Ecuador está en el puesto 92 de 139 en un ránking que mide anualmente el respeto al estado de derecho, un principio legal que, en concreto, establece que la ley debe regir, aplicarse y amparar a todas las personas que viven en un país. Fue célebremente condensado por el segundo presidente de los Estados Unidos, John Adams, quien dijo que una república era “el gobierno de las leyes y no de los hombres”.
El pasado 14 de octubre, el World Justice Project (WJP), una organización independiente que promueve el estado de derecho a través de la información que recoge en estudios, publicó el índice con el que mide la vigencia de estado de derecho en el mundo. Evaluó en 139 la situación de corrupción, el gobierno abierto, los derechos fundamentales, la justicia civil, la justicia penal
Mientras más cerca del puesto 139 está, un país tiene menos avance en el estado de derecho. Dinamarca en el puesto uno. Le siguen Noruega, Finlandia, Suecia y Alemania. En la cola del ranking, están Camerún en el puesto 135, seguidos de Egipto, Congo y Camboya. El país peor calificado es Venezuela, en el triste 139.
Desde que se publica este índice, el Ecuador ha tenido puestos variantes aunque más o menos en la misma zona. En 2015 ocupó el puesto 77 de 102 países evaluados. Un año después, estuvo en el puesto 91 de 113 países. En 2017 y 2018 se realizó una sola medición por ambos años: Ecuador estuvo en el puesto 85 de 113. En el 2019, el país estuvo en el 87 de 126 países y en el 2020 logró el puesto 86 de 128 países evaluados.
¿Qué es el estado de derecho?
El Secretario General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) definió al estado de derecho como un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente”, dice su informe de 2004.
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En un estado de derecho, dice la ONU, “las leyes se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos”. Según el informe, un estado de derecho precisa de la adopción de medidas para garantizar el respeto de los principios de
- primacía de la ley,
- igualdad ante la ley,
- separación de poderes,
- participación en la adopción de decisiones,
- legalidad, no arbitrariedad, y,
- transparencia procesal y legal.
El WJP dice también que el estado de derecho reduce la corrupción, combate la pobreza y las enfermedades. Un artículo de los abogados Isaac Pineda y Víctor Merelo, dice que en un estado de derecho “un sistema de gobierno en el que reina la democracia, y es esta democracia la que otorga legitimidad a cada decisión que emana de nuestras autoridades”.
Algunos resultados de Ecuador
En el índice de estado de derecho de WJP, Ecuador tiene un puntaje general de 0,48.
En 2020, Ecuador tuvo 0,49, es decir este año tiene un punto menos. Ecuador está en el puesto 21 de 32 países de América Latina y el Caribe que fueron evaluados. Uruguay, Costa Rica y Chile son los países mejor puntuados de la región.
El índice de WJP realizó encuestas a 138 mil hogares y a 4.200 profesionales del derecho de los 139 países. Este índice está dividido en ocho factores, estos son los resultados de Ecuador:
Restricción a los poderes del gobierno
Este factor midió hasta qué punto los gobernantes cumplen la ley. El WJP dice que evaluó los medios constitucionales, institucionales, por los cuales los poderes del gobierno y sus funcionarios y agentes son limitados y responsables ante la ley.
Aquí también fueron evaluados los controles no gubernamentales sobre el poder del gobierno, uno de esos la prensa libre e independiente.
En este factor, Ecuador está en el puesto 81 de los 139 países, está en el puesto 21 de los 32 países de la región. El puntaje que Ecuador alcanzó en este factor es de 0,50 sobre 1,0.
Ausencia de corrupción
El WJP evaluó en este factor tres formas de corrupción: soborno, influencia indebida de intereses públicos o privados y malversación de fondos públicos u otros recursos. Esas formas de corrupción se evaluaron relacionadas a los funcionarios del gobierno en el poder ejecutivo, judicial, legislativo, el ejército y la policía.
Ecuador obtuvo el puntaje de 0,41. El puntaje promedio mundial en este factor es 0,52 y en la región es de 0,47. Ecuador está en el puesto 94 de los 139 países sobre la ausencia de corrupción.
Dinamarca está en el puesto uno. Congo en el puesto 139.
Gobierno abierto
Este factor es sobre la apertura del gobierno. El índice midió si el gobierno ecuatoriano comparte información, rinde cuentas y fomenta la participación ciudadana en la creación de políticas públicas.
Ecuador está en la posición 68 de 139 países y en el puesto 19 de los 32 países de la región evaluados. El índice dice que en este año, Ecuador obtuvo 0,51 puntos, un punto más que en 2020. Aunque es el mismo puntaje que obtuvo en 2015 y 2019.
Derechos fundamentales
Este factor es sobre el respeto de los derechos humanos.
En este índice se evaluó el respeto de los derechos establecidos en la Declaración Universal de las Naciones Unidas, relacionados a mantener el estado de derecho.
Ecuador está en el puesto 79 de 139 países. En la región ocupa el puesto 22 de los 32 países.
Y su puntuación es 0,52. En este factor, Dinamarca se mantiene en el puesto uno, e Irán aparece en el puesto 139.
Orden y seguridad
Este factor es sobre la garantía de la seguridad de las personas y la propiedad. El índice dice que la seguridad es determinante para mantener el estado de derecho.
En este factor, Ecuador tiene su más baja posición.
Ocupa el puesto 114 de los 139 países, al lado de Ecuador está Argentina en el puesto 115, Nigeria en el 116 y Etiopía en el puesto 117.
Ecuador está en el puesto 24 a nivel regional y tiene 0,62, un punto menos que el año anterior.
Cumplimiento regulatorio
Este factor evaluó como Ecuador hace cumplir sus regulaciones. El WJP dice que se refiere a las regulaciones administrativas o legales.
Ecuador está en el puesto 84 y tiene 0,48 puntos, un punto menos que el año anterior.
Justicia civil
Aquí el WJP evaluó si las personas pueden resolver sus quejas pacíficamente a través del sistema de justicia civil.
Midió si los sistemas de justicia civil son accesibles y asequibles, midió también si están libres de discriminación, corrupción e influencia indebida por parte de los funcionarios públicos. El índice evaluó si los procedimientos judiciales se llevan a cabo sin demoras y si se cumplen las decisiones efectivamente. También midió la accesibilidad, imparcialidad y eficacia de los mecanismos alternativos de resolución de disputas.
Ecuador obtuvo 0,49 sobre 1,0 puntos. El país se ubicó en el puesto 83 de 139 países a nivel mundial y está en el puesto 19 de la región.
Justicia penal
En este factor, el índice evaluó el sistema de justicia penal, en este caso, el de Ecuador. En este factor se tomó en cuenta el trabajo que realizan los policías, los abogados, los fiscales, los jueces y los funcionarios de las cárceles.
Ecuador ocupa el puesto 101 entre los 139 países. Está a lado de Sierra Leona en el puesto 100 y de Costa de Marfil en el puesto 102. En este factor obtuvo 0,36 puntos, el promedio mundial es de 0,47 sobre 1,0.
Situación de Ecuador
En general, el índice sobre el estado de derecho del WJP dice que los países bajaron sus promedios relacionado a la pandemia del covid-19. Ecuador fue uno de los países más afectados por esta enfermedad, en el pico de la pandemia, entre marzo y abril de 2020, cientos de personas fallecieron a diario en Guayaquil, ciudad costera que se convirtió en el epicentro de la pandemia.
La corrupción afloró cuando los familiares de los fallecidos querían recuperar los cadáveres de sus seres queridos y algunos funcionarios públicos cobraban hasta 10 o 20 dólares por permitirles entrar a los contenedores donde estaban los cuerpos. Pero la corrupción y falta de ética también salpicó a funcionarios que manejaban el dinero del Estado en los hospitales.
La Fiscalía comenzó investigaciones sobre el sobreprecio en insumos médicos como mascarillas, batas, guantes, fundas para cadáveres para los hospitales públicos o en la compra de alimentos para entregar a personas pobres o quienes se quedaron desempleados en la cuarentena. Algunos funcionarios públicos y proveedores enfrentan juicios por peculado, cohecho u otros delitos relacionados a la corrupción.
