El presidente Guillermo Lasso volvió a comprometerse, por cuarta ocasión, a desclasificar la información que las familias del periodista Javier Ortega, el fotoperiodista Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra, equipo periodístico de Diario El Comercio, secuestrados y asesinados en la frontera norte en 2018, reclaman desde hace cuatro años. Frente a los cuestionamientos del periodista Fernando del Rincón, de la cadena internacional CNN, Lasso aceptó que ha “tenido otro tipo de prioridades”, pero prometió: “en el próximo Consejo de Seguridad del Estado que voy a convocar lo haré y lo voy a acelerar para poder desclasificar la información”, dijo. Pero las familias están escépticas y exigen la verdad. 

El presidente Lasso dijo que “le hubiese gustado hacerlo desde el primer día de gobierno”, pero que Rincón, las familias y la audiencia podían “tener la certeza de que lo voy a convocar [al Consejo de Seguridad Pública y del Estado ]”, aseguró. El periodista Rincón, además, le consultó sobre si, después de desclasificar la información, se comprueban negligencias habría repercusiones legales sobre los responsables, fuera quien fuera. “Hay que aplicar la ley. No importa quién sea. Esa es una obligación moral y ética de un gobierno democrático con las familias de las víctimas y también con las víctimas mismas, respetar memoria. Y tendrán que pagar legalmente aquellos que hayan cometido negligencia”, afirmó. Pero aceptó que aún no podía “adelantar un criterio”. 

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Sin embargo, Lasso no precisó cuándo realizará la convocatoria, que ofreció públicamente en CNN. Aquel compromiso oficial llegó 15 días después de que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe anual sobre libertad de expresión, le recordara por tercera vez al Estado ecuatoriano que “debe asegurar que los delitos contra la libertad de expresión estén sujetos a investigaciones y procedimientos judiciales independientes, rápidos y efectivos”. Así mismo, en el informe, la Relatoría escribe que la falta de sanciones a los responsables materiales e intelectuales de “los homicidios, agresiones, amenazas y ataques relacionados con el ejercicio de la actividad periodística propicia la ocurrencia de nuevos delitos y genera un efecto de autocensura”.

Las familias, en el escepticismo 

El ofrecimiento de Lasso no es el primero, es el cuarto y las familias de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Ortega recuerdan los siete ofrecimientos que hizo el ex presidente Lenín Moreno y que tampoco se cumplieron hasta el fin de su mandato. 

“Si no cumple, solamente será una lavada de imagen internacional”, dice Ricardo Rivas, hermano del fotoperiodista Paúl Rivas, sobre el compromiso de Lasso en CNN. Él se reunió con el presidente Lasso antes de la segunda vuelta electoral y el entonces candidato, dice Rivas, ya había ofrecido trabajar en la desclasificación. “La incredulidad y el escepticismo gana terreno ante la inoperancia frente a la garantía de los Derechos Humanos en el país”, cuestiona. 

El reclamo de la periodista Yadira Aguagallo está intacto. Dice ella que “si la oferta es real debe cumplirse de inmediato” y demanda que la información contenga actas, transcripciones, audios y documentos completos y reales. “No se puede tolerar una promesa más que no se cumpla. No se puede tolerar una burla como la del 14 de mayo de 2014 cuando nos entregaron basura como información desclasificada y los funcionarios de Moreno nos pidieron que siguiéramos con nuestras vidas”, increpó, en sus redes sociales.

La periodista Aguagallo y vocera del colectivo Nos faltan 3, también recordó que en diciembre de 2019 les entregaron “una transcripción incompleta y manipulada para beneficio del [ex presidente] Moreno”. Cuestionó que el nombre del equipo periodístico sea usado para “beneficio político”, a asambleístas que han dicho que “la información ya mismo llega” y a funcionarios de la Procuraduría que “gritan por Nos Faltan 3 pero defendiendo a quién mintió ante la CIDH por el caso”. También se dirigió al presidente Lasso y aseguró que si su ofrecimiento es real “no tiene que existir un solo rastro de duda y entregará todo, caiga quién caiga, le cueste a quién le cueste”. Y sentenció: “la verdad es completa, no a medias”. 

La desclasificación de la información, una deuda 

Si bien el ex presidente Lenín Moreno anunció sus muertes el 13 de abril de 2018, la investigación periodística de Arturo Torres y María Belén Arroyo, condensada en el libro Rehénes, reveló que la posible fecha de asesinato fue entre el 7 y el 8 de abril de ese mismo año. Murieron a manos del Frente Óliver Sinisterra —un grupo financiado por el narcotráfico, disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)— liderado en aquel entonces por Walter Patricio Arizala, alias Guacho. Fue por medio de esa investigación que se logró saber que sus muertes ocurrieron antes del anuncio oficial pero que, además, hubo incursiones militares y operativos binacionales durante los días aún más críticos del secuestro. 

Pese al paso de los años, el caso aún no encuentra rumbo y en Ecuador continúa en indagación previa, la fase preprocesal de la investigación penal, sin nuevos indicios. El caso ha llegado a la mesa de cuatro fiscales, sin embargo, todavía no hay avances. Las familias, en cambio, mantienen una exigencia: la desclasificación de las actas 18, que corresponde al 28 de marzo de 2018, 19, del viernes 13 de abril, y 20, del martes 17 de abril, del Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe). Aunque el ex presidente Moreno prometió desclasificarlas más de una vez, como lo hizo en enero de 2019, eso no ocurrió. Dos años después, el Cosepe negó esa posibilidad en marzo de 2021 y decidió mantener la información con carácter de reservado.

El 12 de julio de 2021, Ricardo Rivas, hermano de Paúl, y Galo Ortega, padre de Javier, acompañados por su defensa técnica legal, presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional para exigir la desclasificación de información. Aquella causa recayó sobre el abogado Hernán Salgado, ex presidente del órgano. Sin embargo, Salgado admitió a GK, luego de su salida, que no pudo conocer la causa debido al gran flujo de casos represados. 

El recurso en la máxima Corte es el último que pueden interponer en instancias nacionales. Las familias aseguraron que, de no obtener un fallo favorable, recurrirán a una demanda ante organismos internacionales que está construyéndose. 

Sin embargo, Ricardo Rivas dice que aún no hay respuesta de la causa en la Corte, que debe tramitar el juez Richard Ortiz. Durante la última semana de mayo presentaron un nuevo escrito para recordarle que el trámite está pendiente. “No hay avances notorios, pero nosotros seguimos preparando la siguiente demanda internacional”, dice. 

Memoria y clamor por justicia 

Para Galo Ortega, padre de Javier Ortega —o el ‘Pistacho’ como solían decirle sus amigos más cercanos —, han sido cuatro años de “desidia, impunidad y burla”. Él, quien lleva siempre el carné de prensa de su hijo y unas cadenas en su cuello como acto simbólico del secuestro que Javier vivió, se ha convertido en un defensor de los Derechos Humanos y se ha unido a la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas (Asfadec). Hace una semana recorrió siete ciudades, desde la región Sierra hasta la Costa, para pedir justicia, visibilizar su caso y acompañar a las familias que buscan a más de cuatro mil desaparecidos en Ecuador. 

“Yo estoy aquí, en esta lucha, por mi soldado periodista, porque no voy a permitir que nuestro caso quede en la impunidad. Nos mintieron, se burlaron en nuestra cara. Yo les grito para que sepan que sabemos que el gobierno no hizo nada, que ya sabían que los habían matado, que son corruptos. Por eso yo no me canso, por eso voy a seguir saliendo, porque exigimos que se sepan quiénes fueron los responsables y que se haga justicia”, dice a GK. 

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Karol E. Noroña
Quito, 1994. Periodista y cronista ecuatoriana. Cuenta historias sobre los derechos de las mujeres, los efectos de las redes de delincuencia organizada en el país, el sistema carcelario y cubre permanentemente la lucha de las familias que buscan sus desaparecidos en el país. Ha escrito en medios tradicionales e independientes, nacionales e internacionales. Segundo lugar del premio Periodistas por tus derechos 2021, de la Unión Europea en Ecuador. Coautora del libro 'Periferias: Crónicas del Ecuador invisible'. Forma parte de la organización Chicas Poderosas Ecuador.

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