*Este reportaje se ha actualizado hasta el 22 de junio de 2020
En medio de la crisis sanitaria en Ecuador, la corrupción se volvió aún más escandalosa: en medio del dolor y sufrimiento de cientos de familias que piden ayuda médica o reclaman los cuerpos de sus familiares, se supo de compras con sobreprecios en varios hospitales del país.
El primer caso de corrupción en hospitales en Ecuador ocurrió en el Teodoro Maldonado Carbo el 3 de abril de 2020. Se reveló que el hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) había comprado mascarillas por 12 dólares cuando en el mercado cuestan 4. Semanas después, Pablo Izquierdo Pinos fue removido como gerente del Hospital Eugenio Espejo de Quito. Una vez dejado su cargo, Izquierdo dijo que habría “negocios millonarios” dentro del establecimiento de salud. En una carta que circuló en redes sociales, el exgerente habría dicho que “no disponía de lo más elemental para enfrentar esta pandemia de coronavirus”. Después de su carta, la Fiscalía inició una investigación.
Cómo una olla de presión que ya no resiste, en las semanas siguientes estallaron aún más denuncias. En el hospital de Los Ceibos de Guayaquil, en el Hospital Docente de la Policía en Guayaquil, en el Hospital General Docente de Ambato, fue necesario iniciar profundas investigaciones.
Desde inicios de mayo, los casos de corrupción en hospitales en Ecuador han sido reportados casi a diario. El 3 de mayo, se hizo pública la contratación de 4000 fundas para cadáveres por un precio de 148 dólares cada una —en el mercado se consiguen a apenas 12 dólares. El Hospital de Los Ceibos de Guayaquil estaba detrás de esta compra que bordeaba los 594.000 dólares.
El contrato habría sido adjudicado a la empresa Silverti de Quito. Ese mismo día, en una rueda de prensa virtual, el Ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos admitió que ha recibido alertas de organizaciones de trabajadores de la salud, de proveedores y pacientes sobre irregularidades en procesos de adquisición de insumos médicos. Zevallos dijo que no puede dar detalles porque la Fiscalía ha iniciado indagaciones. El Ministro de Salud dijo que pidió a la Contraloría realizar auditorías a hospitales para transparentar la gestión pública y verificar niveles de responsabilidad.
El 4 de mayo, un día después de las denuncias contra el Hospital Los Ceibos, la Fiscalía General del Estado efectuó siete allanamientos en la provincia del Guayas en la investigación de la compra de fundas de cadáveres. También realizó allanamientos en las oficinas de Silverti en Quito. En el operativo se decomisó evidencia en las oficinas y domicilios, tanto de funcionarios del IESS, responsables de la contratación, como de representantes de la empresa adjudicada.
Tres computadores de escritorio, dos portátiles, agendas y una caja fuerte encontradas en el operativo en Quito están en manos de los fiscales. En los de Guayaquil, se recolectó documentación relacionada con el proceso de compra y más equipos electrónicos.
En los allanamientos del 4 de mayo se detuvo a 14 personas presuntamente involucradas en la compra de fundas para cadáveres con posible sobreprecio para hospital del Los Ceibos. Un día después, en un comunicado, la Fiscalía informó que formuló cargos en contra de cuatro ciudadanos por el presunto delito de peculado que se habría cometido en la contratación de insumos médicos para el hospital de Los Ceibos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
La Fiscalía informó que presentó los elementos de convicción recabados y pidió prisión preventiva, que fue acogida por el Juez de Garantías Penales del Guayas, quien, además, les dictó prohibición de enajenar bienes y vehículos, y el bloqueo de sus cuentas bancarias.
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Después de las denuncias del exgerente del Hospital Eugenio Espejo, la Fiscalía abrió una investigación sobre los hechos denunciados sobre la firma de un proceso contractual con presunto sobreprecio para la adquisición de equipos laparoscópicos. Para el miércoles 6 de mayo de 2020 fue agendada la versión del Gerente saliente del hospital, que en su carta de despedida denunció estos presuntos actos ilícitos.
El Hospital Docente de la Policía N 2 en Guayaquil también fue salpicado por la corrupción. La historia fue la misma que en los otros hospitales: un presunto delito de peculado en la compra de insumos hospitalarios con aparente sobreprecio.
El 6 de mayo, la Fiscalía informó que realizó un allanamiento en las instalaciones del hospital para recabar indicios. Según un boletín de la Fiscalía, la investigación se dio por solicitud de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, quien conoció de una orden de compra en la que se presume sobreprecio en la compra de insumos para la emergencia sanitaria. En la diligencia fueron detenidas doce personas, entre ellas el Director Administrativo del Hospital y funcionarios del Departamento de Compras Públicas.
El principal delito en todos estos casos es el peculado. Según el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), se da cuando los servidores públicos o personas actúan en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado para beneficio propio o de terceros y por lo tanto se apropian, distraen o disponen arbitrariamente de bienes muebles o inmuebles, dineros públicos o privados.
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La corrupción no solos ocurre en las grandes ciudades, permea todo el país. Habría sucedido también en el Hospital Docente Ambato y al Alfredo Noboa Montenegro de la ciudad de Guaranda. Dos días después de lo ocurrido en el Hospital Docente de la Policía en Guayaquil, la Fiscalía Provincial de Tungurahua hizo un allanamiento en el Hospital Docente Ambato.
Esta vez se trataba de overoles y cubrecabezas con posible sobreprecio. La Fiscalía indicó que se presume una compra de 250 mil dólares. La empresa que figura en el proceso de compras públicas está registrada en el Servicio de Rentas Internas (SRI) como una empresa dedicada al transporte.
El fiscal provincial de Tungurahua, Galo Romero, dijo que la Fiscalía iniciará una investigación previa por los presuntos delitos de tráfico de influencias, defraudación tributaria y alteración de evidencias y elementos de prueba, ya que según la información recabada en las primeras horas, los documentos físicos habrían sido sustraídos del edificio.
Toda la semana se han revelado nuevos casos de corrupción en hospitales en Ecuador. El gobierno ha demostrado que el control dentro de las instituciones es casi nulo o inexistente. En medio del dolor de cientos de familias se ha hecho más visible la interminable historia de un país lleno de desigualdades agravada por una voracidad rampante por el latrocinio.
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Las denuncias por corrupción dentro de los hospitales no han parado. Parece ser un mal más grave de lo que pensamos y que permea en todo el país. La tarde del 13 de mayo de 2020, la Fiscalía allanó las instalaciones del hospital Martín Icaza en Babahoyo, en la provincia costeña de Los Ríos. Según un boletín de la Fiscalía se incautaron cuatro CPUs, documentos relacionados a cinco trámites de compras públicas y dos archivos con documentación de ingresos de suministros a bodega.
También se allanaron las instalaciones del hospital Jaime Roldós en la ciudad de Ventanas y el Distrito de Salud de Quinsaloma, también en Los Ríos Los operativos se hicieron dentro de las presuntas irregularidades en procesos de contratación de insumos y fármacos, destinados para afrontar la pandemia de covid-19. La Fiscalía de Los Ríos inició las investigaciones para determinar la existencia o no de sobreprecios en la compra de insumos médicos tras una denuncia presentada por el gobernador Camilo Salinas Ochoa.
Según la Fiscalía, también se levantaron evidencias en el Hospital del Seguro Social en Quevedo, que se extendió a oficinas externas particulares, donde se encontraron computadores y documentos relacionados al Departamento de Compras Públicas, Financiero y a la oficina de la Dirección Administrativa de dicha casa de salud, lo que también fue incautado.
El 16 de junio se allanaron las instalaciones del Hospital Básico de Durán, en la provincia del Guayas. Este hospital pertenece al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). La ministra de Gobierno, María Paula Romo, informó en Twitter que hasta las ocho y treinta de la mañana de ese día se había detenido a nueve personas. Hasta el final del operativo, se detuvieron a trece personas en total. Según un comunicado de la Fiscalía, las personas que fueron apresadas estarían involucradas con las presuntas irregularidades en los procesos de contratación del hospital.
El 18 de junio de 2020 se realizaron nuevas redadas por corrupción en hospitales públicos y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).La Fiscalía General del Estado en coordinación con la Policía Nacional ejecutó 48 allanamientos en las provincias de Pichincha y Guayas.
Cuatro fueron en Samborondón, dos en Daule, quince en Quito y veinticinco en Guayaquil. En un comunicado, la Fiscalía dijo que se realizaron los operativos con el fin de recabar indicios sobre una presunta estructura delincuencial que estaría operando en varios hospitales de la red pública de salud y del IESS, a escala nacional.
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La red de corrupción consistiría en adquirir insumos médicos con sobreprecio, favoreciendo con contratos a funcionarios públicos y otras personas que formarían parte de esta estructura. Las investigaciones empezaron por una denuncia del gobernador del Guayas, Pedro Pablo Duart, en relación al hospital Abel Gilbert de Guayaquil. Según la Fiscalía, a través de técnicas especiales, como seguimientos, vigilancia, fotografías y grabaciones de audio y video se determinó que la estructura delictiva operaría, además de en ese hospital, en otros como el de Los Ceibos, de Durán, Teodoro Maldonado Carbo, de la Policía, de Milagro, Eugenio Espejo, entre otros.
