¿Qué es la tabla de consumo de drogas? Te explicamos

En 2014, durante el gobierno de Rafael Correa, el extinto Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Consep) implementó en Ecuador la tabla de consumo de drogas. Este documento establece las cantidades mínimas de porte de drogas permitidas en el país. Aquí te explicamos más en detalle qué es y cómo funciona.

Nueve años después, el presidente Daniel Noboa derogó la tabla de drogas, una de sus ofertas de campaña. La decisión ha sido bienvenida por cierto sector de la sociedad, que asocia la tabla al aumento de la violencia en el país, un mal relacionado al narcotráfico. 

Sin embargo, otras personas —entre ellas, varios expertos— han cuestionado la decisión de Noboa, alegando que eliminar la tabla agravaría la sobrepoblación y el hacinamiento carcelario. Alegan, además, que el aumento de la población carcelaria termina por nutrir a la grandes bandas del crimen organizado, que reclutan a miles de presos pobres, sentenciados muchas veces por microtráfico, y que no encuentra otro modo de vida en prisión que no sea plegar a una de las organizaciones delictivas más grandes del país. 

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El Ministerio del Interior, que en ese entonces estaba a cargo de José Serrano, dijo que la tabla se creó para diferenciar a los consumidores de los traficantes y microtraficantes. Por eso, de acuerdo con la cantidad de sustancias ilícitas que tuviese una persona y el tipo de droga, podría ser procesada penalmente. 

El consumo de drogas no está penalizado en Ecuador. De acuerdo con el artículo 364 de la Constitución es un tema de salud pública y debe ser tratado como un problema de adicción. Lo que sí está prohibido por la ley es su cultivo, tráfico y venta (con la excepción del cáñamo para uso industrial). Y esa es la distinción que buscaba establecer la tabla.

Antes de la tabla, la legislación ecuatoriana no distinguía entre microtraficantes y traficantes de gran escala, entonces las penas por portación o tenencia de cantidades menores llegaban a ser iguales a las de cantidades significativas de sustancias ilícitas, explica la Revista Latinoamericana de Seguridad Ciudadana de la Flacso.

El presidente Daniel Noboa propuso en su campaña que eliminaría esta tabla. Según él, fomenta el consumo y el microtráfico, especialmente entre los menores. Lo dijo también en el debate presidencial de la segunda vuelta. Su argumento es que, abusando de las cantidades permitidas por la tabla, los niños reciben droga en las escuelas, y desde muy pequeños se vuelven adictos.

No es la primera vez que un político promete eliminar la tabla de consumo de drogas. Guillermo Lasso también lo propuso en su campaña presidencial de 2017 y nuevamente en 2021.

En 2017, Lenín Moreno le pidió, a la entonces Secretaría Técnica de Drogas, que revisara la tabla de porte de sustancias, y que conformara un equipo técnico de trabajo que convocase a los ex candidatos presidenciales que habían hecho propuestas referente al tema.

El entonces presidente Moreno presentó un Plan Nacional de Prevención de Drogas, que más que eliminar la tabla, buscaba atender el aumento del consumo desde un enfoque de salud pública y fiscalizar el tráfico de sustancias.

¿Cómo funcionaba la tabla de consumo de drogas?

La tabla de consumo de drogas se dividía en dos: sustancias estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

Los estupefacientes, según la asesora farmacéutica Asefarma, son sustancias que tienen un alto potencial de dependencia. Los medicamentos de este tipo son utilizados para el tratamiento del dolor y la relajación muscular. Por ejemplo, los opioides, la morfina o la codeína. El investigador médico Daniel Simancas explica que son sustancias que actúan sobre el sistema nervioso central.

Por su lado, las sustancias psicotrópicas también actúan sobre el sistema nervioso central. Sin embargo, alteran la parte mental y psicológica de nuestro cerebro, explica la asesora farmacéutica Asefarma. 

Los medicamentos de este tipo se recetan para el tratamiento de alteraciones psiquiátricas o neurológicas. Tienen efecto sedante, hipnótico, ansiolítico, miorrelajante y anticonvulsivo, para la terapia de la ansiedad, la abstinencia alcohólica.

Los psicotrópicos no farmacéuticos, o drogas psicodélicas, producen alucinaciones porque alteran el estado de conciencia, según la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC).

Por ejemplo, algunas sustancias psicotrópicas son el alcohol, la cafeína y la nicotina —todas legales. 

Las drogas psicotrópicas son la marihuana, la heroína, el LSD, la cocaína, las anfetaminas, la metlendioxifenetilamína (MSA) y el éxtasis (MDMA). Todas, en Ecuador, ilegales (con la excepción del cáñamo industrial).

Además de diferenciar los estupefacientes de las sustancias psicotrópicas, la tabla de drogas establecía los montos máximos permitidos para la tenencia, en gramos.

¿Qué pasaba si encontraban a alguien con cantidades mayores a las permitidas? 

Cuando la tenencia de sustancias sobrepasa los límites permitidos, se consideraba un delito de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización —a gran escala. Está tipificado en el artículo 220, numeral 1, literal d, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que se sanciona con pena privativa de libertad de diez a trece años.

De acuerdo con la sentencia 7-17-CN/19 de la Corte Constitucional, “si el detenido supera las cantidades máximas admisibles de tenencia para consumo personal, corresponde a los operadores de justicia establecer que la persona en tenencia de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las contengan, tenga la intención de traficar en lugar de consumir, en el marco del derecho al debido proceso”.

Es decir, incluso cuando una persona ha sido detenida portando estas sustancias, es obligación de la Fiscalía, los jueces y la policía demostrar que la persona tenía la intención de traficarlas, es decir, venderlas o distribuirlas. 

De esta forma, por expreso mandato de la Corte Constitucional, no toda persona que tenga en su poder sustancias estupefacientes es, automáticamente, sujeto de una condena por tenencia o tráfico de drogas. Para que sea así, las autoridades deben demostrar la intención de estos individuos de traficar.   

Las principales críticas a la eliminación de la tabla de drogas

La discusión sobre la eliminación tuvo un punto álgido en 2021. Ese año, la entonces ministra de Gobierno, Alexandra Vela, insistió en su derogatoria. En una columna en GK, el periodista Iván Ulchur-Rota llamó a ese intento un retorno al “populismo penal”. 

Ese año, Carlos Valenzuela, del Comité de Prevención de Drogas — miembro del Grupo de Investigación e Intervención sobre Drogas de Ecuador—, le dijo a GK que eliminar la tabla de consumo de drogas sería una medida errada. 

Para Valenzuela, el principal problema era que no se había establecido un adecuado proceso de descriminalización, en un sistema de justicia en el que no existía —y aún no existe— una verdadera diferenciación entre los usuarios o consumidores y los traficantes. “Echarle la culpa a un instrumento que no ha sido bien utilizado y socializado es un gran problema”, dijo entonces Valenzuela. Además, definició que la eliminación era una “falencia a nivel conceptual” porque en el país “erradamente es el policía quien decide qué hacer con la persona que la ha encontrado con una sustancia ilícita y en algunos las personas le pueden decir que es para el consumo personal y el policía lo deja ir”.  Esa decisión le compete a un juez, y no a un policía. 

En ese mismo año, Efrén Guerrero, experto en derechos humanos, le dijo a GK que eliminar la tabla de consumo haría que se aumenten las sentencias por tenencia de drogas y provocaría un aumento de la población carcelaria. Para muchos expertos, el brutal aumento de la población carcelaria en el Ecuador ha sido una de las formas en que las bandas criminales, que operan desde los centros penitenciarios, han nutrido sus filas en el país. 

“El gobierno debe tener un mecanismo para no penalizar el consumo”, le dijo Guerrero a GK en 2021. “Cuando se dice que se va a eliminar la tabla se niega la posibilidad de que se establezca una cantidad mínima para que las personas puedan ser usuarias y puedan acogerse a un proceso que no los lleve a la cárcel”, apunto, además, Carlos Valenzuela en 2021.