Muy cerca de la frontera con Colombia en la provincia de Sucumbíos, queda una casa muy especial, con nombre y propósito: Casa Amiga. La casa es, en realidad, un conjunto de pequeños condominios de tejas color ladrillo rodeados de árboles. Existe para acoger a  mujeres víctimas de violencia que acuden a esta y las otras casas de acogida del Ecuador.  Desde hace algún tiempo, la Casa Amiga tiene un problema: los fondos para mantenerla son insuficientes, la fuente de dinero es inestable y los retrasos en los pagos por parte del Estado ponen en riesgo su funcionamiento.

En la caótica Lago Agrio —fronteriza, petrolera, compleja— es un espacio casi inimaginable. En una edificación hay oficinas amplias para el equipo de asesoría legal y psicológico, en otra hay cinco dormitorios para 30 personas, y en otro hay un espacio grande para talleres o terapias grupales con las mujeres víctimas de violencia que viven ahí. En la parte de atrás de uno de los condominios están el comedor, frente al cual hay una guardería y un parque infantil con columpios y subibajas rojos de madera donde los hijos de las mujeres juegan. Es un espacio seguro, armonioso y que funciona porque hay muchas mujeres detrás, trabajando.

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Las mujeres que escapan de la violencia llegan a estas casas de acogida buscando un refugio. No tienen a dónde más ir. Muchas veces llegan con los moretones que les dejan sus agresores, con la salud quebrada por los peligros de la huida, y todo el patrimonio con el que entran no es más que lo que llevan puesto.

En la casa reciben ropa nueva, un kit de limpieza, son llevadas al médico para ser evaluadas, apoyo psicológico y  asesoría legal. Pueden quedarse el tiempo que sea necesario para encontrar estabilidad financiera, emocional, legal. “Para que puedan tomar control de su vida y no regresar con sus agresores”, dice la coordinadora de la Casa Amiga, Amparo Peñaherrera.

Su casa siempre está llena. Explica que, a pesar de tener capacidad para 30, en algunos meses llegaron a recibir a 42 personas entre mujeres con sus hijos.  Todos tienen camas para dormir, comen tres veces al día (más refrigerios), y son acompañadas por dos mujeres que están ahí tiempo completo para apoyarlas en lo que necesiten.

Al lado del parque infantil, hay una guardería con corrales y repisas  de juguetes, y coches para niños. Ahí, dos educadoras se encargan de cuidar a los bebés de las mujeres, adolescentes y niñas, mientras ellas van a trabajar o  al colegio para terminar sus estudios. 

Si es que los hijos de las mujeres acogidas están en edad de ir a la escuela, las educadoras también los ayudan a hacer sus tareas, a conseguir dinero para comprar los útiles escolares y a veces para pagar cuotas que les pidan en las escuelas.  En otra área, está el taller de costura ‘Costureras Insurgentes’, un emprendimiento de la Casa Amiga en el que las mujeres aprenden a coser con ropa reciclada y después la venden para conseguir un ingreso.

La Casa tiene un equipo legal que —además de apoyar con asesoría legal a las mujeres— patrocinan muchos casos de violencia contra mujeres en Sucumbíos. Hasta comienzos de julio de 2018 defendían 372 procesos en toda la provincia.  Servicios muy parecidos son ofrecidos en las diferentes casas de la Red Nacional de Casas de Acogida del país como son la Casa Hogar de Nazareth en Guayaquil, Casa María Amor en Cuenca, y Casa Paula en el Coca. Cada una nació de diferentes esfuerzos de organizaciones de mujeres y algunas veces con apoyo de grupos religiosos. Pero mantener en pie cada uno de estos centros es un reto, un trabajo a tiempo completo que es realizado de distintas formas.

La Casa Amiga en Lago Agrio, Sucumbíos, acoge a decenas de mujeres, adolescentes y niñas.

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Las casas de acogida tienen distintas formas de financiamiento. Como la Casa Amiga, hay otras 6 en todo el Ecuador: en Quito, Guayaquil, El Coca, Cuenca, Napo y Tulcán. De las siete, cinco reciben fondos del Estado y cuatro son parte de la Red Nacional de Casas de Acogida. Las que reciben fondos del Estado y están en la red son las que están en Lago Agrio, Cuenca, El Coca,  y Guayaquil. Estas son las que le piden al gobierno que se faciliten los procesos para la firma de convenios y que se agilite la transferencia de dinero asignado.

Amparo Peñaherrera dice que su casa recibe fondos de distintas instituciones y organizaciones como el Programa Mundial de Alimentos (PMA) que les dan tickets para comprar comida. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) las apoya pagando directamente el salario a una abogada que lleva las causas por violencia física, psicológica, sexual, demanda de alimentos, reclamo de paternidad o violencia económica. Pero estos no son ingresos permanentes, y cada año tienen que volver a aplicar a nuevos fondos y convocatorias.

“No podemos depender siempre de organizaciones de cooperación porque ellas entienden que las aportaciones económicas tienen que tener un tiempo limitado porque el Estado debe responsabilizarse y costear estos gastos” dice Rocío Anton coordinadora de proyectos de Casa Amiga y de la Federación de Mujeres de Sucumbíos. No es que las casas de acogida no reciban fondos del Estado, solo que estos no son suficientes para cubrir todos los gastos y el dinero que sí les dan se demora en llegar demasiado.

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El Ecuador tiene como política de Estado la erradicación de la violencia de género. Así lo declaró en 2007, mediante un decreto ejecutivo, el ex presidente Rafael Correa. Para lograrlo, se creó el Plan Nacional de Erradicación de la Violencia de Género contra las Mujeres, Niñez y Adolescencia. Y dentro de ese plan el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) elaboró el proyecto de ‘Fortalecimiento de Centros de Atención y Protección a niñas, niños, adolescentes y mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y/o sexual y explotación sexual en el Ecuador’.  Y, como parte de ese fortalecimiento, el Estado creó una alianza con una red de 17 centros de atención externa para víctimas de violencia y 5 casas de acogida en Ecuador para firmar convenios de cooperación.

Desde entonces, la rueda de la vida gira así para las casas de acogida: cada año el Estado hace una convocatoria pública nacional para designar fondos concursables para la atención integral a víctimas de violencia de género.  Una vez que la organización aplica y califica para recibir los fondos, se firman los convenios de cooperación anuales y se transfiere el dinero.

Cuatro de las cinco casas que reciben estos fondos forman parte de la Red Nacional de Casas de Acogida del Ecuador creada en el 2008. Éstas son Casa Hogar de Nazareth en Guayaquil, Casa María Amor en Cuenca, Casa Paula en el Coca y Casa Amiga de Lago Agrio (la que no forma parte de la red pero recibe fondos del Estado es Casa Matilde en Quito). Geraldine Guerra, coordinadora de la Red, explica que los recursos que reciben del Estado corresponden a menos del 40% del presupuesto anual del funcionamiento de cada casa.

Estos valores son utilizados para cubrir el sueldo del equipo mínimo de atención —una abogada, una psicóloga, una trabajadora social, dos facilitadoras y una administradora—, un porcentaje de la alimentación de las mujeres, una parte de lo que se gasta en movilización tanto del equipo de la casa como de las mujeres, y para capacitación.  Pero no es suficiente.

Según los gastos reales de las casas de acogida en el 2017, en promedio, lo que cada casa gasta es $442 mil dólares anual. Sirven para  pagar servicios básicos, remuneraciones, alimento, ropa, atención médica, movilización, limpieza, equipos, el valor y el mantenimiento de las infraestructuras, entre otros gastos más. “Sí. Mantener una casa de acogida es caro, pero la pregunta que siempre le hacemos al Ministerio es cuánto cuesta recuperar una vida”, dice Guerra. “Cómo le pones precio a recuperar un proyecto de vida que ha sido afectado por la violencia”.  Para cubrir el porcentaje restante de los gastos, cada coordinadora se las arregla: busca aportes de cooperaciones internacionales, hace eventos de caridad, pide préstamos, pone su propio dinero.  Conseguir los ingresos regulares del Estado tampoco es fácil.

Desde que comenzó la firma de los convenios, el Estado ha cambiado tres veces la institución que está a cargo de estos  fondos. Desde el 2008 hasta finales del 2012, el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) estaba a cargo y cada organización firmaba con la coordinación zonal del MIES que le correspondía. Esto hacía que la fecha de firma de convenios y la transferencia de fondos sean rápidas.

Pero para el 2013 se transfirió esta competencia al Ministerio del Interior porque  allí estaba la Dirección de género. Guerra dice  que, además, le dijeron que pasaba a este Ministerio porque era un tema de seguridad. “Pero nosotras peleábamos que no era un tema de seguridad sino de protección, de salvaguardar la vida de las mujeres”.

Estuvieron con esta institución solo un año y en el 2014  la firma de convenios pasó a ser competencia del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, con el que siguen trabajando hasta hoy. Pero Guerra cree que todos estos cambios fueron un error porque el ministerio que mejor entiende  y que ha trabajado con organizaciones civiles es el MIES. Amparo Peñaherrera está de acuerdo y dice, además, que desde que se pasó al Ministerio de Justicia el servicio se centralizó en Quito y esto trae demoras en el proceso.

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Desde que el MIES dejó de estar a cargo de estos convenios, las firmas y la transferencia de fondos se han retrasado y han puesto a los centros de acogida en aprietos.  La coordinadora de Casa Amiga, Amparo Peñaherrera, cuenta que no recibir el dinero a tiempo significa no pagar sueldos, que el personal de la Casa se canse y se vaya, endeudarse con los proveedores de alimentos, no dar una dieta completa y balanceada a las mujeres que acogen. Y aunque dice que el presupuesto que recibe del ministerio es bajo y no alcanza para cumplir con todos los gastos de la casa —que en el 2017 fueron 442 mil dólares—, sin este dinero simplemente no podrían funcionar.

Casa Paula en el Coca, por ejemplo,  tuvo que cerrar sus puertas a comienzos del 2017 por falta y retraso en la entrega de recursos. “Eso fue bien duro para nosotras porque en el mes de diciembre de 2016 tuvimos que referir a las mujeres a Lago Agrio pero no todas se fueron, algunas regresaron con su agresor”, dice Inés Ramírez la coordinadora de la casa. Ya una vez que se firmó el convenio con el Ministerio de Justicia en marzo de 2017 y recibieron los fondos en abril, pudieron reabrir y seguir atendiendo a las mujeres de Orellana. Pero estos retrasos se han convertido en algo habitual.

2018 es el año en que más ha esperado la Red de Casas de Acogida por el financiamiento del Estado. Casa Paula y Casa Amiga, por ejemplo, firmaron los convenios el 26 y 16 de abril respectivamente, pero recién a mediados de junio recibieron la transferencia del Ministerio de Justicia. Llegó solo una parte del presupuesto asignado.

Mientras tanto, las casas siguen abiertas sin recibir fondos del Estado  y con una acumulación de deudas. “Si no fuera por la alimentación que nos da el Plan Mundial de Alimentos no hubiéramos podido abrir este año”, dice Amparo Peñaherrera.  Además, desde el 2017, las casas de acogida no reciben financiamiento por todo el año completo sino desde la fecha de firma del convenio. Es decir, en 2017 solo recibieron  fondos desde marzo hasta diciembre y en el 2018 sólo desde mediados de abril en adelante.

No recibir dinero por cuatro, dos o un mes pone en aprietos a cada organización. Por eso, según Geraldine Guerra, siempre  se ha visto un mecanismo para cubrir los meses previos a la firma del convenio ya sea por pago retroactivo, ponerlo como rubro de alimentación o capacitación. Pero este año todavía no se ha llegado a una solución con el Ministerio.

Para Guerra, estos inconvenientes ocurren porque el Ministerio no ha podido desarrollar mecanismos administrativos eficientes para la firma de los convenios. “Ponen miles de trabas como si fueras un contratista cualquiera, cuando lo que estás haciendo es una alianza para atender a mujeres víctimas de violencia”. Pero la Ministra de Justicia, Rosana Alvarado, dijo en una entrevista con María Sol Borja, de GK, que no son trabas sino que esto es más un tema de prolijidad en la entrega de los documentos requeridos.

Según Alvarado, la petición de justificaciones a las coordinadoras es lo que ha causado que los pagos y la firma de convenios se retrasen.  “Hemos sido más estrictos, yo diría un poco más severos en exigirles toda la lista de beneficiarios, todas las facturas para poder proceder con la liquidación”. La Ministra dice que los pedidos que les hace a las Casas son para precautelar porque, al ser una institución que recibe recursos del Estado, es susceptible de una auditoría por parte de la Contraloría. Pero las coordinadoras de las casas sienten que el Ministerio no está sensibilizado con la realidad, y están cansadas de tantos cambios y respuestas ambiguas sobre el acceso a los fondos.

“Hay otras cosas que hacer como optimizar el funcionamiento de las casas, en lugar de estarnos enfrascando en temas administrativos porque no logran encontrar un mecanismo para entregar los fondos”, dice Guerra. “Una norma administrativa, una norma de trámite burocrático no puede estar sobre los derechos de las mujeres, niños y adolescentes”.

La Casa Paula, en El Coca, tuvo que cerrar por falta de fondos. Reabrió en marzo de 2017.

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El dinero que con tanto celo cuida la Ministra —según datos recuperados de los convenios firmados con las casas de acogida y la entrevista con Alvarado— son un millón novecientos doce mil que fueron asignados a  22 centros de atención y casas de acogida este año. De ese total, el Ministerio asignó montos máximos para financiar parte del funcionamiento de las casas: pagar los sueldos del equipo básico de seis personas —6 mil 400 mensuales—, capacitación —5 mil 500 por el tiempo total del convenio— , movilización —2 mil por el tiempo total del convenio— y alimentos —19 mil 500 por el tiempo total del convenio. En total, si es que el convenio se firmase por el periodo de 12 meses cada casa podría recibir hasta 103 mil 800 dólares. Pero eso no sucede.

Según el convenio entre Casa Amiga y  el Ministerio, se asignaron 92 mil dólares para cubrir con los gastos de 2018. Sin embargo, al momento de firmar el acuerdo el valor a recibir bajó a 81 mil 400.  Amparo Peñaherrera dice que a ella le explicaron que  sólo les dan este rubro porque solo se cubrirá los gastos desde la fecha de firma del convenio. Si se hubiese firmado antes, cuando Casa Amiga entregó el informe técnico, en febrero, conforme a la convocatoria, habrían recibido esos 11 mil dólares más que le permitiría, por lo menos, cubrir los sueldos del equipo básico por dos meses.

Lo mismo pasó con Casa Paula en el Coca. Al comienzo el Ministerio le asignó 143 mil dólares para financiar el equipo básico del centro de atención y la casa de acogida, la movilización, alimentación y capacitación. Pero al momento de firmar el convenio sólo recibieron 113 mil para costear los gastos de los dos servicios.

La coordinadora de esta casa, Inés Ramírez, dice que está molesta porque siente que le han quitado estos fondos de forma arbitraria. “Y claro si quieres firmas, y si no, no. Entonces nos hemos visto obligadas a firmar porque estamos trabajando y no podemos sacar a las mujeres y decirles que se vayan a su casa porque el Ministerio no ha respondido”, dice Ramírez. A este problema de la asignación de fondos también se le suma cómo están recibiéndolos.

En 2018, el Ministerio no transfirió en un solo pago la totalidad del presupuesto asignado a las casas de acogida.

El único monto que han recibido hasta ahora es el de mediados de junio y servía para cubrir los gastos del personal básico —una psicóloga, una abogada, una trabajadora social, dos facilitadoras y una administradora— por los últimos días de abril y los meses de mayo y junio.

Lo que falta, será depositado por el Ministerio mensualmente, después de que cada casa de acogida entregue un informe técnico y financiero especificando cuáles han sido sus gastos. Pero Amparo Peñaherrera dice que esto es un problema porque  las casas tienen que anticipar los gastos. 

Eso le está pasando: los fondos del 16 de abril hasta junio se acabaron y no puede recibir el dinero de julio hasta que el mes se termine, entregue un informe de lo que ha gastado y ahí sí el ministerio le pagará lo que gastó en julio. El calvario se repite: no tienen fondos para pagar los sueldos, tienen deudas con los proveedores de alimentos, tienen que pedir dinero prestado, arreglárselas para no dejar de dar atención a las mujeres.

“Lo que nosotras sí estamos pensando  y con mucho dolor es si es sostenible o no, porque no podemos seguir endeudándonos para sostener un servicio que no es apoyado al 100 por 100 por el Estado”, dice Peñaherrera sobre Casa Amiga. “Si no es sostenible, nos tocaría decir que cerramos la casa de acogida porque no podemos repetir la experiencia de este año”.

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La Red Nacional de Casas de Acogida pide que los convenios sean más flexibles y adaptados a su realidad. Quieren que se entienda que no es lo mismo contratar a una persona para que construya una cárcel, o una carretera, a firmar un convenio para atender a las mujeres víctimas de violencia.

Han pedido al Ministerio en varias reuniones con la Dirección de Género y la Ministra de Justicia que se cambien los convenios y que se firmen de forma bianual o trianual para facilitar los procesos. “No puede ser que cada año firmemos de la misma manera porque eso lo que hace es retrasar la entrega de financiamiento, cuando después de 10 años debería ser automático o con la carga más ligera”, dice Geraldine Guerra.  Además, piden al Ministerio que se les reconozca el monto desde enero hasta abril de este año para pagar las deudas que tienen por esos meses de funcionamiento. Pero el Ministerio no ha dado una respuesta concreta a todas las inquietudes.

Geraldine Guerra dice que en varias reuniones les dijeron que ya iban a evaluar cómo cambiar los convenios pero  en una entrevista con Sol Borja de GK, la ministra Alvarado dijo que no pueden ser renovados automáticamente. Ella piensa que el próximo año no habrán estos problemas y estas demoras porque “ya han quedado más claras estas reglas”.

Además dijo que están buscando un mecanismo para hacer la compensación de los meses que no fueron cubiertos este año, como un convenio de pago que se puede dar cuando no ha habido un contrato. “Puede ser observado por Contraloría pero es legal. Tienes que justificar muy bien, tienes que presentar un informe técnico, otro informe jurídico y yo he dado la instrucción de que procedamos”, dijo la ministra Alvarado. Si esta promesa se cumple, está por verse.

El 18 de julio las coordinadoras de las casas de acogida recibieron un correo de la viceministra de Justicia Lucy Blacio. Decía que el ministerio “ha definido un mecanismo jurídico para reconocer los valores correspondientes al periodo comprendido entre enero 2018 y la presente fecha de suscripción de los convenios”. Les pedía que las organizaciones envíen un informe técnico justificativo con los respaldos de los gastos de este periodo.

Amparo Peñaherrera dice que les han dado hasta el 10 de agosto para entregar estos reportes pero que no están seguras de que les entreguen estos recursos. “Es un riesgo también porque tengo que presentar las facturas, les pido a la señora del mercado y si no nos pagan del Ministerio tengo que además de la deuda cubrir el IVA de esa factura de la señora”, dice Peñaherrera. De todas formas, las organizaciones ya están preparando los documentos para intentar recuperar esos fondos y no arrastrar esa deuda. Pero el sentimiento hacia el ministerio y el Estado sigue siendo de indignación, frustración y decepción.

Y es que de cierta forma las coordinadoras de las casas se sienten poco valoradas y que su trabajo no es reconocido. Sí, reciben fondos, y esto las ayuda muchísimo con su funcionamiento pero sienten que ellas están respondiendo a una responsabilidad de Estado:  garantizar una vida libre de violencia a las mujeres. “Estamos muy desmotivadas, sentimos que no se valora el trabajo que se hace en territorio, nos ponen un mundo de trabas, mucha burocracia”, dice Inés Ramírez de Casa Paula. “Sentimos que nos vulneran todo el tiempo los derechos de las mujeres trabajadoras y las mujeres acogidas”. A la final, el único mecanismo que tiene el Estado para prevenir femicidios, según Guerra, son estas casas de acogida. Ella cree que debería ser más sensible a sus necesidades, implementar políticas públicas que fortalezcan el trabajo, que se busquen más mecanismos, que se continúe la colaboración con el Estado para optimizar las casas de acogida  y brinden seguridad a estas organizaciones.  Porque, de lo contrario, están siempre amenazadas por la falta de recursos y las únicas que salen perjudicadas son las mujeres víctimas de violencia en el Ecuador.