Un grupo de personas kichwa sostenían carteles afuera del edificio de la Corte Constitucional en Quito, acompañados de una estruendosa batucada, exigían justicia por el derrame de 15 mil barriles de petróleo en comunidades indígenas kichwas en abril de 2020.
“Hemos venido a la ciudad de Quito para exigir que nuestros derechos no sean vulnerados”, dijo Carlos Jipa, presidente de la Federación de Comunas Unión de Nativos de la Amazonía ecuatoriana (Fcunae) y acompañante de la Nacionalidad Kichwa. Los representantes de las comunidades piden que la Corte, el más alto tribunal del país, los reciba en una audiencia para hablar sobre las medidas urgentes de reparación. El 21 de mayo de 2021, la Corte Constitucional anunció que revisará la acción extraordinaria de protección presentada por las comunidades kichwas y otras organizaciones por el derrame. Pero hasta hoy el caso no ha avanzado.
Silvia Bonilla, abogada de los afectados del derrame dijo que un mes después del derrame, presentaron una acción de protección, que fue negada. Por ello, recurrieron a la Corte Constitucional para interponer una acción extraordinaria de protección. Bonilla dijo que piden que el tribunal determine la responsabilidad del Estado y las petroleras y que establezca los estándares de prevención, precaución de derrames petroleros. “Esta es la oportunidad para que la Corte Constitucional de escuchar a las personas afectadas por el derrame”, dijo Bonilla.
Afuera de la Corte, también habló Marlon Vargas, uno de los dirigentes de la Confederaciones de Nacionalidades Amazónicas del Ecuador (Confeniae). Vargas dijo que apoyan la lucha histórica de sus “hermanos” de la nacionalidad Kichwa. Vargas dijo que las nacionalidades Waorani, Shuar y Cofán resolvieron “no a la ampliación de la frontera petrolera, minera e hidroeléctrica en la Amazonía ecuatoriana”. Vargas dijo que esperan que la Corte Constitucional falle a favor de las más de 27 mil personas afectadas por el derrame de petróleo que ocurrió en abril de 2020, en plena cuarentena por el covid-19. En esa fecha, los dos oleoductos ecuatorianos, SOTE y OCP, derramaron más de 15 mil barriles de petróleo sobre los ríos que son fuente de agua para las comunidades indígenas. “Exigimos la inmediata reparación de estos territorios”, dijo Vargas.
Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), dijo que se deben reparar “los más de 40 años que han contaminado a la Amazonía ecuatoriana”. Además, Iza habló sobre la intención del gobierno de seguir realizando actividades extractivas en la región. Iza exigió a la Corte que revise la acción de protección y adujo que cuando la Corte conoce casos políticos, los revisa rápidamente, pero cuando se trata de demandas como las de las comunidades kichwa, no se ha dado trámite. “Ya han pasado más de un año y no se tiene respuesta, exigimos celeridad”. La Corte conoce y despacha los casos que llegan ante ella de forma cronológica, y en algunos decide saltar ese orden cronológico cuando considera que la acción amerita una resolución más rápida. Lo hizo, por ejemplo, para dirimir el conflicto entre el ex alcalde de Quito y su sucesor, Santiago Guarderas, pues la ciudad estaba inmovilizada por la disputa de la alcaldía entre ambos.
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Por esa rotura se derramaron 15 mil barriles de crudo en las aguas del río Coca y más de 27 mil personas resultaron afectadas porque usaban esa agua para su comida, limpieza, transporte o recreación.
