El gobierno ecuatoriano insistió el 9 de agosto, a través de un comunicado de prensa, en que cumplirá con el laudo del caso Perenco, por el que un tribunal de arbitraje internacional ordenó que se paguen más de 374 millones de dólares a la petrolera europea.

En el documento, el Ministerio de Economía y Finanzas explicó que el pago se lo realizará precautelando los intereses del estado ecuatoriano. Y aclaró que Perenco tiene deudas con el Servicio de Rentas Internas y que esto ha dificultado el pago del laudo. Sin embargo, el gobierno de Lasso espera llegar a un acuerdo con esta compañía —que ya no opera en el país— “para establecer un mecanismo adecuado de pago hasta que se alcance una definición legal sobre las obligaciones tributarias, aspecto que se está tramitando en instancias judiciales de Estados Unidos”. El Ministerio de Economía dijo que está “actuando con responsabilidad con el fin de asegurarse la recuperación de lo que se le debe por impuestos”. 

Y aclaró que Ecuador nunca ha tenido la intención de no cumplir con este laudo, como sucedió en el gobierno de Rafael Correa.

El 1 de agosto, El Ministerio de Economía y Finanzas también aclaró que pagará el laudo, después de que varias agencias y medios internacionales reportaron que las autoridades de Luxemburgo ordenaron el congelamiento de activos ecuatorianos en el país europeo por la falta de pago del laudo del caso de Perenco. 

Ese mismo día el Ministerio de Economía y Finanzas dijo en un comunicado que “hasta el momento no se ha recibido una notificación oficial por parte de las autoridades judiciales de Luxemburgo, ni se conoce de ninguna afectación a los activos del país en el extranjero”. 

Según el comunicado, el Ministerio y la Procuraduría General del Estado continuarán “con el establecimiento del mecanismo de pago con la compañía Perenco”. 

Esto sabemos sobre el supuesto congelamiento de cuentas

La agencia internacional Reuters publicó una nota —calificada como exclusiva— el 1 de agosto en la que decía que un alguacil luxemburgués ordenó a los bancos que congelen los activos ecuatorianos en cuentas en ese país por la disputa “sobre 391 millones de dólares que todavía no se han pagado a Perenco”, según un documento revisado por Reuters. 

Esta cifra incluye el valor asignado en el laudo más los intereses que se comenzaron a contar desde finales de 2019. 

Ese mismo documento, dijo Reuters, dice que el 28 de julio se ordenó a 122 entidades bancarias que operan en Luxemburgo que congelen activos de las cuentas utilizadas por Ecuador. El pedido, dice Reuters que consta en el documento, fue hecho por los funcionarios judiciales Pierre Biel & Geoffrey Galle. 

Según Reuters, un portavoz de Clearstream Banking —una entidad bancaria en Luxemburgo— confirmó que recibió la notificación de un alguacil, pero se negó a dar más detalles sobre el caso. 

Reuters cita un comunicado de Perenco al que tuvieron acceso en el que la petrolera europea dice que hasta el 1 de agosto “todavía no ha recibido ni un solo dólar de Ecuador” y que “tomará pasos para hacer cumplir sus derechos de pago contra Ecuador en Luxemburgo y en otras jurisdicciones”. 

Fabio Trevisan, socio y jefe de la práctica de resolución de disputas de BSP, la firma de abogados que representa a Perenco, le dijo a Reuters que la petrolera tiene 8 días para comenzar los procedimientos judiciales y que se validen los embargos de los bienes ecuatorianos. En cambio, dijo Trevisan, Ecuador tiene 50 días para conseguir una firma de abogados para que los represente en Luxemburgo. 

En el comunicado del Ministerio de Economía, las autoridades ecuatorianas insisten en que no hay una notificación oficial por las autoridades de Luxemburgo sobre el supuesto congelamiento de los bienes ecuatorianos. Además, aseguraron que siguen trabajando en buscar un método de pago con la compañía Perenco. 

Incluso, dice el comunicado, después de hacer los pagos, la Procuraduría será la encargada de coordinar con las entidades correspondientes “el inicio de los juicios de repetición contra los funcionarios responsables de los actos por los cuales el Estado fue condenado internacionalmente”.

El laudo del caso Perenco, explicado

En junio de 2021, el Comité ad hoc del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) —una institución dedicada a resolver disputas de inversión entre estados e inversionistas, con sede en Washington, Estados Unidos— decidió que Ecuador debía pagar más de 374 millones de dólares a la petrolera Perenco.

El Comité hizo ese anuncio después de resolver una acción que había sido presentada dentro del arbitraje internacional planteado por Perenco en contra del Estado ecuatoriano en 2008. 

El Comité dictaminó que el decreto ejecutivo 662 del 4 de octubre de 2007 violó el Derecho Internacional Público en perjuicio de Perenco. Este decreto, emitido en el gobierno del expresidente Rafael Correa, modificó el porcentaje de las ganancias extraordinarias que las empresas petroleras debían revertir al Estado por el incremento del precio del crudo. Con el decreto pasó de 50 a 99%. Es decir que, en lugar de entregarle al estado el 50% de las ganancias extraordinarias, pasaron a tener que darle el 99%.

Originalmente, Perenco pedía que se paguen 1.430 millones de dólares. Sin embargo, el Comité determinó que el monto de la indemnización debía ser de 435 millones de dólares. Según la Procuraduría, a ese total se debían restar 6 millones de dólares que correspondían a costos y gastos arbitrales.

En septiembre de 2019, las cifras volvieron a cambiar. Ese mismo Comité del CIADI reconoció que el Estado ecuatoriano tenía derecho a ser indemnizado por los daños ambientales causados por Perenco en los bloques bloques 7 y 21 de la Amazonía ecuatoriana. Por eso, el monto que debe pagar Ecuador también se le restarían más de 54 millones de dólares que corresponderían a lo que Perenco le debe dar al país. 

Así, según la Procuraduría, quedó una deuda total de 374.373.154 millones de dólares más intereses que se calcularán desde diciembre de 2019 y que el Estado todavía tiene que pagarle a Perenco. 

Esa decisión quedó en firme en junio de 2021. En ese momento, la Procuraduría dijo que contra el laudo “no cabe recurso alguno”. 

En el comunicado de ese entonces decía que el Estado ecuatoriano “ha retomado las conversaciones” con la empresa petrolera para llegar a un acuerdo sobre la forma de pago. Sin embargo, los pagos todavía no han sido hechos.