Un colectivo ciudadano pide la revocatoria del presidente Guillermo Lasso del cargo. La mañana de hoy, 25 de mayo, la llamada Coordinadora Popular por la Revocatoria del Mandato de Guillermo Lasso y Alfredo Borrero fue al Consejo Nacional Electoral (CNE), al norte de Quito, para pedir los formularios para recolectar firmas y comenzar el proceso para solicitar la remoción del Presidente y al Vicepresidente de la República. 

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Según un comunicado publicado por la misma organización, la Coordinadora Popular por la Revocatoria del Mandato es “un colectivo de grupos sociales y personas preocupadas por el país, sin vínculo a ningún partido político”. Entre los miembros de la Coordinadora están: el abogado Pedro Granja, representantes del gremio de enfermeras y médicos del país. 

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También es parte Priscila Schettini —esposa de Freddy Carrión, ex defensor del Pueblo que actualmente cumple una sentencia de 3 años de cárcel por abuso sexual. Schettini está en la Coordinadora como miembro de Acción Jurídica Popular, “dedicada a proteger e impulsar la lucha popular y los derechos humanos”, según el sitio web de la organización.

Una vez que reciban los formularios, el colectivo deberá recolectar firmas del 15% del electorado nacional como uno de los requisitos obligatorios para que la solicitud de revocatoria de mandato sea admitida. Si lo es, el CNE llamaría a votaciones para decidir si se remueve a Lasso y a Borrero de sus cargos. 

¿Por qué piden la revocatoria del mandato de Guillermo Lasso?

La Coordinadora, dice un comunicado del colectivo, emprendió “un proceso de construcción de democracia participativa y deliberativa desde el pueblo y no desde las élites”.  Por eso se comprometen a “avanzar en la construcción de un plan para enfrentar, con los mecanismos que nos ofrece la Constitución, las omisiones que desde el gobierno nacional se vienen implementando para desconocer y vaciar nuestros derechos constitucionales”. 

El abogado Pedro Granja dijo la mañana de hoy desde los exteriores del CNE que la revocatoria se pedía porque habría 75 incumplimientos en el plan de gobierno de Guillermo Lasso. “Tenemos padres de familia que se terminan suicidando porque no le pueden dar un pan a sus hijos, tenemos un niño violado cada 6 horas y el Estado ecuatoriano está en total inacción”, dijo Granja. Sin embargo, en su intervención el abogado no presentó pruebas de sus afirmaciones ni dijo de dónde sacó la información. 

El 23 de mayo, en un video publicado en Twitter en el que aparecen varios de los miembros de la Coordinadora Popular por la Revocatoria del Mandato, Granja dijo que una de las promesas incumplidas por las autoridades del gobierno es que prometieron 2 millones de empleos que no se han creado todavía. “Van a decir que en un año no se pueden todos, al menos 500 mil empleos ya tenían que haber entregado”, dice Granja en el video.

Hasta el 1 de mayo, según Guillermo Lasso, su gobierno había creado 350 mil empleos adecuados. El economista Andrés Mideros, decano de la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), le dijo a GK que eso es un rebrote natural del empleo después de los peores momentos de la crisis por el covid-19, pero que todavía estamos muy lejos de alcanzar las cifras que habían antes de la pandemia cuando se superaba el 38%, o de 2017 y 2018 cuando era más del 40%. 

Pedro Granja dijo que en vez de crear empleos el presidente Lasso “está dejando en la calle a miles y miles de padres de familia: médicos, enfermeros, obreros, campesinos”. Algunos de esas personas que han perdido su trabajo en el sector de salud, dijo Granja, forman parte de esa coordinadora. Desde principios de abril de este año, los trabajadores del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) denunciaron despidos en varios hospitales del país.

“Algunos dicen que un año es muy poco tiempo, este cínico, demagogo, prometió cambiar el Ecuador en 100 minutos, lo hemos esperado un año”, dijo Granja, ante los medios y algunos simpatizantes, en los exteriores del CNE.  

¿Cuál es el proceso de la revocatoria?

La Constitución dice que las personas que gocen de sus derechos políticos pueden pedir la revocatoria de las autoridades de elección popular. Esa solicitud, dice la Constitución, puede presentarse una vez que se cumpla el primer año en el cargo y antes del último año del periodo para el que fue electa esa autoridad. En el caso de Guillermo Lasso, el primer año de su gobierno se cumplió ayer, 24 de mayo de 2022. 

Estos son los requisitos para que una solicitud de remoción sea admitida, según la Ley Orgánica de Participación Ciudadana: 

  1. Comprobar la identidad del proponente y que esté en ejercicio de sus derechos de participación ciudadana. 
  2. Demostrar que no se encuentre inhabilitado a pedir este proceso por ningún motivo
  3. Determinar de forma clara y precisa los motivos por los que se solicita la revocatoria. Esa información, dice la ley, será la base para la recolección de firmas y el proceso de revocatoria. 

La ley dice que el proceso de admisión de la solicitud se notificará a la autoridad de la que se pide la remoción —en este caso Guillermo Lasso— y esta tendrá siete días para impugnar “de forma documentada” la solicitud “por no reunir los requisitos de admisibilidad”. Cuando ese plazo se termine, el CNE tendrá 7 días para decidir si admitir o negar la solicitud de revocatoria.

Además, la solicitud de revocatoria debe ir acompañada del respaldo de las firmas de un porcentaje de los electores. La Constitución dice que  en el caso del Presidente de la República, ese pedido debe tener el respaldo de un número no inferior al 15% de los inscritos en el registro electoral. 

La Ley Orgánica de Participación Ciudadana dice que la solicitud de los formularios para recolectar las firmas —lo que la Coordinadora Popular por la Revocatoria del Mandato hizo la mañana de hoy— debe “contener la motivación que la respalde de manera clara y precisa justificando las razonas en las que se sustenta la solicitud”. 

Antes de ingresar al CNE, Pedro Granja dijo que hoy presentaron una copia certificada del plan de gobierno de Lasso, los documentos de los representantes de la Coordinadora Popular por la Revocatoria del Mandato para demostrar que votaron en las últimas elecciones. Además, Granja aseguró que probarán milimétricamente cada uno de los más de 70 incumplimientos al plan de gobierno de Guillermo Lasso. 

La Constitución aclara que en el periodo de una autoridad solo se podrá hacer un proceso de revocatoria del mandato. El Código de la Democracia dice que el proceso se considerará como concluido cuando la autoridad electoral —en este caso el CNE— proclame los resultados y estos sean notificados. Es decir, si el proceso de revocatoria impulsado por la Coordinadora Popular por la Revocatoria del Mandato continúa y se completa, pero no se aprueba la revocatoria del presidente Lasso, no se podrá pedir su revocatoria en ningún momento de lo que le queda a su gobierno. 

Una vez que reciban los formularios, tendrán 180 días para recolectar las firmas necesarias para la solicitud de revocatoria del presidente Guillermo Lasso y de su vicepresidente, Alfredo Borrero. 

Después de que se entreguen las firmas, el CNE tendrá 15 días para verificar su autenticidad, según lo establece la ley. Si ese es el caso, tendrá hasta 3 días para convocar al proceso de revocatoria que se deberá hacer en un máximo de los 60 días siguientes a la convocatoria. Es decir, en este caso, llamarán a votaciones nacionales para decidir si se remueve o no al Presidente y Vicepresidente. 

La ley dice que en ese caso, para que se apruebe la revocatoria de mandato se necesita tener los votos de la mayoría absoluta de los sufragantes, es decir de más del 51%. “El pronunciamiento popular será obligatorio y de inmediato cumplimiento”, dice la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. 

Susana Roa Chejín
(Ecuador, 1997) Periodista lojana y jefa de la redacción de GK. Cubre economía, sexualidad y derechos. Le interesan los temas de empleo, educación financiera y salud sexual y reproductiva.