El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) negó la entrega de formularios de recolección de firmas de respaldo para la revocatoria de mandato del presidente Guillermo Lasso y el vicepresidente Alfredo Borrero. Según los miembros del pleno, el pedido de revocatoria no habría presentado las pruebas que sustenten el supuesto incumplimiento del plan de gobierno por parte del presidente Lasso, por lo que la solicitud incumpliría con los requisitos legales para que el proceso continúe.
La iniciativa para la revocatoria del mandato fue presentada por Kerly Carvajal Ordóñez, quien se identifica como presidenta del colectivo Coordinadora Popular por la Revocatoria. Ordóñez aseguraba que, en su primer año de gobierno, Guillermo Lasso había incumplido su plan de gobierno.
La decisión de negar la revocatoria se fundamentó en un informe jurídico que fue leído por la presidenta del CNE, Diana Atamaint. En él, se concluye que las pruebas presentadas por Carvajal no incluyen “la justificación necesaria que demuestre el incumplimiento de funciones” y «no se configura la causal».
Entre las faltas más importantes que habría cometido el colectivo está no haber presentado elementos de convicción que respalden y justifiquen los supuestos incumplimientos del plan de gobierno. Además, el pleno determinó que varios aspectos del plan de trabajo que fue presentado por Lasso en la inscripción de su candidatura para la presidencia están programados para ejecutarse en los cuatro años de mandato y no solo en uno. En resumen, el informe jurídico explica que no se puede alegar incumplimiento porque en “el plan no hay una calendarización de los logros que se plantean” y por lo tanto no se puede determinar si se ha cumplido o no las metas planteadas en el plan de trabajo.
En el informe también se explica que Carvajal, la peticionaria, tampoco entregó los documentos que avalan la existencia legal del colectivo ni presentó un nombramiento que la acredite como presidenta de la organización que dice representar.
Debido a estos fallos, el informe determinó que no se cumplió con la Ley Orgánica de Participación Ciudadana en los requisitos de admisibilidad de la revocatoria del mandato. Por lo tanto el pedido es inadmisible y el trámite queda suspendido.
Por lo que, con cuatro votos a favor de los consejeros: Diana Atamaint, Enrique Pita, Elena Najera y José Cabrera y una abstención de Elena Acero, los consejeros acogieron la recomendación de la Dirección de Asesoría Jurídica y negaron la entrega del formato de formularios para la recolección de firmas para la revocatoria del mandato de Guillermo Lasso.
Tras la decisión del pleno, el Ministerio de Gobierno, publicó un comunicado en el que se recalca que los “proponentes nunca justificaron los presuntos incumplimientos, ni adjuntaron la documentación que soporte sus afirmaciones”.
¿Cómo inició el proceso para pedir la revocatoria?
El 25 de mayo de 2022 la llamada Coordinadora Popular por la Revocatoria del Mandato de Guillermo Lasso y Alfredo Borrero fue al Consejo Nacional Electoral (CNE), al norte de Quito, para pedir los formularios para recolectar firmas y comenzar el proceso para solicitar la remoción del Presidente y al Vicepresidente de la República.
Según un comunicado publicado por la misma organización, la Coordinadora Popular por la Revocatoria del Mandato es “un colectivo de grupos sociales y personas preocupadas por el país, sin vínculo a ningún partido político”. Entre los miembros de la Coordinadora están: el abogado Pedro Granja, representantes del gremio de enfermeras y médicos del país.
También es parte Priscila Schettini —esposa de Freddy Carrión, ex defensor del Pueblo que actualmente cumple una sentencia de 3 años de cárcel por abuso sexual. Schettini está en la Coordinadora como miembro de Acción Jurídica Popular, “dedicada a proteger e impulsar la lucha popular y los derechos humanos”, según el sitio web de la organización.
La Coordinadora, dice un comunicado del colectivo, emprendió “un proceso de construcción de democracia participativa y deliberativa desde el pueblo y no desde las élites”. Por eso se comprometen a “avanzar en la construcción de un plan para enfrentar, con los mecanismos que nos ofrece la Constitución, las omisiones que desde el gobierno nacional se vienen implementando para desconocer y vaciar nuestros derechos constitucionales”.
En una carta, con fecha del 2 de junio de 2022, el secretario general del Consejo Nacional Electoral (CNE) le notificó al presidente Lasso que el organismo admitió a trámite el procedimiento de entrega de los formularios para la revocatoria de su mandato en los que se recogerán firmas, el primer paso del proceso.
