Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Francisco Bravo e Ibeth Estupiñán no son más vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En la sesión 813 de la Asamblea Nacional —que duró cerca de diez horas el 18 de noviembre de 2022—, el pleno del legislativo decidió censurar y destituir a los ahora ex miembros del Consejo, que fueron parte de la mayoría del organismo, con 85 votos a favor de los 117 asambleístas que estuvieron presentes. Sin embargo, cinco días después, una acción de protección suspendió su destitución. 

Última Actualización: 5 diciembre, 2022
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El 23 de noviembre, los cuatro consejeros Ulloa, Rivadeneira, Bravo y Estupiñán regresaron a sus labores. Pero el presidente del Legislativo, Virgilio Saquicela, cuestionó la decisión del juez Ángel Lindao, de la Unidad Judicial Multicompetente de La Concordia, en Santo Domingo de los Tsáchilas, que aceptó una medida cautelar que los restituyó a funciones. Ese mismo día, Saquicela, acompañado de legisladores del Partido Social Cristiano, Pachakutik, la coalición correísta Unión por la Esperanza y un bloque de la Izquierda Democrática, dijeron que no acataría la resolución. 

Saquicela dijo que, pese a la decisión del juez Lindao,  los nuevos cuatro vocales serían posesionados el 24 de noviembre.“No podemos acatar como Función Legislativa algo que es inejecutable, la Función Judicial no puede entrometerse”, aseguró Saquicela, ante medios de comunicación. 

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Sin embargo, ninguno de los cuatro vocales que debían posesionarse este jueves asistió a la sesión de la Asamblea, que se instaló el 24 de noviembre. 

Por la mañana, el ministro Francisco Jiménez dijo, ante medios de comunicación, que el gobierno sigue reconociendo “a los cuatro consejeros, porque hay una acción judicial que ha dado una resolución”. 

Aseguró, además, que esperarán a ver cómo culmina la disputa de los consejeros. “Estamos a la expectativa de cómo se resuelva la situación por parte de los organismos de administración de justicia y de la Función Legislativa, pero esperamos que se respete la ley, que no por plasmar agendas partidistas se haga tabla rasa de las leyes”, dijo Jiménez. 

Te explicamos cómo avanza el proceso. 

El juicio político en la Asamblea Nacional

Luego de casi diez horas de sesión, la intervención de 18 legisladores y el descargo de pruebas de los ex consejeros interpelados, se resolvió la remoción de Ulloa, Rivadeneira, Bravo y Estupiñán. 

Fue una sesión que arrancó pasadas las 2:45 de la tarde, con un salón casi vacío: solamente 70 legisladores estaban presentes, del total de 137 que componen el pleno de la Asamblea Nacional. Fue con la interpelación de la legisladora Mireya Pazmiño, del ala “rebelde” de Pachakutik, que comenzó el juicio político contra los ahora ex vocales. Conforme pasaron las horas, llegaron los otros 47 asambleístas. 

En dos causales se sustentó la censura y destitución: el “incumplimiento de funciones” por reformar el reglamento para el concurso de Contralor General del Estado y la falta de transparencia en la designación de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial. 

Tras la resolución legislativa —que llegó a las 11:59 de la noche—, los ex consejeros no solo quedaron fuera del CPCCS, sino que no podrán ejercer un cargo político durante los próximos dos años. Además, en los próximos días, deberán ser posicionados los suplentes que asumirán los cargos de los vocales destituidos, aunque el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, no anunció cuándo se realizará aquella transición. 

Aunque se necesitaban 70 votos para que la censura y la destitución se concreten, fueron 85 los logrados en el juicio político en contra de los ex vocales. Hubo 28 abstenciones, dos votos en contra y dos votos en blanco

La gran mayoría de votos llegó desde la coalición correísta Unión por la Esperanza, los asambleístas del Partido Social Cristiano y los legisladores disidentes de los movimientos políticos Pachakutik e Izquierda Democrática. 

El legislador Peter Calo, de Pachakutik, solicitó la reconsideración de la votación. Pero ese pedido no fue aprobado por la Asamblea Nacional. Con la presencia de 113 asambleístas, la decisión fue similar a la primera: 85 legisladores votaron en contra, 12 a favor, 16 abstenciones y cero en blanco. 

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Hernán Ulloa, que fungía como presidente del Consejo hasta antes de su destitución, María Fernanda Rivadeneira, que era vicepresidenta, Francisco Bravo e Ibeth Estupiñán rechazaron la decisión del legislativo. Rivadeneira, por ejemplo, anunció que ella y sus colegas destituidos harán “un solo frente” para impugnar la resolución de la Asamblea. 

Incluso, dijo que podría llegar a instancias internacionales pues, para los ex vocales, el juicio político, impulsado por la unión del correísmo y sus aliados en la Asamblea, no solo “no tenía sustento”, sino que constituye una “vulneración de derechos”. 

También existe una acción de protección con medidas cautelares —que interpuso el asambleísta oficialista Washington Varela, de la Bancada del Acuerdo Nacional— con la que se pretende anular lo actuado y ocurrido dentro del juicio político. Tres magistrados del Tribunal de Garantías Penales de Quitumbe, en el sur de Quito, deben darle trámite al recurso legal. 

La decisión de un juez sobre el caso

En los días siguientes debían ser posicionados los suplentes que asumirán los cargos de los vocales destituidos. El presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, convocó al pleno a una sesión para el el 24 de noviembre de 2022. Sin embargo, la mañana del 23 de noviembre, un juez del cantón La Concordia, en Santo Domingo de los Tsáchilas, aceptó una acción de protección que suspendió los efectos de la resolución tomada el 18 de noviembre. 

El juez Ángel Lindao Vera dispuso la suspensión de los decidido por la Asamblea “al haberse verificado del solo relato creíble que se han inobservado e irrespetado nuestro Estado Constitucional de Derechos y Justicia, poniendo en grave riesgo los derechos constitucionales” de los consejeros destituidos. La ación de protección fue presentada por el ciudadano Manuel Párraga Quiroz en contra de Virgilio Saqiucela y de Juan Carlos Larrea, procurador general del Estado. 

El juez Lindao ordenó que se suspenda la destitución de los consejeros del CPCCS y “cualquier otro trámite” relacionado —es decir, la posesión de los suplentes— hasta que se le haga llegar toda la documentación pertinente al juicio político. 

Esta no es la única acción legal relacionada al caso. La tarde del 23 de noviembre se debe resolver una acción de protección con medida cautelar presentada por el ciudadano Washington Varela Salazar contra Virgilio Saquicela en un tribunal de garantías penales de Quitumbe, en Quito. Varela presentó el recurso argumentando que en el juicio político se vulneró el derecho al debido proceso y la seguridad jurídica de los consejeros destituidos. 

El camino al juicio político

El 15 de noviembre de 2022, en el pleno de la Asamblea Nacional, durante la sesión 810, se aprobó un proyecto de resolución para someter a juicio político a los consejeros Hernán Ulloa, Ibeth Estupiñán, María Fernanda Rivadeneira y Francisco Bravo. Este fue presentado por la asambleísta Mireya Pazmiño, quien luego de mocionar este pedido fue separada del bloque de Pachakutik, al que pertenecía.

El otro peticionario fue el asambleísta Ángel Maita, del ala “rebelde” de Pachakutik.

De acuerdo al coordinador de la bancada, Salvador Quishpe, Pazmiño se habría salido de la línea política del movimiento al dirigir el juicio político, escogiendo a cuatro de los siete consejeros y no a la totalidad del CPCCS. Para Quishpe esto no fue más que un “cálculo político del correísmo y del Partido Social Cristiano, quienes están buscando, no corregir los errores del Consejo, sino recuperar esa mayoría para nombrar a las autoridades de control con la Contraloría General del Estado a la cabeza, y Pachakutik no puede prestarse para eso”.

Ulloa y los consejeros Estupiñán, Rivadeneira y Bravo fueron acusados de “incumplimiento de funciones al reformar el Reglamento para la designación del Contralor y por la falta de transparencia en la designación del Superintendente de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo”, de acuerdo a la web de la Asamblea Nacional.

Los cuatro consejeros sometidos al juicio fueron los que en febrero de 2022 removieron a Sofìa Almeida y David Rosero como presidenta y vicepresidente del CPCCS, respectivamente. 

Los cuatro vocales apelaron a dos motivos para remover a Almeida y Rosero. El primero que, supuestamente, no convocaron, durante 13 días, a una sesión declarada permanente —es decir, que no debía suspenderse. El segundo, las presuntas irregularidades en los procesos de selección de autoridades como el Contralor General del Estado.

El mismo proceso de designación que en noviembre los llevó a juicio político.

Pero este no es el único cambio que podría tener la institución. En el referendum constitucional de 2023 se incluirá una pregunta para quitarle la función de seleccionar a las autoridades y otra que modificará cómo se escogen los miembros del Consejo. 

Consecuencias directas

El país ya vive las consecuencias directas de esta pugna entre la Asamblea Nacional, y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El pasado 3 de diciembre de 2022, el CPCCS —con Hernán Ulloa a la cabeza— designó a Roberto Romero von Buchwald como Superintendente de Bancos

Pero es poco probable que Romero llegue a ejercer el cargo.

Porque la Asamblea Nacional ha expresado, implícitamente, que no lo va a posesionar. Romero von Buchwald fue seleccionado por la mayoría de cuatro consejeros del CPCCS que fue destituida.  

Y apenas se hizo pública esta designación, la Asamblea Nacional publicó un comunicado en el que expone que no reconoce la decisión del juez Ángel Lindao, de la Unidad Judicial Multicompetente de La Concordia, en Santo Domingo de los Tsáchilas, que suspendió la destitución. 

En el comunicado, la Asamblea considera a esta resolución judicial como una violación a la Constitución y a la “independencia de una de las funciones del Estado”.

Por eso es improbable que la Asamblea, que está obligada constitucionalmente a posesionar al Superintendente de Bancos, posesione a Roberto Romero von Buchwald, quien fue seleccionado de la terna que envió el despacho del presidente Guillermo Lasso, en la que también se incluían los nombres de Felipe Cabezas-Klaere y Rosa Herrera Delgado. 

Entonces, Ecuador no tendría un Superintendente de Bancos que pueda ejercer el cargo en un futuro cercano. Un tuit de la asambleísta Paola Cabezas —de la bancada de UNES— lo pone en evidencia:

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Karol E. Noroña
Quito, 1994. Periodista y cronista ecuatoriana. Cuenta historias sobre los derechos de las mujeres, los efectos de las redes de delincuencia organizada en el país, el sistema carcelario y cubre permanentemente la lucha de las familias que buscan sus desaparecidos en el país. Ha escrito en medios tradicionales e independientes, nacionales e internacionales. Segundo lugar del premio Periodistas por tus derechos 2021, de la Unión Europea en Ecuador. Coautora del libro 'Periferias: Crónicas del Ecuador invisible'. Forma parte de la organización Chicas Poderosas Ecuador.
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