La Izquierda Democrática quiere mostrarse unida. Que llega a consensos. Que no hay quiebre interno. Que propone diálogo y que defiende los derechos de las víctimas de violación. Sin embargo, en los últimos días, varios de sus líderes y representantes en la Asamblea Nacional han tenido un comportamiento errático que ha generado confusión sobre sus posturas, y confusión entre sus electores y en muchos ciudadanos que siguen el quehacer político local.

Este martes, algunos legisladores de la Izquierda Democrática dieron una rueda de prensa en la Asamblea Nacional. En el centro de la mesa estaba Xavier Hervas, el excandidato presidencial de la ID. A su derecha, Yeseña Guamaní, la segunda vicepresidenta de la Asamblea —elegida tras la destitución de su también coidearia, Bella Jiménez, Marlon Cadena, reciente nuevo coordinador de bancada (tras la salida de Alejandro Jaramillo). Rodrigo Fajardo —quien inicialmente pedía que se apoye el informe de minoría pero cambió de opinión para adherirse al partido— y  Luis Marcillo. 

Al otro lado de Hervas, lo flanqueaban el presidente del partido, Guillermo Herrera, los asambleístas Wilma Andrade y Ramiro Narváez. Asistieron siete de los quince asambleístas de la bancada. La escena tenía un aire de Última Cena: con el ungido en el centro, rodeado de sus devotos y —quién sabe— de uno que otro secreto disidente. Al igual que en la mítica cena cristiana, estaban ahí para hacer un anuncio mientras intentan mantener el proyecto que parece interesarle más a la ID: Hervas 2025.

Enfrentar a los medios de comunicación parecía una obligación ante los cuestionamientos que han recibido tras la publicación de un reportaje de GK en el que se revelaban los quiebres internos y el rol que tenía, en esos quiebres, la discusión por la interrupción del embarazo por violación que se discute aún en la Asamblea.

Querían insistir en su discurso de respaldo a los derechos de las mujeres . “No podemos ser indiferentes con el dolor y el abandono que miles de mujeres, niñas y adolescentes viven tras experimentar esta dolorosa realidad”, dijo Guamaní. También querían mostrar que son capaces de llegar a acuerdos. “En la Asamblea Nacional se necesita el diálogo y el consenso como único mecanismo para lograr los votos”, dijo Andrade.  

Para eso —lograr que pase una ley—, la ID propone adaptar los plazos máximos en aquellos que permitan un consenso: para las niñas de hasta 14 años, 20 semanas. Para las adolescentes de entre 14 y 18 años, 18 semanas. Para las adultas, de 16 semanas. La propuesta inicial que surgió de la Comisión de Justicia, presidida por su coideario, Alejandro Jaramillo —ausente en la rueda de prensa, al igual que la ponente del proyecto y militante de la ID, Johanna Moreira— era de máximo 28 semanas, primero, luego máximo 22. A algunos militantes eso les parece incoherente.

“No puede ser que un partido que es feminista, ambientalista, hoy existan al interior del bloque estas contradicciones. No podemos irnos en contra de lo que le ofrecimos a la ciudadanía, a las niñas, a las mujeres, a las adolescentes y a los colectivos feministas. No podemos cambiar de un  momento a otro”, dijo Jaramillo, abordado por los medios, tras las declaraciones de sus coidearios en la rueda de prensa.

Esas contradicciones  —minimizadas por algunos líderes del partido que dicen que no existe fractura interna— han puesto en jaque al discurso de la Izquierda Democrática. En la rueda de prensa dijeron al mismo tiempo que apoyan una “ley justa y reparadora”, pero anunciaron plazos que no tienen más fundamento que la posibilidad de que haya acuerdos con las otras bancadas y la ley pueda ser aprobada por el pleno. 

Sí, es política. Sí, es necesario consensuar para pasar una ley que toca fibras sensibles sociales. Sin embargo, no deja de ser un oximorón que un partido autoproclamado progresista se conforme con una ley llena de barreras para las víctimas de violación. Parece que no están viendo lo que implica, para una ciudad pequeña o un recinto rural que uno, dos o cinco médicos objeten la conciencia; o que una adolescente violentada por su padre o hermano tenga, además de enfrentar un aborto —escondiéndose de su agresor— tenga que denunciarlo con toda la revictimización que eso implica. 

La postura de Hervas también es ambigua. En una entrevista para hablar sobre los quiebres internos del partido, me dijo que, como socialdemócratas, están “a favor de la mujer que fue violada, pueda decidir ella si continúa o no con el embarazo”. Pero enseguida dijo que “un problema grave es que solamente estamos hablando en términos de aborto y deben entrar muchos más elementos en el análisis”. 

Para él,  hay tres elementos fundamentales que deben ser considerados, el primero son los plazos; el segundo la denuncia de la víctima a su agresor. “Preocupa la posibilidad que un violador que haya cometido este crimen no sea juzgado”, dice. Sin embargo, el castigo para un violador está ya establecido en el artículo 171 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y lo que ahora se está discutiendo en la Asamblea Nacional es la interrupción del embarazo por violación, no las sanciones a los perpetradores. Mencionar una sanción ya existente crea confusión y dudas que torpedean el debate y distraen la atención de lo importante: garantizar el acceso a un aborto en casos de violación. Además, el fallo de la Corte Constitucional ya advirtió que para acceder al aborto, no es necesaria una denuncia.

Y el tercer punto que le preocupa a Hervas son los médicos. “Que no sean sancionados por no practicar un aborto”, dice, perdiendo de vista que, en el proyecto ya contempla la objeción de conciencia. Sobre todo, parece olvidar que a quien realmente hay que proteger es a la mujer que ha decidido interrumpir su embarazo producto de un crimen. 

Verónica Carrillo, Secretaria Nacional de Juventudes y alterna de Jaramillo, dijo en Twitter: “Bueno ahora resulta que soy radical y no sumo, nunca entendimos el concepto de una ley justa y reparadora!”. Era una clara alusión a las declaraciones de Guamaní que dijo que planteó que los plazos de interrupción del embarazo que proponen ahora están “lejos de posiciones radicales y que no suman”. “Es lamentable que existan estas contradicciones que no ayudan”, dijo Jaramillo. Insistió, además, que hay al menos dos legisladores que están en contra del proyecto: Dalton Bacigalupo y Marcos Molina. El primero, ausente de la rueda de prensa de hoy. Molina se levantó a la mitad de las declaraciones, mientras Hervas hablaba sobre la postura que, dijo, “ha mantenido siempre”. No dijo por qué se había ido. 

Johanna Moreira, otra de las asambleístas de la ID en contrapunto con varios de sus coidearios no se ha pronunciado tras la rueda de prensa de hoy. Pero después del segundo debate sobre el aborto, ocurrido la semana pasada, tuiteó: “La única relación tóxica que tengo en estos momentos, es con mi partido político. #AbortoPorViolacion”

La ID se ha esforzado en decir que sus asambleístas votarán igual. “No somos ni club social ni iglesia para dejar la libertad a nuestros miembros”, dijo Guillermo Herrera, pero ni Herrera ni ningún otro dirigente ha podido aclarar qué pasará con los legisladores de su bancada que no voten orgánicamente. 

Uno de ellos será Dalton Bacigalupo, quien confirmó que apoyaría el informe de minoría que incluso tiene su firma y dijo, además, que no considera principalizar a su alterna —la principalización de los alternos era una posibilidad para mantener el voto en bloque.

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Las contradicciones no han sido la única respuesta desconcertante de la organización política. El fin de semana, Xavier Hervas se convirtió en tendencia en Twitter ¿Por qué? El ex candidato hizo un bloqueo masivo a cualquier usuario de la red social que osara cuestionarlo: abogados, activistas de derechos humanos, feministas, detractores —todos, bloqueados. 

En la rueda de prensa del martes 8 de febrero, un periodista le preguntó por qué lo hizo. Hervas dijo que le encanta el diálogo y que valora la opinión de todos pero que cuando comienzan los insultos, el diálogo termina. “Yo no he bloqueado a una persona porque ha pensado diferente a mí, lo he bloqueado por ser grosero”, dijo. Sin embargo, varias personas bloqueadas mostraron sus conversaciones previas al bloque y no eran irrespetuosas. Sybel Martínez, activista y defensora de derechos le dijo: “Cuestionar tu accionar y el de tu partido con base a tus propuestas de campaña, no es ni irrespetuoso ni grosero. Dejo aquí los 2 tuits que te puse, antes de tu bloqueo masivo. No mientas, que tu rabieta machista del sábado no tiene justificación!” En los tuits que adjunta se ve que lo increpa sin ningún insulto. 

Algo similar ocurrió con la activista GLBTI Pamela Troya: “Entro a Twitter y veo a varias feministas que sigo y respeto evidenciando que @xhervas las ha bloqueado. Hasta ahí quedó su discurso dizque inclusivo y de apoyo a los derechos de las mujeres. Tarde o temprano se caen las caretas y los discursos aprendidos para el momento”, dijo y unos minutos después confirmó que también había sido bloqueada por el político. Lo mismo ocurrió con las abogadas y activistas, Silvia Buendía —que luego dijo que ni siquiera le había dirigido un tuit— y Soledad Angus.

El bloqueo fue a tantas personas que Fundamedios —la organización que defiende la libertad de expresión— emitió una alerta. Pero ni a Hervas ni al partido parece preocuparles esa actitud poco tolerante del líder político. “El mismo respeto que se mostró en campaña para todos es el que exijo para mi persona”, dijo en la rueda de prensa y sus palabras fueron seguidas por unos complacientes aplausos de sus compañeros. Es una señal de alerta: conocemos a bastantes políticos ecuatorianos —por lo general, los más autoritarios— que han justificado sus acciones en contra de críticos con la desgastada carta del “respeto”.

La explicación de Hervas evidentemente no alcanza a explicar su falta de tolerancia a la crítica, pues más allá de sus posturas —o el cambio en ellas— es fundamental que un líder político pueda responder al escrutinio público con transparencia, respeto y autocrítica. Si Hervas actúa así sin poder, ¿cómo sería si lo tuviera? Quizá el Hervas presidente también habría bloqueado, una tras a otra, a todas las personas que lo cuestionen. Y con el aparato estatal a su servicio, quién sabe en qué se habrían convertido esos bloqueos.

Esa poca tolerancia hacia quienes lo critican no es aceptable en un líder político y no hay excusa que alcance. Al contrario, ahonda en la desconfianza que, entre sus electores, simpatizantes y detractores, se ha alojado tras estos días de mensajes contradictorios y confusos. 

Los ciudadanos y la prensa tienen la obligación de cuestionar y exigir transparencia a Hervas y a todos los los líderes políticos locales. En una democracia, se debe exigir cuentas y escrutar, al detalle, que las ofertas de campaña no sean solamente un discurso edulcorado hijo único de un hueco marketing electoral.