El gobierno lanzó la política pública del sistema de rehabilitación social de Ecuador. Este documento, según Bernarda Ordóñez, secretaria de Derechos Humanos, “reconoce a las personas privadas de la libertad como un grupo particularmente vulnerable”. 

La política estará enfocada en la rehabilitación social para evitar que estas personas cometan nuevos delitos después de salir de la cárcel. Después de dar un breve discurso, Ordóñez le entregó al presidente Lasso un libro azul marino que decía Política Pública de Rehabilitación Social 2021-2025 con letras doradas en su portada.

Según Ordóñez, aplicar la política pública “es la oportunidad para recuperar a una generación entera”. Así, dijo, se van a garantizar los derechos a las casi 35 mil personas que están presas actualmente y a sus familiares, lo que equivale a un universo de 100 mil personas. 

Esto sabemos de la política pública del sistema de rehabilitación social 

La política pública, según Bernarda Ordóñez, tendrá cuatro prioridades: 

• Mejorar la seguridad centros,
• Reducir el hacinamiento y la excesiva aplicación de la prisión preventiva,
• Mejorar la  gestión penitenciaria, y
• Mejorar la rehabilitación social.

Estas prioridades, dijo la Secretaria de Derechos Humanos, se establecieron después de que el Directorio del Organismo Técnico del sistema penitenciario evaluó el estado actual de las cárceles. 

Algunas de las conclusiones a las que llegaron fue que más del 40% de las personas presas no tenían un trabajo antes de entrar a la cárcel y que muchos de ellos comenzaron a delinquir cuando eran niños y adolescentes. 

El presidente Guillermo Lasso dijo hoy que “no es justo” que cuando una persona esté presa pierda el derecho a la educación, salud, cultura y deporte. Eso, dijo Lasso, era importante “para que cuando cumpla la condena retome su vida en un nuevo rumbo”. 

¿Cuánto será su presupuesto?

En su discurso de hoy, Bernarda Ordoñez dijo que “invertir hoy en los más olvidados, en la rehabilitación, no solo es un deber moral, es una responsabilidad irrenunciable”. El documento de la política pública dice que en 2022 tendrá un presupuesto de más de 27,4 millones de dólares. 

Ese dinero será distribuido así: 

• Salud: 12,18 millones de dólares.
• Trabajo: 802 mil dólares.
• Educación: 3,530 millones de dólares.
• Social y arraigo:  533 mil dólares.
• Deporte: 67,32 millones de dólares.
• Cultura: 520 mil dólares.
• Rehabilitación, información, infraestructura, recursos humanos:  8,54 millones de dólares.
• Alianzas, convenios y cooperación: 1,23 millones de dólares.

Ordóñez dijo que los violentos incidentes de las cárceles de los últimos meses se deben al hacinamiento y a las condiciones precarias en las que viven los internos. Por eso, dijo, la reforma tiene que tener un “enfoque integral” e incluir a varias instituciones como la Secretaría de Derechos Humanos y el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores del Ecuador (SNAI). Pero también al Ministerio de Salud, Cultura, Deporte, entre otros. 

En su discurso de hoy, el presidente Lasso agradeció a los gobiernos de Estados Unidos, Colombia, a la Unión Europea y a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos por haber “brindado todo su contingente para la construcción de esta política”. 

El pasado 17 de febrero, el Presidente dijo en una entrevista que varios gobiernos estaban “apoyando” a Ecuador en temas de seguridad, lucha contra el narcotráfico y control de la crisis carcelaria. Sin embargo, no se han dado detalles de cómo contribuyó cada uno en la política presentada hoy. 

¿Para qué se usará el dinero?

Entre las acciones específicas que constan en el documento de la política pública están: 

• Garantizar que exista un centro de salud de primer nivel de atención en cada centro de privación de libertad. Según cifras del SNAI, hasta octubre de 2021, solo 25 de las 37 cárceles tienen al menos un médico familiar o general.
• Dar atención de salud 24 horas al día, 7 días a la semana, con personal médico capacitado en las cárceles. 
• Fortalecer la asistencia de terapia psicológica a nivel grupal e individual a las personas privadas de la libertad. El SNAI le dijo a GK en octubre de 2021 que solo 2 de las 37 cárceles tienen un programa de salud mental.
• Dar atención psicológica especial a familiares de quienes murieron en las masacres carcelarias. 
• Garantizar la salud sexual de las personas presas en las visitas íntimas y métodos anticonceptivos de barrera como condones. 
• Garantizar el acceso a toallas higiénicas y otros productos de higiene menstrual. Aquí puedes leer más sobre cómo es menstruar en prisión. 
• Mejorar el servicio de alimentación. 
• Incluir a las personas privadas de la libertad en los planes nacionales de vacunación. 
• Apoyar iniciativas de emprendimientos que provengan de las personas privadas de la libertad. 
• Apoyar el aprendizaje de las personas con discapacidad que están presas. 
• “Sensibilizar a las empresas” sobre cómo colaborar con la reinserción laboral de las personas presas. La política dice que “se podría prever una forma de incentivo para las empresas que reinserten” a los privados de la libertad que salen de la cárcel. 
• Garantizar la educación en condiciones de igualdad.
• Establecer espacios adecuados para las visitas de las familias.
• Reparar las cabinas telefónicas para “el mantenimiento y fortalecimiento del contacto con el mundo exterior”.

Otras acciones

En el evento de hoy el presidente Lasso también firmó un decreto para dar indulto a las personas privadas de la libertad que cumplan los siguientes requisitos: 

• Tener una sentencia condenatoria por alguno de estos delitos: 
  • robo,
  • hurto,
  • estafa, o
  • abuso de confianza
• Haber cumplido al menos el: 
  • 40% de la pena impuesto si fue sentenciado bajo el Código Penal y Código de Procedimiento Penal  que ya no están vigentes —es decir, anteriores al  Código Orgánico Integral Penal (COIP).
  • 60% de la pena de las personas sentenciadas por el COIP, vigente desde el 2014. 
• No tener vigentes otras sentencias condenatorias ni medidas cautelares en su contra. 
• No tener un proceso penal o una investigación previa abierta en su contra.
• No haber sido sancionada por faltas desde que ingresó en el centro de privación de la libertad. 

El objetivo del decreto es reducir el hacinamiento en las cárceles del Ecuador, uno de los múltiples problemas que tiene el sistema penitenciario local. Según Lasso, esto complementará la política pública que fue presentada hoy.

Además, en el evento de hoy, Pablo Ramírez, el director del SNAI dijo que estaban trabajando en estrategias y acciones para mejorar la situación de las cárceles. Eso, dijo Ramírez, incluye hacer reformas al Código Orgánico Integral Penal para “ respaldar y regular el trabajo del cuerpo de vigilancia y seguridad penitenciaria”. Dijo que ya se están haciendo protocolos y un código de ética para el área administrativa y operativa del sistema penitenciario. Además, dijo que planean “recuperar la confianza de segundas oportunidades” de las personas privadas de la libertad.