Petita Albarracín no utiliza redes sociales. No sabe que en Twitter el hashtag #JusticiaPorPaola ha sido utilizado cientos de veces para contar la historia de su hija y pedir justicia en su nombre. Tampoco sabe que, aunque muchas veces se ha sentido sola, hay miles de mujeres, padres y madres de familia, activistas por los derechos humanos, feministas, ciudadanos, que han compartido virtualmente su dolor, la han acompañado en su lucha y admiran su valentía y fortaleza. No sabe que esas personas celebran con ella el fallo histórico en memoria de su hija mayor, en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) reconoció que Paola del Rosario Guzmán Albarracín vivió una situación de abuso y violencia sexual sistemática que provocó su suicidio, a sus 16 años, en 2002. 

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El 14 de agosto de 2020 la Corte IDH publicó la sentencia en la que declara al Estado ecuatoriano como responsable por su muerte. Tres días después de que la decisión de este órgano judicial se hiciera pública, Petita Albarracín tiene un semblante más relajado que el de las últimas entrevistas que dio en febrero de este año, después de la audiencia del caso en la Corte IDH, el primero de violencia sexual en el ámbito educativo que ha llegado hasta esta instancia. 

Sentada en las oficinas de Guayaquil del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (Cepam) —la ONG que junto al Centro de Derechos Reproductivos la representa desde 2006 en los procesos internacionales— dice que está satisfecha. Ha encontrado algo de tranquilidad: sabe que el fallo es importante no solo para ella y para Denisse —su hija menor— y para limpiar la memoria de “su Paola”, sino para “ayudar a que se hable, a que haya leyes. Esto no puede seguir pasando”, dice con firmeza. 

Pero Petita Albarracín parece no dimensionar lo que ha alcanzado, lo que significa este fallo para todos los niños, niñas y adolescentes de Ecuador, donde ocho de cada 10 víctimas de violencia sexual son niñas menores de 14 años, según el informe Vidas Robadas, de Fundación Desafío. Un abuso que ocurre comúnmente en entornos cercanos, como la familia y el colegio, como le sucedió a Paola. “Lo que vivió Paola lo vivió en un lugar donde debía estar segura, donde la debían cuidar y dar respeto”.

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Con esta sentencia —por la que Petita Albarracín luchó incansablemente 18 años— la Corte IDH reconoció por primera vez que el derecho a la educación contempla el derecho a la educación sexual y reproductiva. Es decir, Ecuador está obligado a incluir en las mallas curriculares de escuelas y colegios este tema que tanta resistencia ha causado por parte de grupos conservadores y religiosos en el país. En julio de 2018, la Corte Constitucional dijo que los adolescentes —de 12 a 18 años, según el Código de la Niñez— tienen libertad y derecho a tener salud reproductiva y educación sexual completa, como sujetos plenos de derechos y en virtud del principio de autonomía, y los denominados provida y profamilia reaccionaron con frases como “a mis hijos los educo yo”. Figuras como el sacerdote César Piechestein, el asambleísta Héctor Yépez y la activista Amparo Medina promovieron la idea de que se trataba de una forma de incentivar la homosexualidad o la pedofilia. Incluso Cynthia Viteri, hoy alcaldesa de Guayaquil, tuiteó “con mis hijos no te metas”, que además de una frase es, también, el nombre de un movimiento ultraconservador y antiderechos en América Latina. En la última semana se reactivó este rechazo luego de que la Asamblea aprobara el Código Orgánico de Salud que incluye el acceso a la educación sexual.

La Unesco define la educación integral en sexualidad como un proceso de enseñanza y aprendizaje que trata los aspectos cognitivos, psicológicos, físicos y sociales de la sexualidad. 

Carmen Martínez, gerenta regional del Centro de Derechos Reproductivos, explica que esta educación sexual y reproductiva no puede ser discriminatoria, tiene que basarse en pruebas científicamente rigurosas y adecuadas en función de la edad. Además —señala Martínez— tiene que implementarse en línea con la laicidad que contemplan los Estados. “Debe ser apta para posibilitar a las niñas, niños y adolescentes un adecuado entendimiento de las implicancias de las relaciones sexuales y afectivas, particulamente en relación con el consentimiento”, dice. 

Si bien esta medida es estrictamente vinculante para Ecuador, los otros 23 estados adheridos a la Convención Americana de Derechos Humanos están obligados a diseñar y ejecutar o ajustar —si ya las tienen— normas o políticas públicas acorde con esta interpretación del derecho a la educación que hace la Corte. La mayoría de estos Estados están en América Latina, una región en la que —según Unicef— más de un millón de niñas y adolescentes han sufrido abuso sexual. 

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La Unesco señala, además, que una educación integral de calidad en sexualidad deficiente o inexistente expone a los niños, niñas y jóvenes a una situación de vulnerabilidad frente a las conductas sexuales negativas y a la explotación sexual. 

“Ojalá Ecuador reconozca también que debido a que Paola no contó con esta educación que le permitiera comprender la violencia sexual implicada en los actos que sufrió, ni con un sitema que le brindara apoyo para su tratamiento y denuncia, hoy no está aquí”, dice Carmen Martínez.

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El 8 de marzo de 2020 —40 días después de la audiencia del caso en la Corte IDH— Petita Albarracín participó en la marcha feminista que se realizó en el centro de Guayaquil por el Día Internacional de la Mujer. No fue intencional, no se considera activista y nunca antes había asistido a una convocatoria de estas. Asistió porque su sobrina la invitó, pero no sabía exactamente a qué iba. Cuando llegó se encontró con una pancarta con la fotografía de Paola vestida de blanco el día de su primera comunión con la etiqueta que miles de usuarios en redes sociales han utilizado en los últimos años: #JusticiaPorPaola. “Llegué y vi el cuadro de mi hija ahí. Me quedé sorprendida. Varias personas me reconocieron, una chica me entrevistó con su cámara. Me sentí bien”, recuerda. 

Petita Albarracín

Petita Albarracín, mamá de Paola, asistió a la marcha del 8 de Marzo en Guayaquil. Fotografía de cortesía.

Paola, su nombre, su historia, y la misma Petita Albarracín —sin sospecharlo— son símbolos del activismo feminista.

Valeska Chiriboga es parte del colectivo Aborto Libre Guayaquil y cree que este caso “evidencia las fallas a nivel judicial, educativo y de salud en el sistema ecuatoriano. Es una radiografía de la realidad de Ecuador y de toda América Latina”. Para Chiriboga, Petita Albarracín refleja “la lucha incansable por nuestros derechos” y celebra la sentencia que considera un precedente histórico para el fortalecimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las niñas y adolescentes ecuatorianas y latinoamericanas. 

Catherine Torres, miembro del proyecto de género Zoom de la Universidad Casa Grande de Guayaquil, dice que “Petita es un ejemplo de una maternidad feminista. Porque el feminismo es nuestro motor, es la gasolina para seguir luchando, nos enseña que no hay que llorar del dolor sino transformarlo, como lo hizo ella”.

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Petita Albarracín dice que estos 18 años se han sentido largos. Que ha habido momentos tristes, momentos en los que ha querido desistir, que ha llorado. “Pero al final todo salió bien”, dice y una sonrisa sutil se dibuja lentamente en su rostro. 

Entre las medidas que dictó la Corte IDH, se ordena al Estado ecuatoriano realizar una investigación interna y difundir un informe público que esclarezca los hechos del caso, en base a lo que ya se probó en el litigio interamericano. Es la oportunidad de honrar el nombre de Paola, de limpiar su imagen de estereotipos negativos: fue representada como seductora, a pesar de tener solo 16 años y de que su agresor, el vicerrector del colegio Miguel Martínez Serrano, tenía casi 50 años más que ella. 


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Para Carmen Martínez, del Centro de Derechos Reproductivos, el informe solicitado por la Corte es fundamental no solo para Petita Albarracín sino también para “todas las víctimas de este agresor, pues era una conducta naturalizada y generalizada en el colegio, y también en Ecuador”.

En el país, seis de cada 10 estudiantes han sido víctimas de violencia en entornos educativos y 16 % de las alumnas han considerado suicidarse como resultado de ello. Así lo señala un informe de Unicef, World Vision y el Ministerio de Educación.

Que todo haya salido bien después de 18 años de procesos locales e internacionales, es haber sentado un precedente. Es haber abierto la puerta a la justicia en otros casos como este y la posibilidad de prevenir muchos otros más.

La sentencia también implica que Ecuador levante información estadística sobre situaciones de violencia sexual contra niños y niñas en el ámbito educativo. Entre 2014 y 2020 el ministerio de educación contó 10376 casos de violencia sexual dentro de las instituciones. Y estos son los casos que se denuncian, en un contexto en el que no existen canales claros para hacerlo.

El estudio Violencia sexual contra menores en América Latina del Parlamento Europeo, hablaba en 2016 sobre este tema. De acuerdo al informe —con énfasis en Bolivia, Colombia, Perú, México, Paraguay y Ecuador— además de los altos índices de violencia contra menores, especialmente niñas, existe un subregistro de casos y falta de mecanismos de prevención, así como de servicios adecuados para víctimas de abuso.

Las cifras son clave para entender la situación real y tomar medidas de acción y prevención. Carmen Martínez opina que “no se pueden crear políticas públicas si el Estado no toma en cuenta los datos, que son los que cuantitativamente dan cuenta del panorama”. 

Asimismo, la Corte insta a Ecuador a corregir las insuficiencias con respecto a la capacitación del personal del ámbito educativo respecto al abordaje y prevención de situaciones de violencia sexual; y la provisión de orientación, asistencia y atención a las víctimas y a sus familiares.

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El presidente Lenín Moreno escribió en Twitter, el 15 de agosto de 2020, que Ecuador ejecutará la sentencia dictada por la Corte IDH. “Nuestra lucha para erradicar la violencia sexual en el sector educativo, se mantiene firme desde el primer día de mi Gobierno”, tuiteó.

Entre otras cosas, la sentencia exhorta al Estado a otorgar de forma póstuma el grado de bachiller a Paola Guzmán, si su madre lo aceptara. Petita Albarracín dice que sí, que ese título es una forma de cumplir —aunque ella ya no esté aquí— uno de los sueños de su hija: graduarse del colegio. 

Esto que parece un gesto simbólico, es significativo. “Como el Estado interrumpió el derecho a la educación de Paola, ella no pudo acceder en condiciones de igualdad. Si Paola no hubiese sufrido la violencia y la discriminación que sufrió, hubiera terminado su bachillerato”, dice Carmen Martínez. Entregar este título es, así, el reconocimiento de todo lo que vivió y todo lo que le fue negado.

El Estado deberá ahora publicar un cronograma claro para implementar las medidas ordenadas por la Corte, que incluyen además el establecer políticas públicas para evitar que se repitan casos como este y asegurar que todos los niños, niñas y adolescentes sobrevivientes de violencia sexual tengan el acceso a la justicia que le fue negado a la familia de Paola.

Petita Albarracín

La madre de Paola Guzmán, Petita Albarracín, durante la audiencia del caso frente a la Corte IDH. Fotografía de Cepam Guayaquil y Centro de Derechos Reproductivos

Además, Ecuador deberá declarar un día oficial de lucha contra la violencia sexual en las aulas. Se trata —opina Martínez— de una oportunidad para reflexionar y conversar. 

Billy Navarrete es secretario ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos y considera que el fallo es un “hecho luminoso en materia de los derechos humanos”. Explica que las fechas emblemáticas como esta buscan rendir un tributo a las víctimas y permiten que la sociedad, las instituciones, los medios de comunicación y las organizaciones civiles, identifiquen en ellas un espacio para reconocer un hecho como válido y no invisibilizarlo.

Pero especialmente esa fecha —que debería definirse de acuerdo a una que sea importante para la mamá de Paola— es una oportunidad de control y monitoreo respecto a lo que manda el fallo.

El Estado tiene un plazo de un año para ejecutar las medidas y el caso quedará abierto en la Corte hasta que se cumplan, explica Lolo Miño, abogada y directora del Observatorio de Derechos y Justicia. En caso de que no lo haga, la víctima (en este caso Petita) puede activar una acción de incumplimiento a nivel constitucional.

Sin embargo, “no hay mecanismos para forzar al Estado a cumplir salvo que cada cierto tiempo la Corte IDH emitirá una resolución sobre el cumplimiento. Mientras tanto, el caso queda pendiente y en proceso de resolverse”, agrega Miño.

Los siguientes meses son clave. “Con esta sentencia se cierra un ciclo pero se abre uno nuevo para los familiares de Paola. Como organizaciones sociales continuaremos con el seguimiento a la implementación de la sentencia que ha vencido la impunidad e injusticia en contra de Paola”, dijo en un comunicado Lita Martínez, directora ejecutiva de Cepam Guayaquil.

Ahora, todas esas personas que acompañaron a Petita Albarracín en su dolor y en su batalla, deberán acompañarla también en el seguimiento para que el Estado no olvide que tiene una deuda pendiente ya no solo con Paola, su mamá y su hermana, sino con todo un país.

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Petita Albarracín sabe que hay madres que han pasado lo mismo que ella y que otras lo están pasando. Sabe —como dijo Catalina Martínez, directora para Latinoamérica del Centro de Derechos Reproductivos— que “hay muchas Paolas en Ecuador y en la región que han sido o están siendo víctimas de acoso y abuso sexual en el ámbito escolar”. 

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Le gustaría decirles a ellas que no se rindan, que “hay que seguir aunque nos destruyan nuestra vida. Es cansado”, dice y hace una pausa. “Pero sí hay esperanza”. 

No sabe que ella es la esperanza. Que sus largas noches durante casi dos décadas, su resistencia, su paciencia, el cansancio que se deja ver en sus ojos y ojeras pronunciadas, pero sobre todo el profundo amor hacia su hija, hoy son sinónimo de que, tal vez, es posible que los niños, niñas y adolescentes en toda una región no vivan lo que vivió Paola.