Dos días después de la cuarta masacre carcelaria del país que dejó 68 fallecidos, el presidente Guillermo Lasso dio una rueda de prensa para anunciar las medidas que tomará su gobierno para intentar frenar la violencia en el sistema carcelario, en especial de la Penitenciaría del Litoral, en las afueras industriales de la conflictiva ciudad de Guayaquil. 

Una de las propuestas que ha generado más reacciones de expertos es que el gobierno anunció que tipificará el delito de “autoría por dominio de organización”. Según el Presidente, este nuevo delito se utilizará para que los líderes de las bandas delictivas asuman sus responsabilidades. 

¿Cuáles han sido las reacciones de los expertos ante el anuncio?

Según el abogado penalista Pablo Encalada, hay que entender que el Código Orgánico Integral Penal (COIP) tipifica a los delitos de distintas formas cuando se habla de “participación”, que es la serie de formas en que una o más personas pueden involucrarse en un delito.

El COIP tipifica la participación de tres formas:

• La coautoría, cuando dos personas cometen el delito 
• La mediata, como en los casos de  sicariato, en los que hay un “autor intelectual” 
• La directa, como en los casos que solo una persona asume la responsabilidad.

Encalada aclara que la autoría mediata es la relevante en el pronunciamiento de Lasso, porque  tiene formas más complejas. 

Entre ellas, la autoría mediata por aparatos organizados de poder, que ya existe en el Ecuador. En esta estructura, se evidencia que no hay una orden directa de la cabecilla de la organización para que cometan un delito, sino que hay una estructura criminal y las personas de abajo actúan en función de una organización delictiva, lo que hace irrelevante que haya una orden expresa. La existencia de la estructura es suficiente para entender que existe tal disposición. 

Por ello, explica Encalada, es posible que se sancione de esta manera a los cabecillas de las bandas criminales. Además, señala que esta figura ya ha sido utilizada en el país en casos emblemáticos, como el Caso de Sobornos, en el que la Fiscalía usó esta figura para acusar al expresidente Correa y otros altos mandos de su gobierno de ser parte de una estructura dedicada a un presunto delito. 

Daniel Pontón, ​​analista en temas de seguridad del Instituto de Altos Estudios Nacionales, dice que el espíritu de la propuesta de Lasso es que “no se puede permitir que los líderes carcelarios den órdenes sin ningún tipo de sanción, y ese es el transfondo del tema”. Sin embargo, Pontón agrega que eso ya está descrito en el Código Orgánico Integral Penal (COIP). 

El experto dice que las personas que están recluidas  en los centros penitenciarios, en especial los de máxima de seguridad, intentan acogerse a una rebaja de pena como pasó con uno de los líderes de los tiguerones, Álex Salazar. Por ello, se busca una sanción más fuerte “porque el trasfondo de todo está la impunidad”, dice Pontón.

Además, Pontón recalca que el Presidente debe neutralizar a los cabecillas de otras formas que no han sido utilizadas hasta ahora. Opina que los líderes de las bandas deben tener una vigilancia extrema, como en la prisión donde está el Chapo Guzmán en Estados Unidos, y que las comunicaciones también deben ser neutralizadas, porque las personas privadas de libertad usan dispositivos móviles como si fueran civiles, y no se sabe qué dicen en esas llamadas. “La crisis carcelaria es simbiótica y es un problema mayor, y creo que los líderes no pueden parar esa violencia que estaba enraizada”, enfatiza Pontón.

El abogado Felipe Rodríguez, en tono crítico, escribió en su cuenta de Twitter: “Veo que se ha decidido incluir en el COIP la autoría mediata, la delincuencia organizada y la asociación ilícita para enfrentar la crisis carcelaria. Me parece hermoso, pero en un mundo paralelo, pues en este las tres instituciones ya están expresamente en el COIP”. La abogada María Dolores Miño, coincide con Rodríguez en que ya está tipificado el delito que propuso el presidente, por lo que el gobierno no debe hacer nada, solo aplicar la ley.