Un mes y una semana lleva la familia de Luis Fernando Yépez buscando el cuerpo de su ser querido. Han ido a hospitales, morgues y cementerios de Guayaquil, la ciudad ecuatoriana más afectada por el covid-19. Elizabeth Narváez, cuñada de Yépez, dice que fue internado en el Hospital Teodoro Maldonado a las cinco de la tarde del 29 de marzo de 2020 con síntomas de covid-19. Durante 15 horas no supieron nada de Luis Fernando Yépez, un hombre de 44 años que se ganaba la vida conduciendo un bus del sistema de transporte público Metrovía. Solo se enteraron de su estado cuando el personal de salud los llamó a pedir que le llevaran comida. Pero, después de cuatro días de contacto, nadie les volvió a contestar. A través de un conocido que trabaja en el hospital, Elizabeth Narváez supo que su cuñado había fallecido. Hasta ahora no le entregan el cuerpo para que su familia le dé una sepultura digna. 

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Un calvario similar vive Bélgica Sánchez, quien perdió a su esposo, Mario Delgado, de 55 años, con síntomas de covid-19. Ha llamado incontables veces al 171, la línea telefónica de atención médica del Ministerio de Salud Pública, para pedir información de la ubicación del cuerpo de su marido pero le repiten y repiten que espere una notificación del gobierno. Ha buscado en el sitio web creado para saber dónde están enterrados quienes murieron durante la emergencia. Ha  regresado incontables veces al hospital Guasmo Sur de Guayaquil, donde su marido entró el 26 de marzo de 2020 con síntomas de covid-19. “Desde que entró ya no lo pudimos ver, ya no dejaron pasar a nadie”, dice Bélgica Sánchez. Hasta ahora, su búsqueda no ha dado resultados. Dice que no tiene ni siquiera un papel que certifique la defunción de su esposo que se supone fue el 28 de marzo de 2020. 

La hermana y el cuñado de Bertha Salinas también murieron con síntomas de covid-19 el 30 de marzo en su casa en Mapasingue, en el norte de Guayaquil. Cuatro días después, un equipo de medicina legal se llevó los cuerpos y hasta hoy no sabe dónde están. Sus nombres tampoco aparecen en el sistema virtual que creó el gobierno. 

La primera semana de abril al menos veinte personas denunciaron que los cuerpos de sus familiares fallecidos en Guayaquil no aparecían. En las siguientes semanas, algunos recuperaron los cadáveres que estaban en contenedores en el Hospital Guasmo Sur. Pero aún quedan al menos 23 cuerpos que todavía no aparecen.  

La Fiscalía del Guayas investiga cómo se perdieron estos y otros cuerpos. Busca a los responsables de incumplir con el protocolo de manejo de cadáveres en la emergencia sanitaria por el covid-19 en los hospitales Teodoro Maldonado Carbo, Guasmo Sur, y de Los Ceibos en Guayaquil. En un comunicado, la Fiscalía dijo que en los tres hospitales había cinco contenedores en los que se guardaban 237 cadáveres de los que ya se habrían identificado 106. Entre los 131 que aún no se sabe quiénes son —por el estado de descomposición y porque nunca fueron etiquetados con sus nombres— se supone deberían estar los cuerpos que con desesperación y sin resignación buscan Elizabeth Narváez, Bélgica Sánchez y Bertha Salinas. 

La investigación de la Fiscalía comenzó por la denuncia presentada por el gobernador del Guayas, Pedro Pablo Duart, e impulsada también por Jorge Wated, expresidente del directorio de BanEcuador y encargado de la recolección de los cadáveres de la fuerza de tarea conjunta en Guayas (y ahora presidente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social). Los encargados de manejar la comunicación de Wated explicaron que él y Duart se dieron cuenta que los cuerpos estaban en los contenedores al recibir denuncias ciudadanas y al investigar a los tres hospitales. 

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Los familiares de los fallecidos aún no ubicados quieren enterrarlos o hacerles un homenaje de despedida. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dijo el 1 de mayo de 2020 que los estados deben “garantizar la investigación de las muertes potencialmente ilícitas, asegurando el derecho a la verdad, justicia y reparación de sus familiares” en la pandemia por el covid-19. Además, la CIDH dijo conocer que en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) hay demora en la entrega para sepultura de los restos mortales por la gran cantidad de personas fallecidas, que hay dificultades en la entrega de actas de defunción o que los servicios funerarios y los cementerios no se abastecen. 

La Comisión dice que la imposibilidad de conocer el paradero de los fallecidos o la identificación de sus restos impacta en el derecho a la integridad personal de los familiares provocando angustia y sufrimiento. Según la experta en Derechos Humanos, María Dolores Miño, cuando los cadáveres están en custodia estatal para exámenes o cualquier otro trámite, son responsabilidad del Estado. Los familiares tienen derecho a que se les devuelva o entregue los cadáveres, o que las cenizas correspondan a sus familiares, para que puedan ser enterrados según las costumbres de cada familia. Si se pierden en manos estatales, no son conservados adecuadamente o son extraviados, dice Miño, las familias deben tener una reparación integral estatal.

Cuando Elizabeth Narváez fue al hospital Teodoro Maldonado, el 2 de abril,  para que le entreguen el cuerpo de su cuñado, “el guardia me dijo si quiere entre y averigue porque nosotros no vamos a hacer nada”, recuerda. En el departamento de Información del hospital le dijeron que lo busque en la morgue. A ciegas, en la morgue le dijeron que no estaba el cuerpo por el que preguntaba. Tuvo que llenar un nuevo documento de defunción, dice la cuñada de Luis Fernando Yépez. “Nunca vi a mi cuñado, nunca me dejaron ver el cuerpo”, dice. 

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El domingo 5 de abril, Elizabeth Narváez regresó al Teodoro Maldonado. Unos funcionarios del hospital le dijeron que iban a trasladar cuerpos al camposanto Parque de la Paz de la Aurora, en las afueras de Guayaquil, pero que entre esos cadáveres no estaba el de Luis Fernando Yépez. 

Narváez ha regresado varias veces en su sombría búsqueda. Todas las veces le dijeron que en los listados de los cuerpos que están en los contenedores, no aparece el de su cuñado. “Puede ser uno de los cuerpos que tienen en un congelador como NN”, le dijo uno de los empleados. NN son las siglas latinas de Nomen nescio — “desconozco el nombre”. 

Bertha Salinas dice que la semana pasada llamaron a su sobrino —el hijo de los fallecidos— a preguntarle (no sabe si fue alguien de medicina legal o la Policía) cómo estaban vestidos sus familiares, sus características físicas, o si tenían alguna cicatriz para identificarlos. “Como ha habido bastante equivocación y han entregado cuerpos a familiares que no corresponden, ahora no se quieren equivocar con ningún cadáver más, por eso nos piden esa información”, dice Salinas. 

La mujer que perdió a su hermana y su cuñado se refiere a que el 24 de abril de 2020 una familia en Guayaquil denunció que luego de haber cremado un cadáver que se suponía era de su familiar fallecida por covid-19 y guardar las cenizas en su casa, se enteraron que en realidad la mujer de 74 años de edad no había fallecido y seguía internada en terapia intensiva del hospital Abel Gilbert Pontón. Al salir de la UCI pidió a los médicos que buscaran a su hermana. Ahora, la familia de la paciente no sabe de quién son las cenizas que guardaban.

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Luego de la denuncia que hicieron Wated y Duart, la Defensoría del Pueblo dijo que en lo que va de la emergencia sanitaria han registrado 598 vulneraciones al derecho a la salud, errores en el tratamiento de personas fallecidas, inadecuado manejo y pérdida de cadáveres. 

La Fuerza de Tarea Conjunta Guayas, creada el 22 de marzo para, entre otras cosas, recoger y enterrar los cadáveres, terminó el 7 de mayo porque el número de muertes diarias en Guayas se redujo de 650 a 62. A partir de esa fecha, en teoría, si una persona fallece en su domicilio, el familiar debe llamar al 911, un equipo de criminalística debe hacer el levantamiento del cuerpo y se debe tramitar con las funerarias, como ocurría antes de la crisis sanitaria. Lo que no queda claro es cómo pueden hacer el seguimiento quienes aún buscan a sus familiares fallecidos. Una funcionaria de la gobernación del Guayas —una de las instituciones que conforman el COE provincial— dijo que eso le correspondía “al equipo de Wated”; un funcionario del equipo de Wated dijo que los familiares que aún no sepan el paradero de sus seres queridos fallecidos, deben ir a los hospitales donde murieron ya que ellos son los responsables de no haber cumplido el protocolo. Pero lo que han hecho ya incontables veces las tres mujeres es reclamar en los hospitales, sin que les den respuestas. 

Antes de que habláramos por teléfono, Elizabeth Narváez había ingresado otra vez el número de cédula en el sitio web que creó el gobierno para identificar dónde están los restos de las personas fallecidas por el covid-19, pero la única respuesta que aparece es “No se encontraron resultados”. Lo mismo pasa con el número de cédula de Mario Delgado de 50 años de edad, esposo de Bélgica Sánchez. 

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Bélgica Sánchez vive en Milagro, un cantón agrícola a 45 kilómetros de Guayaquil. En medio de la emergencia sanitaria dice que es difícil peregrinar todos los días de una ciudad a otra para recorrer hospitales y cementerios. Un taxi le cobra entre 30 a 35 dólares por viaje. El pico de la emergencia parece haber bajado, el país ha entrado en un proceso de paulatina reapertura, pero el tiempo sigue suspendido para Bélgica Sánchez, Elizabeth Narváez, Bertha Salinas y sus familias, que no pueden cerrar el duelo de haber perdido a un ser amado sin una despedida digna.  


GK  creó un registro con los nombres de las personas fallecidas que sus cuerpos están extraviados y no han podido ser identificados. Solo en la lista que lleva GK, hay más de 22 nombres de personas que murieron durante la crisis sanitaria causada por covid-19 y sus cuerpos están desaparecidos luego que fueron recogidos de sus domicilios o de los hospitales donde fallecieron.