Casas de acogida exigen más recursos para funcionar; Ministra asegura que los recibirán

El 2022 empezó con incertidumbre para las casas de acogida en Ecuador: dos de ellas cerraron sus puertas y no pudieron atender a nuevas mujeres, y otras cuatro tuvieron que reducir su presupuesto y su personal según los lineamientos de la entonces Secretaría de Derechos Humanos (hoy, Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos). 

Una casa de acogida es un espacio físico donde mujeres o adolescentes víctimas de violencia llegan a pedir auxilio tras huir de sus agresores. En 2023, tienen miedo de recibir menos dinero y no poder atender a las mujeres. 

Hay dos razones principales para su preocupación. 

La primera, alegan las coordinadoras de tres casas de acogida luego de conversaciones con funcionarios del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, es que el presupuesto no ha cambiado. Como es una convocatoria abierta, se espera que en 2023 participen más organizaciones por lo que los fondos que reciba cada una podrían disminuir. 

La segunda razón es que el número del personal se mantiene en cinco, como en 2022. La entonces Secretaría de Derechos Humanos eliminó los roles de una facilitadora y una educadora. Hasta 2021, los fondos de la Secretaría cubrían el salario de 7 colaboradoras: una psicóloga, una abogada, dos facilitadoras, una trabajadora social, una administradora y una educadora. 

Son piezas esenciales para el vital socorro que prestan.“Para las casas de acogida es complejo no contar con el personal suficiente para poder dar una atención especializada a las mujeres y sus hijos e hijas”, dice Marlene Villavicencio, representante de la Red Nacional de Casas de Acogida, que agrupa a 10 casas que comparten un mismo modelo de atención con enfoque de género. Cinco son manejadas por organizaciones sociales y están en Lago Agrio, El Coca, Guayaquil, Quito, Cuenca; y cinco reciben fondos de los gobiernos autónomos descentralizados (no del gobierno central) y están en Esmeraldas, Salcedo, Azogues, Tena y Tulcán.

Allí reciben techo, comida, apoyo legal y psicológico, capacitaciones en distintos oficios, y guía para rehacer su vida una vez que salgan de la casa. Por citar un solo caso: en una de estas casas, en 2017, conocí a Daniela*, una adolescente que fue violada por su padre, quedó embarazada, y fue expulsada de su familia y su pueblo. Este lugar se convirtió en su refugio. 

Cada una de las colaboradoras de la casa trabaja en un área indispensable para cada una de las mujeres, adolescentes y niñas que viven en estos refugios. 

Quizá el rol más demandante es el de facilitadora, quien se encarga de que todo funcione dentro de la casa: la limpieza, la alimentación, los talleres. “Da acompañamiento a las mujeres, coordina la preparación de los alimentos, los tiempos, la organización, el manejo de las bodegas, coordina al equipo cuando pasa algo de madrugada”, dice Blanca Pacheco, directora de la Casa María Amor, en la ciudad austral de Cuenca. “La facilitadora garantiza el acompañamiento profesional las 24 horas del día los 7 días a la semana”, agrega Marlene Villavicencio sobre este rol que considera esencial. Desde que hay una sola facilitadora, las otras personas que trabajan en la casa se han turnado para suplir ese rol. Sus horas de trabajo se han duplicado.

La educadora, por su parte, “garantiza la atención especializada a los niños y niñas” en estos espacios, explica Villavicencio. Como las mujeres llegan con sus hijos —que pueden tener entre menos de un año y 17 años—, el rol de la educadora, hasta 2021, era orientar, dar refuerzo pedagógico y ser el puente entre los estudiantes y los centros educativos: muchos niños y niñas, por ejemplo, no podían asistir a sus escuelas porque el agresor podría buscarlos allí. La educadora de la casa coordinaba para que los niños o adolescentes recibieran sus tareas y material escolar, evitando retrasos en su aprendizaje. 

Mujeres y sus hijos en una actividad en una casa de acogida. Fotografía cortesía de Nancy Pastuña.

Pero desde 2022 las casas, que reciben fondos del Estado desde 2008, tuvieron que funcionar sin esas dos colaboradoras “el equipo ha tenido que tomar más acciones y de manera más integral para que la psicóloga y trabajadora social puedan acompañar el seguimiento educativo”, dice Blanca Pacheco, de la casa de acogida de Cuenca.

¿Por qué se eliminó ese rol? La Ministra de la Mujer y Derechos Humanos, Paola Flores, dice que fue por una observación de la Contraloría: el perfil de educadora le pertenece al Ministerio de Educación y no al de Derechos Humanos. Flores recuerda también que ese cambio se hizo antes de que ella ocupara el cargo (cuando la secretaria era Bernarda Ordóñez).

Sin embargo, Flores dice que una vez que se firmen los convenios con las casas de acogida y los centros de atención integral en enero de 2023, “hay que, con ellas [las administradoras], sentarse y decir ‘no, no pongamos educadora, pongamos otro nombre” para poder recuperar ese rol. 

Los convenios, según el calendario de la institución, deberían firmarse entre el 30 y 31 de enero de este año. El periodo para entregar propuestas se abrió el 30 de diciembre de 2022, y el límite es el domingo 8 de enero. Según el mismo cronograma, entre el 19 y el 21 de enero se publicarán los resultados de cuántas y cuáles fueron seleccionadas. 

Las dudas sobre el presupuesto

En 2022, 4 casas de acogida y 17 centros de atención integral —que brindan servicios ambulatorios a víctimas de violencia— firmaron convenios con la entonces Secretaría de Derechos Humanos. El presupuesto en ese entonces fue, en total, de 2,18 millones de dólares. 

Aunque las coordinadoras de las casas de acogida insisten en que temen quedarse por fuera de la convocatoria de este año, o recibir un presupuesto menor al de 2022 si son seleccionadas, la ministra Flores asegura que no deben preocuparse porque habrá suficientes recursos para todas. 

Sobre la cantidad, Flores dice que “no tenemos un cierre o un monto establecido para entregar a las casas sino más bien es un monto abierto de acuerdo a las propuestas que nos entreguen las casas y centros de atención integral”. Si presentan más casas de acogida, según Flores, serán contempladas a nivel presupuestario insiste la Ministra de la Mujer y Derechos Humanos. Consultada nuevamente sobre el tope de ese presupuesto, repitió: “No quiero darle un monto porque si es que presentan 7 casas podrán ser calificadas, pero todo depende del tema del reglamento”.

La Casa María Amor recibe a mujeres víctimas de violencia en Cuenca. Fotografía cortesía de Geraldina Guerra.

Flores agrega que hicieron una reforma al reglamento que rige las casas de acogida y centros que permitirá “hacer unas adendas a los convenios, fijar los montos y el tema de las pólizas”. Cuando reciben el primer desembolso como anticipo, las representantes legales de estos espacios deben presentar una póliza, y este requisito, en varias ocasiones, ha sido un obstáculo para las casas. 

Por ejemplo, en enero de 2022, Nancy Pastuña, psicóloga de la Casa Paula en El Coca, le dijo a GK que se demoraron en firmar el convenio porque la aseguradora con la que estaban sacando la póliza les negó el trámite. La Casa Hogar de Nazaret, en Guayaquil, también suscribió tarde el convenio por demoras en ese mismo trámite. 

A pesar de la certeza de Paola Flores de que las casas no tienen que preocuparse, sus administradoras aseguran que no han recibido información oficial que les garantice la tranquilidad para funcionar. Una casa de acogida no cierra ningún día del año. Literalmente: cada minuto cuenta y cuesta.

Un 2022 sin convenio

En 2022, Casa Amiga, en Lago Agrio, y Casa Paula, en El Coca, decidieron no firmar convenios con la entonces Secretaría de Derechos Humanos porque consideraron que el trato que habían recibido era indigno. En ese entonces se quejaron de la reducción del presupuesto, de la eliminación de la facilitadora y educadora, y de la incertidumbre que causó la demora en la firma de los convenios. 

La Casa Amiga en Lago Agrio, Sucumbíos, acoge a decenas de mujeres, adolescentes y niñas.

“El año pasado sobrevivimos haciendo magia”, dice Amparo Peñaherra, de Casa Amiga. Redistribuyeron fondos de otros proyectos, buscaron donaciones de organizaciones nacionales e internacionales pero, asegura, el trabajo fue el doble. 

“Ha sido un año muy muy duro porque el estado emocional no es el mismo, hay mucha incertidumbre, no se sabe qué va a pasar”, agrega Peñaherrera. Insiste en que en 2023 tampoco le parece que las condiciones sean dignas, por eso no van a presentar su propuesta al Ministerio. 

Peñaherrera recuerda que en el último trimestre de 2022, las representantes de las casas y centros tuvieron un encuentro en Quito. “Salimos muy emocionadas porque nos atendieron súper bien, nos reunimos con funcionarios con mucha vocación. La ministra actual ofreció que iban a aumentar los presupuestos”, afirma. Después, asegura, les comunicaron que no tenían el presupuesto, y recuerda que Ana Gabriela Toledo, quien fue Subsecretaria de Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres hasta noviembre de 2022, renunció por este tema. 

En un tuit, Toledo dijo que dejaba su puesto porque “sin recursos no hay acuerdos y mi lealtad será siempre con las mujeres”. 

Inés Ramírez, de la Casa Paula de El Coca, dice que en 2022 sobrevivieron con donaciones y ahorros. Tuvieron un proyecto de atención a niños y adolescentes, y recibieron apoyo del vicariato de Aguarico. Además, dice que una empresa que pidió que su nombre no se divulgara, les ha donado la comida. A pesar de estos esfuerzos, recuerda que hay también voluntarias que ayudan sin recibir sueldo. 

A inicios de 2023, Casa Paula está llena. Hay 32 personas entre mujeres, hijos e hijas, y mujeres adolescentes que están solas y llegaron luego de ser víctimas de delitos sexuales. Este año, Ramírez dice que sí van a participar en la convocatoria, aunque cree que no ha habido cambios sustanciales. Recuerda que el año anterior, ella y Amparo Peñaherrera decidieron no firmar los convenios para sentar un precedente. “Y decir ‘basta de vulnerar derechos, de quitar recursos que son básicos para las casas’”, afirma. Pero ella cree que su postura no ha sido escuchada.

El trabajo que hacen estos espacios salva vidas e, insisten quienes trabajan ahí sin horarios fijos, debería ser más valorado y remunerado. “Necesitamos un presupuesto digno para responder las necesidades de las mujeres”, concluye Ramírez. 

En las siguientes semanas de enero de 2023, se sabrá si habrá dinero para todas las casas que participen y cumplan los requisitos, como ha insistido la ministra Flores, o si el miedo de las administradoras se hará realidad.