Hasta el 24 de noviembre de 2023, existía en Ecuador la tabla de consumo de drogas. En teoría, fijaba los límites de tenencia, buscando evitar que las cárceles se llenaran de consumidores o portadores de cantidades muy pequeñas de sustancias confundidos como traficantes.
La tabla de drogas ha estado en los discursos de muchos políticos. Una de las propuestas de campaña del presidente Daniel Noboa fue derogarla. Una promesa que también hizo Guillermo Lasso en su momento, pero no cumplió.
¿Por qué ambos prometieron eliminarla? Porque decían que la tabla incentivaba el consumo de drogas sin que hubiera una sanción, y facilitaba el acceso a sustancias sujetas a fiscalización a menores de edad.
Conversé con Max Paredes, docente e investigador en política de drogas en Ecuador, para entender qué cambia con la eliminación de la tabla.
¿Cómo era la tabla de drogas y qué cambia en el país con su derogación?
Los umbrales realmente fueron construidos en el 2013 a través de una mesa técnica entre el Ministerio de Salud Pública, el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Consep) y la Defensoría Pública.
[*Nota de los editores: El Consep era la institución que buscaba combatir la producción, oferta, uso indebido y tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, entre 1990 y 2015. En ese año desapareció y fue reemplazado por la Secretaría Técnica de Drogas (Seted) y luego esa también se sustituyó por la Secretaría Técnica de Prevención Integral de Drogas.
Desde esta mesa interinstitucional se crearon las tablas [porque a lo largo del tiempo hubo más de una versión] con la idea de tener un instrumento jurídico que permita o que avale el artículo 364 de la Constitución.
El artículo 364 dice expresamente que una persona que use y consuma sustancias, no puede ser criminalizada, no puede ser detenida. Entonces, para darle viabilidad jurídica se creó este instrumento netamente jurídico. Y dentro de este instrumento se pusieron los umbrales.
¿Por qué, ¿qué pasaba antes? ¿Por qué nace este concepto de la tabla?
Dentro de las cárceles del país existían muchas personas que eran detenidas y que no tenían un proceso judicial, estaban encarceladas por un gramo de marihuana, o por menos de 10 gramos de marihuana. Asimismo con el tema de la pasta base de cocaína.
Entonces, las personas que usan y consumen sustancias en estas pequeñas cantidades y no tenían referentes o no tenían posibilidades de ejercer una lucha dentro del sistema de justicia, se quedaban dentro de las cárceles porque el sistema judicial era ineficiente en este sentido.
Una vez que ya sale la tabla en el 2013, se malinterpreta y se comunica mal.
Creo que fue un error conceptual muy fuerte.
Las autoridades lo comunicaron de una manera en que se confundió el discurso.
Los que están en territorio, justamente son los policías. Ellos son ese organismo que tiene la desconcentración a nivel territorial más grande de todas las instituciones públicas.
Dentro de esta desconcentración, el policía asume que no puede detener a ninguna persona con menos de 10 gramos [de marihuana] porque es consumidor. Y ese discurso llega hacia todo el territorio del país.
Creo que este fue el mayor error.
¿En la práctica sí habrían podido detener a alguien que tuviera menos de esas cantidades?
En la práctica sí era posible detener a alguien que tuviera menos de esas cantidades cuando se demostraba que la persona estaba traficando.
Si tú estabas traficando, vendiendo, comercializando, la policía te podía detener así tuvieras menor cantidad de la permitida.
Entonces esa mala interpretación por parte de la policía, hace que se genere una mala interpretación de lo que era la tabla.
Es decir, si hacemos una analogía con el robo celulares o con el robo menor de 100 dólares, sería de esta manera: viene un policía y le dice al ladrón “no le puedo llevar porque lo que robó no cubre más de 100 dólares”. Esa es la percepción que comenzó a circular cuando la autoridad dice que no puede ejercer su rol.
Esa mala comunicación que existió, hizo que se interpretara mal el uso y manejo de la tabla.
Ahora, eliminar la tabla sin un proceso de capacitación, de formación a los puestos de seguridad, puede hacer que regrese el fenómeno de detención indiscriminada que había antes.
Como ya no hay tabla, yo sí le puedo detener a toda persona que porte alguna sustancia y es la persona detenida la que tiene que demostrar que es consumidor dentro del sistema de justicia.
¿Eso qué quiere decir? ¿Cómo demuestras que una persona detenida por portar un gramo de marihuana es consumidor y no traficante?
Ese es el mayor problema porque dejas la puerta abierta. Porque la persona puede ir a flagrancia, y en flagrancia el fiscal verifica si puede formular cargos.
Y si formula cargos, entra al sistema de justicia, para que el juez determine si es consumidor o traficante, de acuerdo a las pruebas.
Y aunque no sea legal el uso de sustancias, si comprueban que tú eres consumidor, ¿no te vas preso?
No te vas preso.
Si tú compruebas que eres consumidor, no te vas preso, así sea superior a esas cantidades permitidas. Por eso la tabla sólo era una referencia y se malinterpretó el uso de ese instrumento judicial.
Por eso hay cosas que no se deben hablar tan abiertamente si no hay el contexto.
Entonces ahorita estás abriendo una puerta para que sea el policía, el que detiene, el que tenga la potestad de decir si alguien es consumidor o traficante.
Es decir, ¿cuándo encuentran a alguien portando sustancias, es el policía el que decide si lo detiene para que pase por todo un proceso que demuestre si es consumidor o no?
Eso puede pasar.
Ese es el mayor problema porque queda en la potestad del policía, de la persona que detiene, determinar si le lleva o no le lleva.
Ese es el peligro más fuerte que yo percibo que puede pasar porque genera un tema de más poder al policía para determinar si es consumidor o no es consumidor.
Entonces, puede generarse una ventana hacia generar más temas de corrupción dentro del sistema de justicia, dentro de la policía. Dejas la puerta abierta.
¿Cómo recomendarías que se regule para que no quede esta puerta abierta tan ambiguamente? ¿Debería haber un reglamento?
Hay que comenzar de nuevo con una política educativa sobre drogas.
Es necesario comenzar a hablar sobre estos temas a través de una política educacional a nivel nacional, sobre el tema de drogas.
Capacitar a la Policía, capacitar a los maestros, justamente en los temas de ¿qué pasa con una persona que usa y consume drogas? Es algo que no hay, porque se lo está viendo desde la prohibición.
En el radar de las personas no existe la idea que una persona sí quiere consumir drogas. Existen personas que quieren consumir marihuana, consumir pasta base, pero no les interesa otra cosa más.
Yo sé que puede estar mal desde cierta visión, pero hay personas que sí quieren hacerlo, y para ese tipo de personas es donde se está cometiendo una vulneración a sus derechos.
Yo trabajo mucho con personas habitantes de calle, y a pesar de que les queremos llevar a un espacio adecuado para que se bañen, dicen “no, no quiero ir porque allá hay reglas; yo quiero estar en la calle porque quiero consumir drogas”. Entender la lógica de que alguien quiere consumir no está en el radar de la política pública.
Entonces, para poder abordar estos temas, necesitas generar estrategias de reducción de daño.
Es decir, generar espacios para que las personas que quieran consumir lo hagan de una manera adecuada, de una manera correcta y se reduzca el riesgo de vulneración o el riesgo de muerte por el uso y consumo de sustancias y el riesgo hacia terceras personas.
O sea, ahora solo se contempla que existe el tráfico, ¿pero en Ecuador no hay nada que hable sobre el consumo recreativo?
No hay nada que hable de consumo recreativo.
No hay nada que hable sobre personas que desean consumir voluntariamente y que quieren hacerlo en algún espacio.
No hay nada de eso.
Estamos hablando de programas de reducción de daño. Colombia lo tiene, otros países lo tienen ya implementado y en el Ecuador, todavía no.
Y es por esa razón que la tabla contribuía a que, por lo menos esas personas que quieren consumir, estén ahí así sea escondidas donde sea, pero estaban consumiendo.
Ahora, sin las tablas, la Policía tiene la potestad para poder ir a detener esas personas.
Y la mayoría de este tipo de gente no tiene recursos para defenderse, no es que tiene una red de apoyo.
Entonces, ¿dices que hay que empezar desde educar a la gente y explicarle que existen estas personas que, si bien no son drogadictos, consumen sustancias de manera recreativa, pero no necesitan ir a una clínica, no tienen ningún problema?
Hay personas que quieren consumir.
Y tenemos que aprender a convivir con personas que desean consumir igual que como hemos aprendido a convivir con personas que quieren consumir tabaco, o con personas que quieren consumir alcohol.
El 74% de las muertes relacionadas a sustancias en el 2015 en Ecuador fue por consumo de tabaco. El 25% fue por el consumo de alcohol.
Entonces tienes estos temas mucho más impactantes desde una política que acepta estas drogas, pero ven como algo mortal al cannabis, marihuana u otro tipo de drogas. Hay que comenzar a abrir los ojos.
Por eso hay que comenzar a hablar sobre una política educativa sobre drogas.
Y cuando hablamos de una política educativa sobre drogas tiene que verse en todos los aspectos: en el sistema educativo, en la Policía y en el Ministerio de Salud Pública. Porque, inclusive, las mismas personas que trabajan en la Secretaría de Salud del Municipio están en contra del consumo de sustancias.
Y por eso es que cuando una persona está consumiendo [y busca atención médica], lo hacen esperar hasta que esté seis meses sin consumo para darle atención médica.
Hay un problema súper fuerte con el consumo de sustancias, pero no hay una política que te avale todo lo que hay detrás.
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