Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Francisco Bravo e Ibeth Estupiñán seguirán siendo vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). 

En la sesión 813 de la Asamblea Nacional —que duró cerca de diez horas el 18 de noviembre de 2022—, el pleno del legislativo decidió censurar y destituirlos como miembros del Consejo, que fueron parte de la mayoría del organismo, Sin embargo, días después, una medida cautelar suspendió su destitución y luego una acción de protección declaró nulo el juicio político en contra de los consejeros. 

El 23 de noviembre de 2022 el juez Ángel Lindao Vera dispuso la suspensión de lo decidido por la Asamblea “al haberse verificado del solo relato creíble que se han inobservado e irrespetado nuestro Estado Constitucional de Derechos y Justicia”. Por eso, los cuatro consejeros Ulloa, Rivadeneira, Bravo y Estupiñán regresaron a sus labores, 5 días después de que la Asamblea aprobó su destitución con 85 votos a favor de los 117 asambleístas que estuvieron presentes en la sesión del 18 de noviembre. 

El presidente del Legislativo, Virgilio Saquicela, cuestionó la decisión del juez Ángel Lindao, de la Unidad Judicial Multicompetente de La Concordia, en Santo Domingo de los Tsáchilas, que aceptó la medida cautelar que suspendió la destitución y los restituyó a funciones. 

Ese mismo día, Saquicela, acompañado de legisladores del Partido Social Cristiano, Pachakutik, la coalición correísta Unión por la Esperanza y una facción de la Izquierda Democrática, dijeron que no acataría la resolución. 

Saquicela dijo que, pese a la decisión del juez Lindao, los nuevos cuatro vocales serían posesionados el 24 de noviembre.“No podemos acatar como Función Legislativa algo que es inejecutable, la Función Judicial no puede entrometerse”, aseguró Saquicela, ante medios de comunicación. Sin embargo, ninguno de los cuatro vocales que debían posesionarse este jueves asistió a la sesión de la Asamblea, que se instaló el 24 de noviembre. 

Después de esa fallida posesión, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, dijo, ante medios de comunicación, que el gobierno sigue reconociendo “a los cuatro consejeros, porque hay una acción judicial que ha dado una resolución”. 

La posesión del reemplazo de los vocales del CPCCS se intentó hacer en otras dos ocasiones, pero no se logró. La tarde del 7 de diciembre de 2022, el tercer intento de posesionar a los nuevos consejeros, Saquicela suspendió la sesión del pleno porque ese día el juez Lindao aceptó la acción de protección a favor de Ulloa, Rivadeneira, Bravo y Estupiñán y ordenó “dejar sin efecto jurídico” lo que la Asamblea decidió el 18 de noviembre.  

Además, Lindao ordenó que Saquicela se disculpe públicamente con Ulloa, Rivadeneira, Bravo y Estupiñán en un plazo de 5 días. Esa disculpa, dice la resolución del juez, debe hacerse en un diario de amplia circulación nacional y en la página web de la Asamblea Nacional. Otra de las órdenes del juez Lindao es que la Asamblea Nacional  coloque una placa conmemorativa en su entrada con la frase “ningún poder del estado está por encima del Control Constitucional”.

Después de cancelar la sesión del 7 de diciembre, Virgilio Saquicela rechazó la decisión del juez y aseguró que fue apelada. 

Mientras las disputas entre la Asamblea y el CPCCS continúan, la incertidumbre aumenta en otras instituciones del Estado. El 3 de diciembre la mayoría del CPCCS —conformada por Ulloa, Rivadeneira, Bravo y Estupiñán — designó a Roberto Romero von Buchwald como el nuevo Superintendente de Bancos del país. Sin embargo, la Asamblea Nacional se ha negado a posesionarlo en el cargo porque no reconoce a esos vocales como parte del Consejo. Todavía no está claro si Romero podrá ejercer el cargo.

Última Actualización: 8 diciembre, 2022
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El juicio político en la Asamblea Nacional

Luego de casi diez horas de sesión, la intervención de 18 legisladores y el descargo de pruebas de los consejeros interpelados, se resolvió la remoción de Ulloa, Rivadeneira, Bravo y Estupiñán. 

Fue una sesión que arrancó pasadas las 2:45 de la tarde, con un salón casi vacío: solamente 70 legisladores estaban presentes, del total de 137 que componen el pleno de la Asamblea Nacional. Fue con la interpelación de la legisladora Mireya Pazmiño, del ala “rebelde” de Pachakutik, que comenzó el juicio político contra los vocales. Conforme pasaron las horas, llegaron los otros 47 asambleístas. 

En dos causales se sustentó la censura y destitución: el “incumplimiento de funciones” por reformar el reglamento para el concurso de Contralor General del Estado y la falta de transparencia en la designación de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial. 

Tras la resolución legislativa —que llegó a las 11:59 de la noche—, los consejeros no solo quedaron fuera del CPCCS, sino que no podrían ejercer un cargo político durante los próximos dos años

Aunque se necesitaban 70 votos para que la censura y la destitución se concreten, fueron 85 los logrados en el juicio político en contra de los vocales. Hubo 28 abstenciones, dos votos en contra y dos votos en blanco

La gran mayoría de votos llegó desde la coalición correísta Unión por la Esperanza, los asambleístas del Partido Social Cristiano y los legisladores disidentes de los movimientos políticos Pachakutik e Izquierda Democrática. 

El legislador Peter Calo, de Pachakutik, solicitó la reconsideración de la votación. Pero ese pedido no fue aprobado por la Asamblea Nacional. Con la presencia de 113 asambleístas, la decisión fue similar a la primera: 85 legisladores votaron en contra, 12 a favor, 16 abstenciones y cero en blanco. 

Hernán Ulloa, que fungía como presidente del Consejo hasta antes de su destitución, María Fernanda Rivadeneira, que era vicepresidenta, Francisco Bravo e Ibeth Estupiñán rechazaron la decisión del legislativo. Rivadeneira, por ejemplo, anunció que ella y sus colegas destituidos harán “un solo frente” para impugnar la resolución de la Asamblea. 

Incluso, dijo que podría llegar a instancias internacionales pues, para los ex vocales, el juicio político, impulsado por la unión del correísmo y sus aliados en la Asamblea, no solo “no tenía sustento”, sino que constituye una “vulneración de derechos”. 

También existe una acción de protección con medidas cautelares —que interpuso el asambleísta oficialista Washington Varela, de la Bancada del Acuerdo Nacional— con la que se pretende anular lo actuado y ocurrido dentro del juicio político. Tres magistrados del Tribunal de Garantías Penales de Quitumbe, en el sur de Quito, deben darle trámite al recurso legal. 

La decisión de un juez sobre el caso

En los días siguientes debían ser posicionados los suplentes que asumirán los cargos de los vocales destituidos. El presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, convocó al pleno a una sesión para el 24 de noviembre de 2022. Sin embargo, la mañana del 23 de noviembre, un juez del cantón La Concordia, en Santo Domingo de los Tsáchilas, aceptó una medida cautelar que suspendió los efectos de la resolución tomada el 18 de noviembre, esta era parte de una acción de protección, presentada por el ciudadano Manuel Párraga Quiroz en contra de Virgilio Saqiucela y de Juan Carlos Larrea, procurador general del Estado. 

El juez Ángel Lindao Vera dispuso la suspensión de los decidido por la Asamblea “al haberse verificado del solo relato creíble que se han inobservado e irrespetado nuestro Estado Constitucional de Derechos y Justicia, poniendo en grave riesgo los derechos constitucionales” de los consejeros destituidos. 

El juez Lindao ordenó que se suspenda la destitución de los consejeros del CPCCS y “cualquier otro trámite” relacionado —es decir, la posesión de los suplentes— hasta que se le haga llegar toda la documentación pertinente al juicio político. 

El 7 de diciembre de 2022, Lindao aprobó la acción de protección y declaró nulo el juicio político contra los 4 vocales de la mayoría del CPCCS.

Esta no es la única acción legal relacionada al caso. El 12 de diciembre se debe resolver una acción de protección con medida cautelar presentada por el asambleísta Washington Varela Salazar contra Virgilio Saquicela en un tribunal de garantías penales de Quitumbe, en Quito. Varela presentó el recurso argumentando que en el juicio político se vulneró el derecho al debido proceso y la seguridad jurídica de los consejeros destituidos. 

El camino al juicio político

El 15 de noviembre de 2022, en el pleno de la Asamblea Nacional, durante la sesión 810, se aprobó un proyecto de resolución para someter a juicio político a los consejeros Hernán Ulloa, Ibeth Estupiñán, María Fernanda Rivadeneira y Francisco Bravo. Este fue presentado por la asambleísta Mireya Pazmiño, quien luego de mocionar este pedido fue separada del bloque de Pachakutik, al que pertenecía.

El otro peticionario fue el asambleísta Ángel Maita, del ala “rebelde” de Pachakutik.

De acuerdo al coordinador de la bancada, Salvador Quishpe, Pazmiño se habría salido de la línea política del movimiento al dirigir el juicio político, escogiendo a cuatro de los siete consejeros y no a la totalidad del CPCCS. Para Quishpe esto no fue más que un “cálculo político del correísmo y del Partido Social Cristiano, quienes están buscando, no corregir los errores del Consejo, sino recuperar esa mayoría para nombrar a las autoridades de control con la Contraloría General del Estado a la cabeza, y Pachakutik no puede prestarse para eso”.

Ulloa y los consejeros Estupiñán, Rivadeneira y Bravo fueron acusados de “incumplimiento de funciones al reformar el Reglamento para la designación del Contralor y por la falta de transparencia en la designación del Superintendente de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo”, de acuerdo a la web de la Asamblea Nacional.

Los cuatro consejeros sometidos al juicio fueron los que en febrero de 2022 removieron a Sofìa Almeida y David Rosero como presidenta y vicepresidente del CPCCS, respectivamente. 

Los cuatro vocales apelaron a dos motivos para remover a Almeida y Rosero. El primero que, supuestamente, no convocaron, durante 13 días, a una sesión declarada permanente —es decir, que no debía suspenderse. El segundo, las presuntas irregularidades en los procesos de selección de autoridades como el Contralor General del Estado.

El mismo proceso de designación que en noviembre los llevó a juicio político.

Pero este no es el único cambio que podría tener la institución. En el referendum constitucional de 2023 se incluirá una pregunta para quitarle la función de seleccionar a las autoridades y otra que modificará cómo se escogen los miembros del Consejo. 

Consecuencias directas

El país ya vive las consecuencias directas de esta pugna entre la Asamblea Nacional, y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El pasado 3 de diciembre de 2022, el CPCCS —con Hernán Ulloa a la cabeza— designó a Roberto Romero von Buchwald como Superintendente de Bancos

Pero es poco probable que Romero llegue a ejercer el cargo.

Porque la Asamblea Nacional ha expresado, implícitamente, que no lo va a posesionar. Romero von Buchwald fue seleccionado por la mayoría de cuatro consejeros del CPCCS que fue destituida.  

Y apenas se hizo pública esta designación, la Asamblea Nacional publicó un comunicado en el que expone que no reconoce la decisión del juez Ángel Lindao, de la Unidad Judicial Multicompetente de La Concordia, en Santo Domingo de los Tsáchilas, que suspendió la destitución. 

En el comunicado, la Asamblea considera a esta resolución judicial como una violación a la Constitución y a la “independencia de una de las funciones del Estado”.

Por eso es improbable que la Asamblea, que está obligada constitucionalmente a posesionar al Superintendente de Bancos, posesione a Roberto Romero von Buchwald, quien fue seleccionado de la terna que envió el despacho del presidente Guillermo Lasso, en la que también se incluían los nombres de Felipe Cabezas-Klaere y Rosa Herrera Delgado. 

Entonces, Ecuador no tendría un Superintendente de Bancos que pueda ejercer el cargo en un futuro cercano. Un tuit de la asambleísta Paola Cabezas —de la bancada de UNES— lo pone en evidencia:

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