Continúa la pugna por el poder del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Ayer, 9 de febrero de 2022, la nueva mayoría del Consejo removió a Sofía Almeida de la presidencia del Consejo. Sin embargo, hoy una jueza ratificó una medida cautelar —que fue dictada a favor de Almeida a principios de febrero— y dijo que dejó sin efecto su remoción. 

La mañana de hoy, 10 de febrero, la jueza Karly Vargas, de la Unidad Multicompetente de Samborondón, ratificó las medidas cautelares a favor de Almeida. El recurso fue presentado los primeros días de febrero contra de los consejeros Francisco Bravo, Hernán Ulloa, Ibeth Estupiñán y María Fernanda Rivadeneira —miembros de la nueva mayoría de la institución que votaron por removerla. 

Después de la destitución de Almeida ayer, la nueva mayoría escogió a Hernán Ulloa como el nuevo presidente del Consejo y a María Fernanda Rivadeneira como la vicepresidenta, en reemplazo de David Rosero, quien también fue removido del cargo. 

¿Qué involucra la acción de protección?

La acción de protección con pedido de medidas cautelares la pidió el 2 de febrero Sofía Almeida en contra de los cuatro consejeros para evitar que se trate una moción de remoción en su contra. Esa solicitud era parte del orden del día en una sesión declarada permanente desde finales de enero. Sin embargo, la sesión del CPCCS no fue convocada por 13 días; ese fue uno de los argumentos que utilizaron los consejeros para remover a Almeida.

El 7 de febrero esa medida a favor de Almeida había sido revocada por otra jueza de la misma unidad. En un oficio, con fecha de hoy, la jueza Karla Vargas argumentó que solo el juez que dictó la medida puede revocarla. En este caso, solo Vargas. En una rueda de prensa de hoy, Almeida dijo que lo anunciado por la jueza Vargas es una “medida que ratifica esta presidencia” y que eso demostraba que todas las actuaciones de ayer eran nulas. 

En la rueda de prensa, Almeida dijo que declaró sin efecto todas las acciones o decisiones que se dieron para validar una remoción de la presidenta del CPCCS y su vicepresidente. Además, la jueza Vargas le pidió a la Defensoría del Pueblo que garantice el cumplimiento de la decisión. Además, la jueza le pidió a la Policía Nacional que le dé protección a Almeida. 

Daniel González Pérez, abogado especializado en contratación pública y gestión de gobierno, dice que al ser ratificada, la decisión de la jueza está en firme y que debe cumplirse. 

Sin embargo, el constitucionalista Mauricio Alarcón dice que la acción de protección sí afecta al nombramiento de Ulloa como presidente del CPCCS (es decir, que podría ya no serlo), pero añade que “incluso el Consejo de la Judicatura está investigando las dudosas medidas cautelares y acciones de protección otorgadas en ciertas unidades de Samborondón”. Por eso, dice, la decisión judicial podría cambiar “por la crisis de institucionalidad que vive el país”.  

¿Qué pasó en el CPCCS?

Ayer, 9 de febrero, Sofía Almeida y David Rosero fueron removidos de la presidencia y vicepresidencia del Consejo, respectivamente. La remoción se hizo en una sesión convocada por los consejeros Francisco Bravo, Hernán Ulloa, Ibeth Estupiñán y María Fernanda Rivadeneira —miembros de la nueva mayoría de la institución. 

La mañana del 9 de febrero llegaron varios policías a la sede del Consejo. Después de la llegada de los oficiales, la entonces presidenta Sofía Almeida hizo una rueda de prensa en la que dijo que ella no había pedido la presencia de la Policía y que la reunión de ese día debía ser virtual. Ahí contó que uno de los agentes le dijo que estaban ahí por “disposición verbal a pedido del consejero Hernán Ulloa”, quien fue nombrado como presidente del Consejo después de la remoción de Almeida. Según ella, la presencia de la Policía se podría entender como una presunta “injerencia de otra función del Estado en el Consejo de Participación Ciudadana”.

En la rueda de prensa de ayer, Almeida dijo que los cuatro consejeros —refiriéndose a Ulloa, Estupiñán, Bravo y Rivadeneira— “forzaron por medio de un cerrajero” la sala de sesiones para reunirse de forma presencial. 

Mientras ella daba esa rueda de prensa, los cuatro consejeros estaban reunidos y votando por removerla a ella y a David Rosero. Tras cesarlos, los cuatro consejeros nombraron a Hernán Ulloa como presidente y María Fernanda Rivadeneira como vicepresidenta.

Sin embargo, horas después, Almeida fue al CPCCS para reclamar por el puesto argumentando que ella seguía siendo su presidenta. 

¿Quién está al frente del CPCCS?

Pasadas las 6 de la tarde de ayer, el Ministerio de Trabajo certificó la remoción de Almeida y la posesión del nuevo presidente y vicepresidenta del CPCCS. Según Mauricio Alarcón, ya que el nombramiento de Ulloa como presidente fue aprobada por el Ministerio del Trabajo, él es considerado el representante legal del CPCCS para fines contractuales. 

En cambio, el abogado Daniel González le dijo a GK que al hacer eso, “el gobierno ecuatoriano está avalando una decisión ilegal” porque los consejeros no tienen la atribución de remover a la presidenta y vicepresidente de la institución. González dice que los órganos colegiados como el CPCCS o la Asamblea Nacional tienen periodos determinados de duración en el cargo. Para el Consejo era de dos años. 

Los presidentes y vicepresidentes de esas instituciones pueden ser removidos antes de que se cumpla ese tiempo de acuerdo a las causales establecidas en la Ley Orgánica del Servicio Público o la de la Contraloría, pero dice que ninguna de las dos involucra la formación de una nueva mayoría para remover a sus propias autoridades. En cambio, los consejeros sí podrían votar para remover a su secretario, pero no a la presidenta porque no tienen esa facultad. 

“Se estaría violentando el principio de seguridad jurídica que rige para las instituciones públicas”, dice el abogado González. Añade que si fuera cuestión de mayorías y minorías, la Asamblea también podría cambiar de presidenta si se forma una nueva. Eso no sucede, dice, porque la “legislación ecuatoriana ha previsto que existan esos nombramientos de periodo fijo”. 

Sin embargo, el abogado dice que aunque Almeida siga siendo legalmente la presidenta del CPCCS, al existir una nueva mayoría, los otros consejeros no podrán ganar en la toma de decisiones. “Esa mayoría se va a imponer en la actividad diaria. Hernán Ulloa tiene 4 votos y los otros 3. Así no podrán aprobar nada”, dice González.