¿Quién es Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura?

En septiembre de 2025, Mario Godoy fue designado, por segunda vez, como presidente del Consejo de la Judicatura. La primera designación, en julio de 2024, se dio luego de que esta institución, encargada de la administración, vigilancia y disciplina de la función Judicial, estuviera casi 7 meses sin un presidente permanente. 

Ambas designaciones han sido cuestionadas. La primera porque ocho días antes, Dunia Martínez ya había sido elegida como presidenta de la Judicatura, pero su selección fue anulada. La segunda porque hubo alertas sobre posibles conflictos de interés y falta de independencia. Se cuestionó que su esposa, la abogada penalista María Dolores Vintimilla, había patrocinado hasta noviembre de 2024 a un ciudadano investigado por lavado de activos. 

Ese cuestionamiento se reactivó tres meses después de asumir el cargo, luego de que el juez anticorrupción Carlos Serrano denunciara que un “alto mando” de la Judicatura lo había presionado para que fallara a favor de Jezdimir Srdan, un ciudadano serbio acusado de lavado de activos, cuya abogada había sido precisamente Vintimilla, esposa de Godoy. 

Pocos días después de la denuncia pública de Serrano, se filtró un audio que reveló que el “alto mando” sería Henry Gaibor, director provincial de la Judicatura en Pichincha y hombre cercano a Godoy.

El 29 de diciembre de 2025, en medio del escándalo, el presidente Daniel Noboa recomendó al presidente de la Judicatura que renunciara y que se defendiera de las acusaciones fuera del cargo.

Te contamos quién es Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura. 

Su trabajo con personajes cuestionados

En agosto de 2014, Godoy envió una carta al diario El Comercio, que firmó como el vocero oficial de los hermanos Juan Pablo y Eduardo Larrea. En ese entonces, Godoy pidió una rectificación de una noticia sobre tres aeronaves que habían sido detenidas por la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en las que no se encontró droga. 

Las aeronaves eran de la empresa Sky Jet Elite Corporation, de los hermanos Larrea. Godoy pidió que se rectificaran las rutas que habían tomado las aeronaves, de acuerdo a la versión que dio el abogado de la empresa en un rueda de prensa en la que aseguró que la detención no tenía nada que ver con un acto ilícito. 

Eduardo Larrea fue director de Aviación Civil entre 2007 y 2009, durante el gobierno de Rafael Correa. En 2019, Larrea y ocho ecuatorianos fueron detenidos en Guayaquil por presuntamente enviar droga a México. Tres meses después de su detención, su hermano Juan Pablo, piloto ecuatoriano, fue capturado en Belice, el pequeño país centroamericano, con 1.347 kilos de cocaína en una avioneta. 

Según las investigaciones, la organización criminal con la que operaban los hermanos Larrea usaba avionetas que tenían documentos en regla para despistar a las autoridades de control.

Godoy también fue abogado del ex presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Alembert Vera, quien fue a su vez abogado del ex presidente Rafael Correa. Vera fue sancionado en 2023 por el Tribunal Contencioso Electoral por hacer campaña partidista con el apoyo de Correa para llegar al CPCCS, una entidad que debería ser apartidista.  

Godoy también fue abogado del ex alcalde de Cayambe, Guillermo Churuchumbi, quien fue investigado por el presunto delito de concusión, pero su inocencia fue ratificada. 

En una entrevista para Radio Centro, el 22 de julio de 2024, Godoy dijo que no estaba afiliado a ningún partido político. En respuesta a uno de los entrevistados, Godoy negó tener algún vínculo con los ex vocales del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, procesado por presunta delincuencia organizada en el caso Metástasis, y Maribel Barreno, procesada, también junto a Terán, por tráfico de influencias en el caso Vocales.

Un juicio político truncado y una denuncia ante la Fiscalía

El 23 de diciembre de 2024, Mario Godoy fue denunciado públicamente por la jueza Nubia Vera Cedeño. Ese día, Vera aceptó la acción de protección que Verónica Abad había presentado para dejar sin efecto la suspensión de su cargo de Vicepresidenta, impuesta por el Ministerio de Trabajo. 

Cuando acabó la audiencia, la jueza dijo a los asistentes que Mario Godoy, el asesor Jorge Carillo y Henry Gaibor, director provincial de la Judicatura, amenazaron con destituirla si fallaba a favor de Abad. Dijo que el 17 de diciembre entraron a su despacho en la unidad judicial y le dijeron cuál debía ser su sentencia. 

Horas más tarde, Godoy convocó a una rueda de prensa y dijo: “Mis actuaciones han sido siempre en el marco de la transparencia; rechazo categóricamente las declaraciones planteadas por esta señora jueza”. 

Cuatro días después, el 26 de diciembre de 2024, la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional convocó a Vera y Godoy para que hablaran acerca de la “denuncia pública sobre presuntas presiones y amenazas”. 

En la sesión, a la que no llegó Godoy, la jueza —con la voz quebrada y con evidentes ganas de llorar— detalló en 55 minutos que ha tenido los días más terribles de su vida por las amenazas. Dijo que no dormía pensando en la sentencia, antes de que emitiera el fallo. 

Relató que desde el primer día de la audiencia de Abad ya le dijeron que debía negar el recurso constitucional. Nubia Vera dijo que cuando Godoy y las otras autoridades llegaron a la unidad judicial, supuestamente a hacer una inspección, entraron directo a su despacho y le entregaron un pendrive en una funda de regalo. “Son los insumos para que usted se ayude con la sentencia, me dijeron”, contó frente a los asambleístas. 

A cambio, dijo Vera, Godoy, Gaibor y Carrillo le ofrecieron archivar los sumarios administrativos que tiene abiertos en su contra —uno de ellos comenzó el 27 de noviembre de 2024, cuando ya tenía la causa de Abad en sus manos. También le dijeron que le comprarían 500 entradas para una obra de teatro que ella presenta, pues la jueza además es dramaturga, poetisa y cantante. 

Asambleístas de la comisión le hicieron preguntas y aplaudieron su valentía. Jorge Peñafiel, entonces legislador por el movimiento Construye, fue más incisivo. Dijo que presentaría una solicitud de juicio político contra Mario Godoy. “Se espera el apoyo de las distintas bancadas del Legislativo (…) Las declaraciones de la jueza Nubia Vera son de extrema gravedad”, escribió en su cuenta de X. 

Dijo, también, que interpelará a Godoy por “actuar como apéndice de Daniel Noboa”.

Horas más tarde, Godoy publicó un comunicado en su cuenta de X. “Como consecuencia de las falsedades que se han formulado en mi contra, interpuse una denuncia ante la Fiscalía General del Estado [por calumnia], así como una querella ante la Unidad de Justicia Penal”. Y justificó su inasistencia a la comisión por una “serie de consideraciones legales”. 

El 27 de diciembre de 2024, el entonces asambleísta Jorge Peñafiel presentó formalmente el pedido de juicio político contra Mario Godoy. Tenía 43 firmas de respaldo. Dijo que el movimiento ADN, del presidente Daniel Noboa, fue la única bancada que no se unió a esta solicitud. “Las manos de la política no pueden involucrarse en la justicia”, añadió. 

La causal para el juicio político fue por incumplimiento de funciones por vulneración al principio de independencia judicial por la “amenaza, incluso, contra la vida de Nubia Vera”, dijo Peñafiel. Pero la Comisión de Fiscalización no dio paso al juicio político de Godoy. 

Sin embargo, por las declaraciones de la jueza Nubia Vera ante la Asamblea Nacional, la Fiscalía abrió una investigación previa. 

El 13 de enero de 2025, Vera —con chaleco antibalas— llegó a la Fiscalía General del Estado, en Quito, junto a su abogado Washington Andrade. Allí entregó el pendrive que le habría dado Godoy, en el que —dijo— están los insumos de cómo ella debía fallar en contra de la vicepresidenta Verónica Abad. 

“No puedo dar más comentarios porque la investigación es reservada. Lo que sí puedo comentar es que he pedido medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) —ante las amenazas recibidas”, dijo tras salir del edificio. 

En los exteriores, la jueza dijo también que mantener bajo su custodia este pendrive no le ha dejado ni dormir. “Me ha hecho sentir muy vulnerable. No sé hasta dónde pueden llegar las amenazas de estas personas, Mario Godoy, Jorge Carillo y Henry Gaibor”, dijo. 

Un segundo intento de juicio político

Luego de que el juez anticorrupción Carlos Serrano alertara sobre presiones que habría recibido desde el Consejo de la Judicatura, el 21 de diciembre de 2025, la Asamblea Nacional convocó a Mario Godoy a comparecer. 

El 23 de diciembre la bancada de la Revolución Ciudadana (RC) —que agrupa al correísmo— dijo que prepara un nuevo pedido de juicio político contra Godoy por la supuesta afectación a la independencia judicial. 

El equipo de la asambleísta Viviana Velóz, de la bancada de la RC, confirmó a GK que están construyendo el proceso, recopilando elementos necesarios para alcanzar los votos requeridos en el pleno luego de que el primer intento de juicio político en diciembre de 2024 no prosperara.

Sus dos designaciones fueron cuestionadas

En junio del 2024, antes de que Mario Godoy fuera parte de la terna enviada por la Corte Nacional de Justicia, la lista estaba conformada por Dunia Martínez, Telmo Molina Cáceres y Hugo Landívar, quien fue coordinador político del movimiento oficialista ADN. 

Pero Landívar quedó fuera por no tener la experiencia necesaria, y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) —encargado del proceso de selección— pidió a la Corte reemplazar esa vacante que, finalmente, fue ocupada por Godoy. 

El 8 de julio, el pleno del CPCCS se reunió virtualmente para designar al nuevo presidente de la Judicatura. La entonces vocal Mishelle Calvache propuso a Dunia Martínez para el cargo. Con tres votos a favor y tres abstenciones, la decisión resultó en un empate, que fue resuelto por el voto dirimente del presidente del CPCCS, Andrés Fantoni. 

Así, Martínez fue nombrada la nueva presidenta de la Judicatura.

Al final de esa sesión, la vocal Nicole Bonifaz ingresó a la sala virtual y reclamó que había estado esperando diez minutos para votar. A pesar de su queja, Fantoni clausuró la sesión sin permitir su voto.

Esa queja de Bonifaz llevó a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, en ese entonces de mayoría correísta, a convocar a los vocales del CPCCS.

El 10 de julio, los consejeros del CPCCS comparecieron ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, donde se discutieron los problemas técnicos que afectaron las votaciones. La comisión les pidió que explicaran los detalles de la sesión extraordinaria, aduciendo irregularidades e incumplimientos de la norma constitucional, legal y reglamentaria sobre los procedimientos parlamentarios de votaciones y procesos de designación de las autoridades a cargo del CPCCS.

Andrés Fantoni, consejero del CPCCS, defendió el proceso y explicó que los problemas técnicos impidieron la votación de Bonifaz. Fantoni también mencionó que la consejera no estuvo presente durante la votación para la designación de la presidenta del Consejo de la Judicatura, un hecho que consideró relevante en el proceso.

Después de escuchar a los consejeros, la Comisión de Fiscalización pidió la suspensión de la posesión de Dunia Martínez, prevista para el 11 de julio en la Asamblea Nacional.

Con esa suspensión, el pleno del CPCCS volvió a votar. El 10 de julio, con cuatro votos a favor de Yadira Saltos, Augusto Verduga, Nicole Bonifaz y Johanna Verdezoto —todos afines al correísmo— , Godoy fue seleccionado como presidente de la Judicatura. Los votos en contra fueron de Andrés Fantoni y Mishelle Calvache; Juan Esteban Guarderas se abstuvo. 

En la ceremonia de posesión, Godoy dijo que aunque su mandato sería relativamente corto, con un trabajo conjunto iba establecer las bases para un sistema judicial “más justo, transparente y eficiente”. 

Al hablar de un mandato “relativamente corto”, Godoy se refería a que su designación como presidente de la Judicatura ocurrió en un momento de transición en el que el consejo aún no entraba en su proceso de renovación, que debe ocurrir cada seis años.

Godoy dijo que la Judicatura mejoraría los sistemas tecnológicos para la recepción de demandas, la realización de audiencias virtuales y otros procesos del sistema de justicia. 

El 28 de enero de 2025 se acabó el período 2019-2025. Aunque el CPCCS ya debía haber seleccionado y designado a los nuevos vocales, el proceso se retrasó. Godoy se quedó en el cargo, prorrogando sus funciones. 

En el proceso de 2025, para su segunda designación, Godoy tampoco fue parte de la terna inicial enviada por la Corte Nacional de Justicia, presidida por José Suing.

Los candidatos originales fueron Marco Xavier Rodríguez Ruiz, Alexandra Villacís Parada y Edison Toro Calderón. 

Pero el ciudadano Fernando Illanes Vela denunció a Edison Toro Calderón, conjuez ocasional del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), ante el CPCCS. Según el Código de la Democracia, un juez electoral no puede postular a otros cargos estatales.

El reemplazo de Toro se supo el 9 de julio, cuando la Corte anunció que sería Mario Godoy.

Durante la designación en el CPCCS, su candidatura fue impugnada por cuatro ciudadanos, quienes cuestionaron su idoneidad y el contexto político de su postulación. 

Mónica Jaramillo, experta en derecho electoral, fue una de las ciudadanas que impugno. Ella le dijo a GK que “hubo maniobras utilizadas para incluirlo en la terna”. Además, renunció Marco Rodríguez diciendo que no había garantías de mérito, experiencia ni transparencia. “Fue un proceso altamente cuestionado”, dijo Jaramillo.

El CPCCS no consideró las impugnaciones; concluyó que no tenían sustento suficiente o no cumplían con los requisitos exigidos. Por eso, el proceso continuó y el CPCCS designó a Mario Godoy con los votos de Jazmín Enríquez, David Rosero, Johanna Verdezoto y Andrés Fantoni —alineados con el oficialismo. La Asamblea Nacional lo posesionó en septiembre de 2025 como presidente de la Judicatura 2025-2031. 

Su carrera académica y profesional

Mario Godoy se graduó de abogado por la Universidad Central en 2009; su título está registrado en la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt). Tiene un diploma en Género, Violencia y Justicia por Flacso y una especialidad y una maestría en Derechos Administrativo y Contratación Pública por la Universidad Andina Simón Bolívar. En 2022 completó una especialidad en Cumplimiento y Anticorrupción por la Universidad SEK.  

En 2011 fue director de Cultos en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En 2012, asesor en el Tribunal Contencioso Electoral y el Consejo Nacional Electoral, y en 2017 fue prosecretario relator en la Asamblea Nacional. Estos tres cargos los ocupó durante el gobierno de Rafael Correa. En 2019, fue director de Patrocinio en el Ministerio de Inclusión Económica y Social, durante el gobierno de Lenín Moreno. El cargo público más reciente, en 2024, fue como procurador de Petroecuador. 

Al momento de ser seleccionado como presidente de la Judicatura en 2024, Mario Godoy era docente de Derecho Administrativo, Tributario y Realidad Nacional en la Universidad Indoamericana. 

Cuando fue postulado para formar la terna para presidente de la Judicatura, tuvo dos impugnaciones. Sin embargo, en la audiencia en la que debían ser argumentadas formalmente, los que presentaron las acciones no se presentaron. Las impugnaciones fueron archivadas. 

Una hacía referencia a que había sido vocero de los hermanos Juan Pablo y Eduardo Larrea, procesados por narcotráfico. La otra era por un supuesto incumplimiento en el pago de pensiones alimenticias; en el SUPA no tiene pagos pendientes de pensiones alimenticias hasta el 24 de diciembre de 2025.