En el centro de Tulcán, la ciudad andina y fría del norte del Ecuador que colinda con Colombia, está el edificio de la Gobernación de Carchi. Son siete pisos y más de cinco mil metros cuadrados, que se terminaron de construir en la última década del siglo XX, y están abandonados desde el 30 de noviembre del 2012. Casi 12 años.
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La gigantesca edificación blanca con grandes ventanales estuvo tapizada por mucho tiempo con publicidad, afiches de eventos públicos, carteles de personas desaparecidas.
Durante muchos años, el edificio de la Gobernación del Carchi fue el espacio para afiches publicitarios y carteles de desaparecidos. Fotografía de Lucy Jiménez para GK.
El 28 de diciembre del 2022 amaneció cubierto de un cartel con grandes letras que decían “Se Rifa”. Este edificio descuidado contrasta con el remodelado Parque Central —una plaza moderna con la estatua de la musa de la libertad, árboles, ocho jardineras— y otros edificios públicos y privados que están cerca. Desde hace cinco años, el ingreso principal al edificio está con vallas que impiden el acceso.
En Ecuador hay 23 gobernaciones lideradas por gobernadores, que son los representantes del Presidente en las provincias —por eso, en Pichincha, donde se concentra el Ejecutivo, no hay gobernación. La función del gobernador, según la Ley de Régimen Administrativo, es garantizar la seguridad interna y la gobernabilidad democrática del Estado.
En la provincia fronteriza del Carchi esta institución pública no tiene sede fija desde hace más de una década, desde que un cortocircuito causó un incendio que dejó al edificio imposible de habitar.
Los pisos de parquet se levantaron debido al abandono y los cambios de temperatura ambiental. Fotografía de Lucy Jiménez para GK.
Han pasado 11 gobernadores y ninguno se ha hecho cargo de repararlo. Esta es la historia de 12 años de negligencia y un edificio que afea a la gélida ciudad, que es una de las puertas del país.
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El 30 de noviembre del 2012 hubo un cortocircuito en el subsuelo del edificio de la Gobernación del Carchi. Dejó humo, vidrios rotos, paredes cubiertas de hollín, y dañó el servicio de energía eléctrica. Al día siguiente, personal del Cuerpo de Bomberos de Tulcán y de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos inspeccionaron el sitio. Cada institución elaboró un informe técnico de tres y cinco hojas, respectivamente. Ambos documentos fueron utilizados por Laura Mafla, gobernadora de ese entonces, para justificar la decisión de salir del edificio.
Durante el incendio, las 13 personas que estaban en el edificio fueron evacuadas. La gobernadora y dos funcionarios de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) fueron trasladados, con síntomas de asfixia, al hospital Luis Gabriel Dávila de Tulcán.
Según el informe de los inspectores del Cuerpo de Bomberos, el incendio fue alrededor de las 7 y 20 de la noche en el ducto del ascensor de la planta baja. El personal determinó que el cortocircuito se dio por las malas instalaciones eléctricas y el exceso de acumulación de basura en una bodega junto al ascensor, que superaba los 300 kilos.
El deterioro del edificio de la gobernación del Carchi se ha dado, según el arquitecto que lo recorrió en agosto de 2024, por la falta de mantenimiento. Fotografía de Lucy Jiménez para GK.
“Se origina un punto caliente en el tendido eléctrico junto al ascensor…producto del incendio hubo las siguientes pérdidas: documentos en general, llantas, utensilios de cocina, alfombras, puertas, papel y material de combustible sólidos que se encontraban almacenados en los ductos y bodegas cercanas al foco del incendio”, dice parte del informe.
Otra parte detalla cómo se expandieron las llamas: “el fuego toma fuerza en la primera, segunda y tercera bodega y disminuye la intensidad. En la cuarta bodega se concentra la temperatura y nuevamente toma fuerza el fuego consumiendo el material combustible sólido existente en el lugar y afectando el tendido eléctrico. En la quinta y sexta bodega no existe fuego, solo acumulación de monóxido de carbono”.
En el mismo documento, los expertos recomiendan, de manera urgente, el cambio del cableado eléctrico del edificio porque las conexiones y los cables tenían conductores “no adecuados”. En el texto se sugiere instalar un sistema automático contra incendios en cada piso y señalización de seguridad de evacuación . Con énfasis, se aconseja contar tener un plan de emergencia y escaleras de escape.
El informe del Cuerpo de Bomberos y de la Secretaría de Gestión de Riesgos son similares y coinciden en que si no se cumplían las recomendaciones era imposible retomar las actividades en el edificio.
La gobernadora a cargo decidió no acoger las sugerencias. Los siguientes 10 funcionarios, parecería que tampoco.
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El incendio pudo evitarse.
Tres meses antes, el 23 de agosto del 2012, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos elaboró un documento que recogió informes técnicos, sobre el edificio de la Gobernación del Carchi, de cuatro instituciones: Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), Empresa Eléctrica Regional del Norte (Emelnorte), Cuerpo de Bomberos de Tulcán y el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda( Miduvi).
Emelnorte, por ejemplo, advirtió sobre los desperfectos eléctricos. En el documento, al que tuvimos acceso para esta investigación, dice que “el tablero principal donde están los medidores se encuentran cables recalentados y térmicos en mal estado”. Sobre las instalaciones eléctricas internas, donde están las cajas de revisión de los cables térmicos de luz, dice el documento que “no existe facilidad para el acceso, los cables se encuentran mal distribuidos, los breakers son de mala calidad, las instalaciones eléctricas ya cumplieron la vida útil”. En el texto se recomienda que las nuevas instalaciones eléctricas “deben estar sujetas bajo las normas internacionales de calidad y seguridad”.
Cajas de revisión eléctricas en el subsuelo de la Gobernación del Carchi en mal estado. Fotografía de Lucy Jiménez para GK.
El peligro era inminente porque el sistema eléctrico había cumplido su vida útil y no recibió el mantenimiento preventivo. La empresa eléctrica pedía declarar el estado de emergencia del edificio de la Gobernación, en ese entonces liderado por María Helena Villarreal, y contratar profesionales que se encarguen del nuevo sistema eléctrico y el mantenimiento preventivo para evitar siniestros, como había ocurrido un mes antes en el Edificio de las Cámaras de la ciudad de Guayaquil, el 2 de julio de 2012. En el incendio, que fue en la bodega, tres personas murieron y decenas resultaron heridas.
El informe técnico de CNT, en cambio, identificó la presencia de redes segmentadas y aisladas sin administración ni protección. También señaló que el edificio no tenía un plan de contingencia para incendios ni señalética de emergencia.
El Cuerpo de Bomberos de Tulcán, en su informe, exigía colocar extintores en los pisos y detectores de humo, habilitar el ascensor, evitar la acumulación de basura y dar mantenimiento al cableado eléctrico porque había cables y mangueras en mal estado y otras estaban quemadas. Esto, decía el informe de agosto de 2012, provocaría cortocircuitos.
Y los provocó.
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Desde el cortocircuito en noviembre de 2012 hasta septiembre de 2024, 11 gobernadores estuvieron como representantes del Ejecutivo en el Carchi. Solo cinco impulsaron, de alguna manera, la recuperación de la edificación.
El gobernador Diego Landázuri, un año siete meses después del abandono, intentó comenzar un proceso de recuperación del inmueble. Lo hizo mediante el oficio Nº 009 -DL-GC-2014, dirigido a Viviana Bonilla Salcedo, entonces Secretaria Nacional de Gestión de la Política —fiel correísta y hoy prófuga de la justicia por el caso Sobornos. Bonilla dispuso que se realicen los trámites ante el Ministerio de Finanzas de restitución de la partida por 3.483.186,78 dólares para la adecuación del edificio de la Gobernación del Carchi.
Pero estos recursos nunca llegaron; se perdieron en el recorte del 23 de diciembre de 2013, porque el Servicio de Contratación de Obra no ejecutó el proyecto.
Mingas permitieron el retiro de publicidad que se encontraba en la fachada del edificio. Fotografía de Lucy Jiménez para GK.
El pedido de Landázuri incluía la asignación presupuestaria para la consultoría de diseño y adecuación. El entonces gobernador, como consta en documentos de la Gobernación del Carchi, insistió mediante oficios ante la Gestión Financiera del Ministerio del Interior, el Servicio de Contratación de Obras y de Gestión Inmobiliaria del Sector Público Inmobiliar, hasta que fue removido de su cargo en enero del 2016.
En el 2018, el gobernador Álex Cruz propuso un preproyecto de reconstrucción del edificio. Pero “no se lo pudo desarrollar porque en ese momento el presupuesto del Estado estaba dándose para cosas más prioritarias, como los de seguridad en frontera. Al final siempre los gobiernos han tenido prioridades”, dice Cruz.
El exgobernador explica que el presupuesto para la rehabilitación era muy alto porque ya no solo incluía reemplazar la red de energía eléctrica, sino también reparar pisos, techos, puertas, baños, mobiliario de todo el inmueble porque los años de abandono deterioraron otras áreas.
Un baño abandonado dentro del edificio de la Gobernación de Carchi. Fotografía de Lucy Jiménez para GK.
En su administración, según Cruz, quien ahora es docente y rector de una unidad educativa municipal 1 de Mayo, estuvo aprobado y listo el dinero para la regeneración del subsuelo, la primera y segunda planta. Pero el presupuesto no llegó.
A Alex Cruz le sucedió Edin Moreno, en 2019, durante el gobierno de Lenín Moreno. Como gobernador del Carchi volvió a insistir en la asignación presupuestaria. Un oficio del 14 de febrero de 2019 dirigido al entonces vicepresidente Otto Sonnenholzner, solicitaba la asignación presupuestaria para la rehabilitación total del edificio de la Gobernación de Carchi.
Edin Moreno insistió hasta mayo de ese 2019 a través de un nuevo pedido, pero esta vez, dirigido a Nicolás José Issa Wagner, director de la Secretaría de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar), la institución pública encargada de organizar los bienes públicos, pero no hubo respuesta.
La falta de liquidez del Estado para esta rehabilitación motivó a Óscar Ruano, gobernador del Carchi en el 2020, a buscar estrategias público privadas. Ruano dice que se reunió con representantes de la empresa privada. “Había la posibilidad de que se haga una inversión para el primer, segundo y tercer piso, incluido el subterráneo. Una empresa planeaba instalar salas de cine en dos pisos y el otro estaba destinado para oficinas del sector público. Llegó la pandemia y la propuesta quedó como una conversación”, dice el exgobernador.
El 6 de julio del 2021, cuando Yaco Martínez era el gobernador de la provincia, envió un memorándum a Xavier Castanier, viceministro de Gobernabilidad del gobierno de Guillermo Lasso, en el que solicitaba se actualicen los estudios de diseño arquitectónico y de ingeniería. El 6 de julio del 2021, Fernando Villacís, secretario técnico de la Inmobiliar, sumilló el pedido y dispuso a Álex Molina, director de Estudios y Obras de la Inmobiliar, la “gestión pertinente dentro del marco de sus competencias y normativa legal vigente”.
Doce días después, el 14 de julio de 2021, técnicos de Inmobiliar y Martínez, ingresaron al edificio abandonado para verificar su estado, y en agosto el entonces gobernador recibió un informe sobre la remodelación de la edificación en donde se adjuntó el presupuesto referencial del estudio hecho en 2018. Sin embargo, la falta de recursos, una vez más, truncó la rehabilitación del edificio.
El 22 de mayo del 2024, como parte de esta investigación periodística, ingresamos con un arquitecto para constatar las condiciones estructurales del edificio. Un mes después de la visita, la gobernadora Lucía Pozo organizó una minga de limpieza y el retiro de escombros del edificio. Luego hubo dos mingas más.
En julio de 2024, la gobernadora dispuso que se hiciera una minga para limpiar parte de los escombros y basura dentro del edificio de la Gobernación del Carchi. Fotografía cortesía de la Gobernación del Carchi.
Entre las nuevas gestiones, Pozo firmó un convenio con los ingenieros del Municipio de Espejo, otro cantón de la provincia del Carchi, para que actualice el informe técnico del 2018, el mismo que comprende: proyecto arquitectónico; ingenierías eléctrica, electrónica, hidrosanitaria y de costos y especificaciones técnicas.
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Para entrar al edificio abandonado hay que hacerlo por el garaje. Para llegar, hay que atravesar un oscuro pasadizo y luego bajar las escaleras de la planta baja. El subsuelo es la única área que funciona parcialmente porque es utilizada como garaje de vehículos de los servidores públicos, y de bodega por los lustrabotas, quienes guardan ahí sus herramientas de trabajo.
En el estacionamiento hay un pequeño cuarto con libros, cuadernos, crayones, ropa de cama infantil, equipos de computación, implementos que eran usados por personal del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), una de las instituciones públicas que funcionó en el edificio hasta 2012.
Materiales de la oficina donde funcionaba el MIES hasta 2012. Fotografía de Lucy Jiménez para GK.
Para entrar, hay que seguir un protocolo: tener la autorización de la Gobernación y usar equipos de protección —casco, mascarillas, arnés— para evitar que parte del cielo raso, tumbados y otros materiales estructurales que están desprendidos causen daño.
El arquitecto Vicente Almeida nos acompañó en el recorrido y dijo que el abandono es la principal causa del deterioro del edificio. El trayecto está lleno de polvo y de basura, entre cajas y papeles. Hay oficinas que se quedaron sin puertas, y en otras hay maleza y heces fecales de aves. En seis de las siete plantas, el piso de parquet está levantado, el cielo raso se desprendió y los cables de luz e internet penden del techo.
El arquitecto Vicente Almeida visitó el edificio de la Gobernación del Carchi y concluyó que por el abandono el deterioro se ha acelerado. Fotografía de Lucy Jiménez para GK.
En algunos pisos hay ropa y cobijas viejas.
Entre 2017 y 2019 , el edificio sirvió como refugio para migrantes venezolanos que llegaban en bus o a pie desde el puente de Rumichaca, ubicado en el extremo de Tulcán, en la frontera con Colombia. Para ocuparlo, las personas se saltaron la incipiente seguridad que había.
Para impedir que esto siguiera ocurriendo, a finales del 2019 , la Gobernación del Carchi colocó vallas en el exterior para impedir el acceso.
Durante el recorrido, el arquitecto Almeida dijo que además de la falta de mantenimiento, los cambios de temperatura ambiental hicieron que los acabados, tumbados, pisos y otros se deterioren.
Según Almeida, los cimientos, columnas y lozas del edificio están en óptimas condiciones pese a los temblores de los últimos años que causaron fisuras en otras edificaciones públicas.
Si se llegase a rehabilitar, para el arquitecto es clave hacer el mantenimiento en los pisos de mármol, cambiar el parquet y el cielo raso que se está deteriorado. Además, dice, se deben reemplazar las conexiones eléctricas y de datos (Internet). Asimismo, dar mantenimiento al sistema hidrosanitario de agua potable, aguas servidas, canalizaciones y el sistema contra incendios. Almeida sugiere que se instalen nuevos sanitarios.
El arquitecto calcula que el 80% de los ventanales está en buen estado y se pueden reutilizar. Para él, la recuperación total del edificio está valorada en 1.4 millones de dólares.
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El incendio del edificio de la Gobernación de noviembre del 2012 no fue el primero.
El 3 de junio de 1982, con la muerte del presidente Jaime Roldós y la posesión de su vicepresidente Oswaldo Hurtado como nuevo mandatario, hubo protestas en todo el país. En Tulcán, esa tarde uno de los manifestantes lanzó contra el vetusto edificio de grandes tapiales y madera una bomba molotov, una botella con un material inflamable prendido. Las llamas se propagaron rápidamente, los archivos y toda la infraestructura de madera se redujo a cenizas, solo quedaron los tapiales, paredes de tierra, bahareque y barro.
Esa vez fueron seis años de olvido, a pesar de que en el año dos, 1984, ya había planos para la nueva edificación. Ese año, los arquitectos Luis Alfonso López, Raúl Guerrón y Carlos Chicango entregaron los estudios, planos arquitectónicos, planos estructurales, planos eléctricos y la maqueta del edificio de la gobernación a Manuel Delgado Fierro, gobernador de esa época. Los planos estructurales costaron 1.2 millones de sucres —la moneda ecuatoriana que dejó de existir en 1999 tras el feriado bancario.
En 1988, cuando Hugo Ruiz inició su periodo como alcalde de Tulcán, se empezó a construir la Casa de Gobierno —como también se conoce a la gobernación. La obra se hizo por contratación directa con parte de recursos y personal del Municipio, y en base a mingas —trabajo comunitario o colectivo con fines sociales— y el apoyo con maquinaria de las Prefecturas de las provincias de Pichincha, Imbabura y Napo.
En 1989, habitantes de Tulcán participaron en mingas antes de que se construyese el edificio de la Gobernación del Carchi. Fotografía cortesía de Hugo Ruiz.
La primera minga duró una semana y fue en diciembre de 1988: ciudadanos de toda la provincia participaron. El alcalde dijo que lo más difícil fue derrumbar los tapiales de la antigua infraestructura porque medían dos metros de ancho.
El ex alcalde de Tulcán, Hugo Ruiz, estuvo cerca de la construcción del edificio. Fotografía de Lucy Jiménez para GK.
Hugo Ruiz supervisó personalmente la obra. “Cuando caían las paredes, temblaba la tierra y nos daba miedo que se estalle el alcantarillado en esas calles o la tubería del agua potable o se dañe el sistema eléctrico. Con pico y pala se derrocaron las tapias”, dice, 36 años después, el ex alcalde, quien nos recibió en su casa, al norte de Tulcàn, y está retirado de la vida pública.
En 1992 se terminó de construir la obra de siete pisos que fue bautizada como Centro Cívico del Carchi. Allí se instalaron dependencias públicas del gobierno y la Policía. Pasaron diez años para que Carchi tuviera nuevamente un edificio propio de Gobernación: una superficie de 1.658 metros cuadrados.
La construcción del edificio de la Gobernación del Carchi terminó en 1992. Fotografía cortesía de Hugo Ruiz.
“Fue una obra gigantesca para esa época…Es muy preocupante el abandono, no han podido en estos últimos años solucionar un problema latente que está en el centro de Tulcán y no toman en cuenta que la provincia del Carchi es una provincia de entrada y salida de nuestro país”, lamenta Hugo Ruiz.
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En 2012, en el edificio funcionaban 15 instituciones públicas: la Gobernación del Carchi, la Intendencia General de Policía, el Ministerio de Producción Comercio Exterior Inversiones y Pesca (Mipro), la Contraloría General del Estado, la Secretarìa Nacional del Agua (Senagua), el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Consep), el Ministerio de Cultura, el Ministerio del Ambiente, la Comisaría de la Mujer, el Registro Civil, el Ministerio de Trabajo, la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), la Agencia de Regulación de Control Hidrocarburífero (ARCH) y ProEcuador. En la última década, algunasse fusionaron y otras desaparecieron.
Las oficinas estaban ocupadas bajo la modalidad de comodato, un préstamo de uso gratuito de un inmueble. Cuando evacuaron el edificio por el incendio, las instituciones tuvieron que arrendar otros espacios.
La basura acumulada en el edificio de la Gobernación del Carchi fue una de las causas del cortocircuito. Fotografía de Lucy Jiménez para GK.
Por ejemplo, la Contraloría General del Estado, durante cuatro años fue inquilina de las oficinas de la Corporaciòn Nacional de Telecomunicación (CNT) del Carchi. Luego rentó oficinas privadas, y desde el 2022 ocupa el cuarto piso del edificio de la Cooperativa de Ahorro y Educadores Educadores – Tulcán (Cacet). La Contraloría paga un arriendo mensual de 1.706 dólares incluido el IVA.
La Delegación del Ministerio de Trabajo del Carchi alquila una oficina por la que paga, al mes, 446,43 dólares sin IVA. En estos 12 años, esta institución ha arrendado tres lugares distintos.
El Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE), que también tenía su oficina en el edificio de la Gobernación, se ha movido tres veces de sede en Tulcán. Desde el 2020 rentan un espacio de 600 metros cuadrados en el norte de Tulcán y pagan de arriendo 695 dólares más IVA.
Los primeros dos años después del incendio, la Gobernación del Carchi, Intendencia y Comisaría Nacional de Tulcán alquilaron un espacio de la Curia por el que pagaban 840 dólares mensuales. Y, en el 2014, las tres instituciones se mudaron al edificio de la Dirección de Educación del Ministerio de Educación, ubicado en las calles 10 de Agosto y Colón, centro de Tulcán, que fueron cedidas en comodato.
Cables, cajas, equipos viejos en el edificio de la gobernación del Carchi son la evidencia del abandono de más de una década. Fotografía de Lucy Jiménez para GK.
El ex alcalde y ex rector de la Universidad Politécnica Estatal de Carchi (UPEC), Hugo Ruiz, dice que con lo que pagan las instituciones públicas cada mes por la renta de oficinas privadas se podrían haber readecuado espacios dentro del edificio de la Gobernación.
Para calcular cuánto dinero se ha gastado en arriendo estos 11 años y 10 meses entre las instituciones, tomamos como referencia un valor promedio de 800 dólares y lo multiplicamos 10 instituciones (si se considera las eliminadas y fusionadas). Esto equivale a un gasto anual de 9.600 dólares por institución; y 96.000 al año entre todas. Si multiplicamos esta cifra por los 12 años, el monto asciende a 1.152.000 dólares que el gobierno nacional desembolsó por alquiler de oficinas de instituciones del Estado que antes funcionaban en la edificación abandonada.
De acuerdo a Guillermo Herrera Villarreal, analista político y ex prefecto de la provincia del Carchi, el abandono de la edificación es por la falta de gestión de quienes estuvieron al frente de la Gobernación desde que se produjo el cortocircuito.
Herrera es enfático al decir que, como provincia fronteriza, Tulcán es la puerta de entrada al Ecuador y debería ser considerada la carta de presentación del país. Lamenta que este hecho no haya sido tomado en cuenta por las autoridades de turno quienes, según él, “únicamente se dedicaron a ganar su sueldo”.
Herrera dice que, a pesar de que el presupuesto para la recuperación del edificio es manejable para el gobierno central, desde el territorio no se realizaron las gestiones para lograr avances para la rehabilitación del edificio. El exprefecto cuestiona que sea el municipio de Espejo (y no de Tulcán) el que esté interesado en realizar un estudio de rehabilitación, cuando no puede intervenir en una jurisdicción ajena. “¿No entiendo cómo van a justificar el desvío de fondos para equipo técnico en otro cantón?”, se pregunta.
Herrera dice que le recomendó a la gobernadora actual, Lucía Pozo, firmar un convenio con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), y gestionar el proyecto a través del Municipio de Tulcán, donde está el edificio.
Dentro del edificio de la gobernación del Carchi hay puertas caídas, pisos levantados, cables sueltos. Fotografía de Lucy Jiménez para GK.
El exalcalde dice que la gobernadora Pozo debería solicitar al Ministerio de Gobierno los recursos necesarios para que, en un año, se pueda llevar a cabo la inversión. Sugiere que el gobierno central realice una reforma presupuestaria este año que incluya al menos los fondos para los estudios y la ejecución de la primera etapa de la rehabilitación.
Lucía Pozo, la gobernadora en septiembre de 2024, dice que buscó el apoyo de Arnaldo Cuacés, alcalde de Espejo, para realizar la actualización de los estudios de rehabilitación parcial del edificio, y él dispuso que personal del Cuerpo de Ingenieros del Municipio de Espejo, de manera gratuita actualice los planos de la Gobernación. Pozo explica que es un acuerdo interinstitucional que se firmó el 31 de mayo de este 2024 porque la Gobernación no tiene presupuesto.
Los estudios ya se entregaron en agosto de 2024.
El personal de Emelnorte y la CNT están trabajando en la actualización de los sistemas de cableado. Con el presupuesto referencial definido por los estudios, según Lucía Pozo, se prevé que en este 2024 se ocupe parte del primer piso del edificio. La gobernadora dice que ya envió el requerimiento de recursos al Ministerio de Gobierno.
Un mapa de la provincia del Carchi está en una de las paredes abandonadas del edificio. Fotografía de Lucy Jiménez para GK.
Según Pozo, entregó solicitudes a Michele Sensi Contugi, ex ministro de Gobierno, quien a su vez las remitió al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para su aprobación. Sin embargo, esa cartera de Estado hizo ajustes al informe y desde la gobernación se realizaron los cambios solicitados para reenviar nuevamente el informe final, al actual ministro Arturo Félix Wong, quien debe revisar, firmar y remitir los documentos nuevamente al MEF.
La gobernadora espera que el MEF apruebe el presupuesto de medio millón de dólares para esta primera fase que incluye la rehabilitación del primer piso. Cuando se aprueben los fondos, dice Pozo, empezará un proceso de contratación pública mediante licitación.
Para agilizar el proceso de rehabilitación del edificio, el 16 de agosto del 2024 se firmó un acuerdo con la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión Núcleo del Carchi (CCE – Carchi), de uso de los pisos superiores del inmueble. El convenio consiste en entregar en comodato estos espacios a la Casa de la Cultura del Carchi para que la institución se encargue de la rehabilitación. A través de seis mingas se limpiaron los residuos que estaban dentro del edificio y la fachada.
Pozo dice que existe el compromiso de que la Gobernación, la Intendencia General de Policía y la Comisaría Nacional operen en el mezzanine del edificio. Con esta ocupación buscan generar un seguro de uso y ocupación que permita garantizar los recursos para la rehabilitación del edificio de la Gobernación del Carchi.
Pero hasta que todas las propuestas se concreten, no se puede saber con certeza si serán más papeles firmados, más promesas, que harán que la edificación siga en abandono.
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