Fue de golpe. Policías y militares, que permanecían al interior de la sede nacional de la Casa de la Cultura, así como en sus alrededores, empezaron a abandonar esos espacios a las 11 y media de la mañana. Y eso levantó las alarmas en las redes sociales, donde se empezó a hablar sobre la posibilidad de que el gobierno hubiera aceptado una de las primeras exigencias de Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, para dialogar.

Específicamente la de retirar a la fuerza pública de la Casa de la Cultura y zonas aledañas, para que se puedan reunir ahí y así tomar decisiones.

Y eso fue lo que sucedió. En una intervención en video, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, lo confirmó. Jiménez dijo que se estaba permitiendo que las organizaciones se reúnan en el ágora de la Casa de la Cultura, “de manera que puedan llevar a cabo su asamblea con orden y bajo su responsabilidad”.

De acuerdo al Ministro, lo que busca el gobierno con esta acción es que terminen los cierres de vías y ataques violentos en el país. Y que, como resultado de esto, se permita la libre movilidad de personas y bienes, así como que “la protesta social se realice dentro del marco de la ley”.

La llegada a la Casa de la Cultura

Apenas fue notificada la decisión del gobierno, el casi millar de manifestantes indígenas que se encontraban en asamblea en la Universidad Central del Ecuador, partieron con dirección a la Casa de la Cultura. Leonidas Iza confirmó que el nuevo “lugar de acogida” sería el Ágora de la institución.

A las 12 y 18 minutos arrancó la marcha indígena en camino hacia la Casa de la Cultura, que estuvo encabezada por mujeres de varias comunidades. Solo bastaron 30 minutos para llegar al nuevo punto de encuentro, donde se espera que las organizaciones indígenas continúen con la asamblea y lleguen a una decisión.

El ingreso de indígenas a la Casa de la Cultura se da cinco días después de que la Policía ocupara las instalaciones de la sede nacional de la institución, a través de la figura de la “requisición”. Esto luego de que la Fiscalía General del Estado allanara la Casa de la Cultura, la mañana del 19 de junio de 2022, como parte de una diligencia investigativa por presuntos delitos contra la administración pública, rebelión y atentados. 

Cerca de las 2 y 20 de la tarde, la Fiscalía publicó en su cuenta de Twitter que el allanamiento había concluido y que no se había encontrado indicio de almacenamiento de “material bélico, como explosivos y armas artesanales” y, además, no se detuvo a nadie. Sin embargo, en horas de la noche del mismo 19 de junio, la Policía ingresó a la fuerza y echó a manifestantes del interior de la Casa de la Cultura. De acuerdo al comandante general de la Policía, Fausto Salinas, la presencia en el espacio era de apoyo para el trabajo policial durante las protestas, ya que iba a servir como albergue para policías y centro de acopio para los ciudadanos que quieran donar agua para los oficiales. 

Desde el domingo, decenas de artistas, gestores y personas ligadas a la cultura realizaron protestas en los alrededores de la Casa de la Cultura, para reclamar por lo que consideraron fue la “toma” del espacio.