Ni los traslados carcelarios, la difusión de videos de una supuesta pacificación entre bandas narcodelictivas o la reorganización penitenciaria detienen la violencia en las cárceles: la undécima masacre carcelaria en Ecuador estalló en la prisión de El Inca, en el norte de Quito.
Comenzó antes de las doce del día del 18 de noviembre de 2022. Esta matanza —la undécima documentada entre febrero de 2021 y noviembre de 2022— deja al menos diez personas presas asesinadas. Una fuente policial dijo a GK que, preliminarmente, la mayoría de internos fallecidos habría muerto por estrangulamiento.
Internos en la prisión también alertaron sobre presuntos ataques con armas blancas, las más comunes en la cárcel. En medios de dos años, al menos 420 presos han muerto en las masacres carcelarias —el número total de fallecimientos dentro del sistema penitenciario ecuatoriano categorizados como violentos, supera los 500.
Tras las alertas de los enfrentamientos, un grupo de familias llegó a las inmediaciones de El Inca. Las visitas familiares siguen aún suspendidas en esa prisión, donde están confinadas 1.385 personas y con un personal de 57 agentes de seguridad penitenciaria. El director de la cárcel, el coronel en servicio pasivo Santiago Loza, dijo que “pronto” se entregarían los datos de las personas presas asesinadas:
- Mauricio C.
- Jair V.
- Carlos E.
- Víctor S.
- Héctor B.
- Luis T.
- Miguel Ch.
- Willam A.
- Alex M.
- David Ch.
La primera institución en confirmar las muertes fue la Fiscalía ecuatoriana. Pasadas las tres de la tarde, la entidad anunció el comienzo de una investigación por la muerte de nueve personas. El departamento de Comunicación de la Fiscalía había asegurado a GK que un equipo había reportado esa cifra de fallecidos.
Una hora después, el Servicio Nacional de Atención Integral para Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) —que rige las prisiones en Ecuador—, aseguró que eran ocho las muertes. Minutos después, se sumaron dos más.
Una fuente policial explicó que los asesinatos no se hicieron en un solo pabellón, sino en tres.
La matanza de diez presos ocurrió menos de cinco horas después de que el gobierno concretara el traslado Jhonathan José Bermúdez Fuentes, a quien en la prisión de El Inca conocen como alias El Primo, aunque en el parte policial en el que consta su detención el 6 de julio de 2022, también aparece con el apoyo de alias Piloto.
Bermúdez Fuentes es un joven de 26 años que, de acuerdo con registros judiciales, es procesado por delincuencia organizada y tiene un antecedente por daños materiales.
En el documento policial, citado en el proceso penal, consta que El Primo, junto a otras doce personas, era parte de una banda dedicada al tráfico de drogas en el norte de Quito, impulsada por la organización Los Lobos, que mantiene su presencia en Pichincha y pretende expandir sus operaciones reemplazando a microtraficantes en Quito.
El viernes por la mañana, el presidente Guillermo Lasso lo responsabilizó por la décima masacre carcelaria que dejó, al menos, cinco muertos en la misma cárcel: la de El Inca, donde hasta hace menos de dos años no se reportaban matanzas y violencia extrema intracarcelaria.
Por eso, El Primo fue llevado a La Roca, la cárcel de máxima seguridad de Guayaquil. Lo mismo ocurrió con Freddy Anchundia, líder de la banda criminal R7 y responsable de dos masacres carcelarias en la cárcel de Santo Domingo.
Anchundia fue llevado nuevamente a La Roca, luego de que un juez de la Unidad Multicompetente de La Concordia, en Santo Domingo —ciudad donde la gobernanza criminal pesa sobre los R7— aceptara una medida cautelar a su favor el 3 de noviembre último y lo trasladara a aquella prisión más pequeña.
Los traslados, además, ocurrieron dos días después de la presunta fuga masiva de, al menos, 26 presos en la Penitenciaría del Litoral.
GK corroboró con una fuente reservada del SNAI el reporte policial que indicaba la evasión de internos. Entre ellos, Manuel Ayoví, alias Cebolla, procesado también por haber sido el impulsor de la cuarta masacre carcelaria del 12 y 13 de noviembre de 2021.
Sin embargo, hasta la noche del 18 de noviembre de 2022, el SNAI no ha descartado ni ha aceptado públicamente la fuga, pese a que la policía confirmó la recaptura de dos internos en Manabí.
GK conoció que El Primo, por orden de los líderes de Los Lobos que están libres, incluido alias Esteban, impulsó los asesinatos del 7 de noviembre de 2022, contra otros internos, miembros de la nación Ñeta, vinculados a la banda Los Choneros. Ambas organizaciones, junto a otras aliadas, operan contrapuestas desde febrero de 2021, cuando estalló la primera masacre penitenciaria en cuatro prisiones del país.
Tanto El Primo como Anchundia llegaron a La Roca —una cárcel con un fracasado historial de fugas y asesinados— la mañana del 18 de noviembre de 2022. Las autoridades no han detallado cuál fue su plan de contingencia o prevención para evitar nuevos episodios de violencia al concretar traslados que, de acuerdo con el SNAI, responden a una planificación de reorganización.
La respuesta del gobierno ante la nueva masacre es la misma: más traslados hacia La Roca. Juan Saltos, alias Sargento, Milton Quintana, alias Junior, y David Gualotuña, alias Hormiga, presuntos miembros de Los Lobos, fueron también llevados a La Roca luego de confirmarse el asesinato de los diez presos en la prisión de El Inca.
De acuerdo con fuentes carcelarias consultadas por GK, alias Sargento iba a asumir el liderazgo y control de aquella prisión, que antes fue gobernada por la nación Latin Kings y el conocido Fabricio Colón Pico, que fue uno de los más buscados en Pichincha hasta 2012. Sargento, dicen, era un preso que supuestamente “mantenía” la calma. Ahora, es uno de los tres hombres responsabilizados por la undécima matanza carcelaria.
Una fuente policial dijo a GK que la violencia volvió a activarse por la toma del liderazgo de la prisión de El Inca entre Los Lobos y otra organización, después de la salida de El Primo.
Atrás quedó el anuncio de seis bandas carcelarias, incluida Los Lobos, que, supuestamente, se habían unido para llegar a un “acuerdo de paz”. Sentados, con la espalda recta, uniformados de naranja y blanco, los líderes de las organizaciones Los Lobos, Los Tiguerones, Los Lagartos, los Mafia 18 Tiburones, los Duendes y la nación Latin King dijeron que su objetivo era la “tranquilidad” de sus familias y los ecuatorianos.
“Solicitamos al gobierno nacional que nos ayude a llevar una buena rehabilitación ofreciéndonos cursos, capacitaciones y terapias psicológicas que son necesarias para mantener una buena conveniencia que nos ayudará en un futuro . Una mente ocupada no es peligrosa. Es nuestro nuevo lema”, dijo uno de los cabecillas de Los Lobos en un video grabado el 13 de noviembre de 2022, cuya autenticidad fue verificada por GK.
Sin embargo, después de la nueva masacre en El Inca, sus afirmaciones han quedado desvirtuadas. Decía el investigador Luis Córdova, coordinador del programa de investigación Orden, Conflicto y Violencia de la Universidad Central del Ecuador, que a los videos había que mirarlos como una estrategia para obtener “beneficios en términos políticos, simbólicos y territoriales” más que un acuerdo de pacificación.
El antropólogo Jorge Núñez, codirector del Centro de Etnografía Interdisciplinaria de la Universidad de Cuenca Kaleidos, analizó los videos y concluyó que se trataba de una “extorsión” no solo para el Estado, el gobierno, sino para la ciudadanía.
Una masacre en medio de reorganizaciones y silencio institucional por fugas
“Intervención exitosa”, dice el texto que acompaña la decena de fotografías que el presidente Guillermo Lasso ha compartido en sus redes sociales: así se observa en la imagen que acompaña el rostro revelado de Freddy Anchundia o Juan Saltos.
Sin embargo, pese a aquellas publicaciones, tanto Lasso como sus ministros, además del director del SNAI, Guillermo Rodríguez, no han dicho nada sobre la presunta fuga masiva de la Penitenciaría del Litoral.
El silencio se ha extendido durante más de dos días, pese a que la propia Policía confirmó que recapturó a dos internos la tarde del miércoles 16 de noviembre —el mismo día de la evasión— en Tosagua, en la provincia de Manabí.
Extraoficialmente, GK supo que serían 26 las personas presas que se fugaron y que salieron de los pabellones 3, 5 y 12 de la Penitenciaría.
En los pabellones 5 y 12 están las bandas criminales Los Águilas y Los Fatales, respectivamente. Esas son bandas lideradas por Junior Roldán —alias JR— y Adolfo Macías —alias Fito— y que están vinculadas a Los Choneros.
La mayoría de los presos del pabellón 5 fueron reubicados durante los traslados que se hicieron desde el 1 de noviembre, los que desencadenaron una ola de explosiones y violencia en Guayas, Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsáchilas. Después de los violentos incidentes, el SNAI anunció que haría más traslados. La mayoría de las personas presas que fueron movilizadas pertenecían a bandas afines a Los Choneros.
Según el parte policial al que GK tuvo acceso, la alerta de la fuga se dio a la medianoche del 16 de noviembre de 2022.
Ese mismo documento dice que salieron 20 personas del pabellón 3, del pabellón 12 y una persona del pabellón 5. Además, dice que una de las personas que se fugó era Manuel Antonio Ayoví, alias Cebolla, procesado por la masacre carcelaria del 12 y 13 de noviembre de 2021 en la que murieron 65 personas.
A las 7:41 de la noche del 16 de noviembre, el SNAI dijo en su cuenta de Twitter que “ante la alerta recibida de evasión” de los presos de la Penitenciaría, la institución había “coordinado acciones con las instituciones correspondientes para las investigaciones del caso”. Además, dijo que estaban coordinando “acciones internas para la determinación de responsabilidades”. En un chat de medios de comunicación, el SNAI confirmó cinco fugas. No ha dicho nada sobre las otras.
Ante la alerta recibida de evasión de privados de libertad del #CPLGuayas Nº1, se ha informado y coordinado acciones con las instituciones correspondientes para las investigaciones del caso. Paralelamente, acciones internas para la determinación de responsabilidades.
— SNAI Ecuador (@SNAI_Ec) November 17, 2022
El ministro del Interior, Juan Zapata, recorrió la Penitenciaría la mañana del jueves 17 de noviembre. “No existen novedades”, dijo, pero tampoco descartó o confirmó las fugas.
La única respuesta del SNAI el 18 de noviembre, fue el anuncio de reorganizaciones en la cárcel de El Inca y en la prisión de Santo Domingo, epicentro de dos masacres carcelarias.
Pese a que el gobierno dice, orgulloso, haber “doblegado” al crimen organizado, las muertes siguen engrosando las cifras del 2022. Las masacres no cesan. Las armas siguen ingresando.
Las prisiones ecuatorianas están aún lejos de encontrar la paz.
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