La madrugada de hoy, 25 de febrero de 2022, dos personas fueron detenidas por el presunto tráfico ilegal de migrantes.  Las personas fueron detenidas en los sectores de Los Ceibos y Mucho Lote 2, en la ciudad portuaria de Guayaquil, en medio de un operativo de miembros del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) de la Policía Nacional. Los policías también encontraron documentos, pasaportes y celulares. 

En un video que publicó la Policía se observa a un miembro del GIR tumbar una puerta con una herramienta que parece pesada y contundente. La puerta se abre y entran más policías. Al final aparecen dos hombres detenidos. 

La Policía dijo que la ruta de los traficantes comenzaba en el aeropuerto de Guayaquil, luego las personas llegaban a México y finalizaba su viaje en Estados Unidos. 

El aumento de la migración, explicado en breve  

La migración ha ido en aumento por la crisis económica causada por el covid-19. En 2020, regresaron más personas  que las que  salieron: un excedente del 0,3%, atribuible a la pandemia del covid-19. Para el 2021, sin embargo, el porcentaje de migrantes no retornados subió al 18%: al menos 354.969 ecuatorianos dejaron el país. 

De ellos, 62.833 no han regresado y tampoco se conoce en dónde están. Muchos de esos ecuatorianos han salido del país con la ayuda de coyoteros o traficantes de migrantes que cobran miles de dólares para ayudarlos a cruzar las fronteras de distintos países de la región hasta llegar a Estados Unidos. Algunos no cumplen el objetivo por lo que mueren en el camino, como Jazmin Lema, una joven ecuatoriana de 21 años que murió en el desierto de Sonora; ella viajaba con su pequeña hija de tres años y su novio de 17. 

El delito de tráfico de migrantes 

El Código Integral Penal dice que este delito lo comete una persona con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio económico u otro, promueva, capte, acoja, facilite, induzca, financie, colabore, participe o ayude a la migración ilícita de personas nacionales o extranjeras. 

Esa persona será sancionada con 7 a 10 años de cárcel. La misma pena pueden cumplir los dueños de los vehículos de transporte aéreo, marítimo o terrestre y a las personas que sean parte de la tripulación o encargadas de la operación y conducción, si se establece su conocimiento y participación en la infracción.