El caso Reconstrucción de Manabí, explicado

El caso Reconstrucción de Manabí es un proceso judicial que investiga el presunto peculado en el uso y destino de los fondos destinados a la reconstrucción de la zona costera ecuatoriana tras el terremoto del 16 de abril de 2016, que devastó a varias poblaciones de las provincias de Manabí y Esmeraldas.

En este caso, el 5 de enero de 2024, el juez nacional Luis Rivera dictó prisión preventiva para el ex vicepresidente Jorge Glas y para Carlos Bernal, ex secretario del Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva y del Empleo. 

El delito de peculado se da cuando un funcionario público utiliza ilegítimamente dinero o bienes públicos para obtener un beneficio propio o para terceros. En este caso, la Fiscalía determinó que hay una “presunta existencia de un abuso de dinero público” por parte de contratistas y fiscalizadores “en el marco de la emergencia por el terremoto del 16 de abril de 2016”. 

Aparte de Glas y Bernal, también es procesado Pablo Ortiz, ex gerente de Ecuador Estratégico, una empresa pública que se encargaba de planificar, diseñar, evaluar, priorizar, financiar y ejecutar planes, programas y proyectos de inversión para distintos sectores del país. La empresa dejó de funcionar entre mayo y julio de 2020, por disposición presidencial. 

Jorge Glas —ex vicepresidente del Ecuador entre 2013 y 2017, en las presidencias de Rafael Correa y Lenín Moreno, antiguos aliados y hoy enemigos capitales— se presentó en la embajada de México el 17 de diciembre de 2023 para solicitar “su ingreso y salvaguarda, expresando temor por su seguridad y libertad personal”, según un comunicado publicado por el gobierno mexicano ese mismo día. 

El 22 de diciembre de 2023, Eduardo Franco Loor, abogado de Glas, confirmó que el ex vicepresidente solicitó asilo político a México el 20 de diciembre. “Hay una persecución política desde 2017 que ha sido escalada recientemente por la fiscal general, que arbitrariamente está tratando de procesar y detener a Jorge Glas, que es inocente”, dijo el abogado a Reuters. México no ha anunciado aún una decisión sobre el pedido 

En la audiencia del 5 de enero de 2024, Jose Luis Chica, abogado de Carlos Bernal, solicitó que no se ordene prisión preventiva y argumentó que era imposible seguir el proceso desde el extranjero, ya que su defendido vive en Estados Unidos. Por ello, el juez Rivera pidió la localización de Glas y de Bernal a la agencia policial internacional, Interpol. 

A Pablo Ortiz, el juez le ordenó presentarse ante la Corte una vez a la semana y le dictó prohibición de salida del país; el abogado de Ortiz no hizo comentarios al respecto. 

El juez también ordenó la retención de valores de las cuentas en Ecuador de los tres procesados, excepto los montos que tengan que ver con sueldos o pensiones. Los procesados tampoco pueden enajenar —es decir, transferir la propiedad de— bienes y automotores por un monto de 122 millones de dólares para cada uno, según la Fiscalía. 

Una esperada audiencia de formulación de cargos

Antes de la audiencia de formulación de cargos del 5 de enero de 2024, hubo varios intentos de audiencia, desde el 1 de junio de 2023, cuando la Fiscalía solicitó fecha y hora para formular cargos contra Jorge Glas, y los exfuncionarios públicos Carlos Bernal y Pablo Ortiz “por su presunta participación en el delito de peculado”. 

Tres meses después, el 4 de septiembre de 2023, la Fiscalía publicó un video en su cuenta de X en el que decía que la audiencia de formulación de cargos “está señalada para el 6 de septiembre” de 2023 a las ocho y media de la mañana. 

Sin embargo, la audiencia no se instaló porque la defensa de Jorge Glas no asistió.

El 1 de diciembre de 2023, el juez Luis Rivera no instaló, por segunda vez, la audiencia de formulación de cargos contra Jorge Glas y dos personas más por presunto peculado en el caso reconstrucción de Manabí. En lugar de eso, Rivera envió la solicitud de autorización a la Asamblea Nacional para enjuiciar penalmente a Glas. 

La Fiscalía contestó que era improcedente ese pedido al Legislativo, ya que Jorge Glas “no se encuentra en funciones”.  El abogado penalista Pablo Encalada le dijo a GK que el juez Rivera cometió “un error” al solicitar el pronunciamiento de la Asamblea sobre el enjuiciamiento político a Glas. Según Encalada, “la Asamblea no tenía nada que pronunciarse” porque el requisito previsto en la Constitución de aprobación previa del Legislativo para el enjuiciamiento penal de presidentes o vicepresidentes en funciones no aplica para Glas. 

Esta provisión constitucional, explica Encalada, quiere decir que “la Fiscalía no puede activar directamente un proceso penal en contra de un presidente y vicepresidente”. Esto es con la intención de proteger a las autoridades del Ejecutivo y evitar que se “utilice la justicia con fines políticos”.  Sin embargo, en este caso, Glas ya no está en funciones. 

En un comunicado, la Fiscalía alegó que considera que actuaciones como la del juez Rivera “allanan el camino hacia la impunidad y envían el mensaje incorrecto a quienes son investigados por delitos de todo tipo”. 

La Asamblea sí trató el proceso en la sesión del pleno del 21 de diciembre de 2023. Pero la moción sobre permitir el juicio, propuesta por la asambleísta Esther Cuesta, de Revolución Ciudadana, obtuvo 44 votos a favor, entonces no fue aprobada.

Henry Kronfle, presidente de la Asamblea Nacional, no estuvo presente en la sesión del 21 de diciembre de 2023, pero al día siguiente dijo que, como no hubo una resolución sobre el tema del juicio contra Glas por parte de la Asamblea, no pasa nada y que el estatus legal de Glas es “exactamente el mismo que si no se hubiera tratado el tema”. Para Pablo Encalada, la Asamblea “no tenía nada que pronunciar”, por lo que el tránsito por el Legislativo fue “inútil” y “no tiene ninguna consecuencia jurídica”. 

Por eso, el proceso siguió su curso y el juez Rivera dictó prisión preventiva para Glas y Bernal. Ahora, según Encalada, lo que sigue es la instrucción fiscal, que durará 90 días. Luego continúa la investigación y, una vez que termine, “la Fiscalía tendrá que presentar una acusación”, dice Encalada. 

Después, explica Encalada, “hay una etapa intermedia”, en donde la Fiscalía decide si acusa o no a las partes involucradas, al finalizar la instrucción fiscal. El juez del caso deberá decidir si acepta el dictamen fiscal. Si es acusatorio y el juez lo acepta, el caso pasará a la etapa de juicio, en la “tendrá que dictarse una sentencia de culpabilidad o inocencia” de los involucrados, explica Encalada. 

El inicio de la investigación 

El terremoto del 16 de abril de 2016 ocurrió cerca de las siete de la noche de un sábado hasta entonces tranquilo. Tuvo una magnitud de 7,8 grados, su epicentro fue en el cantón Pedernales, un pequeño balneario y centro camaronero de la provincia de Manabí. El terremoto dejó más de 650 fallecidos, más de 6 mil heridos y alrededor de 28.700 personas sin hogar.

Diez días después del terremoto, el 26 de abril, el gobierno de ese entonces, mediante un decreto ejecutivo del presidente Rafael Correa, creó el Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva y del Empleo para construir y reconstruir infraestructura “necesaria para mitigar los efectos del terremoto”, decía el decreto. 

El artículo dos del decreto establece que el Comité estará integrado por miembros permanentes que “actuarán con voz y voto”. Los miembros eran: 

• Vicepresidente de la República, como delegado del Presidente de la República
• Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo
• Ministro Coordinador de Desarrollo Social
• Ministro Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad
• Ministro Coordinador de Seguridad Interna y Externa
• Prefecto de Manabí
• Dos alcaldes en representación de las zonas afectadas

Jorge Glas, en ese entonces vicepresidente del Ecuador, presidió el Comité. Otros de los objetivos que tuvo el Comité, que están descritos en la cronología del caso, elaborada por la Fiscalía, fueron “implementar planes, programas, acciones y políticas públicas para la reactivación, producción y [generación] de empleo en las zonas afectadas”.

El 20 de mayo de 2016 el gobierno expidió la Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas por el Terremoto. Esta ley buscaba recaudar contribuciones de todos los ecuatorianos. Con ella, se subió el IVA al 14%, menos en Esmeraldas y Manabí, por un año. Rigió desde el 1 de junio de 2016 hasta el 31 de mayo de 2017.

Sin embargo, varias de las obras que fueron prometidas luego del terremoto usando los fondos destinados para la reconstrucción no fueron entregadas o quedaron a medias. 

Comienzan las denuncias 

El 25 de abril de 2019, tres años después del terremoto, la Fiscalía recibió una denuncia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) Transitorio — concluyó su período de transición el 1 de junio de 2019 — , “sobre hechos relacionados al abuso de dineros públicos, utilizando fondos” para la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas, según la Fiscalía. 

El 9 de mayo de ese mismo año, según la cronología del caso, la Fiscalía recibió un informe con “indicios de responsabilidad penal” de la Contraloría General del Estado, como parte de un “examen especial a los contratos suscritos” para la construcción de un parque, un tramo de acceso al Puerto de Manta y un redondel. El financiamiento de dichos proyectos provino de la Ley de Solidaridad. 

El 10 de febrero de 2020, la Fiscalía recibió, otra vez, una denuncia por parte del CPCCS, por el presunto delito de delincuencia organizada. Según la Fiscalía, la denuncia mencionaba una supuesta reunión del 22 de mayo de 2017 “entre Jorge Glas, expresidente del Comité y Carlos Bernal, exsecretario del Comité”. En la reunión, según la Fiscalía, también estuvo Pablo Ortiz, en ese entonces gerente general de la Empresa Pública Ecuador Estratégico. 

En dicha reunión se habrían priorizado “584 proyectos sin un sustento técnico que evidenciara la finalidad emergente de reconstrucción, construcción o de reactivación productiva de las zonas afectadas por el terremoto”, dice en la cronología. 

Tres años después, el 30 de mayo de 2023, luego de revisar y analizar “la conexión de los hechos”, es decir, las denuncias del CPCCS y el informe de la Contraloría, la Fiscalía unificó el expediente fiscal “para que siga la investigación”. 

El 1 de junio de 2023, la Fiscalía solicitó fecha y hora para formular cargos contra Jorge Glas, ex presidente del Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva y del Empleo y los exfuncionarios públicos Carlos Bernal y Pablo Ortiz “por su presunta participación en el delito de peculado”. Sin embargo, por diversos motivos la audiencia no se instaló. 

La audiencia se realizó finalmente el 5 de enero de 2024. Ahí, el juez Luis Rivera acogió el pedido de la Fiscalía y dictó prisión preventiva para Jorge Glas y Carlos Bernal, mientras que a Pablo Ortiz le dictó prohibición de salida del país y presentación ante la Corte una vez a la semana. 

La defensa de Glas apeló la decisión del juez. Sin embargo, el 21 de febrero de 2024, un tribunal de la Corte Nacional de Justicia —por unanimidad— declaró improcedente el pedido de este recurso.