Los casos de irregularidades en Petroecuador solo siguen creciendo. La mañana del 4 de agosto, la Contraloría General del Estado anunció la emisión de un informe de responsabilidad penal por presuntos pagos injustificados a un proveedor de Petroecuador. El informe fue enviado a la Fiscalía General del Estado para que haga las investigaciones que correspondan. 

Según la Contraloría, la empresa pública hizo pagos que superan los 24 millones de dólares a la compañía Nolimit C. A., sin sus debidos sustentos. El gerente actual de la empresa Nolimit C.A. es Pedro José Crespo Moncayo, según la Superintendencia de Compañías. Sin embargo, la Contraloría no ha especificado si él es uno de los implicados en los contratos que fueron examinados. 

El informe de Contraloría se hizo después de que la institución hiciera un examen especial a un grupo de contratos suscritos entre mayo de 2016 y marzo de 2021 por Petroecuador para hacer renovaciones en la Refinería de Esmeraldas. Los contratos revisados se habían suscrito para la modernización de sistemas, planes de interfaz de programación de aplicaciones, y renovación y mantenimiento de otros equipos.

¿Qué dice el examen de Contraloría?

El examen especial de la Contraloría  —del que se desprendió el informe de responsabilidad penal— dice que las planillas de liquidación y servicios de contratos entre Petroecuador y la empresa Nolimit, se pagaron “sin sustentos de cálculo”. 

Además, dice el examen, los pagos se hicieron “sin documentos de la prestación” de los servicios que habría hecho Nolimit con respecto al soporte técnico y transferencia tecnológica. Es decir, según la Contraloría, no existen documentos que respalden el servicio prestado de Nolimit a Petroecuador.

Un boletín de la Contraloría dice también que funcionarios de Petroecuador certificaron la recepción de los trabajos hechos por Nolimit por 73.020 horas/hombre, “sin adjuntar respaldos del cumplimiento efectivo del contrato”. 

Fotografía tomada de la cuenta de Twitter de Petroecuador

Los auditores de la Contraloría no encontraron documentos importantes que se necesitaban para justificar los pagos hechos a la empresa. La Contraloría dice que no hubo las hojas de tiempo del personal, los reportes de actividades, los reportes de timbrado de asistencia, el reporte manual de asistencia con firmas físicas, ni los libros diarios de servicios, todos, documentos necesarios para respaldar el servicio ofrecido.

Un pago no justificado de 4 millones de dólares

El examen especial de la  Contraloría encontró que en marzo de 2019, el entonces subgerente de Finanzas de Petroecuador, Guillermo Arturo Salvador Salvador, autorizó el pago con carácter emergente a la contratista Nolimit, por 4, 3 millones de dólares. La Contraloría dice en el examen especial que el subgerente permitió que “se evada injustificadamente el trámite común de solicitud de fondos”.

Un pago no justificado de 20 millones de dólares

Por otro lado, el examen de Contraloría encontró también que otros 20,3 millones de dólares se pagaron por presuntos “productos adicionales que no estaban contemplados en el contrato”. Según el examen de Contraloría, los productos adicionales se habrían adquirido sin un  requerimiento previo de las áreas operativas. 

Además, dice el examen especial de la Contraloría, el personal de Petroecuador no confirmó el sustento de las horas hombre reportadas como extras por Nolimit. Tampoco habrían verificado que los entregables “fueran cancelados previamente”. 

Fotografía tomada de la cuenta de Twitter de Petroecuador.

¿A quién implica el informe de responsabilidad penal?

Un comunicado de la Contraloría General del Estado dice que el informe con indicios penales que se presentó a la Fiscalía incluye  a 12 personas, que ocuparon distintos cargos en Petroecuador entre 2016 y 2021. El comunicado dice que la lista de personas incluye a:

• gerentes, 
• subgerentes, 
• jefes, 
• supervisores, 
• miembros de las comisiones de recepción, 
• el administrador del contrato 
• y personal de la contratista.

No se dieron nombres de las personas implicadas, pues en los informes con responsabilidad penal (IPR) no se dan nombres porque el marco legal así lo prohibe.