La tarde del 16 de diciembre de 2021, el presidente Guillemo Lasso firmó un decreto ejecutivo para conformar la Comisión para el Diálogo Penitenciario y Pacificación (conocida coloquialmente como comisión de pacificación), un organismo que plantea soluciones para la crisis carcelaria que enfrenta Ecuador, a través de un proceso de pacificación.
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La idea de un proceso de pacificación fue planteada hace un mes, por el presidente Lasso después de anunciar la conformación de un Acuerdo Nacional por la crisis penitenciaria. Este acuerdo incluía un proceso de pacificación a través del diálogo, pero no se había formalizado.
Ahora, con la creación de la Comisión para el Diálogo Penitenciario y Pacificación, el gobierno espera terminar con la violencia en las cárceles del país.
¿Cuál es la función de la comisión de pacificación?
El decreto ejecutivo mediante el cual se estableció la comisión dice que este organismo tiene una función principal que es apoyar al desarrollo de “estrategias para erradicar las muertes violentas y la crueldad” en las cárceles.
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Según el decreto, la comisión tendrá autonomía completa para establecer su propia metodología y planes de acción para cumplir con su misión principal de erradicar la violencia. Sin embargo, habrá una única condición: que sus acciones cumplan con la Constitución del Ecuador y respeten los derechos humanos.
Los nueve miembros de la comisión tendrán que generar planes y proyectos para mejorar el sistema de rehabilitación social. La Comisión tendrá seis meses para presentar un informe con posibles soluciones para mejorar la situación de violencia dentro de las cárceles ecuatorianas. El informe debería estar listo en junio de 2022.
Para erradicar la violencia en las cárceles, la Comisión tiene que cumplir ciertas funciones como desarrollar una estrategia enfocada en los derechos humanos para prevenir, controlar, y responder a la violencia que existe en las cárceles del país.
El organismo también debe elaborar una línea de acción, analizar aspectos sociológicos de la crisis carcelaria e identificar mecanismos para integrar a las personas que están privadas de la libertad como “gestores de paz” en las cárceles.
El decreto también dice que la Comisión debe hacer una memoria histórica comparativa sobre las cárceles del país. La abogada experta en cárceles, Daniela Oña, dice que esta función es particularmente positiva porque permitirá tener un registro de la violencia en los centros de privación de libertad a través del tiempo.
¿Cómo cumplirá estas funciones la Comisión?
Para que la Comisión para el Diálogo Penitenciario y Pacificación en las cárceles cumpla con las diferentes funciones asignadas, el decreto establece también algunas facultades de sus miembros.
Las nueve personas que conforman la comisión, podrán sesionar constantemente —ya sea de forma virtual o presencial— para llegar a acuerdos. También tienen la capacidad de convocar mesas de diálogo con cualquier persona o institución que consideren relevante para cumplir con su misión.
En estas mesas también podrán participar expertos extranjeros o nacionales que puedan aportar con sus conocimientos y experiencia.
Los miembros de la Comisión también podrán visitar cualquier cárcel del país —y acceder a todas sus áreas. Para eso, dice el Decreto, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) tendrá que garantizar que todos los integrantes del organismo puedan entrar a los centros de privación de libertad. Si se necesita más seguridad, el decreto dice que el SNAI tendrá que coordinar con la Policía Nacional.
Los integrantes del organismo además tendrán la facultad de entrevistar a las personas privadas de la libertad y a sus familias, a los agentes de seguridad penitenciaria, y a cualquier otro servidor público que forme parte del sistema de rehabilitación social.
La comisión también tiene la capacidad de recomendar o sugerir “a cualquier entidad estatal” posibles acciones para erradicar las muertes violentas en las cárceles.
El decreto dice que el SNAI deberá proveer los recursos que necesite el organismo. Para hacerlo, el SNAI tendrá que trabajar con el Ministerio de Economía y Finanzas. No se tiene un estimado de cuántos recursos se necesitarán.
Los miembros de la comisión
La Comisión para el Diálogo Penitenciario y la Pacificación está conformada por nueve expertos:
- Claudia Garzón, experta de la Unidad de Análisis Criminal, una consultora de criminología en Colombia.
- Padre Luis Barrios, religioso que trabaja con la comunidad latina en Estados Unidos.
- Christian Nieto Salamea, delegado de la Defensoría del Pueblo.
- Prudencio Loor Mendoza, representante de la iglesia evangélica en Ecuador.
- Miriam Delgado Chávez, académica ecuatoriana.
- Mónica Ingarévalo Jaramillo, consultora académica sobre la cultura de paz.
- Jorge Narváez Matamoros, representante de la iglesia católica.
- Nelsa Curbelo, activista por los derechos humanos y experta en procesos de pacificación.
- Ricardo Morales Vela, defensor de los derechos humanos.
Según el decreto, ninguno de los miembros de la comisión de pacificación recibirá remuneración alguna por su servicio.
