Lucía Jaramillo Zurita no ha tenido una amplia trayectoria en política, pero aún así logró un escaño como asambleísta nacional por el Partido Social Cristiano en las elecciones anticipadas de 2023. 

Su vida pública ha sido televisiva: fue parte del elenco de la serie Super Papá, que la televisora Ecuavisa transmitió en 2007, y luego trabajó en Canal Uno en un programa de periodismo comunitario. 

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Durante su campaña de 2023, acompañó en varios recorridos al entonces candidato a la presidencia por el PSC, Jan Topic, y fue muy activa en redes sociales. 

@paolayluciajaramillo Me llamo Lucía Jaramillo….. pero también me dicen…. 😂🤣 #fypシ #viral #tambienmedicen #ladelnoticiero #ladesuperpapa ♬ sonido original - Paola y Lucía

Casi tres meses después de asumir su cargo como asambleísta, el 13 de febrero de 2024, Lucía Jaramillo publicó un comunicado en el que dijo que el Partido Social Cristiano le pidió que se separara de la organización política “por la abstención en la reciente votación sobre el IVA”. 

La asambleísta se refería a la Ley Orgánica para Enfrentar el Conflicto Armado Interno, la Crisis Social y Económica, de carácter urgente, que fue enviada por el presidente Daniel Noboa en la que propuso subir el IVA del 12 al 15%. La bancada del PSC votó en contra, y Jaramillo se abstuvo. 

En la carta dirigida a Jaramillo y firmada por el presidente del PSC, Alfredo Serrano, dice que desde 1998 el partido se comprometió a no perjudicar con más impuestos la economía de las familias ecuatorianas. 

Con su abstención, dice la carta, “ha violentado su Plan de Trabajo y una importantísima línea roja de nuestra organización política”. El texto cierra pidiéndole desvincularse de inmediato de la bancada. 

En su respuesta pública al PSC, Lucía Jaramillo escribió que “un asambleísta debe ser capaz de tener pensamiento crítico y entender la realidad del país” refiriéndose a la situación de violencia e inseguridad que enfrenta Ecuador. 

Ese mismo mes, en sus redes sociales donde tiene casi 30 mil seguidores en X, y más de 96 mil en Instagram, empezó a mostrar públicamente su apoyo al gobierno de Daniel Noboa. 

El 23 de febrero escribió que aplaudía “el financiamiento y la creación de nuevas cárceles que sean centros de rehabilitación”. El 17 de marzo, escribió “Excelente decisión del Pdte. @DanielNoboaOk para poner fin a los sueldos dorados en empresas públicas”. 

El 20 de ese mismo mes republicó una noticia de que Daniel Noboa era el presidente con mayor aceptación de la región, y un día después republicó un video de Noboa con la frase “somos un gobierno con resultados”. 

A partir de marzo de 2024, su endoso al gobierno fue constante; incluso hizo campaña por el SÍ de la consulta popular, y en entrevistas con medios de comunicación habló como vocera. 

En abril, en entrevistas y otros espacios, empezó a ser identificada como asambleísta de ADN, el partido de Daniel Noboa, a pesar de que en la página de la Asamblea Nacional sigue catalogada como independiente. 

Su trabajo como asambleísta

Lucía Jaramillo es integrante de la Comisión Permanente de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana, y vicepresidente de la Comisión Permanente del Comité de Ética.

Uno de los proyectos que apoyó como asambleísta fue el tratado de libre comercio con China. “Todo acuerdo comercial bien negociado es una puerta al desarrollo. Y este tratado de libre comercio con China abre las puertas al mayor mercado del planeta con 1400 millones de consumidores”, dijo el 7 de febrero de 2024, cuando la Asamblea lo aprobó. 

Jaramillo recordó los que consideraba los beneficios como las 11 mil nuevas plazas de empleo que se pueden crear, los 3 mil millones de dólares adicionales a los 5 mil millones que ya exporta el país, entre otros. 

Antes de desafiliarse del PSC, votó con la bancada a favor de la Ley de extinción de dominio, que permite que el Estado use bienes —muebles o inmuebles—, dinero en efectivo, entre otros, que provengan de actividades ilícitas. 

La relación entre el PSC y el gobierno se ha agriado con el paso de los meses. Al inicio del periodo de Noboa, en noviembre de 2023, socialcristianos y nobistas (aglutinados en el movimiento ADN en la Asamblea) mantuvieron una alianza legislativa —que incluyó al correísmo— y permitió la aprobación de leyes que el presidente Noboa consideraba esencial en su plan de gobierno. 

Sin embargo, desde la reforma tributaria por la que Jaramillo votó y le costó su pertenencia al PSC, el cruce de acusaciones y señalamientos han roto del todo el diálogo entre el movimiento que lidera el Ejecutivo (ADN) y el que lidera el Legislativo (el PSC, cuyo asambleísta Henry Kronfle es presidente de la Asamblea). 

El 16 de julio de 2024, Jaramillo dijo que en la Asamblea se crearía un Frente Parlamentario de Lucha contra el Tráfico de Combustibles. El anuncio lo hizo cuatro días después de que el gobierno de Noboa denunciara al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y a sus dos hermanos, por presuntas irregularidades en la comercialización de combustibles. 

En una rueda de prensa, Jaramillo dijo que la empresa de los hermanos Álvarez Henriques le habría vendido de forma irregular a otra compañía más de 745 mil galones de combustible.

Luego de su declaración, Álvarez le respondió en su cuenta de X. Empezó su mensaje escribiendo “pobrecita esta niña y toda esa bancada” y sugirió que deberían fiscalizar la barcaza de Karpower —la que llegará a Ecuador para, supuestamente, resolver parte de la crisis energética. 

“Pocotón de vagos en esa bancada, a vaca con los sueldos que les paga el pueblo. Sigan con esa narrativa para cortina de humo con todas sus porquerías, en Fiscalía nos vemos”, dijo Álvarez. 

Una discreta trayectoria política

Según los registros de la Contraloría, Lucía Jaramillo fue asistente de un asambleísta de Guayaquil, desde el 1 de abril del 2019 hasta el 10 de mayo del 2019. En ese mismo tiempo, consta como asistente de otro asambleísta de Pichincha. En el documento de la Contraloría no se registran los nombres de los asambleístas para los que trabajaba.

Jaramillo trabajó en el Municipio de Guayaquil, de 2020 a 2023, durante la alcaldía de Cynthia Viteri. Sus cargos han variado en ese tiempo: el 15 de mayo de 2020 inició como asistente técnico y el 9 de julio del 2021 pasó a ser jefa del Departamento de Control y Calidad de los Servicios al Ciudadano. El 4 de agosto de 2021 ocupó el puesto de especialista en mejora continua.

El 11 de abril del 2022 su función en el Municipio cambió a especialista de difusión de gestión organizacional y mejora continua. Para el 23 de septiembre de 2022 pasó a ser especialista de políticas y normas y el 18 de mayo del 2023 finalizó su gestión. 

Su hermana gemela Paola fue parte de la Asamblea Nacional entre 2018 y 2023, como alterna de Henry Kronfle, asambleísta socialcristiano., en tres ocasiones.

Dentro de las propuestas de Lucía Jaramillo para llegar al legislativo está la de reformar el Código Orgánico Integral Penal (COIP) para que los vacunadores cumplan la pena al 100% y que no puedan acogerse a ningún régimen de reducción de penas.

Sus estudios y vida profesional fuera del sector público

Lucía Jaramillo nació el 29 de julio de 1990 en Guayaquil. En sus redes oficiales dice que es abogada y tiene un Máster en Comunicación Política. Sin embargo, en el registro de títulos de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), solo consta su título de abogada por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.

Junto a su hermana gemela, Paola, empezó su paso por el mundo audiovisual, en producciones como Súper Papá y el filme Sueños de Juventud —también de 2007—. En su paso por el periodismo televisivo fue también asistente informativa y de investigación para el noticiero En Contacto, de Ecuavisa, por un poco más de un año.

Tiene declaraciones del impuesto a la renta entre el 2016 y el 2022. El monto más alto que ha pagado es de 1585.78 dólares, durante el 2021. Según lo que consta en la página del Servicio de Rentas Internas (SRI), está al día con sus declaraciones. Su última declaración juramentada, de 2023, establece que su patrimonio es de 18 mil dólares.

No tiene ningún proceso judicial abierto según información pública.

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