profesor en la Universidad de Guayaquil.

Su información pública 

En abril de 2025, Franco Loor no tiene información registrada en el sitio web de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Es decir, no es ni ha sido presidente, gerente general o accionista en ninguna empresa nacional o extranjera.

En la Función Judicial tiene un proceso en 2014 por el delito de estafa y otras defraudaciones como jefe regional del Consep.

Según el sitio web de la Fiscalía, Franco denunció por falsificación de instrumentos privados —como la falsificación de un contrato que no esté inscrito en ninguna institución pública— en octubre de 2012. Presentó tres denuncias por estafa en 2017, 2018 y 2019. Además, en febrero de 2024 denunció la suplantación de identidad. 

Según el Servicio de Rentas Internas (SRI), en los últimos 7 años Franco Loor ha pagado lo siguiente por impuesto a la renta e impuesto a la salida de divisas:

• 2018: 578,87 dólares en impuesto a la renta, y0 dólares de impuesto a la salidas de divisas
• 2019: 836,74 dólares en impuesto a la renta, y 0 dólares de impuesto a la salidas de divisas
• 2020: 803,24 dólares en impuesto a la renta, y 0 dólares de impuesto a la salidas de divisas
• 2021: 5.524,26 dólares en impuesto a la renta, y 0 dólares de impuesto a la salidas de divisas
• 2022: 1.844,13 dólares en impuesto a la renta, y 0 dólares de impuesto a la salidas de divisas
• 2023: 825,82 dólares en impuesto a la renta, y 0 dólares de impuesto a la salidas de divisas
• 2024: 815,28 dólares en impuesto a la renta, y 0 dólares de impuesto a la salidas de divisas
• 2025: es el período fiscal en curso, y 0 dólares de impuesto a la salidas de divisas