El ministro del Interior, Juan Zapata, presentó ante la Fiscalía General del Estado (FGE) el informe que presuntamente vincula a 28 candidatos con varios delitos. Entre ellos narcotráfico, minería ilegal y delitos conexos.

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Zapata hizo entrega del informe este 25 de enero de 2023, en horas de la mañana.

El informe es el resultado de los trabajos de investigación de inteligencia que han sido realizados por miembros de la institución policial, dijo Zapata. “El informe que entregamos contiene nombres, dignidad a la que postulan y el partido al que pertenecen”, dijo Zapata. 

De estos 28 candidatos que estarían involucrados con estos delitos —a través del financiamiento de sus campañas y por la cercanía con personas de estas organizaciones criminales— 22 son hombres y 6 mujeres. Zapata también dijo que 21 de estas personas sospechosas postulan para alcaldes, tres para prefectos y cuatro buscan llegar a concejos municipales. 

Según lo que dijo Zapata, las 28 personas vinculadas han lanzado su candidatura en 11 provincias:

  • Azuay
  • Bolívar
  • El Oro
  • Esmeraldas
  • Guayas
  • Los Ríos
  • Manabí
  • Orellana
  • Pichincha
  • Santo Domingo de los Tsáchilas 
  • Sucumbíos

Según palabras del comandante general de la Policía, Fausto Salinas, el informe recaba información de fuentes humanas, abiertas y de otras investigaciones que estaban curso. “Nuestra obligación es poner a orden de la justicia la información recabada”, dijo Salinas.

Denuncias anteriores desde la Asamblea

De acuerdo a Zapata, este 25 de enero, la información que entregó el gobierno a la Fiscalía servirá para alimentar ocho investigaciones previas que ya se están realizando dentro de la institución. Además, aseguró que la “Policía Nacional brindará la colaboración necesaria”.

Esta entrega de información no ha sido la única que ha recibido la Fiscalía en lo que va del año, bajo el pedido de que investigue si existen posibles nexos entre candidatos y delitos como el narcotráfico. El pasado viernes 6 de enero de 2023 se realizó otra entrega de información a la FGE.

Esa vez por parte del Frente Parlamentario Anticorrupción, un grupo de asambleístas que incluye a Diana Pesántez, Washington Varela, Fernando Villavicencio, Eduardo Mendoza, Ricardo Vanegas y Gisella Molina. 

conflictos de villavicencio

Fernando Villavicencio en una sesión del Pleno. Fotografía del Flickr de la Asamblea Nacional. Licencia CC BY-SA 2.0.

De acuerdo a los legisladores, ellos habrían identificaron al menos a cinco candidatos y las posibles relaciones con estructuras criminales. Entre los señalados citaron, dando algunos nombres, a los siguientes candidatos:

  • Agustín Intriago, candidato a la reelección por la alcaldía de Manta, que estaría relacionado con el fallecido Leandro Norero, a través de varias empresas que han ganado licitaciones.
  • Adis Solís, candidata a la alcaldía de San Lorenzo —por Revolución Ciudadana y Amigo— acusada de aumento de patrimonio en poco tiempo y de dirigir una red de corrupción en el Registro Civil de San Lorenzo. Además, se la señala por tener un cuñado sentenciado por transporte de drogas.
  • Un candidato a alcalde a Atacames relacionado con Enrique Portocarrero, el esmeraldeño que es pedido por Estados Unidos por narcotráfico y que fue detenido el 22 de noviembre de 2022 en Madrid. Los asambleístas dicen que Portocarrero estaría detrás del financiamiento de candidaturas a alcaldías de varios cantones de Esmeraldas.
  • Un candidato a concejal al cantón Las Naves, en Bolívar, por Pachakutik y que —de acuerdo a los asambleístas—, fue sentenciado como coautor del delito de tráfico ilícito de drogas y recibió una condena de 12 años de prisión. 
  • Candidato a la reelección para la prefectura de Sucumbíos por Suma y Pachakutik. Para los denunciantes, el candidato tendría relación con una persona que identifican como su financista —y que fue asesinada por sicariato el 22 de diciembre de 2022.

El 19 de enero, el autodenominado Frente Parlamentario Anticorrupción entregó un nuevo informe a la Fiscalía, en el que incluía tres nombres de candidatos de CREO,  movimiento liderado por el presidente Guillermo Lasso que, según ellos, tendrían relaciones con el narcotráfico.

Durante la presentación de estos documentos, el asambleísta de Pachakutik, Ricardo Vanegas, dijo que si este frente entregó esta información a la Fiscalía es para darle “la oportunidad al Presidente de presentar los nombres”, dijo Vanegas.

Hasta el momento no ha existido una tercera entrega de información por parte de los asambleístas.

El financiamiento de los políticos en campaña

De acuerdo al Código de la Democracia, en su capítulo cuatro, las organizaciones políticas pueden recibir financiamiento público y privado. Pero en la práctica, al menos en época electoral, el Consejo Nacional Electoral no entrega dinero en efecto o directamente a los movimientos o partidos; lo que hace es entregar un fondo para promoción electoral que se reparte entre los medios de comunicación seleccionados por los candidatos y que están autorizados.

Con relación a los aportes privados, estos pueden venir por la ciudadanía en genera, no empresas.

Los aportes no son ilimitados. Hay un tope o límite de gasto electoral para cada dignidad, que se definió en función del número de votantes por cada provincia y ciudad, así como por cada cargo. Por ejemplo:

  • Prefectura del Guayas: 956.070,90 dólares
  • Prefectura de Pichincha: 699.819,30 dólares
  • Prefectura de Azuay: 190.515,30 dólares
  • Prefectura de Carchi: 44.555,70 dólares
  • Alcaldía de Quito: 805.470,00 dólares
  • Alcaldía de Guayaquil: 800.236,80 dólares
  • Alcaldía de Pindal (en provincia de Loja): 5 mil dólares

Al día siguiente de las elecciones, el 6 de febrero de 2023, los movimientos y partidos tendrán 90 días para presentar un informe de ingresos, con el nombre de los aportantes, documentos de respaldos y comprobantes de ingreso. También deben abrir una cuenta bancaria en la que depositarán los ingresos para que el CNE haga la revisión y el cruce con la información del gasto electoral.

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