El informe sombra que las organizaciones sociales presentarán en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) analiza la situación de los derechos de las mujeres en el Ecuador

El informe, elaborado por organizaciones sociales, es una herramienta para monitorear y vigilar el cumplimiento de los compromisos internacionales que tiene Ecuador. Está dividido en 3 partes

Originalmente, el documento fue elaborado en septiembre de 2020. Sin embargo, ya que la edición de 2020 se pospuso, las organizaciones que lo redactaron actualizaron algunos de los datos entre agosto y septiembre de 2021.

Según su sitio web, la CEDAW es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Se creó por el tratado homónimo, que fue adoptado en 1979 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

Al menos cada 4 años, el Comité de la CEDAW —compuesto por 23 expertos— recibe reportes relacionados con los derechos de la mujer en el mundo. Los países que se han adherido al tratado, como Ecuador, tienen la obligación de presentar informes periódicos sobre la protección de los derechos en sus países. El Comité los examina y luego le dice a cada Estado sus preocupaciones y observaciones.

El informe sombra que se presentará ante el Comité de la CEDAW fue hecho por la Coalición Nacional de Mujeres de Ecuador (CNME). En total, para hacer el de este año, participaron 42 organizaciones. Algunas de las que participaron fueron la Red de Mujeres Políticas del Ecuador (REMPE), el Centro Ecuatoriano de Desarrollo y Estudios Alternativos (CEDEAL), la Coordinadora Nacional de Mujeres Negras (CONAMUNE), la Fundación Desafío, el grupo Rescate Escolar, la asociación El Parto es Nuestro, entre otras. 

¿Qué dicen las 3 partes del informe sombra de la CEDAW?

  • La primera parte es el informe sombra ampliado que tiene tiene 9 subpartes en la que se segregan temas importantes para prevenir la violencia contra la mujer como el acceso a la justicia, la educación, la trata de personas, entre otras. 
  • La segunda se enfoca en el empoderamiento económico de las ecuatorianas dando una mirada desde las cifras sociales de trabajo, seguridad social y acceso a créditos. 
  • La tercera parte, en cambio, habla sobre la respuesta estatal a proteger los derechos de las mujeres y de las niñas en la pandemia del covid-19. 

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Primera parte: el informe sobre ampliado

En esta sección, las organizaciones sociales analizan la situación de las ecuatorianas desde varios ejes. 

La información, dice el informe, se basa en el trabajo diario de los representantes de las organizaciones y en sus investigaciones. Además, tiene testimonios y reflexiones obtenidas en reuniones virtuales con “mujeres diversas de todo el país”. 

En esas conversaciones, las organizaciones lograron resumir las necesidades de las mujeres y de las niñas del país. La principal necesidad detectada es que “queremos que dejen de matarnos”. En Ecuador, una mujer muere cada 50 horas a manos de su pareja o expareja. 

Otras de las necesidades identificadas son:

  • Que las niñas sean solamente eso y no madres. 
  • Terminar de estudiar en vez de dedicarse solo a su casas y su familia. 
  • Dar a luz en condiciones dignas. 
  • Participar activamente de la vida pública sin sufrir acoso ni violencia. 
  • Entre muchas otras. 

En la primera parte del informe también se incluyen preocupaciones sobre la legislación vigente en el país para prevenir la discriminación contra la mujer. 

Entre las principales están que no hay información desagregada sobre la situación de las mujeres, especialmente las que pertenecen a grupos minoritarios o marginados. Tampoco, dice el informe, se ha desarrollado el Sistema de Inclusión y Equidad Social ni existe una ley de igualdad. Otras de las preocupaciones identificadas es que no se aprueban leyes con enfoque en los derechos de las mujeres en la Asamblea Nacional. 

Estas son algunas de las conclusiones obtenidas del análisis de las organizaciones

El acceso a la justicia: las organizaciones encontraron testimonios que reflejan las falencias del sistema judicial ecuatoriano frente a la violencia contra la mujer. 

Las mujeres rurales afirman no tener acceso al sistema de protección. Las mujeres indígenas tienen limitaciones para que se atiendan sus reportes de violencia por las prácticas patriarcales que las rodean. 

Además, las unidades judiciales que atienden violencia de género no tienen equipos profesionales y de acompañamiento capacitados para aplicar los protocolos especializados para atender este tipo de casos. También, el informe rechaza la judicialización de las mujeres por abortar. 

Igualdad de género: El presupuesto del Consejo Nacional de Igualdad de Género (CNIG) se redujo en más de 656 mil dólares entre 2015 y 2020. Eso significó que 9 funcionarias del CNIG dejaran sus cargos. 

También se han abandonado los planes de igualdad que debían asignar recursos para implementar políticas de igualdad de género. Además, el CNIG no trabaja para atender las necesidades de ciertos grupos, según varias organizaciones de mujeres afroecuatorianas. 

Violencia de género: Hay muchas tareas pendientes como la justicia especializada, el protocolo único de atención en violencia, y la reparación integral. También menciona el Registro Único de Violencia (RUV), que fue lanzado a principios de octubre de 2021.

Esta parte del informe sombra concluye que no existe formulación, aplicación, ni actualización de planes y programas integrales para prevención y erradicación de violencia dirigido a las mujeres en idiomas ancestrales del Ecuador. 

Trata de personas y explotación de la prostitución: En el país, el delito está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), pero las investigaciones relacionadas con la trata de personas se han reducido por la falta de confianza de las víctimas en la justicia penal. 

Además, otro factor que afecta es la falta de eficacia de la justicia. En Ecuador, la información sobre la trata de personas y el estado de los procesos no está homologada y depende de las fuentes que sean consultadas. 

Participación en la vida pública y política: A las mujeres ecuatorianas no se les da espacio ni responsabilidades dentro de las organizaciones políticas a pesar de las normas existentes. 

Su participación es difícil por reacciones no favorables “en los grupos tradicionales masculinos”, según el informe. Esas dificultades son mayores para las mujeres de pueblos y nacionalidades indígenas. Por eso muchas “se desaniman y se desalientan” y deciden no promover su liderazgo. 

Educación: El informe sombra menciona varios casos de violencia sexual en el ámbito educativo y concluye que el accionar del Estado es limitado para prevenir, proteger, investigar y sancionar estos casos.  “Ni las instancias de prevención y protección lideradas por el Ministerio de Educación, ni los órganos de justicia obran con la debida diligencia que estos casos ameritan”, dice el documento. 

Empoderamiento económico de las mujeres: En Ecuador las mujeres participan menos del sistema financiero. Tienen un 7% menos de cuentas bancarias que los hombres. Además, el 15% de ellos logra ahorrar, frente al 9% de las mujeres. 

El informe dice que el 24% de los varones tienen acceso a créditos, en comparación con el 18% de las mujeres. El documento concluye que los programas de crédito de los bancos del Estado no incluyen programas de acompañamiento ni asistencia técnica para apoyar emprendimientos de mujeres. 

Mujeres rurales, indígenas, afrodescendientes y montubias: el informe concluye que el Estado no crea políticas públicas para beneficiar a estos grupos. 

La violencia de género está normalizada en el área rural y el índice de incesto es bastante alto en estas zonas. Las mujeres indígenas viven en condiciones precarias en cuanto a salud, educación y violencia. Las mujeres afroecuatorianas son particularmente vulnerables por su raza, género y posición social. 

Mujeres migrantes y refugiadas: El informe sombra dice que las políticas de migración del país son “fluctuantes y contradictorias” y que el Estado “aplica parcialmente los mandatos constitucionales reaccionando de manera selectiva con los grupos de migrantes”. También incumple, según el informe, los tratados internacionales sobre migración. 

Una de las cosas que el Estado no hace, dice el informe, es respetar plenamente los derechos de las mujeres y no protege su salud integral ni sexual y reproductiva. 

Matrimonio infantil y relaciones familiares: Las uniones tempranas suelen ir asociadas a violencia o son, en si mismas, formas de violencia. 

El informe dice que no hay seguimiento eficaz del matrimonio infantil y de las uniones tempranas y que eso “se ha convertido en un problema para las entidades gubernamentales, organizaciones sociales y no gubernamentales”. 

Segunda parte: empoderamiento económico

Esta sección del informe muestra la situación financiera de las ecuatorianas, los impedimentos que tienen para conseguir trabajo y las barreras dentro del mercado laboral. 

El documento dice que en el país y en el mundo la mayoría de mujeres siguen dependiendo económica y socialmente de los hombres. Sin embargo, todavía no se han encontrado formas de promover relaciones más equitativas. 

El informe concluye que “las inequidades no son aleatorias ni el resultado de infortunios, sino que son estructuralmente diseñadas, legalmente reforzadas y llevadas adelante política e ideológicamente”. El documento dice que por eso terminan enlazadas en las relaciones y prácticas sociales.  

Estas son algunas de las conclusiones de esta parte del documento: 

  • El 85,5% de las mujeres que no buscan trabajo no lo hacen porque su esposo o su familia “no lo permite”.
  • El trabajo no remunerado del hogar es hecho en su mayoría por mujeres. Especialmente en el caso de las indígenas y afroecuatorianas. En total, el 76 % de mujeres encuestadas para el informe dijo que ese trabajo se incrementó en la pandemia. 
  • Menos mujeres tienen empleo formal, en promedio. Eso significa que tienen menos acceso a derechos laborales y protección social. 
  • Por eso, las mujeres tienen menos acceso a la seguridad social lo que las deja más expuestas frente a enfermedades, calamidades domésticas, accidentes y otras complicaciones. 
  • Al acceder a créditos, las mujeres reciben un 87% del monto promedio que las entidades bancarias entregan a los hombres. 

Con esa información, el informe hace recomendaciones a cada una de las instituciones estatales involucradas en esas áreas. Además, profundiza en los temas tratados en la subsección del empoderamiento económico de la primera parte del informe. 

Tercera parte: respuesta estatal en la pandemia del covid-19

En el documento que se presentará ante el Comité de la CEDAW, las organizaciones sociales de Ecuador alertan “sobre el recrudecimiento de la violencia y la discriminación contra las mujeres”. 

El informe dice que en las decisiones que se tomaron sobre salud pública y otros temas durante la pandemia del covid-19 no se tomaron en cuenta a las organizaciones de mujeres ni a las trabajadoras de salud. Por eso, no se consideró la sobrecarga de trabajos domésticos y de cuidados que enfrentaron las mujeres.  

La violencia de género es uno de los indicadores más preocupantes de esta época. En la pandemia del coronavirus, las mujeres estuvieron confinadas con sus agresores lo que impidió que accedan a medidas de protección. 

El informe dice que de enero a octubre de 2020 hubo al menos 81 femicidios. Además, solo entre el 31 de agosto y el 6 de diciembre la Fiscalía recibió, en promedio, 159 y 140 denuncias diarias por delitos de abuso sexual y violación, respectivamente.  

En 2020, en 7 provincias hubo más muertes maternas que en 2019. Esa es una de las consecuencias de que muchas mujeres no tuvieron acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. El 47,6% de las mujeres dijo que tuvo problemas para acceder a servicios de salud sexual y reproductiva.

La mayoría de ellas eran mujeres pobres. En total, el 80,6% de las mujeres que dieron a luz tuvieron dificultades para ser atendidas a lo largo de su embarazo.

El informe dice que además de que tuvieron dificultades para acceder a información y atención, hubo un decrecimiento en la demanda de anticonceptivos por miedo al contagio de covid-19. El 36% de las mujeres dijo que suspendió su método anticonceptivo. En la pandemia, también hubo más violencia sexual y un incremento de embarazos no deseados. 

Conclusiones del informe

El informe sombra concluye que el Estado ecuatoriano “se declara social de derechos y justicia, pero ejecuta y tolera prácticas de discriminación que han empeorado las condiciones de vida de las mujeres en los últimos años”. 

Incluso, dice, esas prácticas han llevado a la “virtual desaparición” de las políticas que estaban dirigidas a su inclusión económica y social, su participación política y a una vida libre de violencias. 

Esos problemas, dice el informe, solo se agravaron por la crisis sanitaria. “La vulnerabilidad de las mujeres de grupos de atención prioritaria se profundizó”, dice el documento. Evidencias de eso es el incremento en el trabajo doméstico, el aumento de femicidios y violencias, entre otras cosas. 

Es decir, este informe demuestra que todavía falta mucho para erradicar la violencia contra las mujeres y alcanzar la igualdad de género en Ecuador.