La Fiscalía allanó las oficinas del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para obtener evidencia como parte de una investigación. Lo hizo después de recibir una denuncia por el presunto delito de acceso no consentido a sistemas informáticos. En las últimas semanas, la institución ha estado involucrada en una pugna de poder después de que se formó una mayoría que removió a la presidenta y vicepresidente del Consejo y posesionó a otras personas en el cargo. 

Pasadas las 10 de la noche de ayer, 15 de febrero de 2022, la Fiscalía anunció en su cuenta de Twitter que allanó las oficinas del CPCCS, en Quito. Lo hizo con el apoyo de la Policía Nacional. En la publicación, la Fiscalía dijo que lo hizo en un acto urgente. Esta acción —que debe ser ejecutada inmediatamente, de ahí sale su nombre— sirve para precautelar las pruebas del caso e impedir que se pierdan o sean adulteradas. 

La Fiscalía dijo que los allanamientos se hicieron para recabar evidencia documental, física y digital como parte de su investigación por el presunto delito de acceso no consentido a sistemas informáticos.  Hasta las 9 de la mañana de hoy, 16 de febrero, la Fiscalía no ha dado más información sobre el tema. 

¿Por qué hubo un allanamiento?

Minutos antes de la medianoche de ayer, después del allanamiento, el CPCCS publicó un comunicado en su cuenta de Twitter aclarando los motivos de la intervención de la Fiscalía. El documento está firmado por Hernán Ulloa, uno de los consejeros que se disputa la presidencia de la institución. El comunicado dice que el allanamiento responde a una denuncia presentada el pasado 6 de enero “por la reiterada suspensión de las sesiones del pleno del organismo por parte de la ex presidenta Sofía Almeida”, quien fue removida del cargo el 9 de febrero por otros consejeros. 

La denuncia fue presentada por Hernán Ulloa y los consejeros María Fernanda Rivadeneira y Francisco Bravo. Los tres, junto a Ibeth Estupiñán, forman la nueva mayoría del CPCCS que se reunió el pasado 9 de febrero y votó por remover a Sofía Almeida de la presidencia y a David Rosero de la vicepresidencia. 

La denuncia, dice el comunicado de anoche del CPCCS, fue presentada porque Almeida suspendió las sesiones ordinarias del 2 y 16 de julio de 2021 y la del 5 de enero de 2022. La publicación del CPCCS dice que Almeida las suspendió por “supuestos problemas en las áreas de Tecnología, Comunicación y Administrativa”. 

Según el comunicado, “coincide que en estas sesiones estaba previsto tratar temas relativos a la aprobación del reglamento para designar al titular de la Contraloría General del Estado”. Designar a algunas autoridades —como Contralor o Defensor del Pueblo— a través de un concurso es parte de las responsabilidades del CPCCS. 

Por la suspensión de las sesiones, los consejeros Ulloa, Rivadeneira y Bravo le pidieron a la Fiscalía que disponga actos urgentes “para prevenir que se sigan cometiendo estas irregularidades”. Además, el comunicado dice que se quería prevenir “posibles infracciones en virtud de la distracción arbitraria de bienes públicos que son asignados a diferentes áreas” como Tecnología, Comunicación o la Secretaría General de la Institución. 

El comunicado del CPCCS dice que el propósito de la Fiscalía era “conservar las evidencias para el desarrollo de la investigación” sobre los motivos reales de Almeida para suspender esas sesiones del pleno. 

¿Qué está pasando en el CPCCS?

El 9 de febrero de 2022, Sofía Almeida y David Rosero fueron removidos de la presidencia y vicepresidencia del Consejo, respectivamente. La remoción se hizo en una sesión convocada por los consejeros Francisco Bravo, Hernán Ulloa, Ibeth Estupiñán y María Fernanda Rivadeneira —miembros de la nueva mayoría de la institución. 

Esa mañana llegaron varios policías a la sede del Consejo. Después de la llegada de los oficiales, la entonces presidenta Sofía Almeida hizo una rueda de prensa en la que dijo que ella no había pedido la presencia de la Policía y que la reunión de ese día debía ser virtual. Ahí contó que uno de los agentes le dijo que estaban ahí por “disposición verbal a pedido del consejero Hernán Ulloa”, quien fue nombrado como presidente del Consejo después de la remoción de Almeida. 

Según ella, la presencia de la Policía se podría entender como una presunta “injerencia de otra función del Estado en el Consejo de Participación Ciudadana”. Almeida dijo que los cuatro consejeros —refiriéndose a Ulloa, Estupiñán, Bravo y Rivadeneira—  los “forzaron por medio de un cerrajero” la sala de sesiones para reunirse de forma presencial.

Mientras ella daba esa rueda de prensa, los cuatro consejeros estaban reunidos y votando por removerla a ella y a David Rosero. Tras cesarlos, los cuatro consejeros nombraron a Hernán Ulloa como presidente y María Fernanda Rivadeneira como vicepresidenta. Pasadas las 6 de la tarde del 9 de febrero, el Ministerio de Trabajo certificó la remoción de Almeida y la posesión del nuevo presidente y vicepresidenta del CPCCS. 

Horas después, en la tarde del 9 de febrero, Almeida fue al CPCCS para reclamar por el puesto argumentando que ella seguía siendo su presidenta. En los días siguientes, la pugna por el poder del CPCCS ha continuado.

El 10 de febrero una jueza ratificó una medida cautelar —que fue dictada a favor de Almeida a principios de febrero— y dijo que dejó sin efecto su remoción. Ese mismo día, Hernán Ulloa interpuso su propia acción de protección —un mecanismo legal para garantizar derechos constitucionales— contra la medida cautelar que blindaba a Almeida como presidenta del Consejo. Otra juez, también de Samborondón, aceptó el recurso legal y ratificó la validez de la sesión donde fueron posesionadas las nuevas autoridades del CPCCS.

El 11 de febrero el gobierno publicó un comunicado en el que negó cualquier tipo de intervención en la institución. Además, en la Asamblea Nacional las bandadas de los movimientos políticos Pachakutik, el Partido Social Cristiano y la coalición correísta UNES comenzaron el trámite de juicio político contra la mayoría encabezada por Ulloa.