A mediados de enero de 2022, la Comisión Especializada Permanente de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes de la Asamblea Nacional anunció que archivaría el proyecto del nuevo código de la niñez y adolescencia. Este proyecto fue trabajado por la comisión que salió en mayo de 2021, cuando terminó su período legislativo. La actual —presidida por la asambleísta Pierina Correa— tenía que aprobar el informe para segundo debate. Pero a pesar de tener una prórroga de 180 días, la comisión no cumplió con el plazo.

Luego de que organizaciones sociales que defienden los derechos de niños y adolescentes presionaron para que no se archive, el 24 de enero, la Comisión publicó un comunicado. En él pide al pleno de la Asamblea Nacional que acate lo dispuesto por la Corte Constitucional “para continuar con el tratamiento del Código Orgánico de protección integral a niñas, niños y adolescentes (Copinna), amparado en una sentencia constitucional”. 

La Comisión se refirió a la sentencia de finales de noviembre sobre la tenencia de niñas, niños y adolescentes. Sostienen que por este fallo, aún tienen tiempo para aprobar el Copinna e incluir este tema.

Sara Oviedo, activista por los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y ex miembro del Comité de los Derechos del Niño de la Naciones Unidas, participó en la elaboración del nuevo código, como parte de la sociedad civil. 

En esta entrevista explica por qué es tan importante tener un código actualizado que proteja a los niños, niñas y adolescentes del país. El vigente es de 2004 y, dice Oviedo, no está acorde a la Constitución.

¿Por qué la Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes de la Asamblea planteó archivar el Código?

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Cuando nos enteramos por una transmisión de Facebook de que tenían intenciones de archivarlo, me llamaron de la secretaría de la comisión para explicar las razones por las cuales se tomó la decisión.

Me contaron que definitivamente no habían alcanzado a hacer lo que tenían que hacer en el tiempo establecido, y que habían pedido prórroga. Pero que no alcanzaron a terminar en esos 180 días que pidieron. En ese tiempo lo que exactamente debían hacer era revisar el informe para segundo debate que dejó lista la comisión anterior. 

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Ese informe tuvo una serie de críticas, incluso de organismos internacionales de la niñez, que decían que el proyecto debía seguirse trabajando. Nosotros también hemos comprobado eso, que no es ideal, por eso hemos revisado libros y enviado insumos. Como pasa con cualquier documento, siempre se puede ir mejorando. 

¿Por qué cree que la Comisión no revisó el informe a tiempo?

No hubo voluntad política. 

La Comisión permanente se armó en mayo de 2021; ahí pidieron prórroga, y les dieron 180 días, pero tampoco lograron hacerlo en ese tiempo. Volvieron a pedir prórroga, y en ese momento comprobaron que la Ley Orgánica de la Función Legislativa no les permitía otra. 

Entonces encontraron la salida del archivo. Es raro que tomen esa salida porque eso haría que volvamos a cero. 

El informe del segundo debate que debían revisar, lo teníamos como base para mejorar el trabajo. Pero ya no serviría. Necesitaríamos hacer nuevamente todo el informe.

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Cuando me llamó la persona de la Comisión de Niñez para explicarme las razones del posible archivo, me dijo que prometía que harían un nuevo informe en 180 días. Que simbólicamente no se extenderían de ese tiempo. Yo sé que cuando un proyecto se archiva toma muchísimo tiempo en volverlo a construir pero me insistieron que lo harían en 180 días. 

El problema es que no pueden utilizar el informe anterior. Tienen que crear un nuevo proyecto de ley de esas características, de ese nivel de complejidad, recogiendo avances legislativos, análisis de situaciones nuevas, de violaciones nuevas que ocurren en la niñez. Es un proceso largo, no de 180 días.

¿Cuánto tiempo tomó crear el Código que está en riesgo de ser archivado? 

Tres años. 

En ese tiempo se hizo el informe de primer debate, de segundo debate. El proceso comenzó en 2018.

Hay quienes sostienen que hubo otras motivaciones para querer archivar el Copinna. Por ejemplo, la presidenta de la Comisión, Pierina Correa, se ha declarado abiertamente en contra de despenalizar el aborto por violación. Y el Código menciona este tema.  

Ahí voy a elucubrar porque la verdadera razón por la cual podría haber este archivo es la incompetencia que tuvo la comisión en tratar el tema. 

Nunca se organizaron, creo que no entendieron el asunto, no entendieron la tarea. Ni la urgencia.

Entonces, nunca tuvimos tiempo de ser parte de los debates en la comisión. Pero de lo que vimos, la señora [Pierina Correa] recibió en comisión general a pastores, personas que tenían una determinada postura frente a las cosas. 

Recuerdo que le escribí un mensaje a Pierina Correa y le dije ‘le ofrecemos todo el apoyo como le dimos a la Comisión anterior’. Pero nunca nos llamó a decir ‘vengan a comisión general’. 

Pero la preeminencia con cierto grupo de contactos, la actitud que tuvo en esa marcha en la cual se declaró abiertamente “provida”, todo esto nos he hecho pensar que hay temas en los que hay mucho interés, que están en el Código.

Por ejemplo: el tema del aborto es un hecho que por más que se hagan los locos los asambleístas, van a tener que asumir porque hay un fallo de la Corte Constitucional. 

Ese era uno de los puntos álgidos del Código porque el tema está puesto en el informe del segundo debate; dice que tiene que permitirse en caso de violación. El Código lo decía antes del fallo de la Corte. 

¿Qué otro tema dentro del Código podría ser considerado polémico?

Otro tema es el de los adolescentes infractores. 

La visión que tienen los asambleístas de la Comisión es una visión de los años 50 del siglo pasado. Los tachan como los responsables de toda la inseguridad que puede haber en la sociedad. Porque siempre se tiende a encontrar un chivo expiatorio en las sociedades y casi siempre son los adolescentes infractores.

Y las medidas que se quieren tomar frente a eso son medidas de reinserción real, de respetar los derechos, de encontrar nuevos caminos. Cosas que plantea la justicia especializada en adolescentes, basada en derechos. 

¿Y qué propone el nuevo Código sobre este tema?

No soy experta en el tema pero esencialmente es que es una justicia restaurativa, en el exacto sentido del término. 

Una justicia que permita pensar que los adolescentes buscan un proyecto de vida, que algunos no tuvieron más que una pistola y un grupo delincuencial que les planteó algo, y una pandilla.

Entonces, lo que plantea el código es presentarles trabajar juntos familia, sociedad, Estado, para presentar alternativas que les permita otras opciones a los adolescentes. 

Usted mencionó que hubo organismos internacionales que criticaron el proyecto. ¿Cuáles fueron las principales críticas?

Decían que al proyecto le faltaba ajustarse a los parámetros internacionales, a recomendaciones de la convención [sobre los derechos del niño]. 

Pero no decían qué cosas.

Ahora están arrepentidos y todos hemos criticado directamente que se opusieran. También decían que no había coherencia entre los cuatro libros porque fueron elaborados simultáneamente. 

Es muy posible que así sea. Hay bastante de eso, pero eso ameritaba una asesoría de gente especializada de leer en conjunto y darle la coherencia, no de archivarlo.

Esas observaciones no eran suficientes para rechazarlo.

¿Por qué es tan importante tener un nuevo código?

El código actual fue aprobado en enero de 2003. 

Y en 2008 se cambió la Constitución, entonces es una ley que no reúne los preceptos constitucionales del país. 

Hay nuevos tipos de violaciones de derechos que no fueron incorporados en ese momento, como la explotación sexual comercial a niños y adolescentes en sus distintas formas como la explotación sexual en línea, la pornografía infantil, explotación sexual con fines de prostitución, con fines de turismo. Es decir, hay realidades y categorías que se han ido creando después del 2003. 

La razón más importante para tener un nuevo Código es que en 2014, con la ley de Consejos de la Igualdad se desmanteló el sistema de protección de derechos de la niñez y adolescencia. 

Esta ley anuló el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia, y creó los consejos de igualdad —para atender a adultos mayores, niños, adolescentes, personas con discapacidad, etcétera. 

Además de que se eliminó el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, con el Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad) también se reemplazó a los Consejos de Protección de Derechos para la Niñez y Adolescencia [que están en varios cantones del país] a Consejos que también atienden casos de adultos mayores y violencia contra la mujer. 

Todas estas decisiones han ido desmantelando el sistema de protección de la niñez. Por eso es tan importante un Código nuevo, para recuperar el sistema de protección. 

¿Cómo definiría al sistema de protección de la niñez?

Es un conjunto de instituciones que tienen como mandato proteger la niñez y adolescencia.

Planifican y ejecutan política pública relacionada con la niñez, e incluye una serie de servicios de atención a los niños, programas de primera infancia, programas de casas de acogida para niños que quedan sin cuidado parental.

Del otro lado, también conforman al sistema todos los organismos de administración de justicia que tienen que actuar en los casos de vulneración de derechos. También están incluidos los organismos de restitución de derechos, y los que promueven la participación de los niños, niñas y adolescentes.

El sistema funciona a nivel nacional y local. A nivel local la competencia la tienen los gobiernos autónomos descentralizados [municipios, juntas parroquiales]. 

Pero estos organismos de protección de derechos a nivel cantonal son muy débiles, muy manipulados por el clientelismo político. 

¿Cuáles son los nudos de este sistema que usted llama “desmantelado”?

La falta de coordinación. 

Por ejemplo, el año pasado fui asesora de una organización que preparaba un proyecto contra la violencia sexual basada en género a niños, niñas y adolescentes. Entonces, con la Coalición contra el abuso sexual a la niñez (Cocasen) entramos a fortalecer los sistemas de protección a nivel local.

Una de las cosas que hicimos fue una hoja de ruta para combatir la violencia sexual, para que sea usada por los organismos locales de derechos. ¿Por qué? Porque cada organismo de protección de derechos trabaja como departamento estanco. No hay coordinación. 

Por ejemplo: si un juez dictamina una medida de protección que tiene que ser aplicada inmediatamente por el Ministerio de Educación, no sucede porque hay una total falta de coordinación.

Una hoja de ruta, como la que preparamos, sirve para concatenar esos pasos y lograr que funcionen al unísono. 

Usted mencionó que una de las formas en que se debilitó al sistema de protección de los niños y adolescentes fue, por ejemplo, incluir a las mujeres víctimas de violencia y los adultos mayores como sujetos de atención de las Juntas de Protección de Derechos. ¿Por qué esto es considerado como negativo, si se está ampliando la atención a otros grupos de atención prioritaria?

Es conflictivo en un sentido muy práctico, muy operativo, porque las juntas tienen muy poco personal. Nunca están completas. 

La ley dice que son tres principales y tres suplentes. Nunca hay los suplentes, con las justas hay tres principales. 

De esas seis personas, tres deberían ser un abogado, un psicólogo y un trabajador social. Los otros tres deberían ser una secretaria, una persona encargada de las citaciones, etcétera. Pero en cantones pequeños hay escasez de abogados; ahí se puede encontrar un trabajador social. Depende mucho de la oferta de profesionales. 

En cada cantón debería haber un número de juntas de acuerdo al número de habitantes. Pero eso no se cumple siempre. Por ejemplo en Cuenca hay 4, en Quito 5, pero en Guayaquil apenas hay una junta. 

Ese es el argumento práctico. 

El argumento más técnico es el de la especialización. Si queremos atender a cada uno de estos grupos, necesitaríamos tener especialización en las tres áreas: mujeres, adultos mayores, y niños. 

Pero estas juntas no tienen ni dios ni nadie a quién acudir porque desde que cerraron el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, que les daba algún tipo de asesoría y coordinación, no tienen a quién pedir apoyo. Eventualmente han recibido algún tipo de capacitación. 

Pero si además de pedirles que se especialicen en niños y adolescentes, les ponemos dos públicos diferentes en los que no tienen especialización (los adultos mayores y las mujeres víctimas de violencia), el trabajo que no lo estaban haciendo muy bien, lo hacen peor. 

Usted sostiene que el código vigente no está acorde con la Constitución actual, ni considera nuevas violaciones a derechos de los niños y adolescentes. ¿Qué otros problemas tiene?

Lo que queremos con el nuevo código es recuperar el sistema de protección. 

Yo fui secretaria ejecutiva del Consejo de la niñez y adolescencia durante ocho años y creé los consejos cantonales y las juntas cantonales a nivel nacional. Pero la ley de 2014 de los consejos de la igualdad quitó todo eso. Y queremos recuperarlo. 

¿Cómo funcionaban? 

La ley los transformó en consejos cantonales de protección de derechos, en general. 

Cuando eran solo de niñez, eran organismos paritarios de la sociedad civil y del sector público. 

Tenían como mandato garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Tenían como mandato también elaborar política pública, hacer vigilancia a todos los organismos del sistema de protección para que en realidad funcionen como les correspondía. Creo que esa fue la razón por la que la eliminaron. Hasta la palabra vigilancia la cambiaron por observancia. 

¿Quiénes conformaban los consejos?

Para que hubiera un consejo tenía que haber 3 representantes del sector público y 3 de la sociedad civil. 

El Consejo era dirigido por el alcalde o su delegado. Del sector público solían participar instituciones que trabajan en temas de niñez y adolescencia como el Ministerio de Educación, el MIES, el Ministerio de Trabajo. Los consejos enfocados solo en niñez y adolescencia duraron 10 años.

Hoy se enfocan en los derechos en general.

¿Cómo funcionaban a nivel práctico y cómo se conectaba con la ciudadanía?

Por ejemplo: el tema de las franjas horarias de los medios de comunicación fue establecido en coordinación con los organismos de comunicación por el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia. 

Citamos al coordinador de una de esas instancias que controlaba la cuestión comunicacional; me acuerdo en esa época era Jorge Yunda. A él, o a personas de ese rango, les presentábamos propuestas técnicas, de cómo se debería controlar los horarios en la televisión para que los niños no vean cosas que no están bien para su formación. 

Otro tema fue el del control de los toros; lo establecimos como Consejo Nacional. 

¿Por qué hay quienes insisten en el archivo? Es decir, cuál es el interés de no tener este Código. 

Es muy fácil abrir la boca y decir una serie de cosas que luego no van a poder ser probadas. 

El discurso general que tienen es que el código es regresivo en derechos. Eso es lo que más utilicen. Pero que prueben eso. 

Estos grupos nunca hicieron el mismo trabajo que nosotros en el que hemos ido línea por línea los artículos, los hemos analizado y escrito alternativas. Solo presentaron un documento que lo usaron en las diferentes instancias. 

Lo único que le pedimos a estos grupos es que critiquen menos y aporten más. 

Isabela Ponce
(Ecuador, 1988) Cofundadora y directora editorial de GK. Escribe sobre derechos de las niñas y de las mujeres, minorías y medioambiente. En 2021 ganó el premio Ortega y Gasset. Dos veces ha sido parte del equipo finalista al premio Gabo en la categoría Cobertura, y también fue finalista de los premios de Online News Association. En 2019 ganó una mención de la SIP en la categoría opinión por una columna sobre violencia de género. Es consultora en SembraMedia para medios independientes de América Latina.