El directorio del Organismo Técnico del Sistema Nacional de Rehabilitación —encargado de determinar las políticas de atención integral para las personas privadas de la libertad— aprobó la moción para crear una Comisión de Intervención Emergente del Estado en los Centros de Privación de Libertad del país. Esta decisión se tomó la tarde de ayer, 10 de noviembre, en la reunión extraordinaria del directorio. 

A esa sesión fueron convocados varios medios de comunicación, incluyendo a GK. Sin embargo, la reunión duró menos de 15 minutos y no hubo tiempo para realizar preguntas. En la sesión se anunció la creación de la Comisión, pero no se dieron más detalles. Solo se sabía que sería liderada por la Defensoría del Pueblo.  

En la reunión extraordinaria de ayer, los funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos —que preside el directorio— le dijeron a Karol Noroña, periodista de GK que asistió al evento, que el resto de detalles serían enviados más adelante mediante un boletín de prensa. El comunicado fue publicado la noche de ayer, pero la información que incluye sigue siendo limitada. 

La nueva comisión

Bernarda Ordóñez, secretaria de Derechos Humanos y quien preside el directorio del organismo, propuso la creación de la comisión. Su propuesta fue aprobada de forma unánime por los miembros del directorio. 

El Ministerio de Cultura —que también es parte del directorio del Organismo Técnico del Sistema Nacional de Rehabilitación— dijo en su cuenta de Twitter que la comisión “trabajará en el eje de seguridad y social”. La Secretaría de Derechos Humanos le dijo a GK que «la función de la comisión será desarrollar en conjunto las políticas públicas referentes al sistema penitenciario interinstitucionalmente, proponer acciones de corto, mediano y largo plazo y realizar el seguimiento de cumplimiento y evaluación de cada una de las tareas u objetivos propuestos». Sin embargo, todavía no se han definido actividades específicas ni plazos para las acciones que tomará.

La Secretaría de Derechos Humanos dijo en el comunicado que será liderada por la Defensoría del Pueblo, “en su calidad de Institución Nacional de Derechos Humanos, encargada de la tutela, protección y promoción de derechos humanos”. 

Además, dice que estará conformada por: 

• Las gobernaciones de las provincias donde haya un centro de privación de libertad y de adolescentes infractores. 
• Las instituciones que integran el directorio incluyen a los Ministros a cargo de derechos humanos, salud, trabajo, educación, inclusión económica y social, cultura, deporte y por el Defensor del Pueblo. 
• La Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional. 
• La Iglesia ecuatoriana. La Secretaría de Derechos Humanos le dijo a GK que «la intervención debe ser por parte de todas las instituciones del Estado incluida la Iglesia, la cual cumple un rol diferente y fundamental en los procesos de pacificación». Sin embargo, la Iglesia no es una institución del Estado.
• La Corte Nacional de Justicia. 
• El Consejo de la Judicatura. 
• La Fiscalía General del Estado.
• Al menos 3:
  •  Instituciones de educación superior.
  • “Instituciones de la sociedad civil enmarcadas al tema”.
  • Representantes de medios de comunicación.

El comunicado de la Secretaría de Derechos Humanos dice que el directorio “convocará a la siguiente sesión inmediatamente para retomar las acciones y soluciones” a los problemas del Sistema Nacional de Rehabilitación Social. 

La crisis carcelaria

En la sesión del directorio de ayer, Bolívar Garzón, director Servicio Nacional Atención Integral a las Personas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), confirmó que esa mañana 3 personas presas fueron asesinadas en una balacera en la Penitenciaría del Litoral. 

Según fuentes carcelarias, el enfrentamiento fue causado por la liberación de Álex Salazar, miembro de la banda delictiva Los Tiguerones. Sin embargo, Garzón dijo ayer que no podía “asegurar ni establecer” aún los motivos del tiroteo. Lo que sí confirmó es que Salazar “cumplió todos los requisitos” para acceder a la prelibertad, un beneficio que se otorga cuando un preso cumple el 60% de su condena.

2021 ha sido el año más violento en las cárceles ecuatorianas. Hasta ayer, se confirmaron 270 muertes violentas en las cárceles del país. La mayoría, han sido en la Penitenciaría, una prisión con el 53% de hacinamiento. 

El 28 de septiembre pasó la mayor masacre en la historia del sistema penitenciario ecuatoriano: enfrentamientos en la Penitenciaría del Litoral dejaron 119 muertos. Después de la masacre, el presidente Guillermo Lasso decretó estado de excepción por 60 días en las 37 cárceles del país y los centros de rehabilitación de adolescentes infractores. Desde el día del decreto, las Fuerzas Armadas se encargan de restablecer el orden y la seguridad interna de las cárceles, el control de armas y objetos prohibidos en el primer filtro de ingreso a las cárceles.

Sin embargo, eso no ha detenido la violencia dentro de las cárceles y los violentos incidentes han continuado de forma casi continua en las últimas semanas.