El 17 de marzo de 2022, la Comisión Interamericano de Derechos Humanos (CIDH) presentó un extenso informe, de más de 100 páginas, con sus hallazgos y conclusiones sobre la crisis carcelaria que vive el Ecuador.

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El informe es producto de la visita que una delegación de la Comisión hizo al país en diciembre de 2021 para informarse en primera persona de lo que ocurría —y sigue ocurriendo— en las prisiones ecuatorianas, que en 2021 vivieron un año sangriento: hubo más de 320 muertes producto de enfrentamientos entre bandas del crimen organizado que se disputan el control de estos centros penitenciarios.

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En el informe presentado hoy, la CIDH, uno de los dos principales órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (el otro es la Corte), hace un detallado recorrido por los antecedentes de la crisis, los hechos de terrible violencia carcelaria en el país y, también, ahonda en los factores que la causaron.

En su acápite final, presenta sus hallazgos y recomendaciones, que divide en 8 áreas y entre inmediatas, de prevención y estructurales.

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guía penitenciaria fue sentenciada

La cárcel de Cotopaxi. Fotografía tomada de la cuenta de Twitter del SNAI.

Estas ocho áreas son: 

  1. Violencia
  2. Reducción de población carcelaria; 
  3. Prisión preventiva y medidas alternativas; 
  4. Fortalecer la institucionalidad del sistema penitenciario; 
  5. Condiciones de detención; 
  6. Reinserción social; 
  7. Investigación y medidas de no repetición; y, 
  8. Acciones transversales.

Estas son algunas de las recomendaciones de la CIDH

En el acápite sobre violencia, entre otras medidas, la CIDH recomienda al Estado ecuatoriano, retomar el control de los centros carcelarios. Para ello, pide establecer medidas para prevenir, identificar y sancionar la corrupción en los centros penitenciarios. Además, dice que el Estado debe combatir prácticas que pueden incentivar espacios de corrupción que encarecen la vida en prisión

La CIDH también le pide al Estado detener el ingreso de armas, drogas, alcohol y de otras sustancias u objetos prohibidos

disparos en la Penitenciaría del Litoral

Oficiales de la Policía en los exteriores de la Penitenciaría del Litoral. Fotografía tomada de la cuenta de Twitter de la Policía Nacional.

Otra recomendación que da la Comisión es crear mecanismos de alerta temprana para advertir, disuadir y enfrentar amenazas y riesgos en las cárceles locales.

La CIDH pidió al Estado incorporar una perspectiva de género y tratamiento diferenciado para proteger a mujeres y a otras personas pertenecientes a grupos en situación especial de riesgo de la violencia y priorizar las medidas alternativas a la privación de libertad. “En particular, las mujeres detenidas en el Centro de Privación Provisional de Libertad (CPPL) Femenino Guayas No. 2 en Guayaquil (cárcel contigua a Guayas 4) deben ser transferidas a un centro carcelario exclusivo para mujeres que permita asegurar que su vida e integridad no se encuentre en riesgo”, dijo la Comisión. 

Además, le recomendó al Estado hacer un diagnóstico penitenciario para conocer la situación del sistema. 

En el acápite de reducción de la población penitenciaria, la CIDH le pide al Estado implementar acciones para “aplicar de manera eficiente y expedita” los beneficios penitenciarios destinados a la excarcelación

También le dice al Estado que debe continuar aplicando indultos para extinción y conmutación de penas por delitos menores y sin violencia, estableciendo parámetros claros y eliminando requisitos innecesarios. “Asimismo, se recomienda que la política de indultos tenga en cuenta los enfoques diferenciales y de género”, dice el  informe de la Comisión

En el apartado de prisión preventiva y medidas alternativas, la CIDH le urge al poder judicial ecuatoriano determinar cuántas personas presas siguen sin tener una sentencia en firme para determinar la caducidad de sus prisiones preventivas o establecer medidas alternativas

La Comisión le pide al gobierno garantizar los fondos para que las medidas alternativas a la prisión preventiva sean operativas, y que puedan ser utilizadas por el mayor número posible de personas. Ya ha pasado, por ejemplo, que no hay suficientes dispositivos de rastreo (conocidos como grilletes electrónicos). 

En la parte de institucionalidad, le pide fortalecer al SNAI y crear una comisión “o instancia de coordinación técnica interinstitucional” temporal para la implementación participativa de las medidas urgentes para enfrentar la crisis que atraviesa el sistema penitenciario. Esta iniciativa deberá incluir la participación de “organizaciones de la sociedad civil, academia, personas privadas de libertad y sus familiares”.

En el acápite de condiciones de detención, la CIDH pide, entre otras cosas, garantizar que estas sean “compatibles con la dignidad humana y con el respeto de los derechos humanos que aseguren el trato digno a las personas bajo custodia del Estado”. 

Además, la Comisión pide “asegurar que todos los centros de privación de libertad cuenten con personal especializado del Ministerio de Salud Pública e instalaciones adecuadas para ofrecer atención en salud” inicial y periódica. Una fuente reservada le dijo a GK que en ciertos centros carcelarios el personal médico no ha podido entrar por falta de garantías para su seguridad. La CIDH dice que es “fundamental” que los familiares de las personas privadas de libertad puedan ingresar productos de primera necesidad y bienes de consumo sin ningún tipo de amenaza o extorsión a las cárceles. 

fuga de presos de la cárcel de El Inca

La cárcel de El Inca, Quito, en agosto de 2020. Fotografía de archivo tomada de la cuenta de Twitter del SNAI.

En la parte de reinserción social, la Comisión le pide al Estado fortalecer los programas destinados a ese propósito, “mediante asignación de presupuesto y personal que permita garantizar su eficacia para cumplir con la finalidad de las penas” —que en el Ecuador, es la rehabilitación social y la reinserción. 

Estos programas, dice la CIDH, además de propiciar la reintegración de las personas presas de libertad y prevenir la reincidencia delictiva, “resultan esenciales para acceder a beneficios penitenciarios” y establecer una cantidad suficiente de actividades destinadas a ese fin. 

En el acápite de investigación y medidas de no repetición, la Comisión pide investigar de oficio y con la debida diligencia las muertes violentas y actos de tortura ocurridos al interior de centros de detención. Esta investigación deberá hacerse, dice el informe, “de manera seria, exhaustiva, imparcial y ágil”. 

Finalmente, la CIDH dice en su apartado de acciones transversales, que es necesaria “una ruta común por parte de los tres Poderes del Estado, la adopción de perspectiva de género y de tratamiento diferenciado, y la participación de personas detenidas, familiares y organizaciones de la sociedad civil en la adopción de medidas inmediatas y de tipo estructural”.

GK
(Ecuador, 2011) Periodismo que importa sobre lo que te importa.