El Estado ecuatoriano pidió disculpas públicas por la violencia sexual que sufrió Paola Guzmán Albarracín en su colegio y que la llevó a suicidarse en 2002. El presidente de la República, Lenín Moreno, aceptó que el sistema de justicia no funcionó para proteger a Paola Guzmán Albarracín. “Reconozco la responsabilidad del Estado por la vulneración de los derechos de Paola, de Petita [mamá de Paola] y de Denisse [hermana de Paola], y es a nombre del Estado ecuatoriano que les pido que el día de hoy acepten nuestras disculpas por ese inmenso dolor que sufrieron”, dijo Moreno. 

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En el evento la Ministra de Educación, Monserrat Creamer, le entregó a Petita Albarracín el reconocimiento de bachillerato póstumo de su hija. La Ministra dijo que la entrega era un “acto de justicia que lleva a trabajar en un modelo educativo que combata la violencia contra las niñas, adolescentes, y mujeres”. Además, aseguró que habrá “cero tolerancia” a la violencia en el ámbito educativo. 

Lenin Moreno y la ministra Creamer, firmaron el decreto 1205, que declara al 14 de agosto como el Día de la lucha contra la violencia sexual en las aulas. El 14 de agosto fue el día en que se hizo pública la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). El decreto entrará en vigencia desde su publicación en el Registro Oficial.

Petita Guzmán, la mamá de Paola recibió la disculpa del Estado en su nombre y el de Paola. Y además aceptó el título póstumo de bachiller, porque, según dijo “era uno de los sueños” de su hija. 

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El acto es parte de la sentencia que hizo la Corte IDH contra el Estado ecuatoriano en el caso de Paola Guzmán Albarracín. La adolescente de 16 años fue abusada sexualmente durante dos años por el vicerrector del colegio en el que estudiaba en la ciudad costera de Guayaquil. Producto de esos abusos, Paola Guzmán Albarracín quedó embarazada y el vicerrector la obligó a abortar. El médico del colegio, quien practicaría el aborto le exigió a la joven tener relaciones sexuales con él. El 12 de diciembre, pocos días después de su cumpleaños 16, Paola Guzmán Albarracín ingirió fósforo blanco —en forma de diablillos— y murió. 

Después de su muerte, su padre, Máximo Guzmán, denunció al vicerrector del colegio, Bolívar Espín, por acoso sexual, violación e instigación al suicidio. En octubre de 2003, Petita Albarracín, se sumó a la causa penal como denunciante, pero el caso no avanzó. La Fiscalía solo investigó la denuncia por el acoso sexual. Aunque hubo una orden de prisión preventiva contra Espín, nunca lo detuvieron y, en 2008, la orden de detención en su contra prescribió.

En 2006, Petita Albarracín denunció al Estado ecuatoriano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Su denuncia decía que el Estado era responsable por el acoso y abuso sexual que llevó a Paola a quitarse la vida.  En 2019, la CIDH remitió el caso a la Corte IDH. El caso de Paola fue el primero sobre violencia sexual en el ámbito educativo en llegar a la alta Corte continental.

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Finalmente, en junio de 2020, la Corte IDH declaró al Estado ecuatoriano responsable por la violación de los derechos a la vida, integridad personal, a la protección de la honra y de la dignidad y a la educación de Paola Guzmán Albarracín. La Corte también condenó al Estado por no cumplir con su obligación de “prevenir actos de violencia contra la mujer y abstenerse de realizarlos”. 

La Corte IDH dijo que la sentencia en sí misma constituye una forma de reparación a los derechos de Paola Guzmán Albarracín, sin embargo, el fallo obligaba al Estado ecuatoriano a cumplir con otras acciones, una de ellas, el acto público de reconocimiento de responsabilidad que se hizo hoy, 9 de diciembre. El Ecuador quedó obligado por el fallo a declarar un día oficial de lucha contra la violencia sexual en las aulas, que hoy se anunció será cada 14 de agosto. 

Según la sentencia, el Estado también tendrá que dar tratamiento psicológico a Petita Albarracín, mamá de Paola, y a Denisse Guzmán Albarracín, hermana de Paola. El Ecuador deberá pagar a la madre y hermana de Paola Guzmán 20 mil dólares por daño emergente y 50 mil dólares como representación de la actividad laboral que hubiese generado Paola Guzmán. 

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En un año, el gobierno ecuatoriano debe presentar un informe de cumplimiento de la sentencia a la  Corte Interamericana de Derechos Humanos.